Elías Antonio Arcia Pérez
Expediente 1385/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1385/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Elías Antonio Arcia Pérez
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por el licenciado Carlos Mario Estrada Sánchez, autorizado del quejoso Elías Antonio Arcia Pérez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, solicita se le expida copia simple de la sentencia dictada en presente asunto; al respecto se acuerda: En atención a lo solicitado, dígase al promovente de mérito, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se autoriza la expedición de la copia simple que solicita, previa constancia y firma de recibo que se deje en autos, autorizando para recibirla a las personas que señala en su ocurso de cuenta. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se entregará la copia solicitada, por lo que deberá agendar nueva cita. En esa razón, hágase del conocimiento del promovente que de conformidad con la circular SECNO/15/2022, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cuatro de octubre de dos mil veintidós, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de lunes a viernes de las ocho horas con treinta minutos a las diecisiete horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1385/2022-2, promovido por **********, contra los actos que reclama del Magistrados Integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el diecinueve siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veintidós posterior, Elías Antonio Arcia Pérez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO La resolución de fecha 08 de Julio del 2022, dictada (.) en los autos del cuadernillo de ejecución de sentencia deducido del expediente 397/2011-S-1 (.)" (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Magistrados Integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. El veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se radicó la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1385/2022-2; se requirió a la parte quejosa para el efecto de que manifestase bajo protesta de decir verdad la fecha en la cual tuvo conocimiento del acto reclamado, para lo cual debería acompañar las copias de traslado necesarias de su escrito aclaratorio. Cumplido lo anterior, el treinta y uno de agosto posterior, se admitió a trámite el asunto, por lo que se solicitó a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; se reconoció carácter de terceros interesados al Ayuntamiento Constitucional, al director de Seguridad Pública Municipal y al comandante de la Guardia de Seguridad Pública Municipal, todos pertenecientes al Municipio de Jalapa, Tabasco por lo que se instruyó su emplazamiento por oficio; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. Mediante oficios 30970/2022, 30971/2022 y 30972/2022 recibidos el veintinueve de septiembre siguiente, se llevó a cabo el llamamiento a juicio del Ayuntamiento, director y comandante terceros interesados. CUARTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El auto de ocho de julio de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno de ejecución de sentencia CES 397/2011-S-1. TERCERO. CERTEZA. Ahora, si bien la secretaria general de acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, al rendir informe justificado, manifestó que no son ciertas las violaciones que aduce la impetrante; también es verdad que aceptó la emisión del acuerdo génesis de la controversia. [Foja 30 y 31] Lo cual guarda sustento con la copia certificada de diversas constancias que integran el sumario 397/2011-S-1 de su índice, mismas que obran agregadas al sumario constitucional y por cuerda separa como Tomo I. Documentales a las que se les concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". En ese tenor, se colige que la existencia de los citados actos reclamados por la parte quejosa, se encuentran plenamente probados. CUARTO. PROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio del acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias que la responsable acompañó al rendir su informe respectivo. Visto lo anterior, resulta necesario referir únicamente los antecedentes relevantes para la materia de la presente controversia constitucional: Expediente de Ejecución de Sentencia 397/2011-S-1 El trece de marzo de dos mil diecinueve, mediante sentencia interlocutoria que resolvió el incidente de ampliación de planilla de liquidación, el Pleno responsable fijó la obligación de pago de la cantidad de $579,742.01 pesos (quinientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta y dos pesos 01/100 moneda nacional) al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalapa, Tabasco, esto en favor del actor -aquí quejoso-. [Foja 825 a 830 del Tomo I] Luego, el tres de septiembre de dos mil diecinueve, en audiencia pública las partes celebraron convenio de pago para liquidar la obligación citada en el punto que antecede, diligencia en la cual el actor -aquí quejoso- recibió de conformidad la cantidad de $139,860.63 pesos (ciento treinta y nueve mil ochocientos sesenta pesos 63/100 moneda nacional) menos la retención del impuesto sobre la renta, por un monto total de $100,000.00 pesos (cien mil pesos 00/100 moneda nacional). [Foja 916 a 917 del Tomo