Elía María Young Villegas
Expediente 1155/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1155/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/07/2023
Partes del expediente
- Elía María Young Villegas
- Rafael Montes Young
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
. Tepic, Nayarit, cinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, no obstante que mediante acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se le apercibió que se resolvería conforme a las constancias que obran en autos. En el caso concreto, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, a la parte quejosa, para el efecto de que los artículos 11, 12, 13 y 20, fracción II de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, que prevén, respectivamente, los impuestos para fomento a la educación, para la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, y el cobro de derechos por inscripción de documentos públicos o privados por los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles; y sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, debía devolver a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $300.00 pesos, por pago de concepto de inscripción de documento público, realizado con sustento el artículo 20, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debía calcularse en función de las erogaciones realizadas por la parte quejosa, acreditadas mediante las impresiones de los formatos de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realizara el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13, de la ley aquí combatida; en consecuencia, debía hacer la devolución de las erogaciones que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos en relación a los pagos que efectuó, sólo respecto conceptos de inscripción de documento público o privado. De igual modo, debía considerarse que la cantidad a devolver debería ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. Mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se tuvo al Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, remitiendo la ejecutoria de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictada por el pleno de dicho órgano colegiado, en el amparo en revisión 1078/2022, en la que se desechó el recurso de revisión interpuesto por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha dependencia, con sede en esta ciudad, en contra de la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Ahora bien, del análisis del comunicado y anexo recibidos en este juzgado federal el quince de junio del presente año, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Titular de dicha Secretaría, con sede en esta ciudad, acreditó haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo porque le fue devuelta a la parte quejosa la cantidad de ********************, mediante transferencia electrónica de la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, lo que pone en evidencia que restituyó de esa manera a la parte quejosa en el pleno uso, goce y disfrute de sus derechos violados. En ese contexto lo que procede es hacer efectivo el apercibimiento que se le hizo a la parte quejosa en auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, párrafo cuarto, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE JUICIO. Archivo. Con sustento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, el cual este órgano jurisdiccional determina que es susceptible de CONSERVACIÓN, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. De lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Javier Iván Ruiz Salcedo, que autoriza y da fe. Juan C.
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Tepic, Nayarit, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito signado por Rafael Montes Young y Elia María Young Villegas, a través del cual dan cumplimiento a la prevención formulada en proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, en relación con el de doce del mismo mes y año, esto es, precisan los actos reclamados y las autoridades a quienes se los atribuyen. Desechamiento. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano sin suspensión del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. En este orden de ideas, debe precisarse que de los escritos aclaratorios de demanda se obtiene, que la parte quejosa señala como acto reclamado esencialmente la determinación de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil 131/2023 del índice de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, en la cual dicha autoridad declinó por incompetencia en dar trámite al recurso de apelación remitido por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Partido Judicial en Tepic, respecto de una tercería excluyente de dominio, refiriendo que en dicha determinación se ordenó la continuación de la etapa de ejecución de sentencia en el expediente 89/2010. De forma oficiosa, este juzgado advierte que respecto del acto reclamado consistente en el auto de seis de enero de dos mil veintidós se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El precepto normativo invocado, establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el medio de control constitucional en comento