Elia Pavón Martínez

Expediente 357/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
357/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2018

Partes del expediente

  • Elia Pavón Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de siete de mayo de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Elia Pavón Martínez; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la parte quejosa en proveído de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, mismo que fue notificado el veinticinco de abril del año en curso (foja 35); sin que la parte promovente desahogara el requerimiento formulado en el proveído de mérito. Ahora bien, el apercibimiento contenido en el referido proveído, consistía en tener por no presentada la demanda de amparo; sin embargo, en atención a la Jurisprudencia con número de registro 186786, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Junio de 2002, Página: 152, no ha lugar a hacerlo efectivo. Expuesto lo anterior, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo , autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En virtud de lo anterior, se advierte que en el presente caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, que a la letra señalan: De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, fuera de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, puede presentarse en los plazos que prevé este último numeral, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente el en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con él. Ahora, en el presente caso la parte quejosa refiere en su demanda de amparo lo siguiente: Del cual, se advierte que fue notificada personalmente del acto reclamado el doce de marzo de dos mil dieciocho, pues así lo manifiesta en el punto cuarto de su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio la Jurisprudencia emitido por el Pleno dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, que es del tenor siguiente: Bajo esa óptica, como quedó señalado con anterioridad, en el presente asunto se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, pues como ya se asentó, la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado (resolución de fecha veintitrés de febrero del dos mil dieciocho dictado por la Sala Regional de Tlaxcala, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa), por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 párrafo cuarto de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo , el plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a correr el día siguiente en que surtiera efectos la notificación personal; esto es el trece de marzo de dos mil dieciocho, por lo que transcurrió del catorce de marzo al diez de abril de dos mil dieciocho, sin contar los días inhábiles, tal como se pone de manifiesto en el siguiente calendario: Consecuentemente, si el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del catorce de marzo al diez de abril de dos mil dieciocho y la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el dieciséis de abril del año en curso, tal como lo revela el sello de la citada oficina de correspondencia; por tanto, debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo, pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar los actos que reclama. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos en el citado artículo 17 de la ley de la materia, conforme a las siguientes consideraciones: En efecto, como quedo precisado la parte quejosa señala como acto reclamado, la resolución de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho dictada por la Sala Regional de Tlaxcala, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Determinación que no constituye una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, para que de esa manera se haga valer el juicio de amparo dentro del plazo de treinta de días. Asimismo, no se trata de una sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal que imponga pena de prisión, hipótesis en la cual el juicio de amparo podrá interponerse hasta en un plazo de ocho años. Tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que causen perjuicio a un núcleo de población ejidal o comunal, caso en el que el juicio constitucional podrá hacerse valer en un plazo de hasta siete años. De igual manera, debe decirse que el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Por otra parte, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional el hecho de que haya presentado su demanda ante la Oficina de Correos de México de Celaya, Guanajuato; sin embargo, no se está ante el supuesto del artículo 23 de la Ley de Amparo, el cual es del tenor literal siguiente: Del artículo transcrito se obtiene que si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda podrá presentarse, dentro de los plazos legales, en la Oficina Pública de Comunicaciones del lugar de su residencia. Así las cosas el quejoso manifestó en su demanda de amparo lo siguiente: ".Señalando como domicilio convencional para el efecto de oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Privada 15 "B" Sur 7312, San José de Mayorazgo, Puebla, Pue., Código Postal 72450." .I. Nombre y domicilio del quejoso: los que han quedado manifestaros en el proemio del presente ocurso." En esa tesitura, es inconcuso que no había lugar a presentar la demanda de amparo en la Oficina Pública de Comunicaciones de Celaya, Guanajuato, puesto que no es lugar de residencia de la parte quejosa. Por otra parte, se advierte que mediante proveído de la misma data, se requirió a la parte quejosa, a fin de que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de dicho proveído, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo , notifíquesele por medio de lista que se fija en los estrados de este Órgano Jurisdiccional el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún aquellas que sean de carácter personal.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio de cuenta, remitido por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en atención a su contenido, se tiene por recibido el exhorto 61/2018, número de orden 63/2018 remitido debidamente diligenciado, por dicha autoridad, deducido del presente juicio, mismo que le fue enviado para notificar a la parte quejosa el proveído de diecisiete de abril del año en curso, lo anterior para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. En consecuencia, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, en atención a su contenido, se tiene al Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla; acusando recibo del exhorto 54/2018-I, del índice de este Juzgado, el cual fue radicado como exhorto 61/2018 (orden 63/2018) de su índice; mismo que procederá a diligenciar en sus términos, lo que se toma en conocimiento para los efectos legales conducentes a que haya lugar.

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