Elias Alcantar Cortes
Expediente 1502/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1502/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/11/2017
Partes del expediente
- Elias Alcantar Cortes
- Consejo Técnico Interdiciplinario Del Centro Federal De Readaptación Del Centro Federal De Readaptación Social Numero Uno Altiplano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de noviembre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que las partes, dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron el auto de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha quedado firme. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción Il, párrafo segundo y tercero). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero de dicho Acuerdo), lo anterior, pues se concedió la suspensión provisional. 3. El cuaderno del duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (hipótesis prevista en el punto vigésimo, fracción III, párrafo primero del Acuerdo en mención). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el informe justificado rendido por la Directora General y Presidenta del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México, y con las constancias descritas en el oficio de cuenta. Con el informe y constancias de mérito dése cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Por lo que hace a las documentales exhibidas por la autoridad antes citada, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, este juzgado advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de dicho artículo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues el acto de autoridad que resultó cierto y existente, por el que se acudió a la presente instancia consiste en: la falta de atención medica, sobreviniendo una cesación por sustitución, pues ya les fue proporcionada la atención medica a los aquí quejosos como se acredita de las constancias que adjuntó la autoridad oficiante, quedando de esta forma sin efectos el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables. Por tanto, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de su efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es aplicable la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81, del Tomo Vl, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Novena Época, con número de registro 917637, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así, como la jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356, del Tomo Vl, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, con número de registro 917949, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis P.CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 71, del Tomo Vl, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1997, Novena Época, con número de registro 197367, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de celeridad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de Marzo de 2003, Novena Época, con número de registro 184572, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales circunstancias, encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con quince minutos del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
- Incidental
VII) Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Elías Alcantar Cortes, Alejandro Rosado Domínguez y Luis Adrián Domínguez Cruz, contra las autoridades y acto precisados en el considerando único de esta resolución, por las razones ahí establecidas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que da fe. Doy Fe.
- Incidental
I. Toluca, Estado de México; veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, devuelve diligenciado el exhorto 505/2017-I (orden 505/2017), del índice estadístico de este órgano jurisdiccional, a través del cual se solicitó notificar al tercero interesado el proveído de trece de julio pasado. Atento su contenido, en el Libro de Gobierno asiéntense las anotaciones correspondientes y acúsese recibo vía fax. Por tanto, en conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se tiene por legalmente emplazado al presente juicio de amparo al tercero interesado Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal de Núcleo Agrario Las Salinas. Ahora bien, mediante proveídos de veintiocho de julio, dieciocho de agosto, siete y dieciocho de septiembre, todos del año en curso, se reservó acordar lo conducente hasta en tanto obrara en autos la diligencia en comendada en diverso auto de trece de julio pasado, circunstancia que ya aconteció. Por tanto, respecto al proveído de veintiocho de julio de este año, como lo dispone el artículo 5°, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tienen por apersonado al presente juicio al tercero interesado Presidente, Secretario y Tesorero del ejido Las Salinas, Delegación Azcapotzalco, Estado de México. Acorde con lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de referencia. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados del tercero interesado a las personas mencionadas en el escrito de apersonamiento, siempre y cuando cuenten con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de no ser así se tendrán únicamente para oír y recibir notificaciones. En cuanto al escrito presente el diecisiete de agosto en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formuladas sus manifestaciones a manera de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de ellos en la audiencia constitucional. Por otro lado, respecto a las documentales ofrecidas, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por anunciadas sin perjuicio de acordar sobre su admisión o desechamiento en la audiencia constitucional. Finalmente, por lo que respecta a los ocursos presentados el seis y siete de los corrientes, en este órgano jurisdiccional, de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, expídanse a costa del promovente en un solo tanto las copias certificadas solicitadas, toda vez que no justifica el motivo de su expedición por triplicado, en el entendido que quien se presente a recogerla deberá exhibir una identificación oficial vigente y copia simple de ésta para debida constancia legal de su entrega. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia 1a./J. 20/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Decima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, libro 42, mayo 2017, página 308, registro 2014287, de rubro: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
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