Elias Ayala Santillan
Expediente 497/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elias Ayala Santillan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Uruapan, Michoacán, siete de abril de dos mil veintiuno. Del estado procesal de autos se advierte que, el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte legitimada hubiese recurrido el acuerdo dictado en el presente juicio de amparo el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso a), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se ordena a cualquiera de los actuarios que notifique personalmente, en el lugar de su reclusión, al quejoso este acuerdo. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y POR CONDUCTO DE SU DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno.ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS NOTORIAS, MANIFIESTAS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA.Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, es conveniente señalar que el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen:"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.****Del análisis integral de las constancias del expediente en que se actúa, se infiere que se actualizan de forma notoria, manifiesta e indudable, sendas causales de improcedencia, mismas que deben emprenderse a petición de parte o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo.****"IMPROCEDENCIA. ***En efecto, en este juicio se actualizan las causas de improcedencia siguientes:*La prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por el acto reclamado consistente en la orden de traslado del quejoso Elías Ayala Santillán, en un inicio, del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Doctor Alfonso Quiróz Cuarón" en Texcoco, Estado de México, al Centro de Readaptación Social número 6, Sureste en el Estado de Tabasco (de veintitrés de agosto de dos mil doce), y de éste último al Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán (de doce de junio de dos mil diecisiete), ya ejecutadas.*Causa enunciada que se analizará a continuación. *Pues bien, el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: *"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:*XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." *Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. *Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal.****"AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. ***Lo anterior, es uno de los supuestos que consagra el principio de definitividad, en el caso específico de resoluciones emitidas por autoridades diversas a los tribunales jurisdiccionales, principio rector del juicio de amparo que preserva su carácter verdaderamente excepcional, al cual se podrá acudir si y sólo si, se han agotado previamente todas las instancias procesales que se regulan en la legislación de donde proviene el acto que se reclama, ello a efecto de impedir la tramitación de juicios de amparo que pueden tener un remedio en las instancias ordinarias, preservando la calidad del juicio de garantías como medio extraordinario de defensa. Dicho principio encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente.*Luego, es suficiente que la ley que regula el acto reclamado contenga medios ordinarios que estén a disposición del interesado y pueda interponerlos para que opere dicho supuesto, de ahí que no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus derechos fundamentales, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados en la vía ordinaria. *Las excepciones a dicho principio son las siguientes: *a) Cuando el acto reclamado carece de fundamentación.*b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución.*c) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.*En el caso, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la orden de traslado ejecutada, en un inicio, del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Doctor Alfonso Quiróz Cuarón" en Texcoco, Estado de México, al Centro de Readaptación Social número 6, Sureste en el Estado de Tabasco (el veintitrés de agosto de dos mil doce), y de éste último al Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán (el doce de junio de dos mil diecisiete), es dable inferir que se trata de un traslado de tipo urgente o excepcional, que es regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; sin embargo, no encuadra en ninguno de los supuestos de excepción precisados. Es así, pues el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Así, resulta necesario destacar que el acto que por esta vía combate, constituye un acto de la autoridad penitenciaria en contra de la cual procede un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, a través del medio de impugnación denominado controversia judicial, previsto por los artículos 52, último párrafo, 117, fracción III, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De dichos dispositivos legales se tiene que, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial.*Así, en casos como el presente, en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado administrativa, lo procedente será que el afectado promueva una controversia judicial, a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados.