Elias Armando Rodriguez Lomelí

Expediente 420/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
420/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
11/04/2019

Partes del expediente

  • Elias Armando Rodriguez Lomelí

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito signado por xxxxxxxxxxx, autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, solicita la devolución de los documentos aportados como prueba en el presente sumario, así como copias certificadas de diversas constancias; al respecto, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos, para los efectos legales a que haya lugar. Previo a proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca al local que ocupa este Juzgado de Distrito, debidamente identificado, a efecto de que, ante la presencia judicial, y bajo protesta de decir verdad, manifieste si la firma que calza en el escrito de cuenta la reconoce como suya, es decir, si proviene de su puño y letra, y, en su caso, si ratifica, o no, el contenido del mismo; bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se le tendrá por desinteresada en la presentación de los ocursos de referencia. Lo anterior, en virtud de que la rúbrica que calza dicho escrito difiere notablemente con la diversa que calza el escrito inicial de demanda, siendo que supuestamente, se trata de la firma estampada por la misma persona Juan Pablo González Núñez. Haciéndole saber que, en caso de que incurra en falsedad de declaración ante éste Órgano de Control Constitucional, puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 261 de la Ley de Amparo. Se conmina. Con independencia de lo anterior, de las propias manifestaciones de la parte quejosa se advierte que la autoridad responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, a efecto de dar cumplimiento al fallo protector y en concreto para hacer entrega del título respectivo, solicita a la parte quejosa el recibo original del que derivan las cantidades pagadas indebidamente. Hágase del conocimiento de la aludida autoridad responsable, que en proveído de ocho de abril del presente año, se le requirió para que en el término de tres días acreditara haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto haber entregado a la parte quejosa el título de crédito correspondiente derivado de la concesión de amparo solicitado, o en su caso, notificar que el mismo se encuentra a su disposición; lo cual deberá de realizar de manera lisa y llana con la solo acreditación de la personalidad de la parte quejosa, sin que sea dable exigir mayores requisitos para realizar la devolución ordenada en el fallo protector (exhibición del recibo original), toda vez que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo las ejecutorias de amparo deberán de ser puntualmente cumplidas. En esa medida, y toda vez que este órgano de control constitucional se encuentra obligado a velar por el debido cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, el cual es de orden público, se conmina a la autoridad responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, por el puntual cumplimiento del fallo protector, esto es que acredite que entregó manera inmediata del título de crédito correspondiente, sin la exigencia de mayores requisitos (exhibición del recibo original), más que con la sola acreditación de la personalidad de quien se apersone a recibir el título correspondiente, ya que en el caso de que se demuestre que se encuentra obstaculizando el procedimiento de ejecución que nos ocupa, se harán efectivos los apercibimientos formulados en proveído de ocho de abril del presente año. Siendo prudente destacar que en el fallo protector se determinó que la autoridad encargada de cumplimiento, debe realizar los actos siguientes: "[.] a) Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación tributaria de pagar los derechos establecidos en el artículo 44, fracción IX, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, sin que lo anterior implique que se le exima de enterar el derecho a su cargo por el servicio proporcionado por el Estado en los ejercicios fiscales posteriores, sino, únicamente, se le aplique la tarifa de menor cuantía prevista en la fracción VII, del citado numeral, relativa a un giro que presta servicios similares al que es propiedad del quejoso. b) Devolver a la parte quejosa la diferencia que resulte de la cantidad que pagó al amparo del artículo 44, fracción IX, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, contenida en el recibo oficial L-167042, menos la tarifa de menor cuantía prevista en la fracción VII del citado artículo, esto es, devolver la diferencia de la cantidad de $35,119.00, menos la cuota fija mínima de $16,380.00, ya que esta es la tarifa de menor cuantía prevista por el citado numeral, relativa a un giro que presta servicios similares al que es propiedad del quejoso. c) Devolver dichas cantidades debidamente actualizadas, como si se tratara de un pago de lo indebido. [.]" Superior jerárquico. Se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la Tesorera Municipal del aludido ente público, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable.

