Elia Gaspar Márquez
Expediente 564/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Elia Gaspar Márquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Juicio de Amparo Directo
A sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable acusa recibo de la misiva con la que se remitió testimonio del proveído que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interesadas interpusieran el recurso de inconformidad en contra de la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 201, fracción I, y 202, primer párrafo, de la invocada ley, se declara consentida esa determinación. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que este expediente es un fiel reflejo de su equivalente electrónico y que en el no falta notificación alguna y no contiene relevancia documental ni documentos originales, se ordena su archivo como concluido, previas anotaciones de ley.
- Juicio de Amparo Directo
SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LOS PROVEÍDOS DE DOS Y TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE SE NOTIFICA LA RESOLUCIÓN DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, TANTO A LA PARTE QUEJOSA COMO AL TERCERO INTERESADO POR MEDIO DE LISTA, MISMA QUE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, LA CUAL FUE DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 564/2020, QUE A CONTINUACIÓN SE INSERTA: "El nueve de septiembre de dos mil veintiuno, el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito da cuenta al magistrado presidente, con el estado procesal de los presentes autos y CERTIFICA: Que conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 31, fracción II, de la Ley de Amparo, el plazo concedido a las partes quejosa y tercera interesada para que contestaran la vista de diez días ordenada por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, transcurrió del veintitrés de agosto al tres de septiembre de la propia anualidad; ello, tomando en cuenta que la notificación de ese proveído se realizó a las partes por medio de lista de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno y surtió efectos el día siguiente; asimismo, que mediaron como inhábiles, los días veintiocho y veintinueve de agosto, en términos del artículo 19 de la ley invocada. Conste. Toluca, Estado de México. Nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo el tribunal la notificará sin demora a las partes; requiera a la autoridad responsable para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el caso, la sentencia de amparo decretada por este órgano jurisdiccional se dictó el doce de mayo de dos mil veintiuno, en la cual se concedió el amparo a*******; y, por auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno se indicó que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de dicha sentencia, por lo que se requirió su cumplimiento a la responsable. Mediante oficio 1260 recibido en este órgano de control constitucional el seis de julio de dos mil veintiuno, el Presidente de la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México comunicó que el veinticuatro de junio de ese año dictó un auto, mediante el cual dejó insubsistente la sentencia reclamada de ocho de octubre de dos mil veinte y solicitó un plazo adicional de diez días para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, prórroga que se concedió por auto de siete de julio siguiente. Así, mediante oficio 1606 de once de agosto de dos mil veintiuno, dicha autoridad remitió copia certificada del auto de veinticuatro de junio, por el que había dejado insubsistente la sentencia reclamada, así como de la resolución dictada el diez de agosto de la propia anualidad en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el toca de apelación 389/2020. Mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno se dio vista a las partes con las constancias anteriores, para que dentro del término de diez días estuvieran en aptitud de alegar sobre el exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; vista que no fue desahogada. A continuación, se procede a corroborar si la autoridad responsable dio exacto cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Para una mejor comprensión y análisis del fallo emitido por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano constitucional, se elabora el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA EJECUTORIA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO 1. Dictara una nueva resolución en la cual dejara insubsistente la reclamada; 1. Por auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la sala responsable dictó un auto, mediante el cual dejó insubsistente la sentencia reclamada de ocho de octubre de dos mil veinte, lo cual reiteró en el considerando primero de la nueva sentencia que dictó para dar cumplimiento al fallo protector. 