*Lo anterior, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrá accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. *El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través del medio legal de defensa antes referido, o bien, a través del recurso de apelación correspondiente. En ese orden, queda de manifiesto que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Además que, el numeral 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que dicho medio de impugnación deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Mientras que, el segundo párrafo, del artículo 124 de la propia ley de ejecución, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Como se ve, ante las relatadas circunstancias, en contra de la orden de traslado administrativa ejecutada, en un inicio, del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Doctor Alfonso Quiróz Cuarón" en Texcoco, Estado de México, al Centro de Readaptación Social número 6, Sureste en el Estado de Tabasco (el veintitrés de agosto de dos mil doce), y de éste último al Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán (el doce de junio de dos mil diecisiete), procede el medio de impugnación denominado controversia judicial; el cual, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión del acto combatido; razón por la cual, no se actualiza la excepción a que se refiere el numeral 61, fracción XX, de dicha legislación; aunado a que, dicho acto reclamado se presume estar fundado y motivado, al encuadrar como una orden de traslado urgente o excepcional en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.*En suma, previo a promover el juicio de amparo contra la orden de traslado administrativa, el quejoso debió agotar el medio de impugnación ordinario que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal.*Similar criterio adoptó la Primera Sala de la Justicia de la Nación al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, apartándose de los diversos contrarios al presente.*En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, de conformidad con lo dispuesto del artículo 63, fracción V, de la ley en cita, LO PROCEDENTE ES DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO, por virtud de no haberse agotado el medio de impugnación ordinario que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal (controversia judicial).*No es óbice a lo anterior ni se deja sin defensa al quejoso, el hecho de que en auto de diez de febrero de la presente anualidad, se requiriera a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, por cuanto hace a la determinación adoptada por el ahora denominado Comisionado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, relativa a la orden de traslado definitiva del quejoso, pues a ningún beneficio llevaría que el quejoso lo realizara, dado que esa determinación no puede ser estudiada por este Juzgado en amparo indirecto, porque conforme a lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de la Materia, el quejoso se encuentra obligado a agotar el principio de definitividad.*De ahí que, estudiar la constitucionalidad o no de dicha orden de traslado mediante el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, dado que debe agotarse el medio ordinario de defensa, pues del análisis del acto reclamado señalado por el justiciable, se infiere que se trata de una medida relacionada con la condición de su internamiento que consiste en la orden de traslado y su ejecución, por lo que, la ley aplicable al caso, es la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, misma que en sus artículos 1, fracción II, 5, 9, 30, 50, 57, 116, 120 a 25, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regulan los tipos de traslados de un centro penitenciario a otro y el procedimiento a seguir para ordenarlo y ejecutarlo, además contemplan el "recurso de apelación" y "la controversia judicial" ante el Juez de Ejecución para que el interno (sentenciado o procesado) combata dicho acto privativo, medios de impugnación que prevén la suspensión del acto reclamado y pueden modificar, revocar o nulificar el actuar de la autoridad responsable.*Y es el caso que de la interpretación sistemática de los preceptos enunciados, se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, regula el procedimiento a seguir para ordenar y ejecutar el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro; asimismo, contempla el recurso de apelación y una controversia judicial para combatir dicho acto privativo.*Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse para ordenar y ejecutar el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, asimismo, contempla el "recurso de apelación" y una "controversia judicial" como medios jurisdiccionales eficaces para combatir dicho acto de autoridad.*En tal virtud, como ya se adelantó, en nada beneficiaría al quejoso que ampliara su demanda de amparo, respecto a la vista que se le otorgó en auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestaran si era su deseo o no ampliar su demanda respecto de la orden de ejecución del traslado que en un principio reclamó en este juicio, pues para el caso debe agotar ya sea el recurso de apelación o bien, de ser el caso, la controversia judicial ante el Juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado o la calificación de éste a fin de que se analice su legalidad y en su caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con el articulo 52 en relación con el 116, fracción I, en relación con el 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el cual, constituye un medio de defensa ordinario eficaz para combatir el traslado y que prevén la suspensión del acto combatido. *Luego, si con motivo de la interposición del recurso de apelación o la controversia judicial ante el Juzgado de Ejecución, puede analizarse la legalidad del traslado en cuestión y su calificación por la autoridad judicial de primera instancia, indefectiblemente ese proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama; situación que satisface el último de los presupuestos que se mencionan en los incisos precedentes.*Ahora bien, como se adelantó, se estima que el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, dado que no se agotó el medio ordinario de defensa, pues del análisis del acto reclamado señalado por el justiciable, se infiere que se trata de una medida relacionada con la condición de su internamiento que consiste en LA ORDEN DE TRASLADO y SU EJECUCIÓN, por lo que, la ley aplicable al caso, es la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir de diecisiete de junio de dos mil dieciséis.