Elia Luisa Carpintero Gonzaga

Expediente 2085/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2085/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Elia Luisa Carpintero Gonzaga
  • Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tribunal Colegiado radica y admite quejaAgréguese a los autos el oficio de cuenta, visto su contenido, se provee: Téngase al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Sexto Circuito informando que por auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, registró el recurso de queja incoado en autos, con el número ******************** y en el mismo proveído lo admitió, estando en espera de lo que determine. Firma del expedienteDe conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.

  2. Principal

    Se promueve recurso de queja Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa; visto su contenido, se provee: Se tiene por interpuesto el medio de defensa promovido contra el auto de diecinueve de diecinueve de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo, por los motivos expuestos; en términos de los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo vigente. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, el escrito de agravios, así como copia del auto recurrido, el informe correspondiente y las constancias necesarias para la resolución del citado recurso. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.

  3. Principal

    Quejosa exhibe billete de depósito Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Téngase a la citada parte, devolviendo el billete de depósito número N-...., mismo que ampara la cantidad de $...., garantía que le fue fijada al decretarse la suspensión definitiva del acto reclamado, dado que el mismo cuenta con un error en el nombre del endosante; al respecto se provee: Guárdese el billete de depósito bajo la responsabilidad de la Secretaria encargada de la caja de valores de este Juzgado, sin que haya lugar a asignarle un número de registro. Devuélvase el mismo, debidamente endosado, previa cancelación del endoso anterior a la persona respectiva, cualquier día y hora hábil del despacho. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, visto su contenido se provee: Parte quejosa desahoga prevención. Téngase a la parte quejosa, desahogando el requerimiento formulado mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, por el que precisa que el acto que reclama es la falta de notificación del proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio *** del índice de la responsable; asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el estado procesal en que se encuentra el juicio de origen es en ejecución; en consecuencia se provee: Desechamiento de la demanda: En principio, debe decirse que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben ser analizadas de oficio por el órgano jurisdiccional. En el caso, la quejosa ****, señala como actos reclamados: 1. El proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós, emitido en los autos del juicio ejecutivo mercantil **** del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, a través de la cual se requirió a la parte demandada a fin de entregar a la parte actora ****, la posesión del bien inmueble ubicado en ****, apercibido que de no hacerlo, se procedería a realizar el lanzamiento en su contra con el auxilio de la fuerza pública; y, 2.La falta de notificación de dicho proveído. Ahora, por cuanto hace al acto identificado con el número 1., se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así pues, del numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio constitucional es improcedente, cuando así resulte de conformidad con las disposiciones establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o por la propia Ley de Amparo. Por otro lado, del artículo 107, fracción IV, se advierte que el sistema de procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, prevé que es contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución, pero distingue entre: a)Actos de ejecución de sentencia; y, b)Actos derivados de procedimientos de remate. Respecto de los primeros, se define legalmente a "la última resolución", como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; en dicho supuesto, se prevé que pueden reclamarse en la misma demanda, las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, en relación con el segundo de los supuestos mencionados; esto es, el reseñado en el inciso b), a los actos derivados de procedimientos de remate, a la "última resolución" se le define legalmente como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso, en la misma demanda también pueden hacerse valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. En ese orden de ideas, es inconcuso que el juicio de amparo indirecto, en el procedimiento de remate únicamente procede contra el acto que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Así quedó definido en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo II, abril de 2016, página 1066, registro digital 2011474, que dispone: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA "PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Es oportuno destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, estableció entre otras cosas, que de los artículos 1410, 1411, 1412, 1412 Bis, 1412 Bis 1, 1412 Bis 2, 1413, 1414, 1336, 1339, 1341 y 1345 del Código de Comercio, debe entenderse la etapa de remate, como aquél procedimiento que tiene por objeto realizar la venta de los bienes embargados o retenidos para pagar al vencedor del juicio. Es decir, se trata de una venta judicial pública que se realiza