Elia Ávila Díaz
Expediente 1212/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1212/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elia Ávila Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Cabe precisar que aun cuando no obran la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables de la sentencia definitiva, lo cierto es que el sobreseimiento decretado en este juicio únicamente afecta al quejoso y no a las demás partes. Para tal efecto, se invoca como sustento la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.) , que a continuación se cita para pronta referencia: LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. Sin perjuicio de lo anterior, se ordena remitir copia de la sentencia definitiva a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales. En ese sentido, comuníquese a las partes este auto y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Sin que se haya ordenado apertura de incidente de suspensión. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria María del Rosario García Jiménez que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 1212/2021, promovido por Elia Ávila Díaz contra actos de la Junta Especial Numero Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Elia Ávila Díaz solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial Numero Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Acto reclamado: SEGUNDO. El quince de julio de la presente anualidad, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1212/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la omisión de dar contestación al escrito presentado por la parte quejosa, el veinticinco de mayo del año en curso, registrado con el folio 0008870, en el juicio laboral 709/2014. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial número Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado. No obstante la negativa emitida por la autoridad responsable, es dable advertir la certeza del acto reclamado a dicho Tribunal, lo anterior con base en el examen del informe rendido por dicha autoridad, pues del mismo se advierten razonamientos o circunstancias de las que se desprende que el acto reclamado sí existe, por lo que, la negativa aducida en el informe justificado se desvirtúa y este órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados, pues se reitera se evidencia la certeza del acto del contenido del informe rendido y se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que integran el juicio laboral 709/2014; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Así es de concluir, que existen razones o circunstancias de las que se desprende que el acto reclamado sí existe, por lo que, la negativa aducida en el informe justificado se desvirtúa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el trece de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dictó el acuerdo respecto de la promoción presentada el veinticinco de mayo del año en curso, registrado con el folio 0008870, mismo que le fue notificado medio de boletín a la parte quejosa el veintisiete siguiente, (fecha posterior a la presentación de la demanda). CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la propia normatividad, conforme a la cual el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese tenor, se advierte que en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de acordar la promoción presentada por la parte quejosa el veinticinco de mayo del año en curso, registrado con el folio 0008870, en el juicio laboral 709/2014, se actualiza la causa de improcedencia en comento. Ello, pues de la interpretación de la referida norma se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado; es decir, que ha quedado insubsistente, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo, de tal forma que el acto ya no agravie a la parte quejosa. Lo anterior porque el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso específico, es que la autoridad responsable respete el derecho fundamental violado. De esta forma, se destaca que la parte quejosa reclamó la violación al artículo 17 Constitucional, en virtud de la omisión de la autoridad responsable de dictar el auto respecto de la promoción presentada el veinticinco de mayo del año en curso, registrado con el folio 0008870, dentro del juicio laboral 709/2014. Así, en el caso a estudio, la junta responsable remitió copia certificada del auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, y la notificación personal realizada el veintisiete siguiente a la autorizada de la parte quejosa en dicho asunto laboral; por tanto, es de concluirse que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Bajo estas condiciones, se concluye que la autoridad responsable dictó el acuerdo correspondiente a la promoción presentada por la quejosa el veinticinco de mayo del año en curso, registrado con el folio 0008870, dentro juicio laboral 709/2014, y lo dio a conocer a la parte quejosa, como se advierte de las constancias remitidas en apoyo a su informe. Así, resulta inconcuso que el acto reclamado aunque resultó cierto, cesó en sus efectos; es decir, la omisión de la citada autoridad quedó insubsistente, ya que realizó la acción que se le reclamaba, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa. Es aplicable al particular la jurisprudencia 2a./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Contador Público Daniel Cristalinas Castillo, adscrito a la Fiscalía General de la República en el que interviene en el presente juicio de amparo como perito oficial en apoyo a este juzgado federal, mediante el cual informa que no le es posible rendir el dictamen correspondiente, toda vez que, le falta diversas constancias. De lo anterior, con fundamento en el artículo 208 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables Presidente, Tesorero y Director de Administración, todos adscritos al Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, del Estado de Morelos, para que en el término de cinco días, contados a partir del momento en el que queden notificadas del presente auto remitan copia certificada de las siguientes constancias: El periódico oficial "Tierra y Libertad" número 5633 de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. El acuerdo de pensión número CPSHAPI/87/2018. La nómina para ver cuánto le ha pagado la autoridad responsable al quejoso, o en su caso el documento donde se pueda apreciar cuanto se le ha pagado a la fecha a la parte quejosa incidentista, esto es, desde que se dio por terminada la relación laboral (treinta de noviembre de dos mil dieciocho) hasta la fecha, todo ello por concepto de pensión. En caso de no remitirlas dentro del término concedido, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Hecho lo anterior, se ordena remitir copias de dichas constancias al perito oficial antes referido, para que a la brevedad rinda el dictamen que este juzgado federal se encuentra en espera y determinar lo que conforme a derecho proceda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de donde se advierte que no obran la totalidad de los informes justificados de las diversas autoridades responsables; razón por la cual, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, misma que se difiere para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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