Elías Ayala Santillán

Expediente 672/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
672/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • Elías Ayala Santillán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se aprecia que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, realizara lo siguiente: "a) Se ajuste a los términos establecidos en la legislación aplicable para llevar a cabo la audiencia pública y emita la determinación correspondiente en el incidente de libertad condicionada, que le fue solicitado. b) Una vez hecho lo anterior, notifique la determinación recaída al quejoso." 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. La autoridad responsable realizó lo siguiente: El veintidós de febrero de dos mil veintidós, celebró la audiencia incidental en la que se resolvió declarar fundado el incidente de libertad condicionada, en la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico, promovido por Elías Ayala Santillán, y por ende, se concedió el beneficio de la libertad condicionada sin monitoreo electrónico con las condiciones previas para materializar su excarcelación; asimismo, notificó la determinación recaída al quejoso. 4. Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales de Elías Ayala Santillán, por cuya infracción se concedió el amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA ya que en ello no existe exceso ni defecto. 5. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista al quejoso, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho; atento a ello se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 8. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    En siete de marzo de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexo recibidos electrónicamente vía SISE INTERCONEXIÓN, registrados bajo el folio 2680. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se recibe oficio. Visto lo de cuenta, intégrese a los autos, el oficio proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esa virtud, dese vista a las partes para que dentro del término de TRES DÍAS manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este Juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector. 2. Notificación a la parte quejosa. Ahora bien, toda virtud a que el quejoso egresó del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, con motivo de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena notificar el presente auto por conducto de su representante especial. Notifíquese personalmente; al quejoso por conducto de su representante especial. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  3. Principal