ante el órgano jurisdiccional, mediante su anuncio y una previa convocatoria que se hace para que participen en ella los postores interesados en adquirir los bienes, cuya venta servirá para ejecutar la sentencia; postores que deberán exhibir su postura legal, la cual debe cubrir las dos terceras partes del precio de la venta, o en su defecto, la que sea suficiente para pagar el monto de la sentencia. Luego, si en la primera almoneda no fuere posible realizar el remate, se citará a una segunda, y si en ésta y las ulteriores no hubiere postura legal, se citará a una nueva hasta efectuar legalmente el remate, con la opción de que, en caso de que no acudan los postores, el ejecutante tiene derecho a pedir la adjudicación de los bienes hasta el importe de lo sentenciado. Agregó que la declaración de fincado el remate, es apelable siempre que la cuantía del asunto rebase el monto establecido en el artículo 1339 del Código de Comercio. Y, que tratándose de remates y adjudicación de inmuebles, una vez firme la adjudicación de bienes y que el adjudicatario haya pagado el precio, se dictarán las diligencias necesarias a petición de parte interesada, para la escrituración, así como para poner en posesión material y jurídica el bien. Lo que corrobora la idea de que tanto la escrituración como la entrega material son actos en consecuencia connatural al acto de adjudicación que ha quedado firme, y que efectivamente son las que ponen fin a la fase de remate para efectos del juicio de amparo. Partiendo de estas premisas, se advierte que, una vez declarada firme la adjudicación y entregado el precio del bien, el siguiente acto procesal que debe suscitarse es el dictado de la orden de escrituración con el objeto de formalizar la venta judicial y; enseguida, la entrega de la posesión material y jurídica del bien. No obstante, nada impide que los actos se dicten de manera conjunta, como también lo destacó nuestro Máximo Tribunal; pues, no existe regulación en ese sentido. Incluso, pudiera darse el caso de que, a petición del ejecutante, en primer lugar, se dicte la orden de entrega del inmueble, debido a que, desde el momento en que la adjudicación se declara firme, se materializa el derecho sustantivo de propiedad a favor del adjudicatario; y, en la legislación mercantil no se precisa que la escrituración constituya un requisito necesario para que pueda ordenarse la desocupación de la finca con objeto de poner al adjudicatario en posesión del bien. En ese contexto, una vez declarada firme la adjudicación y entregado el precio del bien, pueden surgir tres escenarios procesales: a)El dictado de la orden de escrituración con el objeto de formalizar la venta judicial y; posteriormente, la entrega de la posesión material y jurídica del bien -como en el caso-. b)El dictado en un mismo acto de la orden de escrituración y de entrega del bien; o, c)La emisión de la orden de entrega y, enseguida, la de escrituración. Sobre esta base, es que debe definirse cuál es la resolución que constituye el "último acto" en la etapa de remate, en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Para lo cual, se retoman las consideraciones expuestas en la contradicción de tesis 74/2015, donde la Primera Sala estableció que la problemática de interpretación del artículo antes aludido, surge en los casos en los que la orden de escrituración y la orden de entrega se emiten en autos separados, formulándose la siguiente interrogante: Basta la resolución que ordene la escrituración del bien inmueble para que se actualice la última resolución del remate, o si es necesario esperar hasta la orden de entrega material del bien rematado, para considerar que se actualiza la última resolución del remate Esta pregunta fue respondida en el sentido de que, bastaba la emisión de cualquiera de esas órdenes para considerar que se trataba de la última etapa de remate; ya que lo realmente relevante era que la adjudicación del bien rematado hubiera adquirido firmeza, pues, ello otorgaba la posibilidad de ordenar la escrituración; o bien, la entrega material del bien inmueble; actos que dictados de forma conjunta o separada, constituyen de forma indistinta la culminación del procedimiento de remate. Además, nuestro Máximo Tribunal fue claro en establecer que por cuestión lógica la primera orden que se emite es la de escrituración; y, ante ese escenario, basta su dictado para tener actualizada la última resolución del remate, dado que, con ésta, ya puede considerarse que ha culminado dicho procedimiento, pues la entrega material se entiende inmersa como una consecuencia natural al acto de adjudicación del bien rematado. De ahí que, cuando el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, especifica que la última resolución del remate impugnable en amparo indirecto, es aquélla que ordena la escrituración del bien inmueble sujeto a remate, y la orden de entrega del mismo, el juzgador federal debe considerar que basta se emita la orden de escrituración para actualizar la última resolución del remate; pues una vez firme la adjudicación, se tiene la posibilidad de ejecutar ambas órdenes y; por ende, el amparo indirecto resulta procedente. Ahora, el criterio jurisprudencial que precede fue reiterado por la citada Sala de la que derivó la jurisprudencia de rubro "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN", en la que, en la parte que interesa, se estableció lo siguiente: "VI. Estudio de fondo. 