Eliana Erika Herrera García
Expediente 775/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 775/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eliana Erika Herrera García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintiuno. De los autos se advierte, en proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, mediante el cual se sobreseyó el juicio, ordenándose el archivo del presente expediente, y toda vez que en la Secretaría de este Juzgado obra un tomo de pruebas formado con las copias certificadas deducidas del expediente 766/2012 (4), del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, que fue remitido mediante oficio número 6599, de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve; por tanto, ya que carece de objeto la permanencia de dicho expediente en este juzgado, devuélvase el mismo a dicha autoridad para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada con fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación del este acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 775/2019; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. ELIANA ERIKA HERRERA GARCÍA, nombre correcto de la quejosa, como así se advierte de las constancias de autos, por su propio derecho, mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de la Conciliación y Arbitraje del Estado y Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, en su carácter de representante legal del Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, consistente en: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: Reclamo de las responsables: De la autoridad responsable EL PRESIDENTE EJECUTOR de la Junta Especial número Cuatro Bis (sic) de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, reclamo la ineficacia de todos y cada uno de los actos jurídicos efectuados por dicha autoridad, para lograr el cumplimiento del laudo dictado el día seis de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual se condenó a la demandada al pago de diversas prestaciones laborales, lo que se traduce en denegación de la impartición de justicia pronta y expedita a la hoy quejosa y por ende el excesivo retardo para la ejecución del referido laudo que fue dictado dentro del juicio laboral de número 766/2012 (4), del inventario de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de donde emana el acto que reclamo, ya que hasta el día de hoy no se me ha efectuado el pago de las prestaciones dictadas en el laudo referido. DE LA AUTORIDAD CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA en su carácter de Representante Legal del titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, quien al mismo tiempo es preside del Consejo General de los Servicios de Salud de Oaxaca, y QUE SEÑALO COMO RESPONSABLE RECLAMO. A).- La omisión de pronunciarse respecto del oficio que le fue dirigido por el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis (sic) de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y por el cual se le comunico en su carácter de máxima autoridad de los Servicios de Salud de Oaxaca, ya que es el referido Titular quien preside el Consejo General de los Servicios de Salud de Oaxaca, por ende, máxima autoridad de dicho organismo, de la cantidad total en favor de la suscrita, en cumplimiento al laudo dictado con fecha seis de julio de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral número 766/2012 (4), que se tramitó ante los miembros de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, lo que se traduce en denegación de la impartición de justicia pronta y expedita a la hoy quejosa y por ende el excesivo retardo de más de dos años respecto del pago de las cantidades decretadas en mi favor en el laudo de referencia, ya que hasta el día de hoy no se me ha cubierto cantidad alguna por concepto de pago de las prestaciones dictadas en el laudo citado. B).- La omisión de exhibir ante la autoridad que se tramitó el procedimiento en forma de juicio la cantidad total de la condena. C).- La omisión de acreditar ante la autoridad en que se tramitó el procedimiento en forma de juicio de donde emanan los actos que reclamo, que en su carácter de representante legal del Titular del Poder Ejecutivo, quien a su vez es el que preside el Consejo General de los Servicios de Salud de Oaxaca, que consiste en no haber realizado un programa de cumplimiento de pago de la cantidad total de la condena." Actos que estimó violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 8°, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, emplazó a la parte tercera interesada y señaló fecha para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer de la citada demanda de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Como cuestión previa, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. TERCERO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de la Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca: La omisión de acordar el efectivo cumplimiento del laudo dictado dentro del juicio laboral 766/2012 (4) de su índice, así como el excesivo retardo en la ejecución del mismo. Del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, en su carácter de representante legal del Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca: La omisión de pronunciarse respecto al oficio 4503 de cuatro de junio de dos mil diecinueve, que le giró el Presidente Ejecutor de la Junta responsable, para el