Eliam Saul Lara Moreno

Expediente 1274/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1274/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Harold Saúl Lara Jara
  • Eliam Saul Lara Moreno
  • Eliam Saul Lara Moreno y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ... Visto el estado de autos, del que se advierte que no existe tramite pendiente que realizar en el presente sumario, toda vez que se advierte que por auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del mismo, por tanto, glósese al expediente en que se actúa el único cuaderno de incidente de suspensión que se formó con motivo de la tramitación del presente juicio, con la indicación de que es susceptible de depuración, toda vez que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar. En consecuencia, anótese en la carátula la circunstancia de que el único cuaderno incidental es susceptible de depuración. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista certificación que antecede...causa ejecutoria sentencia...archívese el presente expediente como asunto concluido...Finalmente, hágase devolución al Agente Fiscal adscrita a la Fiscalía de Atención a la Mujer, La Familia y Delitos Sexuales, el disco compacto que remitió en su momento, en atención al requerimiento efectuado por este Juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la Circular SECNO/8/2021 suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, cabe destacar que la fracción I, punto 2 de dicha Circular establece que una vez transcurrido el plazo del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno, se reanudarán los plazos y términos procesales conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, en posterior decisión la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó ampliar el plazo de que se trata, del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, según lo corrobora la Circular SECNO/9/2021, en lo que corresponde a la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Querétaro, Nayarit, Hidalgo y Colima; y, finalmente, la circular SECNO/10/2021, estableció como fecha de inicio para reanudar los plazos, a partir del dieciocho de febrero del propio mes y año, para las entidades federativas enlistadas, exceptuando a los Estados de Guanajuato y Guerrero. En consecuencia, continúese con la tramitación del presente juicio de amparo en la etapa en que se encuentra, esto es, se levanta la suspensión de plazos y términos, la cual operará a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación por lista por lo que las partes estarán en aptitud de promover lo que en derecho corresponda, de preferencia y de estar a su alcance mediante el esquema de juicio en línea, en el entendido de que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Ahora bien, considerando que el artículo 2 del citado Acuerdo General levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, aunado a que se trata de una suspensión de términos y plazos subsecuente, esto es, que no es la primera suspensión durante la contingencia sanitaria y que constituye un hecho notorio que a la fecha las labores jurisdiccionales han dejado de encontrarse suspendidas, así como la obligación de las partes de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena hacer de su conocimiento la reanudación que fue decretada, en términos del numeral 21 del propio Acuerdo General. Consecuentemente, y con apoyo además en los artículos 2, fracción II, 5 fracciones I y II, y 6, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes la reanudación del presente expediente, mediante la publicación en lista a que hace referencia el numeral transcrito. Sin que escape a la vista la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Sin embargo, tal criterio establece que debe notificarse personalmente la resolución que ordena reanudar un procedimiento que se encuentra suspendido y no cuando todos los procedimientos dentro del órgano jurisdiccional se encontraban suspendidos con motivo de una contingencia sanitaria y se levanta la suspensión de plazos y términos al mismo tiempo de manera notoria. Máxime que, como se explicó, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. Además, dada la amplia difusión en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal de las Circulares y Acuerdos relacionados con los esquemas de contingencia, constituye un hecho notorio para los justiciables la fecha a partir de la cual las labores jurisdiccionales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en particular del Noveno Circuito, han dejado de encontrarse suspendidas, lo que impacta en la obligación de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, que se publica físicamente y en internet. Estado de autos Por lo anterior, se instruye al Actuario de la adscripción, a fin de que a la brevedad integre debidamente el presente expediente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en lo correspondiente a notificaciones, a fin de continuar con el trámite del presente procedimiento. Notifíquese.

