Elia Hernández Gutiérrez
Expediente 811/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 47 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 811/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Elia Hernández Gutiérrez
- Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por el Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de México "2" del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual informa que mediante oficio 500-36-01-03-05-2023-DC15233314277773- 005231822033 de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, comunicó a la promovente que era procedente el reintegro en cantidad de $********** (********** M.N.), monto que fue depositado a la quejosa el veinte de octubre del año en curso. 2. Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso concreto, la parte quejosa acudió a este Juzgado Federal a reclamar en el escrito de demanda los siguientes actos: "(.) a) Del PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACINAL BANCARIA Y DE VALORES, reclamo la emisión de la orden de bloqueo, inmovilización y congelamiento de las cuentas bancarias de la hoy quejosa. b) Del DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCION A AUTORIDADES "A" DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES reclama la emisión de la orden de bloqueo, inmovilización y/o congelamiento de cuentas bancarias de la hoy quejosa. c) De la INSTITUCION BANCARIA DENOMINADA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE reclamo la ejecución del bloqueo, inmovilización y/o congelamiento de cuentas bancarias número ********** y **********. d) De la INSTITUTO BANCARIA DENOMINADA BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE reclamo la ejecución del bloqueo, inmovilización y/o congelamiento de las cuentas bancarias número ********** y **********. e) De la INSTITUCION BANCARIA DENOMINADA BBVA MEXICO, S.A., INTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, reclamo la ejecución del bloqueo, inmovilización y/o congelamiento de las cuentas bancarias número ********** y **********. Asimismo, se reclaman las consecuencias legales y jurídicas, presentes y futuras, que surjan con motivo de la inmovilización, embargo y/o congelamiento de las cuentas bancarias de la hoy quejosa ordenadas y ejecutadas por las autoridades señaladas como responsables. (.)". Asimismo, en las ampliaciones de demanda, precisó lo siguiente: "(.) Del Servicio de ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TLALNEPANTLA reclama la emisión del oficio número 400-37-00-04-02- 2023-812. (.) ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE RECAUDACIÓN DE MEXICO "2" CON SEDE EN MEXICO DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA RECAUDACION DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, reclamo la emisión del oficio número 400-37-00-04-02- 2023-811 de fecha de 09 junio 2023. (.) 4. ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE RECAUDACION DE MEXICO "2" CON SEDE EN MEXICO, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA SECRETARIA DE ASIENDA Y CREDITO PUBLICO, reclama la emisión de: Oficio número 400-37-00-04-02-2023-811 de fecha 09 de junio de 2023 se solicitó inmovilización. Oficio número 400-37-00-04-02-2023-812 de fecha 09 de junio de 2023 se solicitó inmovilización Oficio número 400-37-00-04-02-813 de fecha 09 de junio de 2023 se solicitó inmovilización Oficio número 400-37-00-04-02-814 de fecha 09 de junio de 2023 se solicitó inmovilización Oficio número 400-37-00-04-02-915 de fecha 10 de junio de 2023 se solicitó desinmovilización. Oficio número 400-37-00-04-02-916 de fecha 10 de junio de 2023 se solicitó desinmovilización Oficio número 400-37-00-04-02-917 de fecha 10 de junio de 2023 se solicitó desinmovilización Oficio número 400-37-00-04-02-918 de fecha 10 de junio de 2023 se solicitó desinmovilización. De la SUBADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE RECAUDACION ADSCRITO LA ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE RECAUDACION DE MEXICO "2" " CON SEDE EN MEXICO, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA SECRETARIA DE ASIENDA Y CREDITO PUBLICO, reclama la emisión de: Oficio número 400-37-00-02-02-2023-21363 de fecha 05 de julio de 2023. Se informa sobre inmovilización realizada. Oficio número 400-37-00-02-02-2023-21859 de fecha 12 julio 2023. Se informa sobre inmovilización realizada. Oficio número 400-37-00-02-02-2023-222209 de fecha 04 de agosto de 2023. Se informa sobre inmovilización realizada. (.)". Así, de la revisión practicada a las constancias remitidas por la autoridad responsable y en relación con los actos reclamados, esta Juzgadora considera que de manera oficiosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Así, de conformidad con el precepto legal citado en términos generales el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el acto no agravie a la quejosa. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." El anterior criterio, determina que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del gobernado, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de éste, que pueden verse acompañados o no de su insubsistencia, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de imperio, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de uno que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la norma exija. De los artículos referidos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. En ese tenor, es importante establecer que los actos reclamados en estudio versan en esencia sobre el embargo de las cuentas bancarias de las que es titular la parte quejosa, bloqueo que fue ordenado mediante los oficios que combatió en sus diversas ampliaciones a la demanda, previamente descritos. Sin embargo, mediante oficio 500-36-01-03-05-2023- DC15233314277773-005231822033 de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, la autoridad fiscalizadora determinó que era procedente realizar el reintegro a la parte quejosa por la cantidad de $********** (********** M.N.), monto que fue depositado a la promovente el veinte de octubre del año en curso, lo cual se corrobora de las constancias en copia certificada que remitió la autoridad responsable. Haciendo del conocimiento de la hoy quejosa dicha determinación el veintitrés de octubre del año en curso, tal como se advierte del acuse de recibo correspondiente. Documentales a la que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. De