2. Enseguida, dictara otra en la que volviera a pronunciarse sobre los agravios hechos valer en el recurso de apelación, observando los principios de congruencia (interna y externa), exhaustividad, fundamentación y motivación; y, 2. El diez de agosto de dos mil veintiuno dictó una nueva sentencia en donde volvió a pronunciarse sobre los agravios de la apelación, observando los principios de congruencia (interna y externa), exhaustividad, fundamentación y motivación, con base en las consideraciones de la ejecutoria de amparo. Así se advierte de la parte considerativa de la nueva sentencia dictada para dar cumplimiento a la ejecutoria federal. Es así, ya que la sala responsable precisó los antecedentes del asunto, citando en ellos las prestaciones reclamadas y los hechos en que estas tuvieron sustento; las causas de oposición a su procedencia, invocadas por el demandado; las excepciones opuestas por este; las razones en que hizo descansar la objeción de documentos exhibidos por la actora; así como los razonamientos por los cuales el juez primario consideró acreditados los elementos de la acción plenaria de posesión ejercitada y los resolutivos de su decisión. Además, resumió los agravios planteados por el inconforme, los cuales, luego de analizarlos, los consideró inoperantes por un lado e infundados por otro, para modificar el fallo impugnado, por las razones siguientes: - Transcribió el artículo 2.6 del Código Civil del Estado de México, relativo a la acción plenaria de posesión y citó los cuatro elementos de la misma, citados por el juez en el fallo apelado, respecto de los cuales, los dos primeros, a saber: contar con justo título para poseer y, que el título se haya adquirido de buena fe, el juez tuvo por demostrados con el contrato de compraventa de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y dos, celebrado entre las partes, respecto del inmueble litigioso, lo cual -dijo- fue correcto, porque para la acreditación de la acción publiciana es suficiente que el actor exhiba el justo título de su posesión, para demostrar que el acto que la originó fue a título de dueño y, en este aspecto, la sala citó las dos acepciones de la expresión "justo título", lo cual sustentó en los criterios judiciales de rubros: "JUSTO TÍTULO EN LA ACCIÓN PLENARIA O PUBLICIANA, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)." y "ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. EXCEPCIONES OPONIBLES AL JUSTO TÍTULO COMO ELEMENTO DE LA ACCIÓN (LEISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)." - Además, precisó, si la objeción opuesta contra el documento privado no prospera, ello conduce a determinar el reconocimiento tácito del mismo, por ende, producirá sus efectos entre quienes lo suscriben, sin que, adversamente a lo que el inconforme señaló en sus agravios, sea necesario vincularlo con otras pruebas. - Entonces, estableció, si la actora ofreció como justo título el contrato de compraventa de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y dos, celebrado con el demandado y este al contestar la demanda negó haber vendido el inmueble y por ello objetó ese documento y todos los exhibidos por la actora, oponiendo excepciones de falta de acción y derecho, pero no las demostró, pese a corresponderle la carga de demostrar las razones en que la sustentó, pues no existía prueba alguna que acreditara sus objeciones, ya que las pruebas pericial, documentales, confesional a cargo de su adversaria y testimoniales que ofreció no le favorecieron, por las razones expuestas en el fallo recurrido. - Además, contrariamente a lo señalado en los agravios, el juez desestimó la testimonial porque el demandado omitió justificar la objeción del documento fundatorio de la acción, por las razones que previamente expuso, aunado que fue al no haber demostrado la objeción, que el juzgador estimó innecesario abordar el estudio de los testimonios, así como de la tacha formulada, ya que esa prueba no era idónea para justificar las defensas y excepciones del demandado que hizo consistir en la falta de acción y derecho y obscuridad de la demanda. - Desestimó la confesional a cargo de la actora, al señalar que negó todas las posiciones que le fueron formuladas. - Luego, en cuanto al argumento del inconforme de que el juez omitió valorar los testimonios de descargo de *******y ******* y