Elia Medina Méndez
Expediente 1109/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1109/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Elia Medina Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA IV. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido vía electrónica, con evidencia criptográfica, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por José Ángel Domínguez Domínguez, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, formándose por tal motivo el toca ******************** Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA IV. Agréguese a estos autos el oficio remitido vía electrónica, con evidencia criptográfica, por el Secretario del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 22442/2023, con el que se le comunicó la sentencia definitiva dictada en autos; lo que se toma en consideración para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, glósese a estos autos los escritos remitidos vía electrónica, con evidencia criptográfica, por ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el cual interpone el recurso de revisión y formula agravios contra la sentencia firmada en este juicio; por ende, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias del memorial de expresión de agravios entre las partes. En mérito de lo anterior, una vez notificadas la totalidad de las partes en el presente asunto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el escrito de interposición del recurso de mérito, así como con el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL VISTOS, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 1109/2023-IV, promovido por ELIA MEDINA MÉNDEZ, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado ese mismo día a este órgano de control constitucional, Elia Medina Méndez, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto, contra el acto que reclamó del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad y que hizo consistir en el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés dictado en autos del expediente 574/2023, en el cual se condicionó a la aquí quejosa a que exhibiera la cantidad de veinte mil pesos para garantizar daños y perjuicios. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 1109/2023-IV; se solicitó a la responsable su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo el día de hoy, al tenor del acta que antecede a la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado, pues se reclama un acto de autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal. De manera que la impetrante del amparo reclama de la autoridad responsable el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictado en autos del expediente 574/2023, en el cual se le condicionó a que exhibiera la cantidad de veinte mil pesos para garantizar daños y perjuicios. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificado vía interconexión el doce de julio del año en curso, tal y como se advierte de autos. Por tanto, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto el acto que se le reclama. Cuestión que incluso se corrobora con la prueba documental que la quejosa anexó a su demanda de amparo y que contiene el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio oral mercantil 574/2023 del índice del Juez responsable. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Atento a la técnica que rige el juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, debe antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, analizarse el tema de la procedencia del juicio de amparo, en términos de la parte final del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra, título y pie, señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, no existe causal de improcedencia propuesta por las partes, ni se advierte alguna que deba estudiarse de manera oficiosa, como lo prevé el artículo 62, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República, por lo que se procederá enseguida al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, sin que sea necesario transcribirlos, en virtud de que la Ley de Amparo no lo exige así, lo que se efectúa con apoyo en la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010. QUINTO. ANÁLISIS DE LOS PLANTEAMIENTOS DE LA PARTE QUEJOSA. Los motivos de inconformidad que la quejosa hace valer, deben estimarse infundados. La parte quejosa, señala que se violan en su perjuicio los derechos establecidos en los artículos 1, 4, 14, 16,17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y del artículo 2 de la Ley de Vivienda Digna, debido a que la responsable la condiciona la concesión de la medida cautelar para tener derecho a la energía eléctrica a base de exhibir una garantía por daños y perjuicios, sin considerarla como una persona vulnerable, poniendo en riesgo la realización de sus actividades e incluso la satisfacción de sus necesidades; por lo que considera que la determinación de la responsable deviene improcedente, ya que un derecho fundamental y necesario no debe estar superditado a otorgamiento de una garantía, además de que los juzgadores cuando está en juego un derecho necesario y fundamental deben de proteger dicho derecho sobre todo formalismo ya que es obligación del Estado procurar su protección pues así está determinado en los Tratados Internacionales y en nuestra Constitución. De igual forma, señala que es incorrecto el razonamiento y la falta de motivación de la responsable al condicionar la concesión de la medida cautelar a otorgar una garantía por daños y perjuicios, dando por hecho la existencia de algún incumplimiento por parte de la quejosa, afectando el derecho a una tutela efectiva judicial y justa. Lo anterior, por cuanto omitió realizar un correcto análisis de los hechos y pruebas