56. Primeramente conviene señalar que recientemente esta Primera Sala de la Suprema "Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 29/2019, determinó que el amparo indirecto es improcedente contra la orden de escrituración en rebeldía del inmueble rematado, porque dicha orden no constituye la última resolución del remate, sino que la última resolución del remate en términos del párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, la constituye la orden que requiere al ejecutado del otorgamiento voluntario de la escritura por venta judicial. Razonamientos del que surgió la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.),11 "de título y subtítulo: ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa "etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. 57. Razonamiento del que se corrobora que la conclusión de ambos Colegiados contendientes respecto a que la orden forzosa de escrituración o desalojo del inmueble adjudicado no forma parte de la etapa de remate, fue correcta. Entonces, lo que el punto de contradicción que aquí se dilucida lleva a cuestionar es ¿a qué fase pertenece dicho acto judicial? si ya es claro que no pertenece a la etapa de remate, entonces ¿es un acto de la etapa de ejecución? o ¿es autónomo y diferenciado a las pretensiones de la ejecución de sentencia? Y, por ende, apliquen la regla general de procedencia de actos fuera de juicio o después de concluido éste. 58. Cuestionamientos que se suscitan, porque el razonamiento judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, consideró que la naturaleza de ese acto es de autonomía, esto es, que constituye simplemente un acto fuera de juicio o después de concluido que no puede considerarse parte de la ejecución de sentencia, porque de ser así, obligaría que cualquier afectado esperara hasta la determinación de cumplimiento de la sentencia o de la imposibilidad de cumplirla o bien del archivo definitivo del expediente para poder interponer demanda de amparo indirecto, conforme señala el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. 59. Aunado que consideró que el acto judicial consistente en la orden de escrituración en rebeldía o entrega forzosa (desalojo), constituye un acto diferenciado tanto de la etapa de remate como de la etapa de ejecución de sentencia porque es particular a la generalidad de lo obtenido en sentencia definitiva y, por ello, debe atender a la regla general de procedencia del amparo indirecto estatuida en el párrafo primero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, comparándolo incluso con un incidente de actualización de intereses o gastos y costas procesales, que dieran lugar al pago o un nuevo embargo de bienes para obtener el pago de lo obtenido en dichas incidencias y no en sentencia. 60. En cambio, para el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el acto de entrega forzosa -desalojo- no constituye un acto autónomo, sino un acto intermedio de la ejecución de sentencia y el cual tampoco puede considerarse que afecte derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, porque a través del mismo se hizo efectivo un apercibimiento dirigido a dar cumplimiento a lo ordenado en el juicio de origen, aunado que todas sus consecuencias se orientan precisamente a lograr la ejecución y, por ello, se rige por la regla de procedencia prevista en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, y el amparo sólo procederá en contra de la resolución que declare el cumplimiento total de lo sentenciado, la imposibilidad de hacerlo o el archivo del expediente. 61. Disyuntiva por la cual es necesario atender al contenido de la fracción IV del artículo 107 "de la Ley de Amparo que dice: Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... "V. Contra actos de tribunales judiciales, "administrativos, agrarios o del trabajo realizados "fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. 62. De ese precepto se desprende tal y como ya había afirmado esta Primera Sala que, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto reconoció la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales; no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados después de concluido el juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en ciertos supuestos. 63. Estableciendo así límites expresos en la lógica de perseguir claros objetivos para salvaguardar la efectividad del juicio de amparo y no arriesgar que éste quede sin materia cuando su interposición sea en contra de resoluciones intermedias del procedimiento, y también garantizar la efectividad de la tutela judicial efectiva evitando dilaciones innecesarias de los procedimientos judiciales de instancia, porque de permitir la interposición ilimitada del juicio constitucional federal suspendería la continuidad del procedimiento de ejecución. 64.Razón misma por la cual la regla estatuida en el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es contundente en limitar la procedencia del amparo a la última resolución del remate entendida ésta como la resolución que ordena la escrituración y/o entrega indistintamente del bien adjudicado. 65.Mismos objetivos que persigue la regla de procedencia de los actos tendentes a la ejecución de sentencia que conforme al párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional sólo resultará procedente contra la última resolución de esa fase, la cual podrá ser: el auto que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o los que ordenen el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. 