Elías Antonio Martínez Benítez
Expediente 3261/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3261/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/04/2018
Partes del expediente
- Elías Antonio Martínez Benítez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zapopan, Jalisco, seis de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: ténganse por recibidos el oficio 5066/2018, dirigido a las autoridad responsable denominada Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual fue devuelto por la mensajería rápida "estafeta", por la razón que se desprende, esto es, "domicilio incorrecto" en consecuencia, reexpídase el mismo al domicilio correcto, esto es, en avenida Insurgentes Sur, número 3211, colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, México, Distrito Federal. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Luz María Pérez Salcedo, que certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coincide en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/LMPS/estef *
- Principal
Zapopan, Jalisco, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por la Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por medio del cual, remite copias certificadas de las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del acuerdo de treinta de enero de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio laboral 203/2001-B1; así como el acuse de recibo relativo al oficio girado a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, ordenado en el citado auto de treinta de enero del presente año. En consecuencia, requiérase a la responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco por conducto de su titular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, para que en el término de tres días siguientes al en que sea notificado del presente proveído, remita constancias con las que acredite las gestiones que se encuentre realizado a fin de cumplir con la sentencia de amparo, entre ellas, informe lo relativo a las medidas de apremio impuestas al Ayuntamiento Constitucional de Tala, Jalisco, por medio de su presidente, síndico y todos los integrantes del cabildo, ante la omisión de pagar a la parte actora la cantidad laudada a su favor. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tengan, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. De igual manera, resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 36/2011 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro IV, Tomo 4, enero de dos mil doce, visible a página 3515, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Finalmente, se hace del conocimiento de la autoridad oficiante que el comunicado por el cual dé respuesta a este mandato judicial federal, deberá contener la leyenda "SE CUMPLE REQUERIMIENTO DE TÉRMINO". Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria América Alejandra Díaz Cassián, quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación, promoción y anexos, coinciden en su integridad con la que obra en el expediente electrónico. SSM.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través del cual se le tiene rindiendo su informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo; además exhibe diversas documentales consistentes en un legajo de copias certificadas relativas al expediente RRA4747/174, las cuales, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, mismas que se ordena agregar a los presentes autos para los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior, este juzgador advierte, que en relación con el acto reclamado opera una causal de improcedencia, manifiesta e indudable que hace innecesario continuar con la tramitación del juicio; por ende, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio fuera de audiencia, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto es notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de proseguir con la substanciación del juicio de amparo y llegar a celebrar la audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, toda vez que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no sería posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. Es aplicable la Tesis de jurisprudencia 2ª./J.10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, este juzgador observa, de manera oficiosa, que en relación con el acto reclamado opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Para arribar a tal conclusión, es importante destacar el contenido del citado numeral y fracción, que en lo que interesa, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado, de dicha hipótesis normativa se observan dos supuestos de cesación de efectos, a saber: a) por revocación; y, b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo de los supuestos, opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto que lo vino a sustituir; verbigracia, cuando: Se interpone un recurso o medio de defensa contra el acto reclamado, la determinación dictada en aquél sustituye procesalmente el auto o resolución controvertido en la vía ordinaria. Bien, cuando se emite una resolución y, al no impugnarse en los plazos legales a través del recurso idóneo procedente, se dicta el auto que la declara firme, en ese supuesto éste sustituye a la determinación adoptada, porque el efecto que genera es que la resolución adquiera firmeza; y será entonces tal determinación la que rija la situación jurídica del peticionario del amparo. Ilustra sobre el particular la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, del Tomo XXX, del mes de diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso, se presenta la primera hipótesis (cesación por revocación), consistente en que la autoridad responsable aun sin derogar o revocar el acto reclamado, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia del juicio no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser reparada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así es, como se adelantó, este órgano jurisdiccional considera que en la especie se encuentra actualizada la aludida causal de improcedencia en estudio, toda vez que la parte quejosa destacó como acto reclamado, la omisión de la autoridad responsable de emitir resolución definitiva al recurso de revisión interpuesto el doce de julio de dos mil diecisiete; ahora bien, de las documentales exhibidas por la responsable se advierte que los comisionados que integran el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitieron resolución en el recurso de revisión RRA4747/2017, interpuesto ante dicho instituto por el quejoso; lo que resulta suficiente para tener por demostrado que los efectos del acto reclamado han cesado; además con motivo de que el solicitante no proporcionó correo electrónico como medio de notificación, la resolución emitida por la responsable respecto del recurso de revisión, se practicó en los Estrados de dicho Instituto. De ahí que, al resolver el recurso de revisión RRA 4747/2017, cuya omisión reclamaba el quejoso, entonces, esta, cesó en sus efectos; por tanto, se satisfizo el derecho condigno, pues desapareció la conducta omisiva reclamada. Al ser esto así, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si aquellos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no haya dejado huella alguna de dicha afectación. Es aplicable, en lo conducente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 59/99, publicada en la página 38, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época (193758), de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo es aplicable, en lo conducente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 9/98, publicada en la página 210, Tomo VII, correspondiente al mes de Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época (registro 196820), que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No sobra añadir que este órgano jurisdiccional tampoco podrá ocuparse de las dilaciones u omisiones subsecuentes en las que podría incurrir o no la autoridad responsable, ello, toda vez que se debe tomar en cuenta, en exclusivo, cada etapa procedimental en la que llegue a configurarse ese nuevo acto; lo anterior, de conformidad a lo previsto en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En tales condiciones, al actualizarse la hipótesis contemplada en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio fuera de audiencia, en términos del numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, por cuanto hace a la omisión reclamada. Atento al sentido del fallo, se deja sin efectos la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para las TRECE HORAS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO (foja 36). Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta. Doy fe. LAPT/DANH/jlm*
- Principal
Zapopan, Jalisco, ocho de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: atento al contenido de la certificación de cuenta se advierte que el acuse de recibo del oficio 55409/2017 (foja 29), mediante el cual se requirió a la autoridad responsable Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no se entregó en el domicilio correcto; en consecuencia y en obvio de dilaciones procesales, se ordena reexpedir el comunicado de mérito a la autoridad respectiva, vía mensajería rápida, con independencia de hacerlo a través de correo ordinario. En virtud de lo anterior, se DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las TRECE HORAS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta. Doy fe. LAPT/DANH/jacobo
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