ofrecidas por la quejosa en la demanda inicial, pues en la misma no se estima ni se observa que pueda haber o causarse daños y perjuicios; porque la quejosa, ha seguido pagando de forma continua y normal el pago del servicio de energía eléctrica, lo que acreditó con la exhibición de los recibos originales, por lo que no entiende el motivo por el cual, determinó imponer una garantía por daños y perjuicios cuando aún no existen elementos para determinar la existencia de los mismos, por lo que considera que no motivó su determinación en ese sentido. Por otra parte, la quejosa refiere que la determinación que por esta vía impugna, resulta falta de fundamentación y motivación, pues la garantía impuesta por la cantidad de $20, 000.00., resulta ser completamente excesiva y sin ninguna base objetiva, habida cuenta que no valoró diversos aspectos expresados en la demanda inicial, antes de determinar dicha garantía, causando que la exigencia y monto de la garantía impuesta sea deficiente y carezca de una adecuada motivación, sin que se encuentre ajustada a derecho. Al respecto, debe decirse que son infundados los argumentos que hace valer la impetrante de amparo, en relación con la parte conducente del acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, relativa a la parte de la medida cautelar. En primer lugar, debe decirse que la materia a resolver en este asunto es de estricto derecho, al reclamarse una resolución dictada con motivo de una providencia precautoria derivada de un juicio oral mercantil, por lo que el estudio de los agravios debe hacerse con estricta sujeción a los argumentos que hace valer la parte interesada. Ahora bien, debe decirse que contrario a lo que expone el quejoso, la determinación que por esta vía se combate relativa a la medida cautelar dictada en el acuerdo de catorce de junio del año en curso, sí se encuentra fundada y motivada. Se afirma lo anterior, porque el Juez responsable al momento de resolver sobre la medida cautelar que le fue solicitada para el efecto de que se suspenda el corte y se reanude el servicio de energía eléctrica en el predio en el que se encuentra el Registro Permanente de Usuario 771 060 905 360, refirió que debía tenerse en cuenta que como prestación principal, la parte actora solicitó se declarará la nulidad de cualquier ajuste de facturación, así como toda orden de verificación y/o inspección y su respectivo procedimiento, en virtud de que a su consideración, la parte demandada no se ajustó al contrato existente entre las partes, y a la legislación que debe regirlo. El Juez señaló que, con la finalidad de que se mantenga una situación de hecho y que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran, la legislación mercantil contempla las medidas cautelares establecidas en el artículo 1168 del Código de Comercio; no obstante, los diversos numerales 384 a 388 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 1054 de la Ley Mercantil, prevén diversas medidas para los supuestos que no encuadren en alguna de las tres hipótesis contenidas en el mencionado artículo 1168 del Código de Comercio, siendo éstas las denominadas medidas de aseguramiento. Agregó que del contenido de tales preceptos se desprende que las medidas de aseguramiento tienden a mantener o modificar el estado de cosas anterior al proceso, en espera a que se dirima la controversia, es decir, consisten en conservar una situación de hecho existente e incluso pueden entrañar la suspensión de una obra, la ejecución de un acto o la celebración de un contrato; previendo que en este supuesto, si llegasen a causarse daños perjuicios a persona diversa al peticionario de la medida, debe fijarse previamente una garantía para que surta efectos la misma. Con base en lo anterior, el Juez concluyó que la petición de la medida cautelar para que se reanudara la prestación del servicio de energía eléctrica, no resultaba injustificada, temeraria o carente de fundamento, más aún si la parte actora, por lo menos para esta etapa procesal, evidenció que pudiera verse afectada con la suspensión del servicio de energía eléctrica en el predio en que se presta dicho servicio, pues este último se encontraba conectado en el inmueble sobre el que la actora se ostentó propietaria de conformidad con el instrumento público que anexó. Que se afirmaba lo anterior, ya que dicha medida busca que se mantenga o se realice el restablecimiento de una situación de hecho durante la tramitación del juicio, con el fin de no causar perjuicios a la parte actora y preservar la materia del cumplimiento de la sentencia que en su caso se dicte; por lo que, CONCEDIÓ a la parte actora, aquí quejosa la medida cautelar, para el efecto de que se le reconectara el servicio de energía eléctrica en el predio señalado, mientras se tramitaba y hasta en tanto se resolviera de manera definitiva y firme el juicio. Asimismo, indicó la responsable que lo anterior no implicaba que la parte actora dejara de cumplir con las obligaciones de pago que se generaran respecto al consumo de energía eléctrica, ni tampoco con las diversas que le correspondía observar conforme al contrato de suministro de energía eléctrica celebrado; siendo que antes de hacer efectiva la medida cautelar concedida, requirió a la parte actora, aquí quejosa, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del acuerdo reclamado, exhibiera ante ese órgano jurisdiccional la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos sin centavos moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas en la ley, por concepto de posibles daños y perjuicios que se pudieren ocasionar a su contraparte. Siendo que la cantidad de la garantía referida se establecía de manera discrecional, en virtud de no tener diversos datos