I] Así, en audiencia pública de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el segundo pago relativo al cumplimiento del convenio celebrado el tres de septiembre de dos mil diecinueve, acto en el cual el actor recibió la cantidad de $65,229.19 pesos (sesenta y cinco mil doscientos veintinueve pesos 19/100 moneda nacional) menos la retención del impuesto sobre la renta, por un monto total de $50,000.00 pesos (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional). [Foja 966 a 967 del Tomo I] El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, tuvo lugar el tercer pago por la cantidad de $65,229.19 pesos (sesenta y cinco mil doscientos veintinueve pesos 19/100 moneda nacional) menos la retención del impuesto sobre la renta, por un monto total de $50,000.00 pesos (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional). [Foja 970 a 971 del Tomo I] El once de diciembre de dos mil diecinueve, tuvo lugar el cuarto pago por la cantidad de $65,229.19 pesos (sesenta y cinco mil doscientos veintinueve pesos 19/100 moneda nacional) menos la retención del impuesto sobre la renta, por un monto total de $50,000.00 pesos (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional). [Foja 973 a 971 del Tomo I] El treinta de enero de dos mil veinte, tuvo lugar el quinto pago por la cantidad de $65,229.19 pesos (sesenta y cinco mil doscientos veintinueve pesos 19/100 moneda nacional) menos la retención del impuesto sobre la renta, por un monto total de $50,000.00 pesos (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional). [Foja 977 a 978 del Tomo I] El veintiocho de febrero de dos mil veinte, tuvo lugar el sexto pago por la cantidad de $65,229.19 pesos (sesenta y cinco mil doscientos veintinueve pesos 19/100 moneda nacional) menos la retención del impuesto sobre la renta, por un monto total de $50,000.00 pesos (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional). [Foja 1006 a 1007 del Tomo I] Mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, el tribunal responsable entre otras cosas, hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintiuno de octubre del citado año, por lo que ante el incumplimiento dejó sin efectos el convenio de pagos celebrado por las partes el tres de septiembre de dos mil diecinueve. [Foja 1161 a 1162 del Tomo I] El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable fijó las diez horas del dieciséis de junio de dos mil veintidós, para que el actor -aquí quejoso-, se presentase a recibir dos cheques consignados por el representante del Ayuntamiento condenado. [Foja 1278 a 1279 del Tomo I] Juicio de Amparo Indirecto 65/2022-8 Inconforme con tal determinación, el actor promovió juicio de amparo indirecto, del cual tocó conocer a este Juzgado Tercero de Distrito y que por sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, concedió el amparo para el efecto de que se dejase insubsistente el auto reclamado, debiendo respetar la categoría de cosa juzgada del convenio de pago de tres de septiembre de dos mil diecinueve y requerir al Ayuntamiento condenado el pago de la cantidad adeudada en favor del actor -aquí quejoso-. [Foja 1282 a 1290 del Tomo I] Expediente de Ejecución de Sentencia 397/2011-S-1 En cumplimiento al fallo protector, por auto de dos de junio de dos mil veintidós, la responsable dejó insubsistente el proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno; además apuntó que mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós se fijó fecha y hora para que el actor acudiese a recibir dos cheques por el restante de la cantidad fijada en el convenio de tres de septiembre de dos mil diecinueve. [Foja 1293 a 1295 del Tomo I] Así, el dieciséis de junio de dos mil veintidós, en audiencia pública se llevó a cabo la entrega del séptimo y octavo pago, cada uno por la cantidad de $56,867.11 pesos (cincuenta y seis mil ochocientos sesenta y siete pesos 11/100 moneda nacional) menos la retención del impuesto sobre la renta, por un monto total de $41,761.58 pesos (cuarenta y un mil setecientos sesenta y un pesos 58/100 moneda nacional). [Foja 1310 a 1311 del Tomo I] Seguido, por acuerdo de ocho de julio de dos mil veintidós, la responsable dio cuenta con la diligencia de pago de dieciséis de junio anterior y tras la revisión de las constancias de autos, estimó que el monto fijado en la interlocutoria de trece de marzo de dos mil diecinueve fue cubierto en su totalidad en favor del ejecutante Elías Antonio Arcia Pérez -aquí quejoso-. [Foja 32 a 34 del juicio de amparo] Ahora, el citado proveído constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. SEXTO. ESTUDIO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, Novena Época, materia común, registro digital 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Acotado lo anterior, se procede al examen de motivos de disenso expresados por la peticionaria de amparo. Como su primer y único concepto de violación indica que el auto reclamado transgrede el contenido de los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 constitucionales, bajo el argumento que la determinación impugnada es ilegal al determinar que se han cumplido en su totalidad la condena que se impuso en la sentencia definitiva y la obligación que se contrajo en el convenio de tres de septiembre