cumplimiento del laudo dictado dentro del juicio laboral 766/2012 (4), por ser la máxima autoridad de la demandada Servicios de Salud de Oaxaca. La omisión de exhibir ante la autoridad laboral, la cantidad total de la condena. La omisión de acreditar ante la autoridad laboral, el haber realizado un programa de cumplimiento de pago de la cantidad total de la condena. CUARTO. El Director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, en su carácter de representante legal del Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le atribuyen; negativa que se admite en sus términos, pues de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado (fojas 26-43), se advierte que dio respuesta al requerimiento efectuado por la Junta responsable, referente al cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 766/2012 (4). Ello es así, ya que en respuesta al oficio 4503 de cuatro de junio de dos mil diecinueve, que le giró el Presidente Ejecutor de la Junta responsable, para el cumplimiento del laudo dictado dentro del citado juicio laboral, mediante diverso oficio CJGEO/DGTSPJ/698/2019 de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, dirigido al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, los conminó para que cumplieran con el laudo dictado en el juicio laboral 766/2012 (4), del índice de la Junta responsable, asimismo, les indicó que como ejecutor de gasto público tiene la obligación de cumplir con las resoluciones definitivas emitidas por autoridades judiciales, laborales y administrativas de carácter federal o estatal, según sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, lo que en seis de agosto del año en curso, hizo del conocimiento de la Junta responsable. De igual forma, negó que su representado tenga la obligación de exhibir ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de la Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la cantidad decretada como condena en el laudo de seis de julio de dos mil diecisiete, pues ésta no fue decretada en su contra, sino que fue impuesta a un Organismo Público Descentralizado, denominado Servicios de Salud de Oaxaca, que acorde a su decreto de creación es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, además como ejecutor de gasto público debe sujetarse a lo dispuesto en la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca. Finalmente, negó que su representado tenga el carácter de Presidente del Consejo General de los Servicios de Salud de Oaxaca, ya que de acuerdo al Decreto número 27 por el cual se crean los Servicios de Salud de Oaxaca, reforma de once de septiembre de dos mil quince, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiséis del mismo mes y año, se determina que el Órgano de Gobierno de los Servicios de Salud de Oaxaca, lo conforma la Junta Directiva y que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, no es integrante de la misma y mucho menos quien la preside. De lo anterior puede advertir que contrario a lo señalado por la parte quejosa, la autoridad responsable si ha realizado acciones encaminadas a lograr la ejecución del laudo, previo a que se presentara la demanda que dio origen al presente juicio de amparo; además, debe tenerse presente que para tener un acto reclamado como existente en el juicio de amparo, es necesario que éste figure a la fecha de presentación de la demanda constitucional; lo que no sucede en el caso, ya que lo relatado en el párrafo anterior revela que en la data de presentación del reclamo constitucional (seis de septiembre de dos mil diecinueve), no existía el acto de autoridad omisivo atribuible a la autoridad señalada como responsable en el presente considerando. Es aplicable en la especie la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Asimismo, la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en su informe relativo negó la existencia del acto reclamado consistente en que existe un excesivo retardo para la ejecución del laudo pronunciado en el expediente laboral 766/2012 (4), de su índice. Es así, toda vez que la quejosa no demostró haber solicitado ante la Presidenta Ejecutora, la realización de una actuación específica y concreta tendiente a ejecutar el citado laudo, dado que en su demanda de amparo únicamente aludió de manera genérica a la dilación de la responsable para actuar dentro del procedimiento de ejecución del mismo. Por esas razones es que no puede constreñirse a la Presidenta Ejecutora de la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo en los términos que prescribe el artículo 950, de la Ley Federal del Trabajo, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión, lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, la legislación laboral dispone que los laudos deben quedar cumplidos dentro de las setenta y dos horas después de su emisión, así también, el ordinal 950, de la referida legislación, dispone que transcurrido dicho término (setenta y dos horas), el presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento y embargo, lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo, si éste no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución. Y si bien el artículo 17 constitucional, otorga a los gobernados la garantía de que se les administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de un laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones; de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2771, Décima