la tacha de testigos formulada por su adversaria, por considerarla ociosa. La sala lo consideró inoperante por insuficiente, ya que en el mismo el recurrente no expuso las razones por las que consideraba que ese medio probatorio, en su opinión tenía fuerza probatoria y cuál era su trascendencia en el fallo. - En relación con las documentales ofrecidas por el inconforme (las cuales se enlistaron en la sentencia), la sala señaló que estas en nada le beneficiaron al inconforme, pues solo revelaron lo que contienen, esto es, la adquisición del bien controvertido, por parte del recurrente y los pagos derivados del convenio de aportación, así como diversos trámites y pagos administrativos relacionados con el inmueble, como servicio de agua y energía eléctrica, y el procedimiento administrativo instaurado por el enjuiciado, contra el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, derivado del cambio de titular de la clave catastral *******. - De modo que las pruebas del inconforme no fueron idóneas para demostrar su objeción en cuanto a que no vendió a su antagonista el inmueble en conflicto. - Respecto al agravio donde adujo incorrecta valoración del dictamen pericial en dactiloscopía que ofreció. Para dar respuesta a ello, la sala citó las preguntas formuladas por este y que el experto designado por él debía contestar; refirió que la actora también nombró perito de su parte y citó las preguntas al tenor de las cuales debía desahogarse la prueba; que dada la discrepancia de las conclusiones, el juez designó un experto oficial; expuso las razones por las cuales el juez demeritó la pericial ofrecida por el demandado, como fue, que este se encuentra contradicho con el resultado del dictamen emitido por el perito oficial tercero en discordia designado, quien fue objetivo, precisó el método e instrumentos utilizados, fue congruente con el perito designado por la actora al determinar la imposibilidad existente para realizar el estudio dactiloscópico; además, porque el perito tercero funge como auxiliar en la administración de justicia limitando su función a cuestiones técnicas del asunto, para ilustrar al juez y es imparcial, por tanto, el dictamen del perito tercero en discordia merecía pleno valor probatorio. - Y, con base en lo anterior, la sala indicó que el agravio del inconforme resultó infundado, porque, además de las razones correctamente expuestas por el juez para desestimar el dictamen de su perito, el diestro nombrado por el inconforme, de ninguna manera explicó las razones y técnicas científicas que lo condujeron a concluir que la huella dactilar atribuible al enjuiciado en el contrato de compraventa de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y dos, no corresponde a las huellas de sus manos, pues omitió realizar algún estudio comparativo entre las huellas indubitables de cotejo con la dubitada ni señaló características de una y otra huella, por lo que ese dictamen fue parcial, subjetivo y precariamente ilustrativo (entre otras consideraciones emitidas respecto de la prueba pericial, ya que también se refirió a los dictámenes del perito designado por la actora y el oficial tercero en discordia designado por el juez, analizando cada uno) de lo cual concluyó que, como acertadamente lo consideró el juez, el dictamen del perito nombrado por el demandado inconforme no merecía valor probatorio, por las razones expuestas. - Sin soslayar que el inconforme se limitó a referir que si bien el perito tercero en discordia reveló la "imposibilidad" para practicar la pericial, dada esa imposibilidad es que no fue demostrada la veracidad del documento; sin embargo, ello, dijo la sala, solo evidenció la precariedad de las alegaciones del inconforme, ya que a este correspondía la carga de demostrar extremos de su objeción y no a su antagonista justificar la autenticidad del acto jurídico tildado de falso, de tal manera que el contrato de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y dos no podía ser desestimado por esa razón. - Luego, continuando con el estudio de las pruebas ofrecidas por el inconforme, la sala estudió la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones; sin embargo, consideró que estas no beneficiaron los intereses del inconforme, pues la ley ni esa alzada advirtieron de los hechos conocidos el desconocido en cuanto a que el demandado no vendió a su antagonista el inmueble de su propiedad, ni la serie de desavenencias que alegó en el hecho tres, incisos a), b) y c) de su contestación de demanda (las cuales se mencionan en los cuadros sinópticos que hizo