66. Y, tratándose de actos emitidos por un tribunal judicial, fuera de juicio o después de concluido éste, el amparo indirecto procede conforme la regla general del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, misma que no establece mayores especificidades o expresiones en qué constituye un acto judicial fuera de juicio o después de concluido éste, precisamente porque dichos actos emitidos fuera de juicio o después de concluido refieren a la generalidad de procedencia del juicio de amparo en esa hipótesis y su procedencia está sólo sujeta a satisfacer otros principios esenciales que rigen el juicio constitucional y sus excepciones tales como: la instancia de parte agraviada, la definitividad mediante el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la oportunidad y que no se trate de actos consentidos, entre otros. 67. Cabe señalar que respecto a la procedencia del juicio de amparo indirecto de los actos emitidos fuera de juicio o después de concluido el mismo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido diversos criterios jurisprudenciales al interpretar la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, precepto que regulaba la procedencia del amparo en la vía indirecta en esos supuestos de forma muy similar a la de la ley vigente, y por lo cual conviene recordar algunos de ellos a fin de ilustrar el sentido en que sustenta el criterio que ha de permanecer como solución a la presente contradicción. 68. Primeramente conviene acudir a algunos de los razonamientos vertidos por una anterior integración de esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 74/2002- PS,13 asunto en el que se dilucidó la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, realizados en la etapa de ejecución de sentencia, sin constituir la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, esto es, actos intermedios de la ejecución y de la cual se emitió la tesis de jurisprudencia: 1a./J. 29/2003, de rubro: 'AMPARO INDIRECTO. REGLAS "PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS "DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.', que no obstante, posteriormente, el tema respecto de la procedencia de actos intermedios de ejecución irreparables, fue materia de pronunciamiento del "Tribunal Pleno, en la diversa contradicción de tesis 215/2009; no obstante, cobra especial relevancia rescatar el razonamiento vertido en la ejecutoria de la contradicción de tesis 74/2002-PS, en el cual la Primera Sala afirmó que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el juicio de amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. 69. Se señaló como ejemplo de la regla genérica en cuestión -que viene a ser la misma del párrafo primero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente- que los actos autónomos fuera o después de juicio poseen esa autonomía ya que no pretenden la ejecución de la propia sentencia, como lo es la resolución del incidente de liquidación que propiamente constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia, así como la orden de arresto dictada como medida de apremio a una determinación judicial en un procedimiento civil, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes a una instrucción judicial y no así ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. Sobre tales ejemplos, citó las tesis 1a./J. 6/98, de rubro: 'INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.'; tesis de "rubro: 'LIQUIDACIÓN, INCIDENTE DE, EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, NO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA EL.'; y tesis de rubro: 'MEDIOS DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR UNA SENTENCIA, IMPROCEDENCIA DE LOS'. 70. También se agregó respecto de la regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, que de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo abrogada, respecto a que el juicio de garantías en la vía indirecta es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. 71. Al igual que esa regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, fue instrumentada por el legislador al expedir la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, desprendiéndose de la exposición de motivos respectiva, que una de las finalidades de la misma fue la de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio de garantías se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituía verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecución, sin que múltiples amparos obstaculizaran su ejecución, esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad estaba interesada en ejecutarla y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y tratándose de remates que sólo procedería en contra de la resolución que lo aprobara o desaprobara. 72. Concluyendo así que iguales consideraciones debían hacerse en cuanto a la regla genérica de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados fuera o después de concluido el juicio, así como a la regla específica contra actos dictados en ejecución de sentencia, porque bastaría que se alegara que tales actos causen una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo indirecto resultara procedente, pasándose por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, fue el de evitar el abuso del juicio de garantías, siendo que la sociedad está interesada en ejecutar una sentencia definitiva por constituir una verdad legal. 73. No obstante, el razonamiento relativo a la procedencia contra actos intermedios de ejecución irreparables fue materia de la contradicción de tesis 215/2009, en la que el Tribunal Pleno dilucidó la discrepancia jurídica que sobre el tema se suscitó entre la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal relativo a decidir si encontrándose un asunto en etapa de ejecución de sentencia, es aplicable exclusivamente la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, o si debía tenerse en cuenta también lo dispuesto en la fracción IV del mismo artículo en casos excepcionales por analogía. 