Eliana Jael Toxqui Hernández

Expediente 112/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
112/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/04/2022

Partes del expediente

  • Eliana Jael Toxqui Hernández
  • Fiscal Cuarto Adscrito A la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial, Ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a uno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que la impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Finalmente, toda vez que en el sumario obra un documento original exhibido por la promovente del amparo; de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del multicitado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recuperarlo; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, será destruido con el expediente.

  2. Principal

    (AVISO) NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA QUEJOSA.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a nueve de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓNVista la demanda de amparo promovida por ELIANA JAEL TOXQUI HERNÁNDEZ, por propio derecho, contra actos de la Fiscal Cuarta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por violación al artículo 16 Constitucional. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 112/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable , que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa . En el caso, atendiendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda, así como al anexo como prueba de su parte, se advierte que la quejosa reclama de la Fiscal Cuarta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial de esta ciudad, el siguiente acto: [...] LA INVITACIÓN SEGUNDA Y ÚLTIMA (QUE EN REALIDAD ES UNA CITA) DE FECHA TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, GIRADA EN MI CONTRA POR PARTE DE LA FISCAL CUARTA DE LA UNIDAD INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SEPTIMO DISTRITO JUDICIAL PARA QUE ME PRESENTE A EFECTO DE LLEVAR A CABO UNA DILIGENCIA DE CARÁCTER PENAL URGENTE DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PZR/VII/F4/158/2022 DE SU ÍNDICE. [...]. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XII y 5, de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] . Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] Al respecto, debe tenerse presente que de conformidad con los párrafos primero y segundo de la fracción I del artículo 107 constitucional, antes transcritos, la acción de amparo únicamente compete a aquella persona que refiera ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado transgrede los derechos reconocidos por la Carta Magna, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por el actuar de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, cuyo desconocimiento o violación otorgan al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que ese derecho protegido le sea reconocido o que no le sea violado. Asimismo, que tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir la existencia de un derecho subjetivo, el cual si es vulnerado de manera personal y directa faculta a su titular para acudir al órgano jurisdiccional federal, demandando que cese esa transgresión; de esa manera, si el acto reclamado no se refiere a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de amparo, este carece de interés jurídico. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en torno con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 5 de la ley de la materia. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004501 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.) Página: 1854 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo , con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la carga de la prueba de acreditar el interés jurídico corresponde al quejoso, y que al cumplir con dicha exigencia procesal, debe hacerlo de manera plena y no mediante pruebas que solo aporten indicios y no justifiquen fehacientemente su interés jurídico. Época: Octava Época Registro: 206338 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Página: 17 INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En ese contexto, si la quejosa reclama la invitación de tres de marzo de dos mil veintidós, expedida por la Fiscal Cuarta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial de esta ciudad, a efecto de que compareciera a las diez horas del siete de marzo de la presente anualidad, a fin de llevar a cabo una diligencia de carácter penal urgente ordenada en la carpeta de investigación PZR/VII/F4/158/2022 de su índice; y sin que de la misma se advierta que dicha fiscalía apercibiera a la quejosa con alguna medida de apremio y mucho menos con privación de libertad, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente, pues, dicho acto no le causa a la impetrante una afectación real y actual en su esfera jurídica. Es menester precisar que en relación con el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que, por regla general, la integración de la averiguación previa no es susceptible de control constitucional; lo anterior, en virtud de que las diligencias realizadas por la autoridad investigadora son producto del pleno ejercicio de sus funciones de orden público y cumplimiento de un imperativo constitucional, cuyo objeto es indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables, procedimiento en el que no se sabe, de antemano, cuál será el resultado de la indagatoria; de ahí que su trámite, generalmente, no provoca afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. Es aplicable al caso el criterio aislado siguiente: Época: Novena Época Registro: 179988 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Diciembre de 2004 Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: P. LXIII/2004 Página: 1113 AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control. En ese sentido, si la integración de una carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el fiscal en el ámbito de sus atribuciones reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra. Al respecto, conviene destacar que si bien el fiscal al integrar una carpeta de investigación en su fase inicial actúa como autoridad, pues el artículo 21 Constitucional dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes; a menos que en ellas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, sus posesiones o derechos, lo cual no acontece en el caso. En ese sentido, si la quejosa se duele de que la fiscalía responsable le giró una invitación para comparecer a las diez horas del siete de marzo de la presente anualidad, a fin de llevar a cabo una diligencia de carácter penal urgente ordenada en la carpeta de investigación PZR/VII/F4/158/2022 de su índice; y sin que de dicha invitación se advierta que la citada fiscalía apercibiera a la quejosa con alguna medida de apremio, ni con privación de libertad o presentación por conducto de la fuerza pública, ello en ningún modo alguno le repara perjuicio en sus derechos sustantivos, pues no constituye una determinación que se traduzca en una vulneración a derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que solamente se trata de un acto procesal para el esclarecimiento de los hechos delictivos que a consideración de la fiscal pudieran actualizar alguna conducta ilícita, en específico, la diligencia de carácter penal ordenada en la carpeta de investigación PZR/VII/F4/158/2022 de su índice. Por ende, se concluye que la invitación reclamada por la quejosa encaminada a la integración de la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos de la quejosa, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley. A mayor abundamiento, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se rige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese contexto, las diligencias tendentes a integrar la investigación no transgreden los derechos fundamentales de la quejosa, toda vez que, como se dijo, la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público, en representación de la sociedad, según lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social cuyo ejercicio está atribuido constitucionalmente en exclusiva a esa institución ministerial; por ende, la integración de la averiguación previa no le irroga una afectación a la esfera jurídica de la solicitante del amparo al no ocasionarle un daño real y actual, presupuesto indispensable para ejercer la acción constitucional. Cobra vigencia a lo aquí considerado, la siguiente tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito: Época: Décima Época Registro: 2010448 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: III.2o.P.91 P (10a.) Página: 3529 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE INVESTIGACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. De conformidad con los artículos 5o., fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, así como de la naturaleza y fines del juicio constitucional, se colige que es insuficiente que se aduzca una violación a los derechos fundamentales del gobernado para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que dicha violación produzca afectación a su esfera jurídica. En ese tenor, cuando el acto reclamado consiste en una orden de investigación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa, se actualiza la causa de improcedencia por falta de interés jurídico prevista en el mencionado artículo 61, fracción XII, ya que la persecución de los delitos es facultad exclusiva de esa autoridad, en representación de la sociedad, según el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido constitucionalmente en exclusiva a esa institución ministerial; por ello, la citada orden no irroga afectación a la esfera jurídica del particular, al no ocasionarle un daño real y actual, presupuesto indispensable para ejercer la acción constitucional. Por consiguiente, cuando se impugna una determinación de esta naturaleza, debe desecharse de plano la demanda de amparo, por actualizarse esa causa manifiesta e indudable de improcedencia. Máxime, si ni la Constitución Federal ni las normas secundarias confieren a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una investigación ministerial, aun cuando ellos sean considerados como probables responsables de los ilícitos que se investigan, pues considerar lo contrario implicaría, se insiste, anteponer el interés particular de un probable responsable al interés de la sociedad en la indagación de los delitos. Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, en relación con el diverso numeral 5 de la propia legislación, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA por existir causa manifiesta e indudable de improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Raúl Vargas del Ángel e Ismael Lince Hernández, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: a) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables.

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