Elia Ruth Salas Luna

Expediente 448/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
448/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Elia Ruth Salas Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con el secretario de acuerdos Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. El secretario de acuerdos hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 448/2022, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) auto admisorio dictado el veintidós de abril de dos mil veintidós, e (iii) informe justificado rendido por la responsable. El Juez de Distrito acuerda: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar; se ordena pasar a la siguiente etapa. Etapa probatoria. El secretario da cuenta con las documentales que la responsable como apoyo a su informe justificado. El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas antes relacionadas. Con la precisión que tales medios de convicción, se desahogan de la siguiente manera: Todas y cada una de las documentales allegadas por las partes que intervienen en el juicio constitucional, por su propia y especial naturaleza. Por otro lado, toda vez que no existe diverso medio de prueba que desahogar, se cierra el periodo de pruebas. Etapa de alegatos. En esta etapa se hace constar que únicamente la parte quejosa vertió los alegatos que estimó respecto de los cuales se ocupara la sentencia, no así las demás partes al no haberlos formulado. Consecuentemente, como no existen diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 448/2018, promovido por ****, contra de actos del Agente del Ministerio Público de la Mesa Tres de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. I. ANTECEDENTES En la Agencia del Ministerio Público de la Mesa Tres de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se encuentra tramitada la carpeta de investigación 42585/FDAIUERV/2021, con motivo del reporte de robo de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, del vehículo Marca Suzuki, tipo Vagoneta, Color verde, con placas de circulación TMN21 del Estado de Oaxaca, con número de serie TSMYA22SXEM136731, auto motor que se encuentra asegurado por la representación social en comento. En autos de la carpeta de investigación, mediante escrito de nueve de febrero de dos mil veintidós, de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, ***, solicitó Agente del Ministerio Público responsable, la devolución del vehículo Marca Suzuki, tipo Vagoneta, Color verde, con placas de circulación TMN21 del Estado de Oaxaca, con número de serie TSMYA22SXEM136731, ya que señaló es de su propiedad. En acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable no acordó favorable esa petición e indicó lo siguiente: "Por lo que hace a la petición de los ciudadanos Oscar de la Cruz Zamudio y ***, dígaseles que por el momento esta representación social, no se encuentra en condiciones de poder resolver sobre la situación jurídica, en la que deberá de quedar la unidad de motor Marca Suzuki, tipo Vagoneta, Color verde, con placas de circulación TMN21 del Estado de Oaxaca, con número de serie TSMYA22SXEM136731; ello en razón de que el citado vehículo cuenta con reporte de robo en la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, dentro de la averiguación previa y/o carpeta de investigación 094/00386/2021, resultando necesario contar y analizar las copias cotejadas de la citada averiguación previa y/o carpeta de investigación; petición que ya se realizó mediante oficio feadai/323/2022 de fecha once de febrero del año 2022; sin embargo a la fecha no se ha tenido respuesta." Respuesta que constituye el acto reclamado II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ***, mediante escrito presentado el veintiuno de abril del presente año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, turnado al día siguiente a este juzgado, promovió juicio de amparo en contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa Tres de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintidós, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca admitió a trámite la demanda de amparo y la registró bajo el número 448/2022; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; otorgó la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque el acto reclamado se atribuye a una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. IV. OPORTUNIDAD De las constancias que obran en autos, se advierte que el auto que contiene el acto que en esta vía combate -de veintinueve de marzo del presente año-, se le notificó el treinta de marzo siguiente. Ello se corrobora de las copias certificadas que al rendir su informe justificado allegó la responsable, de las cuales se obtiene que en esa data se hizo de su conocimiento la determinación que controvierte. Por tanto, si la demanda de amparo la presentó el veintiuno de abril siguiente, es inconcuso que se presentó dentro del plazo previsto por el artículo 17 de la ley de la materia. V. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público de la Mesa Tres de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, lo siguiente: Acto reclamado La determinación de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dictada en la carpeta de investigación 42585/FDAIUERV/2021, consistente en la no devolución del vehículo Marca Suzuki, tipo Vagoneta, Color verde, con placas de circulación TMN21 del Estado de Oaxaca, con número de serie TSMYA22SXEM136731, atendiendo a que el citado auto motor cuenta con reporte de robo. VI. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Hecha esta precisión, procede ahora analizar el contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable. Así, se tiene que el Agente del Ministerio Público de la Mesa Tres de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó el acto que se le atribuye; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada de la lectura integral del informe en cuestión, del que se desprende que realizó manifestaciones que evidenciaron la existencia del mismo. Al respecto, es conveniente citar el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, el cual es del tenor siguiente "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que, además, se corrobora con las diversas constancias que allegó al sumario, relativas a la carpeta de investigación 42585/FDAIUERV/2021 de su índice, documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°; por tanto, se tiene por probado plenamente el acto reclamado a dicha autoridad. Apoya lo antes expuesto la jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VII. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por tanto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes. En ese orden, el suscrito advierte que, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la determinación de la responsable de no devolver el vehículo Marca Suzuki, tipo Vagoneta, Color verde, con placas de circulación TMN21 del Estado de Oaxaca, con número de serie TSMYA22SXEM136731, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." Con relación al precepto invocado conviene señalar, también, lo que dispone el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley. (.).". Del análisis de los preceptos transcritos tenemos que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva con el fin de restituirlo en el pleno goce de los mismos; sin embargo, cuando se reclama un acto proveniente de tribunales judiciales, el agraviado debe justificar que es titular de un derecho subjetivo que se ve afectado de manera personal y directa con el acto del que se duele. De ahí que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, para que sea procedente el juicio de amparo no basta que el quejoso funde sus pretensiones en un simple interés, sino se requiere que acredite la titularidad de un derecho subjetivo que se vea afectado con el acto que en la vía constitucional reclama, esto es, requiere que demuestre la afectación a su interés jurídico, lo cual debe comprobarse de manera fehaciente y no inferirse solamente con base en presunciones. Para sostener lo anterior, es necesario mencionar que el presupuesto jurídico que contiene el primero de los preceptos invocados -interés jurídico-, representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio, toda vez que si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que tengan diverso carácter, entonces no tendrá legitimación para instaurarlo; en consecuencia, cuando se acude en demanda de amparo, debe acreditarse en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Así, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio constitucional a combatir un acto de autoridad, en la medida que aquél sea titular de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público; actuación que podría ocurrir de dos formas, a saber: I. Si se afecta en abstracto la esfera jurídica del demandante, porque se le imponga una obligación que antes no se tenía, o II. Si se afecta un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. La causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no queda demostrada de manera fehaciente tal afectación, ya que hay actos de autoridad de carácter general, abstracto e impersonal que crean hipótesis o supuestos jurídicos en los que puede o no adecuarse una conducta específica o determinada situación ya sea de hecho o de derecho. Resulta aplicable la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Luego, para que se pueda determinar que el acto o la ley reclamados causan un perjuicio o afectación en la esfera de derechos de los gobernados, deben afectar real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. Por otra parte, un acto de autoridad causa perjuicio a una persona física o moral cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, ya sea en su persona o patrimonio y es sólo hasta ese momento, que nace la facultad de reclamar la violación a sus derechos fundamentales en el juicio de amparo, en la inteligencia que tal menoscabo debe probarse fehacientemente. De ese modo, el presupuesto que permite a las personas combatir actos u omisiones provenientes de tribunales judiciales, que estimen lesivos a los derechos humanos, será el que sean titulares de un derecho subjetivo y que, además, se afecte de manera personal y directa. Por tanto, es plausible estimar que el interés jurídico es el derecho subjetivo derivado de alguna norma en particular o sustentado en alguna figura jurídica, que concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Sobre el particular es aplicable, por las razones que la informan, la tesis IV.3o.A.6 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 2606, en el Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. SOBRE LA BASE CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL, SE TIENE PARA EXIGIR EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE TODO DERECHO HUMANO FRENTE A UN ACTO DE AUTORIDAD. El concepto de interés jurídico ha sido desarrollado a través de la jurisprudencia; ha sido estático, no dinámico, aunque con ciertas precisiones, pero en lo esencial, sigue la línea de identificación con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derivado de la norma objetiva que se concreta en forma individual y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Sin embargo, es necesario reconstruir dicho concepto para que, en la medida de lo permisible, pueda ser útil y eficaz para salvaguardar los derechos humanos y garantizar la vigencia de una Constitución Normativa que instituye a éstos como pilares en el Estado constitucional democrático de derecho; por ello, no puede afirmarse que un derecho esté tutelado o protegido sin establecer prerrogativa a favor de un sujeto o medio para garantizarlo de manera efectiva. De este modo, desde la perspectiva constitucional, si el interés jurídico tiene su origen en la norma jurídica que otorga al particular la facultad de exigencia y las normas constitucionales e internacionales que reconocen derechos humanos son eminentemente jurídicas, entonces, sobre la base constitucional e internacional (tratados sobre derechos humanos), se tiene un interés jurídico o facultad para exigir el respeto y cumplimiento de todo derecho humano frente a un acto de autoridad. En otras palabras, se está frente a la invocación de un derecho humano que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas.". Ahora bien, la parte quejosa ***, reclama la determinación de no devolver el vehículo Marca Suzuki, tipo Vagoneta, Color verde, con placas de circulación TMN21 del Estado de Oaxaca, con número de serie TSMYA22SXEM136731, que aduce son de su propiedad. Partiendo de esa premisa, es indudable que la parte peticionaria del amparo debe demostrar su interés jurídico para la procedencia del amparo, entendido éste, como la titularidad que detenta, en relación con el derecho que se ve afectado por el acto de autoridad, que, en el caso, es la propiedad del automotor antes señalado; mismo que fue asegurado por la responsable y ésta negó su devolución. Ahora bien, con el fin de acreditar el derecho de propiedad que dice tener sobre el aludido automotor, la parte quejosa exhibió en la carpeta de investigación los siguientes documentos: Factura original A1688 de veintinueve de enero de dos mil catorce, expedida por Fame Orientales Santa Fe, Sociedad Anónima de Capital de Variable a favor de Astrid Artega Ahumada, documento que en su anverso cuenta una primera leyenda que dice "CEDO LOS DERECHOS QUE AMPARAN LA PRESENTE FACTURA EN FAVOR DE LA SRTA. BLANCA OLIVIA PONCE ANFONSO" (leyenda que no cuenta con firma alguna); en una segunda leyenda dice: "cedo los derechos a Miguel Ángel Maya Pérez, y seguidamente aparece una firma. Original de la CARTA RESPONSIVA DE COMPRA-VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTRÍCES DE PARTICULAR A PARTICULAR, de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, misma en la que firma Miguel Ángel Maya Pérez como VENDEDOR y ***, como COMPRADOR; Formato de Pago de impuesto ejercicio fiscal dos mil veintiuno a favor de *** de doce de noviembre de dos mil veintiuno. Oficio 153/SNSP/SITE/RNVRyR/2022 signado por encargada del SITE del Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados de la Fiscalía General del Estado Oaxaca, por el que remite el reporte de robo de la unidad motorizada en comento. Talón de pago de impuestos de los ejercicios fiscales dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, del Estado de Tamaulipas, a favor de Astrid Arteaga Ahumada. Consulta de reporte de robo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno Tarjeta de circulación del ejercicio fiscal dos mil veinte, a favor de Blanca Olivia Ponce Anfoso. Sin embargo, dichos documentos son insuficientes para demostrar el interés jurídico que tiene la parte quejosa para promover el presente juicio de amparo, pues además de acreditar ser titular del derecho que se afecta con el acto de autoridad, este debe ser eficaz y coetáneo a la fecha de emisión del acto de autoridad, lo que en la especie no acontece. En primer lugar, es importante destacar que en relación con la naturaleza jurídica de las facturas y la suficiencia de éstas para acreditar en el amparo el interés jurídico, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia 3a./J.14/94, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 78, junio de 1994, página 27, número de registro 206598, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL CONTRA EL EMBARGO AHÍ PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS FACTURAS NO OBJETADAS QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES. El artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la sustanciación y decisión de los