74. Y, después de un análisis exhaustivo respecto de los principios y objetivos del juicio constitucional como medio garante de la defensa del ciudadano ante abusos de autoridad y de lo que la doctrina clasifica como el juicio de amparo casación o legalidad, el Tribunal Pleno concluyó que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, sin que dicha aplicación por analogía permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. 75. Por tanto, dada la amplitud de la norma contenida en la fracción IV citada, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que esta disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo que aun tratándose de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. 76. Criterio del que se originó la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2010, de rubro y texto: 'EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN "DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. - La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. 77. Así, esta regla de procedencia y lo relativo a la naturaleza de los actos judiciales fuera de juicio o después de concluidos se reiteró por esta Primera Sala -también por una diversa integración- al resolver la contradicción de tesis 338/2012,21 en la que se analizó la procedencia del amparo indirecto tratándose de actos fuera de juicio que no refieren a la ejecución de sentencia, al dilucidar si el amparo indirecto contra actos llevados a cabo en diligencias de jurisdicción voluntaria, sólo procede contra la resolución que ponga fin al mismo o si procede también contra los demás actos siempre y cuando se respeten los principios rectores del juicio de amparo. 78. Asunto en el que se afirmó que los actos de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del artículo 114, fracción III, y citando la tesis plenaria que aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo,22 si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procederá excepcionalmente en su contra sin requerir que se emita la determinación final que proceda. 79. Y, también que por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad. 80. Así, de los tres precedentes que aquí se han descrito no obstante fueron emitidos en análisis de preceptos de la Ley de Amparo abrogada, al referir a principios esenciales del juicio de amparo en la vía indirecta es que resultan vigentes conforme la Ley de Amparo actual, así como de los criterios emitidos por esta Primera Sala al fallar las contradicciones de tesis 74/2015 y 29/2019, se pueden establecer como reglas básicas de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados fuera o después de concluido el juicio, conforme las reglas establecidas para los actos de ejecución de sentencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente que: a. Los actos judiciales dictados después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia porque no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, actos que encuadran en la hipótesis del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ahora, si ese acto autónomo forma parte de un procedimiento, el amparo, en estos casos procede contra la última resolución y una vez que se agotaron los medios ordinarios de defensa, esto es, que se cumpla con el principio de definitividad. b. Se exceptúa de cumplir con el principio de definitividad cuando el acto fuera o después de juicio, sin importar sea un acto judicial intermedio, genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos del quejoso; excepción que opera solo cuando los actos son genuinamente autónomos, esto es, independientes de la propia ejecución y que no pretenden impedirla, máxime que de ser un acto que pende de la ejecución de sentencia ya no se ubica en el primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, sino en el párrafo segundo. c.Por otra parte, si se trata de actos relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, entendidos éstos como los actos que sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, el amparo procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. d. Y, si se trata de la etapa de remate del bien materia del juicio principal, sólo podrá promoverse el juicio de amparo en contra del acto que ordene, -esto es requiera al ejecutado- indistintamente de la escrituración y/o entrega del bien adjudicado. 81.Una vez aclaradas las reglas de procedencia conforme la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, y conociendo cuáles son las características de los actos fuera o después de juicio que se consideran autónomos a la ejecución se responde a la interrogante principal de la presente contradicción referente a si ¿la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de la etapa de ejecución de sentencia o un acto emitido después de concluido el juicio? que se responde con la conclusión que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado constituye un acto de ejecución de la sentencia porque todos sus esfuerzos se dirigen precisamente en eso, en lograr el cumplimiento de lo sentenciado y, por ende, no puede desvincularse de la ejecución. 82.Máxime que los derechos y bienes que afecta ya fueron materia de juicio y constituyen cosa juzgada, por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el Juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la "entrega del bien. 83. Sin que la coacción que reviste la naturaleza de dichos actos pueda considerarse autónoma a la fase de ejecución de sentencia, porque dicha coacción no tiene la misma naturaleza de los medios judiciales de apremio para hacer cumplir las determinaciones del Juez, la que si bien constituye un ejercicio del apercibimiento realizado con anterioridad, éste se vincula directamente a la ejecución de lo logrado en sentencia, y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado, posee autonomía trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. 