  4. Principal

    El suscrito Pedro Ignacio Arredondo Ramírez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mi adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha.- Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, hoy treinta de septiembre de dos mil veinte.- Doy Fe.- Pedro Ignacio Arredondo Ramírez Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En San Luis Potosí, capital, a las nueve horas del treinta de septiembre de dos mil veinte, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado y Secretario con quien actúa Pedro Ignacio Arredondo Ramírez, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarse la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia en el juicio de amparo 1274/2019-9, promovido por Harold Saúl Lara Jara, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada e iniciales E.S.L.M., contra actos de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía de la Mujer, La Familia y Delitos Sexuales, y otras autoridades. La Juez la declara abierta, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario da cuenta con las constancias que obran en autos consistentes en: escrito de demanda y su ocurso aclaratorio; auto admisorio; constancias de emplazamiento a las partes; informes justificados rendidos por las autoridades responsables; y acuerdo de trece de enero de dos mil veinte, en el que se tuvo por inexistente a la autoridad responsable que el quejoso denominó como Dirección General de Métodos de Investigación adscrita a la Coordinación Habilitada de Delitos Sexuales y Violencia Familiar en esta ciudad. Finalmente, se da cuenta con la certificación del Secretario de esta fecha, en la que hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación de constancias, las que serán tomadas en consideración al momento de resolver. En relación con la autoridad que se tuvo inexistente, en cumplimiento a la jurisprudencia 111/2008-PS, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en la sesión de cinco de noviembre de dos mil ocho, cuyo rubro dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN", se hace constar que carece de objeto pronunciarse en la resolución que a continuación se dicte respecto de los actos que se les imputan, por ser ésta inexistente. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales que el quejoso adjuntó a su demanda de amparo; y las probanzas aportadas por la Agente Fiscal adscrita a la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, consistentes en los documentos exhibidos mediante oficios registrados en este juzgado bajo los números de correspondencia 3992, 5116 y 6261; un cuaderno de pruebas por separado y un disco versátil digital (DVD). Asimismo, hace constar que no obran diversas pruebas que relacionar, ni pendientes de desahogo. La Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas, mismas que serán tomadas en consideración al dictarse la sentencia respectiva. No habiendo pruebas pendientes por desahogar se cierra el periodo probatorio. En periodo de alegatos, el Secretario da cuenta con el alegato ministerial de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asimismo, hace constar que no obran diversas manifestaciones en vía de alegatos. Acto seguido, la Juez acuerda: Se tiene a la Representante Social de la Federación adscrita formulando los alegatos de su intención; y por perdido el derecho de formular alegatos a las restantes partes. Al no haber diversas manifestaciones qué relacionar se declara el cierre del presente periodo. Acto continuo, el Secretario hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. Doy fe. Fabiola Delgado Trejo Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. Pedro Ignacio Arredondo Ramírez Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 1274/2019-9, promovido por Harold Saúl Lara Jara, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada e iniciales E.S.L.M., contra actos de la Agente Fiscal adscrita a la Fiscalía de la Mujer, La Familia y Delitos Sexuales, y otras autoridades; y,RESULTANDOPRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, turnado el día hábil siguiente a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Harold Saúl Lara Jara, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada e iniciales E.S.L.M., solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y las autoridades que a continuación se transcriben:.... SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos violados los consagrados en los artículos 1°, 4º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. La demanda de amparo quedó registrada bajo el expediente número 1186/2019-4, en el que previa aclaración y su oportuno desahogo, por auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite. CUARTO. Separación de juicios. El dieciséis de diciembre siguiente, la suscrita ordenó en ese asunto, la separación de autos, de ello se generó otra demanda de amparo, respecto de las autoridades responsables y los actos reclamados siguientes: ... Previa remisión de constancias relativas al mencionado juicio de amparo 1186/2019-8, por auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo por lo que respecta a los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el resultando que antecede; se registró en el libro de gobierno bajo el número 1274/2019-9; se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; se tuvo por emplazada a la tercera interesada Rosalba Moreno Hernández; se dio intervención a la fiscal adscrita y se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional. Posteriormente, en acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se tuvo a Yadira Álvarez García, asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como representante especial del menor de iniciales E.S.L.M. Luego, por acuerdo de uno de junio del dos mil veinte, se ordenó la reactivación del presente juicio de amparo, fijándose las nueve horas con ocho minutos del uno de julio del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, por acuerdo de esa fecha, se ordenó tuviera verificativo mediante el uso de videoconferencia, requiriendo a las partes para que mediante promoción impresa o electrónica proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. En la inteligencia de que las partes podrían dar cumplimiento a dicho requerimiento hasta tres días hábiles anteriores a la celebración de la audiencia respectiva, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se tendría por perdido su derecho para comparecer a dicha audiencia, y en su caso, sería desahogada sin su asistencia. De igual modo, en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, los requerimientos y especificaciones técnicas necesarias para poder tener acceso a la audiencia por vía de videoconferencia, sin que las partes lo hayan solicitado en tiempo. Así, conforme al acta que antecede, se inició la audiencia la cual concluye con el dictado de la presente sentencia, y; CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Jueces de Distrito; toda vez que los actos reclamados se materializan en territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La primera de las determinaciones reclamadas dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/33538/19, del índice de la Unidad Especializada de Atención Temprana a la Mujer, tendiente a ordenar al quejoso la entrega de su menor hijo E.S.L.M. a su progenitora Rosalba Moreno Hernández, así como diversas medidas de protección, fue emitida el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, la cual se hizo del conocimiento del quejoso mediante cédula de notificación el veintiocho de octubre de esa anualidad, la cual surtió efectos el día hábil siguiente al en que se le notificó, esto es, el veintinueve del mismo mes y año, de conformidad con el artículo 82, fracción I, inciso d) y último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales; y el plazo comenzó a correr al día hábil siguiente de esta última data, según lo dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo. Por lo que se concluye que el término de quince días, corrió del treinta de octubre al veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, descontando por inhábiles los días uno, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho y veinte, del referido mes de noviembre, con fundamento en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Luego, si el libelo de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, es inconcuso que su presentación resultó oportuna. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son los siguientes:.... CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado de la Fiscalía General del Estado consistente en la ejecución de las determinaciones reclamadas emitidas en la carpeta de investigación de origen, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 80), sin que obre prueba en contrario que desvirtúe tal negativa. Por lo que, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de la autoridad y acto que se precisaron en el párrafo que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 284, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, que aparece publicada en el Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación de 1917-2000, cuyo rubro dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de la Agente Fiscal adscrita a la Fiscalía de la Mujer, La Familia y Delitos Sexuales, por así haberlo aceptado al rendir informe justificado (foja 79). De igual forma, se considera cierto el acto atribuido a la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado (en su denominación correcta), pues a pesar de que no rindió su informe justificado, lo cierto es que, de acuerdo a sus atribuciones legales, le corresponde la ejecución de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la Agente Fiscal adscrita a la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales como justificación de los actos reclamados, consistentes en copia certificada de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/33538/19, que obra en un cuaderno de pruebas por separado; documentos que tienen pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas por funcionario autorizado para tal efecto. SEXTO. Causas de improcedencia. En términos de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, previo a efectuar el análisis del fondo del asunto, debe estudiarse si se actualiza alguna causa de improcedencia en contra del acto reclamado.... En ese sentido, se determina que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo... De la lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo anterior, que es idéntico al texto transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado, radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.... El criterio transcrito evidencia que para que se actualice la causa de improcedencia analizada, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. La cesación de efectos se actualiza por dos hipótesis, a saber: I) por revocación, y II) por sustitución. El primer supuesto opera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido el que es materia del amparo, de modo