  2. Principal

    Expídase copia. Visto el contenido del escrito signado por la Apoderada Legal de la tercero interesada "Banco Invex", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (foja 433); atento a su contenido, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa, copia certificada de las constancias que menciona, teniendo como autorizados para recibirlas a cualquiera de las personas que indica para tal efecto, previa razón de recibo que se deje en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el escrito suscrito por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, interpone recurso de revisión y expresa agravios en contra de la sentencia de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado Auxiliar dentro del presente juicio. Remisión de revisión al Tribunal Colegiado. En atención al artículo 89 de la Ley de Amparo; dentro del plazo de tres días, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, remítanse los autos originales del presente juicio, así como el original y copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer. Apertura del cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes relativo.

  4. Principal

    Audiencia celebrada. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, se celebró a las nueve horas con veintiocho minutos del trece de febrero de dos mil diecinueve, lo cual puso fin a la secuela procesal del juicio de amparo. Resérvese. En tal virtud, resérvese proveer lo que corresponda, respecto al telegrama proveniente de de la oficina de Telecomm-Telegrafos, hasta en tanto concluya la audiencia constitucional, ya que no es posible que se emita pronunciamiento con relación a promociones presentadas una vez iniciada, pues acorde al principio de unidad es necesario que ésta concluya. Orienta sobre el particular, la tesis siguiente: "Novena Época Registro: 170855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007 Materia(s): Común Tesis: IV.2o.C.48 K Página: 1678 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU CELEBRACIÓN PONE FIN A LA SECUELA PROCESAL DEL JUICIO DE AMPARO Y EL JUEZ QUEDA IMPEDIDO PARA ACORDAR PROMOCIONES ALLEGADAS CON POSTERIORIDAD, AUNQUE SE REFIERAN A CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE EN LOS ESCRITOS RESPECTIVOS SE OFREZCAN PRUEBAS QUE LAS JUSTIFIQUEN. Conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Ley Fundamental y 155 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional comprende tres fases que se desarrollan en el siguiente orden: a) el periodo de pruebas, donde se ofrecen, admiten y desahogan; b) la formulación de alegatos; y, c) el dictado de la sentencia. Íntimamente relacionado con ello, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el precepto y fracción citados, es determinante al disponer que la tramitación del amparo indirecto se rige por el principio de concentración, en cuanto ordena que "... se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia... se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.". Dicha taxativa aparece confirmada en el artículo 155 de la Ley de Amparo, que es categórico al establecer en su primer párrafo: "Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo, se dictará el fallo que corresponda.". Ahora bien, tomando en cuenta la secuela de actos que en la audiencia se van sucediendo en su propio orden, junto con la señalada característica de la concentración, emergen los matices relativos a la continuidad y la unidad, pues tales actos surgen uno tras otro, por regla general de modo inmediato; esto es, al ofrecimiento de pruebas debe recaer el auto admisorio o desechatorio, para seguir con el desahogo de las admitidas; después se pasa al periodo de alegatos y, de inmediato, en culminación de la audiencia, se dicta sentencia, siendo a través de esa secuela como se delimita la concentración de los mismos, se eslabona su continuidad y se cierra la unidad de la actuación. Todo ello confirma el criterio de que, una vez celebrada la audiencia constitucional, ya no es posible que se emita pronunciamiento con relación a promociones presentadas después de la fecha en que ésta tuvo lugar, independientemente de que propongan causales de improcedencia porque para entonces, con motivo de haberse cerrado el mencionado acto procesal, ya cesó la actividad del Juez de Distrito por lo que ve al procedimiento del juicio constitucional, restando solamente el dictado de la sentencia correspondiente; a menos que en los escritos respectivos se ofrezcan pruebas que justifiquen la improcedencia." Notifíquese.

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