juicios de garantías por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, establece que el documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta, y que en caso contrario la verdad de su contenido debe demostrarse con otras pruebas. En consecuencia, siendo las facturas documentos privados, aun cuando provengan de terceros, hacen prueba en favor del quejoso y en contra del tercero perjudicado que no las objeta, debiendo tenerse, en este supuesto, como tácitamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados si están expedidas a nombre del agraviado e identifican dichos bienes de forma que permitan fijar su identidad. La propiedad así acreditada basta para estimar demostrado el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio natural contra el embargo ahí practicado sobre bienes muebles que alega son de su propiedad y posesión, sin que se requiera de ningún otro elemento probatorio, concretamente de la testimonial, para probar, por un lado, la vigencia del derecho de propiedad y la identidad de los bienes pues estos elementos están ya acreditados con las facturas de referencia, y por el otro, la posesión de dichos bienes pues su embargo afecta el derecho de propiedad sobre los mismos." De lo anterior se aprecia que las facturas constituyen documentos privados que, aun cuando provengan de terceros, hacen prueba en favor del quejoso y en contra del tercero perjudicado que no las objeta, debiendo tenerse, en este supuesto, como tácitamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles, que bastan para demostrar el interés jurídico para ejercitar la acción de amparo, siempre y cuando se acredite que: a) Estén expedidas a nombre del agraviado; e, b) Identifiquen dichos bienes de forma que permitan fijar su identidad. Por otra parte, el endoso que se realiza en una factura, constituye una práctica comercial reiterada por la cual se transmite la propiedad de un vehículo mediante la firma al reverso de la factura, a cambio de pagar un precio cierto. Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que se puede acreditar el interés jurídico presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describa el bien en cuestión, siempre y cuando dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes y el endoso sea de fecha cierta. Entonces, para que la factura de un vehículo a través de la cual el quejoso refiere haber adquirido la propiedad del mismo mediante el "endoso" respectivo, se constituya como documento eficaz y suficiente para demostrar el interés jurídico dentro de un juicio de amparo es necesario que: a) No haya sido objetado. b) Se detalle el vehículo afectado, y c) El llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. La fecha cierta se actualizará a partir de la data en que el documento privado se inscriba en un Registro Público, o desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de una de las partes contratantes, pues de no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, ya que tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en ellos y, por ende, certeza jurídica. En efecto, la consecuencia directa de la fecha cierta es dar certidumbre a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, lo que evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, a partir de la data en que el documento sea inscrito en un Registro Público de la Propiedad o desde la fecha en que se presente ante un fedatario público o en último caso cuando hubiese fallecido alguno de los firmantes, adquirirá fecha cierta y desde ese entonces será oponible frente a terceros. En sentido contrario, si el documento privado no cumple con los supuestos antes precisados no podrá otorgársele valor probatorio alguno con relación a terceros, es decir, sólo podrá generar efectos entre las partes contratantes, mas no obliga ni produce consecuencia legal alguna a terceros que no hubiesen intervenido en la celebración de ese acto jurídico y reclamen algún derecho sobre el bien de que se trate. Es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 7/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, Enero de 2001, página 9, Novena Época, registro 190371, del rubro y contenido siguiente: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." En el presente asunto, como se anticipó las copias certificadas de la factura exhibida, es insuficientes para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa. Se estima así, ya que través de las mismas no se demuestra que la parte promovente del amparo era titular del derecho de propiedad del vehículo que defiende a la data de emisión de los actos reclamados. Lo anterior, porque del contenido de la factura número A1688, se advierte (sin especificar fecha) que en algún momento, la entonces propietaria del vehículo Marca Suzuki, tipo Vagoneta, Color verde, con número de serie TSMYA22SXEM136731, cedió los derechos del vehículo materia de controversia a Blanca Olivia Ponce Anfonso (leyenda que no cuenta con firma alguna); para después aparecer una segunda leyenda dice: "cedo los derechos a Miguel Ángel Maya Pérez, y seguidamente aparece una firma. Ahora, en hoja aparte, aparece el original de la CARTA RESPONSIVA DE COMPRA-VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTRÍCES DE PARTICULAR A PARTICULAR, de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, misma en la que firma Miguel Ángel Maya Pérez como VENDEDOR y ****, como COMPRADOR. De lo anterior se advierte, que las factura exhibidas por la parte impetrante para demostrar la titularidad del vehículo que refiere de su propiedad, no se encuentra expedida originalmente a su nombre, sino que la transmisión del mismo se realizó mediante la "cesión de derechos" misma que incluso adolece de formalidad, al aparecer en el reverso solamente una firma de cesión de derechos, cuando previo a ese traspaso a favor de la impetrante tres personas más tuvieron la titular del bien que defiende, de ahí que deban ser necesarias dos y no solo una, las firmas de consentimiento de esos traspasos y, por ende, para poder surtir efectos contra terceros es necesario que dicho acto traslativo de dominio sea de fecha cierta y la certeza de su celebración debe ser coetánea a la data de emisión del acto. Ello, pues si bien en la "cesión de derechos" se hizo constar que los actos se realizaban el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, tal manifestación es insuficiente para generar certeza de que hayan sido celebrados en esa data, por lo que es necesario que se actualice alguna de las hipótesis antes referidas para que los actos jurídicos adquieran fecha cierta y puedan ser oponibles contra terceros, lo cual en caso en particular no acontece, puesto que la quejoso hasta la celebración de la audiencia constitucional no demostró que dicho acto traslativo de dominio adquiriera fecha cierta, al haber sido inscrito en un Registro Público de la Propiedad, presentado ante un fedatario público o en último caso hubiese fallecido alguno de los firmantes. De ahí que al no existir una data con la cual se tenga la certeza de las operaciones traslativas de dominio por las que la parte quejosa sostiene haber adquirido la titularidad del vehículo que defiende, no es posible analizar si existe coetaneidad con la fecha de emisión de los actos reclamados, pues la negativa de devolución es de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, y al no existir la fecha cierta del traspaso de derechos que aduce haber realizado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, con la que pretende acreditar la propiedad del automotor, resulta insuficiente para acreditar que a la data de emisión de los actos reclamados era propietaria del mismo. Bajo ese contexto, se reitera que el interés jurídico sólo es susceptible de demostrarse mediante elementos de convicción directos y conducentes; en virtud de que, para la procedencia del juicio de amparo se requiere acreditar ese interés en forma indubitable, por lo que no puede ser inferido a base de presunciones, siendo insuficiente la protesta de decir verdad, así como la certeza que del acto se haya configurado en el juicio, tal como se advierte de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, página 17, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, Octava Época, que reza: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." También sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J.33/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia Civil, registro 164080, página 314, de texto y rubro: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." Sin que obste, a lo aquí determinado la prueba consistente en el formato de pago de tenencia, expedición de placas y calcomanía , baja de placas y expedición de tarjeta de circulación, expedido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, de doce de noviembre de dos mil veintiuno, toda vez que del mismo, no se aprecia que se haya realizado el pago de los conceptos referidos, de ahí que no se tenga certeza de su inscripción, aunado a que como se dijo en líneas que antecede, el propio documento traslativo de dominio adolece de la formalidad requerida para esos actos. Por las razones expuestas, la impetrante carece de interés jurídico para promover el presente juicio, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada, y procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. En razón de lo anterior, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en relación con dicho acto reclamado, tal como lo establece la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, registro 394465, página 335, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Resulta importante destacar, que el suscrito juzgador, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la quejosa, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. VIII. DECISIÓN Atento a las consideraciones esgrimidas en el capítulo que antecede, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, respecto del acto que reclamó del Agente del Ministerio Público de la Mesa Tres de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por los argumentos vertidos en el apartado séptimo de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el escrito señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos que hace valer la quejosa ********************, los que serán relacionados al celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese.

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