es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los medios ordinarios de defensa por medio de los cuales se pueda modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Como excepciones al principio en comento, en general, la fracción citada establece tres supuestos: (1) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas; (2) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, (3) cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. Además, el precepto normativo invocado establece que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer el dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En otro orden de ideas, el artículo 634 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit establece: "ARTÍCULO 634. Las resoluciones que no sean irrecurribles ni apelables, podrán ser revocadas por el Juez que las dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del asunto". De lo anterior se sigue el recurso de revocación es el medio ordinario de defensa contra las resoluciones dictadas por el juez, cuando no son irrecurribles ni apelables. Por su parte, el diverso artículo 635 del mismo ordenamiento establece: "ARTÍCULO 635.- Los autos que se dicten en segunda instancia, aún aquellos que en primera instancia serían apelables, pueden ser revocados por la sala o por la que la sustituya". Del precepto citado se desprende que, además, el recurso de revocación es procedente contra resoluciones dictadas por la autoridad de segunda instancia. Al respecto, el artículo 633 de la referida legislación establece que son irrecurribles: "ARTÍCULO 633. . .Son irrecurribles, además de los casos expresamente determinados por la ley, las resoluciones que se dicten: I.- Ordenando el trámite a cualquier medio preparatorio; II.- Otorgando la posesión y administración al cónyuge supérstite de los bienes de la sociedad conyugal; III.- Mandando abrir a prueba un juicio o admitiéndola; IV.- Decidiendo los incidentes a que se refieren los artículos 620 y 630 fracciones II, III, IV, VII, VIII, X y XII de este Código; V.- Decidiendo el recurso de revocación; VI.- Las que se dicten con carácter provisional, excepto aquellas en que se disponga otra cosa; VII.- Decidiendo el fondo del asunto cuya suerte principal no exceda del equivalente a ciento ochenta y dos veces la UMA en la fecha que se pronuncie la sentencia; VIII.- Declarando ejecutoriada una sentencia; IX.- En ejecución de sentencia, salvo los casos previstos por la ley; X.- Decidiendo de plano cualquier cuestión que se suscite durante la subasta; y XI.- Aprobando el remate o declarando la adjudicación de bienes embargados". Por su parte, los artículos 645 y 651 de la legislación procesal invocada, establecen que son apelables: "ARTÍCULO 645.- Se admitirán en el efecto devolutivo las apelaciones que se hagan valer impugnando: I.- El auto admisorio de demanda; II.- La negativa de admisión de demanda o de un medio preparatorio de juicio; III.- El auto que deseche pruebas; IV.- La desestimación de posiciones, preguntas o repreguntas; V.- Los autos o determinaciones en que se declare confeso al absolvente o en que se niegue; VI.- Interlocutorias con fuerza de definitivas que no paralizan ni ponen término al juicio; VII.- Sentencias definitivas que se pronuncien en juicios de desahucio, alimentos o diferencias conyugales; VIII.- La negativa a la ejecución de resoluciones de tribunales de otros estados o del extranjero en cumplimiento de un exhorto; IX.- El auto que niegue a un cónyuge supérstite la posesión y administración de los bienes de la sociedad conyugal; X.- La resolución que declare la sustitución del administrador de la sociedad conyugal y la terminación de dicha sociedad; XI.- La concesión de separación del domicilio familiar; XII.- La declaratoria de herederos y el reconocimiento o desconocimiento de esa calidad o de la validez de testamento; y XIII.- Las demás resoluciones contra las que expresamente así lo señala la ley". "ARTÍCULO 651.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan en contra de: I.- Las providencias dictadas en jurisdicción voluntaria; II.- La resolución en que un juez se inhibe del conocimiento de un asunto; III.- Las interlocutorias o autos definitivos en que se declare procedente un incidente de previo y especial pronunciamiento o que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación; IV.- Autos o determinaciones dictadas en las audiencias denegando la admisión de pruebas, desechándolas o declarándolas desiertas totalmente; V.- Sentencias definitivas, salvo los casos de excepción; VI.- La declaración de caducidad; VII.- La resolución que declare o niegue el sobreseimiento; VIII.- La concesión de la ejecución de una resolución de tribunales de otros estados o del extranjero en obsequio de un exhorto; IX.- La resolución que se dicte con carácter de definitiva decidiendo cualquier cuestión de índole familiar, salvo las referidas a alimentos, diferencias conyugales y las contempladas en las fracciones IX a XI del artículo 645 del presente código; X.- La resolución que apruebe la partición, siempre y cuando exceda de dos mil veces la UMA, y XI.