objetivos que pudieran servir a ese órgano jurisdiccional para cuantificar los posibles daños y perjuicios que en su caso pudiera generar la medida cautelar concedida, y a efecto de no violentar derechos de las partes; por lo que, una vez exhibida la garantía de mérito, se ordenaría a la demandada diera cumplimiento a la medida cautelar que le fue otorgada a la parte actora. Ahora bien, expuesto los motivos y fundamentos en el que se sustenta el acto reclamado, esta Juzgadora considera que no se afecta el derecho a una vivienda digna, con motivo de que se le condicionó a exhibir una garantía por daños y perjuicios, pues tal y como precisó, al ser la parte actora quien solicitó la medida cautelar es dable que se fijara una garantía de acuerdo a lo establecen los artículos del 384 a 388 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 1054 del Código de Comercio, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios y conservar la materia del cumplimiento de la sentencia que en su caso se dicte. Además, contrario a lo que refiere la quejosa, el Juez responsable sí motivó y fundó su determinación, pues expresó que la legislación mercantil y la supletoria aplicable contempla las medidas de aseguramiento a fin de conservar una situación de hecho, mientras se dirime la controversia de origen, el cual de acuerdo al numeral 387 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se mencionó en el acuerdo impugnado, establece que en todo caso en que la mantención de las cosas en el estado que guarden pueda causar daño o perjuicio a persona distinta de la que solicite la medida, se exigirá, previamente, garantía bastante para asegurar su pago, a juicio del tribunal que la decrete; motivo por el cual, fijó la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos sin centavos moneda nacional). Motivo por el cual, al ser la parte que solicitó dicha medida cautelar a fin de que se le reconectara el suministro de energía eléctrica en el domicilio respecto del cual se ostentó propietaria, mientras se dirimía la controversia en lo principal con motivo del ajuste de facturación y otras cuestiones que demandó en el juicio oral mercantil de origen, fue que el Juez responsable, de conformidad con el numeral mencionado, fijó una garantía, la cual incluso determinó que era discrecional, en virtud de no contar con datos objetivos, que le pudieran servir para cuantificar los daños y perjuicios, y a efecto de no violentar derechos de las partes; de ahí que, la quejosa no se encuentra exenta de otorgar dicha garantía, además de que el Juez responsable, al no tener una cantidad cuantificable, fue que fijó dicha suma en forma discrecional, pues eso será materia del fondo del asunto, pero no de la medida cautelar. Se afirma lo anterior, porque al tratarse de una reconexión con motivo de la suspensión del servicio de energía eléctrica, derivado de un ajuste de facturación, según se advierte del acuerdo reclamado, era dable que se le fijara dicha garantía, y si bien la quejosa indicó que exhibió diversos recibos de pago del servicio de energía de los que se advertía que se encontraba al corriente, con la finalidad de que se le excluyera de exhibir garantía alguna, lo anterior, se estima incorrecto, pues dicha cantidad se fijó a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a su contraparte, con motivo de dicha medida cautelar, acorde a lo establecido en el referido artículo 387 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y no como garantía del pago del servicio de suministro de energía eléctrica. Habida cuenta que dicha determinación no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni sobre los derechos o responsabilidades del que solicita la medida cautelar. De ahí que, en el caso se estima que la determinación de la autoridad responsable respecto a fijar el monto relativo a la garantía que debía exhibirse, a fin de que surtiera efectos la medida cautelar concedida, es correcta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 2025156, de la Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Agosto de 2022, Tomo IV, página 4258, bajo el rubro y texto: "MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. CONSTITUYEN INSTRUMENTOS ESENCIALES QUE SALVAGUARDAN EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA, A FIN DE QUE ÉSTA SEA PLENA Y EFECTIVA. Hechos: En un juicio ordinario el demandado solicitó medidas cautelares. El Juez de origen no acordó de conformidad esa petición, por lo que aquél promovió juicio de amparo indirecto. El Juez de Distrito desechó la demanda, lo cual derivó en el recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las medidas cautelares o providencias precautorias son instrumentos esenciales que salvaguardan el derecho fundamental de acceso a la justicia, a fin de que ésta sea plena y efectiva. Justificación: Lo anterior, porque las medidas cautelares, calificadas también como providencias precautorias, son los instrumentos que puede decretar la autoridad judicial, a solicitud de las partes -o en algunos casos de oficio-, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso, es decir, se decretan para evitar que se haga inútil la sentencia de fondo y que ésta tenga eficacia práctica. Dichas medidas pueden solicitarse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia o resolución ejecutoria, incluso, previamente a la instauración del juicio. Ahora bien, la naturaleza de toda providencia cautelar es asegurar un derecho subjetivo y prevenir un efecto, que reviste particularidades que exigen que se colmen determinados requisitos necesarios para estar en condiciones de obsequiarlas. De esa forma, la aplicación de las medidas cautelares no es automática, esto es, no basta que alguien las solicite para que la