de dos mi diecinueve. Indica lo anterior, puesto que le priva del derecho de pago de salarios y demás prestaciones generadas del diez de febrero de dos mil veinte al dieciséis de junio de dos mil veintidós. Al respecto, este órgano de control constitucional estima que los argumentos sintetizados devienen infundados. Esto, sin que pase inadvertido a este órgano de amparo el legítimo derecho de la suplencia de la queja en favor de los trabajadores, previsto en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, no obstante tal obligación no llega al extremo de interpretar los parámetros de la solicitud para darle un alcance diverso al pretendido por el impetrante. Soporta idéntico razonamiento, el criterio judicial visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 1058, octava época, materia común, registro digital 229521, de rubro y texto: SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, LIMITES DE LA. La suplencia de la deficiencia de la queja no puede llegar al extremo de interpretar la demanda de garantías al grado de darle un alcance diverso del que expresamente señala el quejoso." Ahora, se dice lo anterior puesto que, contrario a lo sostenido por el quejoso y una vez analizadas las constancias que obran en autos, para este órgano de amparo no existe vulneración alguna en contra de los derechos del trabajador quejoso de parte de Tribunal responsable, ello puesto que tras el estudio integral los antecedentes del acto reclamado, no se advierte ilegalidad al determinar que el convenido de pago de tres de septiembre de dos mi diecinueve quedó cumplido, ni tampoco limitación al derecho de cuantificar el adeudo restante en su favor. Ello debido a que el auto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, además también se estima que lo resuelto por la responsable resulta congruente y por tanto, apegado a derecho. Para corroborar la anterior postura resulta pertinente tener en cuenta que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El aludido precepto constitucional contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer. Presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Ahora, como complemento a lo anterior y sustento básico para que se garantice la premisa de seguridad jurídica, también lo establece el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 14 del pacto federal, que estatuye en su párrafo segundo: Articulo 14.- (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." En ese contexto, es claro que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, condición que debe observarse indefectiblemente en la prosecución de todo proceso jurisdiccional, dado que la conducción de este implica el ejercicio de la potestad plena del Estado. Así, el cumplimiento tal derecho implica que, en la conducción del procedimiento, el órgano jurisdiccional se apegue en todo momento a los parámetros previamente establecidos en el marco jurídico que lo rige, pues tal condición resulta esencial para que el gobernado se encuentre en aptitud de ejercer su derecho a una adecuada defensa. Soporta lo anterior, el razonamiento que esgrime la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 396, décima época, materia constitucional, registro 2005716, de rubro y texto: DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Por tanto, las autoridades, sea cual fuere su naturaleza, pero principalmente las jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundadas y motivadas; es decir, deben precisar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tomado en cuenta para la emisión del acto reclamado, ya que sin la formalidad descrita resultan ilegales. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, Tomo XXII, correspondiente al mes de diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Ahora, la génesis de la controversia lo constituye el auto de ocho de julio de dos mil veintidós dictado en los autos del cuaderno de ejecución de sentencia CES 397/2011-S-1, del registro del tribunal responsable, el cual para clarificar respecto de su contenido, se reproduce digitalmente. Así, de lo anterior se advierte que en el punto SEGUNDO, tras dar cuenta con los ocho pagos parciales realizados por el Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco en favor de Elías Antonio Arcia Pérez -aquí quejoso-, el órgano judicial responsable tuvo por cubierto el monto establecido en la interlocutoria de trece de marzo de dos mil diecinueve, esto al amparo del convenio celebrado entre las partes el tres de septiembre de dos mil diecinueve. Luego, en el punto TERCERO del mismo proveído se dio oportunidad al actor -aquí quejoso- para que presentase la planilla de liquidación correspondiente al periodo comprendido del uno de marzo de dos mil veinte (fecha en que se actualizó el incumplimiento del convenio) al dieciséis de junio de dos mil veintidós (data en la cual se cubrió el último pago pactado en el convenido), esto toda vez que el incumplimiento del convenio de pago se generó a partir de mes de marzo de dos mil veinte, donde el Ayuntamiento condenado ya no cubrió el pago correspondiente hasta la citada diligencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós. Por tanto, contrario a lo sostenido por el accionante de amparo, el que el acuerdo