ahí que se estime que el acto reclamado ha cesado, dado que si bien los actos que reclamó la moral quejosa existieron, la autoridad responsable reintegró al peculio de la parte quejosa los recursos existentes en sus cuentas bancarias que en su momento ordenó inmovilizar y respecto de los cuales la parte quejosa no pudo disponer, por lo que los actos aquí controvertidos han cesado en sus efectos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, resulta ilustrativa la siguiente tesis VI.1o.T.6 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, página:2522, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente". Por ende, resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en todos sus efectos, en razón que al emitir el oficio 500-36-01-03-05- 2023-DC15233314277773-005231822033 de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, por el que reintegró al patrimonio de la aquí peticionaria de amparo los recursos que en su momento inmovilizó, dicha conducta cesó, por lo que se concluye que se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del presente asunto. En consecuencia, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo antes de la audiencia constitucional toda vez que ni aun celebrándose ésta podría ser desvirtuada con prueba alguna la causal invocada, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando la causa de improcedencia es notoria e indudable, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Así lo establece en lo conducente de la tesis 13K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito 4, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Consecuentemente, se deja sin efectos el día y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, misma que se encuentra señalada a las once horas con quince minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Oficios Fiscal Federal adscrito Electrónicamente
- Incidental
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de cinco días concedido a la quejosa para exhibir el monto fijado en la suspensión definitiva concedida el once de septiembre pasado, a fin de garantizar la totalidad del crédito fiscal ante la autoridad hacendaria, sin que lo haya hecho; por tanto la medida deja de surtir efectos. Debe puntualizarse que si la ejecución del acto reclamado no se ha llevado a cabo, la peticionaria puede exhibir la garantía en cualquier momento y por ende, sería susceptible de paralizarse de inmediato su ejecución; por lo que, infórmese a las autoridades responsables que hasta la presente data, la parte quejosa no ha otorgado la garantía que se le fijó para que siga surtiendo efectos la suspensión definitiva. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal de los autos. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa y las constancias que lo integran, se advierte que aún no transcurre el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables Administración Desconcentrada de Recaudación de México "2" y de la Subadministración Desconcentrada de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de México "2". 2. Imposibilidad legal para su celebración. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo1 , el órgano jurisdiccional podrá diferir o suspender la audiencia, según proceda, cuando no haya trascurrido un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional. En suma a ello, es menester acotar que, en términos de la redacción del citado precepto legal, dicho diferimiento habrá de realizarse a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Sin embargo, en el cuarto párrafo del numeral aludido se establece que los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero "podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Evidenciándose de esta manera la intención del legislador de otorgar a las partes la aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De ahí que, de una interpretación sistemática del contenido íntegro del precepto legal en cita, el órgano jurisdiccional se encuentra facultado para diferir, de oficio, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. Logrando así un debido equilibrio procesal de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."2 Criterio que resulta vigente de acuerdo con los artículos 2173 y sexto transitorio4 de la Ley de Amparo en vigor, al haberse emitido por el Máximo Tribunal conforme a normas de la Ley de Amparo anterior, que resultan sustancialmente similares a las normas correlativas de la Ley de Amparo vigente.5 3. Diferimiento. En consecuencia, a efecto dar margen a que se cumpla lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 22 de dicho ordenamiento legal, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Se agrega informe justificado. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de México "2" y de la Subadministración Desconcentrada de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de México "2", con sede en México; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene rindiendo informe justificado, con los cuales dese vista a las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En ese sentido, el principal objetivo de dicha vista, es respetar el derecho de audiencia del justiciable para: a) que tenga la oportunidad de expresar argumentos tendentes a refutarla; b) hacer notar aspectos no analizados por este juzgado al momento de recibir las constancias; o, c) hacer llegar elementos de prueba para desvirtuar lo manifestado por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, de manera analógica, la tesis XXI.2º.16 K, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN."1. En el entendido de que de conformidad con el numeral 66 segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, el vocablo "dar vista" o "correr traslado" sólo significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados. 2. Delegados y Domicilio. Respecto a los delegados y domicilio que señala, no se hace mayor pronunciamiento dado que el veinticinco de agoto pasado, se proveyó al respecto. 3. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales que anuncia en su oficio de cuenta, las cuales obran en autos, las que se admiten y desahogan, en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Finalmente, se les tiene por invocadas las causales de sobreseimiento que hacen valer, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista
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