autoridad judicial necesariamente deba otorgarlas. Por regla general, para poder concederlas se requiere de la concurrencia de determinados presupuestos, entre los que se encuentran: a) Un presumible derecho. Quien la solicita debe acreditar, aun presuntivamente, que tiene facultad de exigir de la otra parte algún derecho que se pretende asegurar con la medida cautelar; b) Peligro actual o inminente. Dados los hechos en que se sustenta la petición, se advierta que en caso de no obsequiarse la medida cautelar se causará un daño irreparable o de difícil reparación, que torne nugatorios los derechos subjetivos del promovente; c) Urgencia de la medida. Es necesario que el derecho sustancial deducido o a deducir por el solicitante no pueda ser protegido inmediatamente de otra manera, pues de ser así no se justificaría tomar una medida de excepción; y, d) Solicitud formal. La petición se debe hacer de acuerdo con las formalidades previstas en la ley respectiva, ante el órgano jurisdiccional competente. En algunos casos previstos expresamente en la ley, el otorgamiento de la medida cautelar implicará la obligación para el solicitante, de exhibir la garantía que le fije la autoridad judicial. De esa forma, las medidas cautelares son instrumentos esenciales que salvaguardan el derecho fundamental de acceso a la justicia, a fin de que ésta sea plena y efectiva, pues la tutela judicial efectiva es el derecho fundamental que toda persona tiene a la prestación jurisdiccional; esto es, a obtener una resolución fundada jurídicamente, normalmente sobre el fondo de la cuestión que, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, haya planteado ante los órganos jurisdiccionales. En ese contexto, las medidas cautelares pueden considerarse no sólo una herramienta que hace efectivos y eficientes los derechos que consagran el debido proceso, sino también un medio que asegura la eficacia de los recursos y la ejecución plena y salvaguarda de los derechos de los particulares. De esa forma, se entiende que las medidas cautelares, dada su finalidad, constituyen las herramientas que permiten que la materia del litigio se conserve y pueda ser efectiva una sentencia o resolución de la controversia o el procedimiento, o bien, que a través de tales providencias precautorias se evite, mientras dura el juicio en lo principal o el procedimiento respectivo, que se cause un grave daño a una de las partes o al interés social." En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación analizados, procede negar a la quejosa Elia Medina Méndez, el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal del Décimo Cuarto Circuito. SEXTO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día siguiente de su publicación la presente sentencia, en versión pública con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la quejosa Elia Medina Méndez, contra el acto que reclamó del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, y que hizo consistir en el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictado en autos del expediente 574/2023; por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando último de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe; al día de hoy; once de septiembre de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado permitieron su engrose. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, a las diez horas con cinco minutos del once de agosto de dos mil veintitrés, día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1109/2023-IV, promovido por Elia Medina Méndez, estando en audiencia pública Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario encargado del despacho declara abierta la audiencia. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y hace de su conocimiento que el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, no rindió su correspondiente informe justificado, a pesar de estar debidamente notificado, vía interconexión, el cual fue notificado el doce de julio del año en curso. Acto seguido, el Secretario encargado del despacho acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias de mérito. Abierto el período de pruebas, la Secretaria de Juzgado procede a dar cuenta con la prueba documental, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, que la parte quejosa acompañó a su demanda de amparo, mismas que obran agregadas en autos, así como las constancias del juicio de origen, a las que se otorgó acceso a este órgano jurisdiccional. A lo que el Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las probanzas de cuenta, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza; con lo que se cierra este período. Abierto el período de alegatos, se hace constar que la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, no interviene ni formula pedimento; no habiendo ninguna otra por desahogar se cierra dicho periodo, por lo que al no existir diligencias pendientes por desahogar, se procede a dictar la resolución siguiente. A continuación, cerrado este período, se procede a dictar la siguiente resolución, firmando electrónicamente la presente determinación, quienes en ella intervinieron. Doy fe. LIC. PABLO PÉREZ PACHECO. Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo. HILDA ADRIANA CHAN CANTO Secretaria de Juzgado.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Eli Lemuel Ku Eb2720/2022
- Elia Enriqueta Negroe Cardoza283/2019
- Elia Enriqueta Negroe Cardoza1982/2021
- Elia Guadalupe Noos Parra2125/2021
- Elia Maria Gasque Lopez55/2018
- Elia Maria Moguel Correa1596/2019
- Elias Antonio Cruz Chan73/2021
- Elías Asahel Osorio Montalvo2487/2022
- Elias Josue Chi Lamk556/2016
- Elias Moises Escamilla Caamal306/2017
- Elías Moises Escamilla Caamal1213/2021
- Elias Roberto Duran Ramirez396/2022