en la resolución), o que el inconforme no sabe leer ni escribir, o bien que resultara necesario que otra persona firmara a su ruego que su antagonista abusara de su ignorancia, falsificando el documento, aspectos que el inconforme vinculó a la excepción, respecto de lo cual, dijo la sala, pesan de forma categórica y contundente las justipreciaciones del juez respecto de la prueba pericial, a las cuales también se refirió ampliamente en la resolución. - La sala tampoco soslayó el hecho de que el demandado recurrente también sustentó la objeción del contrato base de la acción en el hecho de que una persona debió firmar el contrato a su ruego y encargo, derivado de que conforme a su dicho, no sabía leer ni escribir y que en sus agravios afirmó que el acto jurídico tildado de nulo debió contar con los elementos esenciales de validez para su debida eficacia, de los cual el contrato adolece, pues en él solo aparece la huella dactilar, del vendedor, atribuida al él, espacio donde debió firmar con su puño y letra la persona que lo suscribe, lo cual no sucedió, aunado a que ese documento debió contar con dos testigos. - Sin embargo, ese agravio resultó infundado, porque de acuerdo con lo previsto con los artículos 1662 y 1663 del Código Civil vigente (los cuales transcribió), el enjuiciado no demostró de modo fehaciente los puntos en que sustentó su objeción, consistentes en que no vendió a su contraria el inmueble de su propiedad y que los documentos exhibidos por ella presentan diversas variaciones (referidas en los cuadros sinópticos) en contraste con los del demandado, que este no sabe leer ni escribir, que por ello en el contrato debió firmar a su ruego una persona, lo que no sucedió y que la actora pretende abusar de su ignorancia mediante la falsificación del contrato. - Por ende, al no existir en el sumario medio de prueba que demuestre lo contrario, el consenso de voluntades resultó suficiente para transmitir el dominio, máxime que el mismo no ha sido declarado nulo por autoridad jurisdiccional, por lo que debe seguir surtiendo sus efectos legales. - Por todo lo anterior, la sala responsable concluyó que el enjuiciado omitió probar los hechos en los que sustentó la objeción del contrato de compraventa de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y dos, tal como lo dispone el artículo 1.252 del Código Adjetivo Civil y con base en las directrices fijadas en la ejecutoria de amparo que se cumplimenta. - En consecuencia, con base en ello, las aseveraciones del inconforme, relacionadas con la incorrecta valoración del documento fundatorio de la acción, resultaron infundadas. Al respecto invocó las tesis "DOCUMENTOS PRIVADOS OBJECIÓN DE LOS." y "DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS. SURTEN PLENOS EFECTOS SI NO SE DEMUESTRA LA OBJECIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." - También calificó de inoperantes los argumentos relativos a que el contrato basal solo merece valor si es robustecido con otros medios de prueba o bien gozara de fe pública y que en el caso el juez le otorgó valor probatorio pleno derivado solo de la omisión de probar la objeción; así como el argumento relativo a que el testimonio de *******, ofrecida por la actora, de ninguna manera robustece el contrato basal, pues se trata de un testimonio singular. - Lo anterior, porque si la objeción formulada no prosperó, ello condujo a determinar el reconocimiento tácito del documento, y a su vez que este produzca sus efectos entre sus suscriptores, sin necesidad de adminicularse con otro medio convictivo, como pretendió el recurrente, lo cual sustentó en la tesis de rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS, TIENEN VALOR PROBATORIO, SI LA PARTE A QUIEN SE ATRIBUYEN LOS OBJETA EN SU AUTENTICIDAD Y NO DEMUESTRA LA OBJECIÓN." - Igualmente calificó de inoperantes los argumentos donde adujo el inconforme que si el juez hubiera valorado de forma minuciosa y en su conjunto las pruebas, basándose en la presuncional legal y humana, que tampoco valoró a pesar de haber sido ofrecida. Ello, porque los mismos carecen de razonamiento jurídico, que revele, aunque sea de forma precaria, qué pruebas omitió valorar el juez y el impacto de dicha omisión al fallo apelado, además que dichos argumentos no controvierten las consideraciones del juez por las cuales declaró la procedencia de la acción plenaria de posesión. - Lo relativo a que el contrato base de la acción carece de fe pública y no se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad, resultó inoperante por novedoso, pues, insistió en