84. Por lo que, al ser la etapa de ejecución de sentencia una garantía para el goce de ese derecho fundamental no es posible entorpecer la fase de ejecución sobre lo ya juzgado, porque finalmente lograr la ejecución de lo ya fallado y rematado viene a ser precisamente la culminación del goce exhaustivo de derecho de acceso a la justicia en una de sus vertientes." De la ejecutoria que antecede, se desprende que la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación estableció, en lo que interesa: a)Que la última resolución del procedimiento de remate la constituye la orden que requiere al ejecutado el otorgamiento voluntario de la escritura por venta judicial, y/o la entrega del bien inmueble adjudicado, lo que ocurra primero. b)Que si se trata que sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, el amparo procederá solamente en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. c)Que el amparo indirecto contra la orden de escrituración en rebeldía del inmueble rematado, es improcedente, porque dicha orden no constituye la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia. Conforme a estas premisas, si en el caso concreto, en el juicio natural se requirió a los demandados la entrega voluntaria del inmueble adjudicado -auto de dos de julio de dos mil veintiuno-, con ella se culminó la etapa de remate de dicho bien, pues como lo definió el más Alto Tribunal dicha actuación constituye la última resolución en el procedimiento de remate. Por ende, el auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual se requirió nuevamente a los demandados la entrega del mismo bien -y que constituye el acto reclamado-, se trata de un acto emitido ya en la fase de ejecución de la sentencia definitiva de la controversia de origen, precisamente porque dicha orden de entrega tuvo lugar después de que concluyó el procedimiento de remate con la orden de entrega voluntaria del bien en cuestión, y no puede ser impugnada a través del juicio de amparo indirecto. Por consiguiente, como el acto reclamado es la orden de entrega del inmueble rematado y adjudicado al tercero interesado, contenida en el auto de siete de septiembre de dos mil veintidós; el juicio de amparo es improcedente, porque no se trata del último acto procesal emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia. Cobra aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 70, Tomo I, septiembre de 2019, página 110, registro digital 2020631, que dispone: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo". Asumir una postura diversa, implicaría otorgar una segunda oportunidad para impugnar el procedimiento de remate a través del juicio de amparo, aun cuando, por la dinámica en que se tramitó esa etapa, la orden de escrituración se constituyó como la "última" resolución a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; y desde ese momento se estaba en aptitud de plantear todas las violaciones que, en concepto del ejecutado, se hubieran presentado, sin necesidad de esperar la emisión de otro acto, como la entrega del inmueble, corriéndose el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables, así como la promoción desmesurada de juicios de amparo; pues, se postergaría injustificadamente el análisis de la constitucionalidad de esa etapa, permitiendo que el ejecutado sea quien decida en qué momento procesal promover la acción constitucional, en detrimento del procedimiento de ejecución y satisfacción de la cosa juzgada, que es precisamente lo que trató de evitar el legislador en el precepto que nos ocupa. Al respecto se cita el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 81, Materia Civil y Común, diciembre de 2020, página 293, registro digital 2022499, cuyo rubro y texto dispone: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Por lo tanto, al ser el acto reclamado una determinación tramitada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin que constituya la última resolución dictada en el mismo, es improcedente el juicio de amparo en su contra, de conformidad con el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, conforme al cual, tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2639, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que señala: "ORDEN DE LANZAMIENTO POSTERIOR AL REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE ATENDERSE A LA REGLA PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO Y NO A LA DIVERSA ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO TERCERO DE LA MISMA FRACCIÓN. De conformidad con el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente y, que tratándose de remates, en términos del párrafo tercero de la misma fracción, se establece la procedencia del juicio de amparo biinstancial, por regla general, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento; esto es, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, determinaciones que pueden emitirse junta o separadamente; por tanto, cuando en un juicio de amparo indirecto, se reclaman actos emitidos después de concluido el procedimiento de remate; esto es, posteriores a la determinación que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, como puede ser el auto en que se hace efectivo el apercibimiento por no haber entregado el bien objeto del juicio y se ordena el lanzamiento, debe estimarse que para