Elia Teresa López Mascareño

Expediente 947/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 23 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
947/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Salud
  • Elia Teresa López Mascareño
  • Elia Teresa López Mascareño y Otros.
  • Rosario Mascareño López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por Elia Teresa López Mascareño, en representación de su menor hijo R. M. L, queda firme para los efectos legales a que haya lugar. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido por la Consultora Jurídica General en ausencia de la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve el diverso 37838/2021, en virtud que se envió directamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, dicha autoridad es representada dentro del presente juicio de amparo por la Secretaria de Salud, con sede en la Ciudad de México.

  3. Principal

    Intégrense a los presentes autos para que obren como legalmente correspondan el oficio y anexo, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en el recurso de queja administrativa 7/2022, interpuesto por el Director de Área adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud en representación del Secretario de Salud, con sede en Ciudad de México, contra el auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. En dicho recurso, se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. A las trece horas con veintinueve con veintinueve minutos del doce de enero de dos mil veintidós, se declara sin materia el recurso de queja interpuesto por la Secretaría de Salud."

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte en auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se agregó oficio que remitió el delegado del Secretario de Salud y del Director del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó que el catorce de octubre del presente año, se llevó a cabo la aplicación del esquema completo de vacunación al menor quejoso R.M.L., remitiendo copia simple del expediente y comprobante de vacunación contra el virus SARS-COV2; proveído que fue notificado electrónicamente a la parte quejosa, el veinte de octubre en curso. En el citado auto se le dio vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara si el menor quejoso R.M.L., recibió la aplicación de la primera y segunda dosis del biológico pfizerbiontech, proveído que le fue notificado el veinte de octubre del presente año, sin que haya hecho manifestación alguna; de ahí que se le tenga por conforme con lo expresado por la autoridad, pues no realizó manifestación en contrario en el plazo concedido. -Cesación de efectos - Ahora bien, al realizar un examen acucioso de las referidas constancias y al estar completas, por ende, suficientes para su estudio, esta juzgadora advierte de manera notoria, manifiesta e indudable, la existencia de una causa de improcedencia que determina el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el precepto 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, que se invoca de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 814 que se localiza en la página 553 del Tomo VI de la materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación de 1917 a 1995, de la Octava Época, con registro 394770, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Asimismo, la contradicción de tesis 26/200-PL, con registro 184572 que derivo la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE..." Se afirma que se actualiza una causal de improcedencia, toda vez que de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables para llevar a cabo la vacunación del menor quejoso R.M.L., contra el virus SARS-COV2. En auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se agregó oficio que remitió el delegado del Secretario de Salud y del Director del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó que el catorce de octubre del presente año, se llevó a cabo la aplicación del esquema completo de vacunación al menor quejoso R.M.L., remitiendo copia simple del expediente y comprobante de vacunación contra el virus SARS-COV2; proveído que fue notificado vía electrónica a la parte quejosa, el veinte de los mismos. Con lo anterior, se le dio vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara si el menor quejoso R.M.L., recibió la aplicación de la primera y segunda dosis del biológico pfizerbiontech, proveído que le fue notificado el veinte de octubre del presente año, sin que haya hecho manifestación alguna; de ahí que se le tenga por conforme con lo expresado por la autoridad, pues no realizó manifestación en contrario en el plazo concedido. De lo que se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, como ya se dijo, se debe sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." [.] En sustento de lo anterior, es pertinente citar que, desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ...". Se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que la parte quejosa hace consistir sustancialmente el acto reclamado la omisión de las autoridades responsables para llevar a cabo la vacunación del menor quejoso R.M.L., contra el virus SARS-COV2; sin embargo, se advierte que en auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se agregó oficio que remitió el delegado del Secretario de Salud y del Director del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó que el catorce de octubre del presente año, se llevó a cabo la aplicación del esquema completo de vacunación al menor quejoso R.M.L., remitiendo copia simple del expediente y comprobante de vacunación contra el virus SARS-COV2; proveído que fue notificado vía electrónica a la parte quejosa, el veinte de octubre de dos mil veintiuno. Documentales que participan de plena eficacia demostrativa de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de dicho ordenamiento. En el citado auto se le dio vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara si el menor quejoso R.M.L., recibió la aplicación de la primera y segunda dosis del biológico pfizerbiontech, proveído que le fue notificado el veinte de octubre del presente año, sin que haya hecho manifestación alguna; de ahí que se le tenga por conforme con lo expresado por la autoridad, pues no realizó manifestación en contrario en el plazo concedido. Por lo que, al haberse llevado a cabo la aplicación del esquema completo de vacunación del menor quejoso R.M.L., cesaron los efectos del acto reclamado, desapareciendo del mundo fáctico y jurídico, además, desaparecieron sus consecuencias, cesación de efectos que trajo como consecuencia directa que volvieran las cosas al estado que guardaban antes de su omisión. Con lo anterior, la esfera jurídica de la parte quejosa quedó intocada como si los actos reclamados nunca se hubiesen desarrollado, de ahí la actualización de la causal de improcedencia en estudio. En estas condiciones, al evidenciarse que los efectos del acto reclamado en este juicio constitucional han desaparecido o han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es que se actualiza la referida causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo; por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, del diverso de la misma ley, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE...". Apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ...". Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL...". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011...". Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA ...". En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por el menor R.M.L. Por tal motivo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para doce horas con cincuenta minutos de esta fecha.

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