- Resoluciones dictadas en incidentes de liquidación o similares". Por tanto, contra los autos dictados por el juez podrá oponerse recurso de revocación, siempre que no sean irrecurribles en términos del artículo 633 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, ni apelables, según lo dispuesto en los diversos numerales 645 y 651 del mismo ordenamiento. En ese contexto, el recurso de revocación es el medio ordinario de defensa previsto por la ley contra los dictados en juicio bajo las condiciones analizadas y, consecuentemente, debe agotarse previamente a acudir al juicio de amparo; de no hacerlo, respecto de dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo y sus escritos aclaratorios, se advierte, primeramente, que el quejoso Rafael Montes Young fue parte demandada en el juicio civil 89/2010 y que en ese procedimiento se pretendía llevar a cabo el remate del bien inmueble materia de controversia. Por su parte, la diversa quejosa Elia María Young Villegas, promovió tercería excluyente de dominio respecto del aludido bien inmueble, la cual se tramitó en el mismo expediente, por cuerda separada y se dictó la resolución respectiva. Inconforme con esa determinación, la tercerista, aquí quejosa, Elia María Young Villegas, interpuso recurso de apelación. Dicho recurso se remitió a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, donde se registró con el número 131/2023; luego, el Pleno de ese órgano, mediante acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés se declaró incompetente para conocer del recurso de apelación y estableció que debía conocerlo la Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, por lo que ordenó que se remitiera a dicho órgano. En esos términos se advierte el referido acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictado en segunda instancia por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit en el toca civil 131/2023, es el acto reclamado por los quejosos en el presente juicio de amparo. Lo anterior, esencialmente, pues consideran que el tribunal responsable, indebidamente, también ordenó que se continuara con la ejecución de sentencia dictada en el -principal- juicio civil 89/2023. No obstante, contra dicho auto el quejoso debió agotar recurso de revocación en términos del artículo 635 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, por ser un auto dictado en la tramitación de segunda instancia y, además, no se aprecia que esté contemplado como irrecurrible ni apelable, en términos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. En consecuencia, al no haberse agotado el medio ordinario de defensa contra el acto reclamado en el presente juicio de amparo, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción y artículo invocados, y lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al acreditarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, correlativo con el 62 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción IV, respectivamente, de dicha ley lo procedente es DESECHAR de PLANO la demanda de amparo promovida por Rafael Montes Young y Elia María Young Villegas. Desechamiento que se hace extensivo a los actos ejecución reclamados de la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Partido Judicial en Tepic, Nayarit y secretario adscrito, ya que los actos de ejecución que les atribuye, consistentes en la continuación del procedimiento de ejecución de sentencia dictada en el -principal- juicio civil 89/2023, no se los reclama por vicios propios, sino en vía de consecuencia.
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. TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se recibe escrito. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por Fortino Hernández********************, apoderado legal del tercero interesado, mediante el cual formula diversas manifestaciones en torno al cumplimiento que realiza la autoridad responsable al fallo protector; consecuentemente, agréguese el ocurso y anexo de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, el promovente exhibe original del poder general ********************, por lo que previo cotejo de éste, devuélvase las constancias al promovente. Medios de contacto. Con fundamento en el artículo 17 constitucional, téngasele a la parte promovente señalando el correo electrónico que precisa en su ocurso de cuenta, con la finalidad de establecer comunicación extraprocesal y agilizar la tramitación del presente juicio. Domicilio. En términos del artículo 108, fracción I, en relación con el dispositivo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el que indica en su ocurso de cuenta. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario José Javier Ruiz Martínez, que autoriza y da fe. Saira