Época, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En tal virtud, al haber reclamado la quejosa, de forma genérica, la omisión de la Presidenta Ejecutora de la Junta responsable de proveer lo conducente para la ejecución del laudo dictado en el expediente laboral 766/2012 (4), se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo, porque la ejecución del mismo depende básicamente de la previa petición del ejecutante, lo cual, en la especie la quejosa no acreditó. En ese orden de ideas, y al resultar inexistentes los referidos actos reclamados, conlleva sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. La Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, que hace consistir en la omisión de dictar medidas eficaces para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral 766/2012 (4), de su índice; sin embargo dicha negativa se desvirtúa conforme a las constancias que anexó a su informe, pues de ellas se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo, no había proveído respecto a efectuar requerimiento para el cumplimiento del citado laudo, de ahí que resulte cierto el acto que se le atribuye. Lo cual, se corrobora incluso con las copias certificadas deducidas del juicio laboral de origen que obran en autos y en tomo de pruebas por separado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 93 fracción II, 129, 197, 202, 207 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2º, de las que se advierte la existencia del acto reclamado. SEXTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Toda vez que en cuanto al acto que se atribuye a la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que se traduce en la omisión de dictar medidas eficaces para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral 766/2012 (4), de su índice, el catorce de octubre de dos mil diecinueve, dicha autoridad atendió los escritos del apoderado legal de los Servicios de Salud de Oaxaca, parte demandada en ese juicio, en el que le tuvo manifestando la imposibilidad para dar cumplimiento al requerimiento que ésta le realizó el cuatro de junio de este año, para dar cumplimiento al laudo dictado en el citado expediente laboral, así como anexando copia de los oficios de fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, suscritos por la Directora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca, dirigidos al Director de Administración y a la Directora de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, en los cuales solicita se realicen las gestiones ante la autoridad federal correspondiente, para el otorgamiento de recursos para cubrir la obligación de pago de las prestaciones laborales derivadas del referido laudo, así como implementar las acciones y mecanismos necesarios para la inclusión en el Programa Operativo Anual 2020. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, requirió al demandado, para que dentro del término de tres días hábiles, acreditara ante esa autoridad con los documentos idóneos el seguimiento dado a los oficios que se indican en el párrafo que antecede, así como informar que otras acciones se encuentra realizando para dar cumplimiento al laudo dictado en expediente laboral 766/2012 (4), de su índice. Apercibiendo a la demandada que de no cumplir con lo anterior, se le impondría el medio de apremio previsto en el artículo 731 fracción I, de la Ley Federal del Trabajo (multa). Lo que le fue notificado personalmente al autorizado legal de la quejosa y a la parte demandada, el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, como así se desprende de las constancias de autos (fojas 61 y 61 vuelta del tomo de pruebas). Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 605, Tomo XXIX, Enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA: De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto.". Luego, al haberse emitido el acuerdo correspondiente a la omisión atribuida a la autoridad responsable, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (seis de septiembre de dos mil diecinueve), conduce a establecer, cesaron los efectos del acto reclamado, actualizándose por ende, la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, y conlleva a sobreseer en el juicio con fundamento en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías número 775/2019, promovido por ELIANA ERIKA HERRERA GARCÍA, en términos de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Del estado de autos, se advierte la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, no dio cumplimiento al requerimiento de once de octubre del año en curso, del que se advierte quedó legalmente notificado con fecha catorce del presente mes y año; por tanto, a fin de dictar una resolución acorde a derecho, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase nuevamente a la citada autoridad responsable para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, se sirva remitir a este Juzgado copias certificadas, completas y legibles de las actuaciones realizadas a partir del laudo emitido en el expediente laboral 766/2012 (4); apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del término antes señalado, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional ($4,224.50), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($84.49) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE.
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