*Criterio sostenido en la jurisprudencia I.2o.P. J/3 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, página 3157, que dispone:*"LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CON EXCEPCIÓN DE LOS NUMERALES CITADOS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO (CUYA VIGENCIA DEPENDE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE), ENTRÓ EN VIGOR A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016, Y SU APLICABILIDAD NO DEPENDE DEL SISTEMA MIXTO O ACUSATORIO BAJO EL QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA. ****En esa tesitura, cabe precisar que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se complementó la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de dieciocho de junio de dos mil once, donde se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, debido a que la autoridad judicial a través del Juez de Ejecución, en la actualidad, es la competente para vigilar los derechos fundamentales de los sentenciados, así como resolver todas las controversias relacionadas con las condiciones inherentes a su internamiento, la autorización y revisión de la legalidad de los traslados y la modificación de las penas de prisión.*Apoya a lo anterior, la jurisprudencia PC.IV.P. J/1 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo III, Décima Época, página 2148, que establece: "JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS. SUS ATRIBUCIONES CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 18 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. ****Además, como se precisó en párrafos anteriores, dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se establecieron procedimientos para que la autoridad penitenciaria y el juez de ejecución, dentro de sus facultades, puedan modificar las condiciones inherentes a los internos, ordenar los traslados a otros centros penitenciarios, tramitar incidentes relacionados con la modificación de las penas de prisión impuestas y en sí, cualquier aspecto relacionado con la ejecución de la pena impuesta en un proceso penal. Asimismo, se consideraron diversos recursos y una controversia judicial para que las personas privadas de su libertad puedan combatir los actos emitidos por las autoridades penitenciarias y judiciales relacionados con las condiciones de su internamiento y en específico con la ORDEN DE TRASLADO Y SU EJECUCIÓN -acto reclamado en la presente instancia constitucional-, pues los artículos 1, fracción II, 5, 9, 30, 50, 57, 116, 120 a 125, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal (preceptos que han quedado transcritos en párrafos precedentes), regulan los tipos de traslados de un centro penitenciario a otro y el procedimiento a seguir para ordenarlo y ejecutarlo, además contemplan el "recurso de apelación" y "la controversia judicial" ante el Juez de Ejecución para que el interno (sentenciado o procesado) combata dicho acto privativo, medios de impugnación que prevén la suspensión del acto reclamado y pueden modificar, revocar o nulificar el actuar de la autoridad responsable. Preceptos de los que se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, como ya se dijo, regula el procedimiento a seguir para ordenar y ejecutar el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro; asimismo, contempla el recurso de apelación y una controversia judicial para combatir dicho acto privativo.Adicionalmente, cabe destacar que, con independencia del tipo de traslado -voluntario, involuntario o urgente-, los artículos 116, fracción I, en relación con el 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, instituyen a la controversia judicial ante el Juez de Ejecución como un medio eficaz para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades penitenciarias.Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse para ordenar y ejecutar el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, asimismo, contempla el "recurso de apelación" y una "controversia judicial" como medios jurisdiccionales eficaces para combatir dicho acto de autoridad.En tal virtud, previo acudir al amparo, la parte quejosa debe agotar ya sea el recurso de apelación o bien, de ser el caso, la controversia judicial ante el Juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado o la calificación de éste a fin de que se analice su legalidad y en su caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con el articulo 52 en relación con el 116, fracción I, en relación con el 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el cual, constituye un medio de defensa ordinario eficaz para combatir el traslado y que prevén la suspensión del acto combatido. Luego, si con motivo de la interposición del recurso de apelación o la controversia judicial ante el Juzgado de Ejecución, puede analizarse la legalidad del traslado en cuestión y su calificación por la autoridad judicial de primera instancia, indefectiblemente ese proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama; situación que satisface el último de los presupuestos que se mencionan en los incisos precedentes.En consecuencia, al no haberse agotado la controversia judicial ante el Juez de Ejecución Penal contra el acto reclamado, es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO.Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis V.1o.P.A.5 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, Décima Época, página 1573, que dice:"PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. ***Aunado a que la ORDEN DE TRASLADO Y SU EJECUCIÓN que aquí se reclaman, no se encuentra en alguna de las causas de excepción al principio de definitividad, como sería si se tratase de un acto que atenta contra la libertad personal fuera de procedimiento -dado que el procedimiento del traslado se encuentra previsto y regulado en capítulo V de la Ley Nacional de Ejecución Penal-; que el peticionario de derechos acuda como persona extraña al juicio, como lo dispone la fracción VII, del ordinal 107 constitucional; y en los casos previstos en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que esa medida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la ley fundamental, específicamente, penas de mutilación e infamia, azotes, marcas, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, página 8, que dispone:"DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo."En esta tesitura, se colige que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con la reclusión del ahora quejoso; como lo es, lo relativo a su traslado y su ejecución; adicionalmente cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que es inconcuso que dichos procedimientos deber ser agotados previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad.Ello es así, porque de acuerdo al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, previo a la interposición de éste, deben ejercitarse los recursos ordinarios que prevenga la ley, que tengan por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada, tal y como se estipulo en líneas precedentes, entonces debe concluirse que el presente juicio es improcedente.****Por otra parte, cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. ****Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia.En consecuencia al no estar pendiente acto reclamado que analizar SE ORDENA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO promovido por el quejoso, por las causales expuestas y los fundamentos legales que quedaron precisados.El sobreseimiento decretado se hace extensivo a todas las autoridades ejecutoras, toda vez que no se les reclaman actos por vicios propios, sino en vía de consecuencia del acto reclamado.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ilustra: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. *Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las nueve horas con veinte minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno.*Se ordena a cualquiera de los actuarios que notifique personalmente, en el lugar de su reclusión, al quejoso este acuerdo.*Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).*ESCRITO DE CUENTA*Finalmente, agréguese a sus autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado vía electrónica por el defensor público federal Efraín Sandoval Rosales, designado al quejoso Elías Ayala Santillán, mediante el cual pretende cumplir con lo requerido en proveído de diez de febrero de dos mil veintiuno, y ampliar la demanda de amparo; lo anterior, por lo expuesto en párrafos que preceden.*NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Y, PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y POR CONDUCTO DE SU DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL.****
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe justificado del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse a la autoridad responsable en cita, remitiendo las documentales que refiere en apoyo a su informe justificado. Con el informe y documentales que en este proveído se describen, se ordena dar vista a la parte quejosa por el término de ocho días, para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacerlo en la audiencia constitucional. En términos del artículos 9° de la ley de la materia, ténganse como delegados de la referida autoridad responsable, a las personas que precisa en el informe de ley en cuestión. Notifíquese; y personalmente al quejoso por conducto de su Defensor Público Federal.
- Principal
Uruapan, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que ha transcurrido el término de tres días, concedido a la parte quejosa en proveído de once de diciembre de dos mil veinte, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de la inexistencia de la autoridad responsable denominada "DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 6 "SURESTE". EN HUIMANGUILLO, TABASCO", manifestación que a la fecha, no ha realizado, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Consecuentemente, hágase efectivo el apercibimiento con que se previno a la parte promovente del amparo; por tanto, téngase como inexistente a la referida autoridad responsable; suspéndase toda comunicación oficial que en lo sucesivo le resulte. Por otro lado, siguiendo con el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, Estado de México, en su informe justificado, allegado en auto de siete de enero de dos mil veintiuno, refirió que mediante oficio DGPRS/4044/2012 de veintidós de agosto de dos mi doce, el entonces Director de Readaptación Social y Encargado del Despacho de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, en el Estado de México, ordenó la ejecución del traslado definitivo del quejoso Elías Ayala Santillán, de esa institución al Centro Federal de Readaptación Social número 6 "sureste". En ese orden, se advierte la existencia de una nueva autoridad responsable y de un nuevo acto reclamado. En tales condiciones, se ordena dar vista mediante notificación personal a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si desea ampliar su demanda de amparo, si lo estima conveniente, respecto del ahora denominado Comisionado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México y, como acto reclamado oficio DGPRS/4044/2012 de veintidós de agosto de dos mi doce, mediante el cual se ordenó la ejecución del traslado definitivo del quejoso Elías Ayala Santillán, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, Estado de México al Centro Federal de Readaptación Social número 6 "sureste"; lo anterior de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Amparo. Apercibida que de no hacer manifestación alguna en el lapso legal concedido, se tendrá por precluido su derecho de ampliar demanda. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO para que tenga verificativo la misma. Se hace del conocimiento de las partes que en este expediente se han reanudado los términos procesales, conforme a la SECNO/1/2021, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente al quejoso por conducto de su Defensor Público Federal.
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