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Tepic, Nayarit, doce de junio de dos mil veintitrés. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito signado por ******************** y ********************, a través del cual refieren cumplir con la prevención formulada en proveído de siete de junio del año en curso. Sin embargo, no ha lugar a tenerla por cumplida, pues el requerimiento de mérito lo fue para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que surtiera efectos la notificación del referido auto, bajo protesta de decir verdad: "1. Precisen de manera clara y concisa cuáles son los actos que reclaman a cada una de las autoridades señaladas como responsables. Toda vez que en el capítulo de acto reclamado señalan que les reclaman: ".BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. Le Reclamo a la H. Autoridad que señalamos como RESPONSABLE ORDENADORA, que vulnera flagrantemente los arábigos: 1º, 14, 16 y 17 párrafo segundo de Nuestra Carta Fundamental, así como los numerales: 430, 651 y 652 del Código de Procedimientos Civiles local, por emisión de ACUERDO muy contradictorio a derecho y plagado de ilegalidad, como se desprende del auto de fecha 25 veinticinco del mes de mayo de esta anualidad y debidamente notificados a estos impetrantes de garantías en forma personal por la vía electrónica el día 5 cinco de junio del 2023, bajo el Toca Civil No. 131/2023 al sostener que NO les resulta COMPETENCIA para resolver el recurso de apelación interpuesto y admitido en ambos efectos por el A quo, respecto a la Tercería excluyente de Dominio que se ejerció de nuestra parte, ordenándose su remisión a las Salas Unitaria en apoyo al numeral :34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Nayarit, pero no obstante que al no resultarles competencia fue más allá de sus facultades jurisdiccionales al ORDENAR "continuar con la etapa de ejecución de sentencia del juicio principal, sin que con ello se afecte las actuaciones del juicio primigenio, tal como se advierte del punto resolutivo cuarto, que determina que se continúe la etapa de ejecución de sentencia del juicio principal", es de aclararse que en su momento se recurrió la interlocutoria ante el inferior del día 17 diecisiete de Abril de este mismo año, misma que se admitió la apelación en ambos efectos, que desde luego y jurídicamente quedó en suspenso la referida ejecución de sentencia principal, y que simplemente desechó esta determinación procesal y fuera de sus facultades legales ordena la reanudación de ejecución de sentencia sin facultades discrecionales para ello. BAJO PROTESTRA DE DECIR VERDAD se reclama a la Autoridades Responsables Ejecutoras, pudieren hallarse continuando con la ejecución de sentencia en el principal No. 89/2010 esto es, en el remate del inmueble materia del juicio principal y sin que se hubiere substanciado el recurso de apelación mismo que admitió en ambos efectos y anulando este acuerdo, se cumpla ilegalmente rematándose el inmueble y quedando sin materia este juicio de garantías, por esto, se combate esta ilegalidad por la vía de amparo.." Lo anterior es así, ya que del auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, en el toca civil 131/2023, que adjuntó la parte quejosa a la demanda que se atiende, en lo que aquí interesa, se advierte que el órgano colegiado en comento únicamente determinó que no era competente para resolver el recurso de apelación en contra de la resolución interlocutoria de fecha trece de abril del dos mil veintitrés, pronunciada dentro de la tercería excluyente de dominio promovida en el expediente principal 89/2010, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil con residencia en esta ciudad. Al advertir la citada Sala que dicha resolución no es de las que ponen fin al juicio, toda vez que en dicha determinación únicamente se declaró improcedente dicha tercería, y se ordenó continuar con la etapa de ejecución de sentencia del juicio principal (entendiéndose que dicha orden de ejecución a que hizo referencia la Sala, la ordenó el referido Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil con residencia en esta ciudad, en la citada resolución interlocutoria de trece de abril del dos mil veintitrés). Siguiendo relatando la Sala de referencia que sin que ello afecte las actuaciones del juicio primigenio, tal como se advierte del punto resolutivo cuarto: "Cuarto. Se levanta la suspensión del juicio principal decretada en el acuerdo de radicación de la tercería de fecha nueve de mayo de dos mil veintidós, por ende continúese la etapa de ejecución de sentencia del juicio principal". Entendiéndose también, que dicho punto resolutivo lo dictó el citado Juzgado de primera instancia en la resolución interlocutoria de mérito. Asimismo, los actos reclamados a las autoridades ejecutoras no son claros y precisos, como se advierte de la transcripción realizada en párrafos anteriores." Análisis del cumplimiento. Ahora, en el escrito aclaratorio, precisan los actos reclamados y las autoridades a quienes se los atribuyen, de la siguiente manera: "I. Respecto a la Autoridad Responsable Ordenadora; Le reclamamos; QUE BAJO SU ACUERDO DE FECHA 25 DEL MES DE MAYO DE ESTA ANUALIDAD, EN SU TOCA CIVIL NO. 131/2023 DECLINA POR INCOMPETENCIA EN DAR TRÁMITE AL RECURSO DE APELACIÓN QUE EL INFERIOR (RESPONSABLE EJECUTORA) QUE LE HABÍA REMITIDO RECURSO DE APELACIÓN EN AMBOS EFECTOS DE UNA TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO, POR LO QUE, AL NO TENER COMPETENCIA PARA PROVEER SU ADMISIÓN, COMO ASÍ LO PROVEYÓ, Y YENDO MÁS ALLÁ DE SUS FACULTADES LEGALES, POR CARECER DE COMPETENCIA, SI DECIDE ILEGALMENTE EN DETERMINAR EN EL ACUERDO REFERIDO, "QUE SE CONTINÚE CON LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, ESTO ES, CON LA ETAPA DE