efectos de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, hay que atender a la regla establecida en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, y no a la estatuida en el párrafo tercero de la misma fracción, en tanto que el acto reclamado no se emitió en la fase procesal de remate, sino en la etapa de ejecución de sentencia posterior a dicho remate; máxime que la orden de lanzamiento no es ajena a la cosa juzgada, sino consecuencia de la misma, y deriva de la contumacia del demandado de entregar el bien rematado.". Ahora bien, por cuanto hace al acto reclamado identificado con el número 2, consistente en la falta de notificación del auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo3 De la citada disposición normativa se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así es, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia constitucional. Lo anterior, obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. Así, los elementos que integran la causal de improcedencia del juicio de amparo en estudio, son los siguientes: a)Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b)Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c)Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d)Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Estableciendo como excepciones: 1.Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2.Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3.Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 4.Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. 5.Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; supuesto en el cual, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Precisado lo anterior y tomando en cuenta los antecedentes narrados en el considerando que precede, se advierte que se colman los supuestos previstos en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado consiste en la falta de notificación del auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual se requirió a la quejosa la entrega del inmueble adjudicado en los autos del juicio ejecutivo mercantil 632/2012 del índice de la responsable, el cual es susceptible de nulificarse mediante el incidente previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, Lo anterior es así, pues cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida por la disposiciones legales aplicables, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Luego, es inconcuso que la parte quejosa, previamente a promover el presente juicio de amparo, se encontraba obligada a interponer el incidente de nulidad de actuaciones respecto de la notificación del auto de siete de septiembre de este año, emitida en los autos del juicio ejecutivo mercantil *** del índice de la responsable, en términos del artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio. En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, dado que el Código Federal de Procedimientos Civiles, concede un medio de defensa para impugnar la ilegal notificación de la cual se duele el quejoso, mismo que de resultar fundado, tendría el efecto de subsanar la ilegalidad impugnada y, por lo mismo, el mencionado incidente debió agotarse antes de acudir al juicio de amparo, cuya ley reglamentaria impide el estudio de cuestiones que carezcan de definitividad. De ahí que es innegable que se actualizan los elementos destacados que exige la causa de improcedencia en estudio, pues los actos reclamados provienen de un tribunal judicial (Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla), respecto de los cuales la ley aplicable prevé un medio de defensa, dentro del procedimiento del cual emane el acto de autoridad (juicio ejecutivo mercantil), mismo que de resultar fundado tendría el efecto de subsanar la omisión reclamada. Aunado a que en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción para el principio de definitividad estudiado, en razón que el acto reclamado en análisis no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menos aun de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de un auto de vinculación a proceso. En ese contexto, el aquí quejoso no tiene el carácter de tercero extraño, en virtud que de autos se desprende que compareció al juico natural, pues dio contestación a la demanda instaurada en su contra (fojas 34 a 40 del cuaderno auxiliar). Consecuentemente, no procede estimar que el recurrente se encontraba en un caso de excepción al principio de definitividad, al haber estado en aptitud de interponer el recurso ordinario correspondiente, antes de acudir al juicio de garantías, a partir de que tuvo conocimiento de los actos reclamados. Al respecto se cita la jurisprudencia 68/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 287/2019, visible en la página 1047, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad." Finalmente, como se evidenció, la procedencia del incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, no se sujeta a interpretación adicional, así como tampoco su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Por tanto, al no haber hecho valer la parte quejosa previamente al ejercicio de la acción constitucional, los medios de defensa idóneos, es evidente que inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; por tanto, el acto reclamado en mención no puede estimarse definitivos para los efectos del juicio de amparo, y por ello, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la ley de la materia. En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de amparo por su notable improcedencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.

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