    En uno de marzo de dos mil veintidós, la Secretaria certifica: que el plazo de que disponía el quejoso para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio transcurrió del cuatro al dieciocho de febrero del presente año, toda vez que fue notificado el dos de febrero del año anteriormente citado, descontando los días inhábiles. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Con lo anterior y con el estado de autos del presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía el quejoso, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Efectos de la concesión de amparo. Ahora, de la sentencia dictada en el presente juicio constitucional, se aprecia que el efecto de concesión es el siguiente: "OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. En términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, el amparo y protección de la Justicia Federal, es a efecto que el Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, realice lo siguientes: a) Se ajuste a los términos establecidos en la legislación aplicable para llevar a cabo la audiencia pública y emita la determinación correspondiente en el incidente de libertad condicionada, que le fue solicitado. b) Una vez hecho lo anterior, notifique la determinación recaída al quejoso." 3. Requerimiento. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, computado legalmente, se sirvan cumplir con la sentencia de mérito, de la cual oportunamente se le envió en copia certificada; lo que deberá hacer del conocimiento, por una sola vía, al correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Elías Ayala Santillán, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de la autoridad que hizo consistir en: "AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. AUTORIDAD ORDENADORA: C. JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL ADSCRITO AL NOVENO JUZGADO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL. LA OMISIÓN DE DARLE RESPUESTA EL INCIDENTE DE LIBERTAD CONDICIONADA". El peticionario expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, por lo que en acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se radicó con el número 672/2021, se admitió a trámite, solicitándose el informe justificado, se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó la designación de un representante especial para la parte quejosa y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que una vez realizados los trámites de ley, tuvo verificativo en esta misma data, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl: ? La omisión de darle respuesta sobre el incidente de libertad condicionada. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, al momento de rendir su informe de ley, niega la existencia del acto reclamado, al expresar que con data veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se aperturó a petición del allá sentenciado incidente de libertad condicionada; empero, del contenido del propio informe, se evidencia que dicho incidente aún no ha sido resuelto, razón por la cual procede tener por cierto el acto reclamado. En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto combatido al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno del Alto Tribunal , que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en copia certificada de las principales constancias de la causa penal 39/2006, del índice del Juzgado de Distrito, que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º., atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal , de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Realizado el examen oficioso de las constancias, se desprende que no se actualiza causa de improcedencia alguna; tampoco, las partes alegaron alguna de ellas. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOACION. Procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer" SEXTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. 1. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veintiuno, ante el Juez señalado como autoridad responsables, Elías Ayala Santillán, promovió dentro de la causa penal número 39/2006, incidente de libertad condicionada. 2. En proveído de veintitrés de julio de la anualidad próxima pasada, el Juez natural, ordenó la apertura del incidente de mérito y ordenó requerir al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, para que dentro de los diez días siguientes a la notificación de dicho proveído, informará la situación jurídica de Elías Ayala Santillán y al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", para que en el mismo término, comunicará si el sentenciado tiene algún plan de actividades, e informara lo relativo a la conducta desarrollada por el sentenciado, aquí quejoso. 3. En Proveído de treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, tuvo al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", rindiendo el informe solicitado respecto del plan de actividades, e informara lo relativo a la conducta desarrollada por el aquí quejoso. 4. En auto de tres de septiembre del año próximo pasado, agregó a sus autos el oficio de la Dirección General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por medio del cual rindió el informe que le solicitó. SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. En sus conceptos de violación el quejoso sostiene de manera esencial que se vulnera en su perjuicio el derecho humano de pronta impartición de justicia, contemplado en el artículo 17 de la Carta Magna, porque la autoridad responsable ha omitido darle respuesta sobre el incidente sobre beneficio de libertad condicionada. Es fundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, en atención a las consideraciones siguientes. En tales condiciones, conviene tener en cuenta el contenido del artículo 17 constitucional, del cual se aprecia que la garantía de acceso a la administración de justicia, consiste en: a) El derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos del estado competentes, previamente establecidos, para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución de lo juzgado. b) La obligación por parte de los tribunales jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver controversias que ante ellos se diriman. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse de manera pronta, es decir, las resoluciones, ya sean autos o sentencias, se deben pronunciar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales. En razón de lo anterior, basta que el retardo u omisión anotados, se prolonguen más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y solución del juicio o procedimientos respectivos, para así actualizar la violación al derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución del resultado, es decir para que se emita la determinación definitiva, a través de la cual los derechos de las partes encuentren definición. De este modo, aun cuando el retraso u omisión se concreten respecto de etapas previas o específicas, ello trasciende a todo el procedimiento o juicio, porque es inminente que una vez que salió de sus cauces legales, ya no podrá desarrollarse dentro de los plazos y términos antes previstos pues, dada la necesaria conexión de los actos procesales, el que éstos se efectúen tardíamente o no se realicen, desfasa el ámbito temporal en que los subsecuentes actos deben desplegarse y, por tanto, los tiempos en que la controversia debe quedar resuelta. Sirve de ilustración, la tesis L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Ahora, el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que una vez admitida la solicitud, se entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan pruebas, además de requerir a la autoridad penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda, que una vez rendido el informe, se entregará copia a las partes y señalara hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En el caso, si desde el treinta y uno de agosto y tres de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez responsable, tuvo por recibido los informes solicitados al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y al Director del Centro de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, sin que hubiera señalado fecha para la celebración de la audiencia de mérito para resolver sobre la solicitud planteada por el quejoso, resulta evidente, que transcurre en exceso el término previsto en el numeral citado. Sin que lo señalado por el Juez natural; en torno a que está pendiente la fecha de celebración de la audiencia incidental, ya que se requiere el auxilio de diversos órganos jurisdiccionales y la disposición de las respectivas agendas sean impedimento para resolver, virtud a que han transcurrido más de cuatro meses desde la data en que recibió el último informe solicitado y sin que haya señalad fecha para la referida audiencia. Por tanto, es evidente, que como lo sostiene el solicitante del amparo, sí existe dilación en el dictado de la determinación respecto del incidente de origen. En consecuencia, ante lo fundado del concepto de violación, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Elías Ayala Santillán. OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. En términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, el amparo y protección de la Justicia Federal, es a efecto que el Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, realice lo siguientes: a) Se ajuste a los términos establecidos en la legislación aplicable para llevar a cabo la audiencia pública y emita la determinación correspondiente en el incidente de libertad condicionada, que le fue solicitado. b) Una vez hecho lo anterior, notifique la determinación recaída al quejoso. Al declarar fundado el argumento estudiado, resulta innecesario el examen del resto de los conceptos de violación propuestos por el quejoso, pues en nada variaría el sentido de este fallo. Sirve de sustento, la Jurisprudencia 107, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS" . Finalmente, en cuanto al pedimento formulado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, cabe destacar que no resulta necesario pronunciarse expresamente respecto a las manifestaciones en él contenidas, dado el sentido adoptado en el presente asunto. En apoyo se cita la tesis de rubro: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO" . NOVENO. NOTIFICACIÓN. Tomando en consideración que Elías Ayala Santillán, se encuentran recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona al actuario respectivo, para que por el método de comunicación denominado videoconferencia, el cual se encuentra regulado por el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proceda a llevar a cabo la notificación ordenada, en hora y día hábil, observando los protocolos correspondientes; en el entendido, que de no ser posible llevar a cabo dicha notificación, por el método referido, el citado funcionario, queda comisionado desde este momento, para que en la hora y fecha correspondiente y que se habilite para tal efecto, se constituya en el centro de reclusión de que se trata y notifique personalmente al quejoso la presente resolución. DÉCIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Elías Ayala Santillán, contra el acto reclamado al Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, por las razones precisadas en el considerando séptimo y para los efectos indicados en el octavo de este fallo. SEGUNDO. Notifíquese al quejoso, en términos del considerando noveno de la presente sentencia. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando décimo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan del Progreso, ante Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria que autoriza y da fe."

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