REMATE EN EL EXPEDIENTE 89/2010 YA QUE ESTAS ACTUACIONES NO AFECTARÍAN EL JUICIO PRIMIGENIO" SIN IMPORTAR QUE SE DERIVA DE ESTA APELACIÓN UN ACUERDO QUE DETERMINÓ LA ADMISIÓN DEL RECURSO EN AMBOS EFECTOS TANTO EL SUSPENSIVO Y DEVOLUTIVO. II. Con relación a la Autoridad Responsable Ejecutora, se le da este carácter, en razón de que, la apelación de la Tercería Excluyente de Dominio que resolvió e impugnamos bajo el Recurso de Apelación, al admitirla ordenó suspender el remate del bien controvertido en el Juicio principal 89/2010 y al resolver el fondo de dicho Incidente de Exclusividad de Dominio, se recurrió admitiendo ambos efectos la apelación, y turnó el cuaderno incidental a la hoy Responsable Ordenadora, y en razón de que se le está facultando por su superior jerárquico que continué con la etapa de remate en el principal, de llevase a cabo este acto procesal de remate, quedaría sin materia este juicio de garantías." De ahí que, de la lectura que se hace del escrito de cuenta, no se advierte que se esté cumpliendo con lo ordenado en el citado acuerdo, pues no aclaran cabalmente el punto materia de la prevención; sino contrario a ello se limitan a expresar nuevamente que es la determinación de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil 131/2023 del índice de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. En la cual dicha autoridad declinó por incompetencia en dar trámite al recurso de apelación remitido por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Partido Judicial en Tepic, respecto de una tercería excluyente de dominio, refiriendo que en dicha determinación de la superioridad se ordenó la continuación de la etapa de ejecución de sentencia en el expediente 89/2010, tales expresiones que de suyo, no dispensan la prevención impuesta en el acuerdo de mérito, y por ende, tampoco uno de los requisitos que establece el artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo. Sin embargo, se insiste que la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, no determinó que se continúe con la etapa de ejecución de sentencia, esto es, con la etapa de remate en el expediente 89/2010 ya que estas actuaciones no afectarían el juicio primigenio. Aspectos que precisamente fueron materia de prevención, ello a fin de establecer concretamente la Litis en este asunto; de ahí que las expresiones que hace en su ocurso resultan inconducentes para efectos del cumplimiento del acuerdo de siete de junio del año en curso. Esto sin soslayar que para efectos de la interposición de la demanda de amparo, el quejoso debe colmar con los requisitos a que alude dicho numeral, teniendo claro, sin duda, cuál es el acto que destacadamente tilda de inconstitucional y le atribuye a las autoridades señaladas como responsables, ya que así es como se fija la litis en el juicio, y en base a ello, es lo que permite la protección a las personas frente a los actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la ley de la materia. De ahí que no se tenga por subsanada la prevención ordenada. De ahí que se requiere para que precise claramente si el acto reclamado consiste en: - El auto de veinticinco del mes de mayo de esta anualidad, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, en el Toca Civil número 131/2023 al sostener que NO les resulta COMPETENCIA para resolver el recurso de apelación interpuesto y admitido en ambos efectos por el A quo, respecto a la Tercería excluyente de Dominio que se ejerció de nuestra parte, ordenándose su remisión a las Salas Unitaria; o bien, - Le reclama al Juez y Secretario de acuerdos non del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Partido Judicial en Tepic, "la continuación de la ejecución de sentencia en el principal No. 89/2010 esto es, en el remate del inmueble materia del juicio principal y sin que se hubiere substanciado el recurso de apelación mismo que admitió en ambos efectos, se cumpla ilegalmente rematándose el inmueble y quedando sin materia este juicio de garantías". Plazo restante. Atendiendo a que del plazo de cinco días que le fue otorgado para dar cumplimiento a lo ordenado en auto de referencia, no ha transcurrido, debido a que la notificación correspondiente quedaría efectuada el trece de junio del año en curso y el nueve de junio del presente año, se recibió en la oficialía de partes de este juzgado, el ocurso de mérito; por lo tanto, se ordena suspender por una sola vez el aludido término, el cual se reanudará al siguiente día al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente proveído. En esas condiciones, aún goza de cinco días que le fueron concedidos para cumplir con la prevención en comento, a fin de que dé total cumplimiento al requerimiento antes indicado, en la inteligencia de que subsistente el apercibimiento decretado en autos. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia número 2a./J. 106/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento treinta y tres, Tomo XVIII, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre dos mil tres, Novena Época, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2°., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda."
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