reclamado estime cubierta la cantidad fijada en la sentencia interlocutoria de trece de marzo de dos mil diecinueve, puesto que se llevaron a cabo los ocho pagos parciales acordados entre las partes en el convenio de tres de septiembre de esa anualidad, no le coarta derecho alguno, puesto que además deja abierta la posibilidad de que cuantifique las cantidades que se generaron por el incumplimiento de parte del Ayuntamiento ejecutado. De igual forma, de la lectura del auto reclamado se advierte que el pleno del tribunal responsable citó los preceptos que estimó aplicables; además, respetó el carácter de cosa juzgado del convenio de pago celebrado entre las partes y expuso los razonamientos adecuados para determinar que las cantidades pagadas corresponden al total del monto líquido que se estableció por resolución firme, la cual además, es clara y está fundada. De ahí que no le asista la razón a la impetrante de amparo. Resulta importante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por la parte quejosa, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo dicha consideración en la tesis 1a. CVIII/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, Mayo 2007, Novena Época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los argumentos de disenso planteados por la parte solicitante del amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria General de Acuerdos en representación de los Magistrados Integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, mediante el cual rinde su informe justificado, adjuntando copia certificada de la resolución de ocho de julio de dos mil veintidós y sus constancias de notificación, constantes de (5) cinco fojas, las cuales se agregan a los presentes autos; así como un tomo de pruebas, consistente en el duplicado del cuadernillo de ejecución de sentencia relativo al expediente 397/2011-S-1; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, de las que se harán relación al celebrarse la audiencia constitucional. En virtud de lo voluminoso del tomo remitido por la autoridad responsable, para facilitar el manejo del presente juicio, fórmese un tomo de pruebas por cuerda separada de este asunto. Por otro lado, se advierte que en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, consistente en instrumental de actuaciones relativo a todo lo actuado en el expediente 397/2011-S-1, y, en virtud de lo acordado previamente, dicha probanza se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con el escrito de cuenta, se tiene a Elías Antonio Arcia Pérez, dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo por acuerdo de veintitrés de agosto del año actual, esto es, manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce de julio de dos mil veintidós. Por lo tanto, se tiene al quejoso de mérito, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de los Magistrados Integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 1°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número (99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. Se le hace saber a la autoridad responsable jurisdiccional que el plazo de quince días para que rinda o actúen en el juicio de amparo, no debe descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, aun cuando sean periodos vacacionales, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2024510, publicada en la página 12, Tomo I, de Abril de 2022, Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE". AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); lo que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rinda informes, presente promociones o acuse recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO Ahora, como del libelo de amparo se advierte que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, les reviste el carácter de terceros interesados a: Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalapa, Tabasco. Director de Seguridad Pública Municipal de Jalapa, Tabasco. Comandante de la Guardia de Seguridad Pública Municipal de Jalapa, Tabasco. Por lo anterior, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, por medio de oficio, emplácese a la citada parte; adjuntando una copia simple de la demanda de amparo, para que en caso de que lo estimen conveniente, se apersonen a juicio a hacer valer sus derechos, informándoles que la audiencia constitucional se llevará a efecto en la hora y fecha señalada en líneas anteriores. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte promovente ofreciendo como prueba en el presente asunto la presuncional legal y humana en todo lo que le beneficie, la cual se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, de la que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora, en cuanto a la prueba instrumental de actuaciones, consistente en todas las constancias que integran el expediente 397/2011-S-1; se reserva proveer sobre su admisión, hasta en tanto obre agregado en autos el informe justificado que rinda la autoridad responsable. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsables, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: 1. De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. 2. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese.
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