que aquél sustituye procesalmente el auto o resolución primigenia, por lo que el amparo contra esta última determinación resulta improcedente. Entonces, será la nueva determinación, en todo caso, la que podrá ser materia del juicio constitucional.... Al respecto, es menester reiterar que la cesación de efectos del acto reclamado, por sustitución, se actualiza en el supuesto en que se endereza el amparo contra actuaciones respecto de las cuales se dicte un nuevo acto jurídico que las sustituya en su eficacia legal, puesto que precisamente los efectos del acto combatido cesan al haber sido reemplazado por una nueva resolución. En el caso, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Agente Fiscal adscrita a la Fiscalía de la Mujer, La Familia y Delitos Sexuales, las resoluciones de veinticuatro de octubre, seis, doce y diecinueve de noviembre, todas de dos mil diecinueve, emitidas dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/33538/19, cuyo trámite se lleva en la Unidad Especializada de Atención Temprana a la Mujer, mediante las cuales se dictaron, entre otras medidas de protección inmediata, la relativa a que el quejoso hiciera entrega de su menor hijo E.S.L.M. a su progenitora Rosalba Moreno Hernández, apercibido que de no hacerlo se procedería de forma coercitiva a través del auxilio policiaco y la fuerza pública racional. Ahora bien, la autoridad responsable exhibió un disco versátil digital (DVD), que contiene la audiencia inicial de formulación de imputación y la audiencia de vinculación a proceso, dentro de la causa penal RI/SLP/CP-412/2020, relativa a la judicialización de la carpeta de investigación de origen, la cual tiene pleno valor probatorio conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo.... Del mencionado disco versátil digital (DVD), se advierte que el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia inicial, en la que el agente del Ministerio Público formuló imputación contra el quejoso; y que el diez de septiembre de esa anualidad, la juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra el solicitante del amparo, por el hecho posiblemente constitutivo de delito de violencia familiar en agravio de la tercera interesada Rosalba Moreno Hernández, previsto y sancionado por el artículo 205 del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí; y, decretó como medida cautelar: la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares donde se encuentre la mencionada víctima, misma que se encuentra contenida en el artículo 155, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo anterior, es de verse que las medidas de protección reclamadas fueron sustituidas por la medida cautelar dictada por la juez de control, acorde a lo dispuesto por los artículos 153 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que al haber sido reemplazadas legalmente las medidas de protección impugnadas por la medida cautelar ordenada por la juez de control, no podría estudiarse su legalidad sin afectar el nuevo pronunciamiento que realizó la juzgadora penal, pues como se dijo, esa resolución posterior sustituyó procesalmente las determinaciones que ahora se tildan de inconstitucionales.... De esta forma, el presente juicio de amparo resulta improcedente, pues como se vio, si bien el quejoso afirma que se ha afectado su esfera jurídica con el actuar de la fiscalía responsable, lo cierto es que los actos reclamados fueron sustituidos al emitirse una determinación posterior que reemplazó las medidas de protección dictadas en contra del quejoso; por ende, sólo procede la acción de amparo contra la medida cautelar emitida por la juez penal, ya que las medidas de protección anteriores, se insiste, han sido sustituidas. Así las cosas, es evidente que opera la causal de improcedencia de cesación de efectos por sustitución procesal, pues con la presentación de la demanda de amparo, el quejoso pretendía que no se le obligara a entregar a su mejor hijo a su progenitora, sin embargo, las medidas de protección que ordenaban esa cuestión fueron sustituidas por la medida cautelar decretada en la audiencia de vinculación a proceso verificada el diez de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal RI/SLP/CP-412/20, relativa a la judicialización de la carpeta de investigación de origen, que es la que rige actualmente.... Consecuentemente, al actualizarse el precitado motivo de improcedencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone SOBRESEER en el presente juicio promovido por Harold Saúl Lara Jara, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada e iniciales E.S.L.M. Sin que resulte obstáculo el hecho de que en este asunto se vea involucrado un menor de edad y que, por tanto, su interés superior esté de por medio; pues ello no puede traducirse en una justificación válida para ignorar o desatender los requisitos que establece la ley para la procedencia del juicio de amparo.... Luego, atendiendo al sentido del fallo no se analizan los conceptos de violación, debido a los efectos jurídicos que provoca el sobreseimiento.... La anterior determinación, se hace extensiva respecto del acto de ejecución reclamado de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado, en virtud de que no se combate por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Harold Saúl Lara Jara, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada e iniciales E.S.L.M., respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de la presente resolución. Notifíquese.

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