que la objeción formulada por el demandado fue bajo el argumento de que no vendió a su antagonista el inmueble de su propiedad, a lo que añadió lo que refirió en el hecho tres de su escrito de contestación de la demanda, respecto a que los documentos de la actora presentaron diversas variaciones en relación con los suyos, lo cual no demostró. Al respecto, la sala invocó las tesis de rubros: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTGOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN". y "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS." - Por último, el argumento relacionado con la transgresión al artículo 14 constitucional, la sala lo calificó como inoperante por insuficiente, porque el inconforme omitió revelar, aun de modo indiciario, cómo fue transgredido dicho precepto en su perjuicio y su trascendencia al fallo impugnado. - Por tanto, como el inconforme no combatió de modo eficaz la totalidad de las razones por las cuales el juez sostuvo la procedencia de la acción plenaria, lo conducente era determinar firme el sentido del fallo impugnado, para continuar rigiéndolo. Todo lo anterior, revela que la sala responsable volvió a pronunciarse sobre los agravios hechos valer en el recurso de apelación, observando los principios de congruencia (interna y externa), pues no se advierte contradicción en sus consideraciones ni respecto de lo argumentado, lo analizado y lo resuelto, así como el de exhaustividad, ya que el estudio realizado, la sala lo hizo tomando en cuenta los puntos que conformaron la litis, contenidos en la demanda y contestación, donde el demandado opuso excepciones y objetó los documentos exhibidos por la actora, lo resuelto por el juez y los argumentos enderezados por el recurrente contra dicho fallo; asimismo, cumplió con los principios de fundamentación y motivación, toda vez que citó los preceptos legales, así como criterios jurisprudenciales, respecto de los cuales expuso las razones por las cuales los consideró aplicables. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo correspondiente. 3. Fue con base en todo lo expuesto que, al estudiar nuevamente los agravios hechos valer en la apelación, la sala responsable los consideró infundados por una parte e inoperantes por otra y confirmó el fallo apelado, además, condenó al apelante al pago de costas en ambas instancias, lo cual hizo con libertad de jurisdicción. Del anterior cuadro comparativo, se advierte el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este tribunal. En esas condiciones, la responsable cumplió cabalmente la ejecutoria de amparo; sin que este órgano de control constitucional advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Es preciso señalar que en la ejecutoria de amparo únicamente se vinculó a la sala responsable para que dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara otra en la que, se pronunciara nuevamente sobre los agravios hechos valer por el inconforme, expuestos en el recurso de apelación, observando los principios de congruencia (interna y externa), exhaustividad y fundamentación y motivación, y, con libertad de jurisdicción resolviera lo correspondiente. De ahí que el sentido de lo resuelto, al estudiar nuevamente los agravios del recurrente, tomando en cuenta lo razonado en la ejecutoria federal y observando dichos principios, resulte ajeno a los lineamientos de la ejecutoria federal y no forme parte del análisis del cumplimiento, ya que para hacerlo se dejó libertad de jurisdicción a la responsable. Por tanto, como la autoridad responsable cumplió cabalmente con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución. Notifíquese, y personalmente tanto a la parte quejosa como a la tercera interesada. Así lo acordó y firma el magistrado Jacinto Juárez Rosas, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien firma ante el secretario Hugo Rosete Guerrero, que autoriza y da fe".
- Juicio de Amparo Directo
A sus antecedentes el oficio de la autoridad oficiante, mediante el cual remite copias certificadas de la sentencia de diez de agosto del año en curso, dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Acúsese recibo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida dicha ejecutoria, con ella se ordena dar vista a las partes quejosa y tercera interesada para que, dentro del término de diez días, manifiesten lo que a su derecho corresponda; transcurrido ese término, atendiendo al Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, procédase a resolver sobre el cumplimiento.
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