Elia Ávila Bibiano

Expediente 1220/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1220/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
28/06/2019

Partes del expediente

  • Elia Ávila Bibiano

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la constancia actuarial que antecede levantada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado se aprecia la imposibilidad de notificar en forma personal el auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve al perito oficial ********************, pues se encuentra gozando su periodo vacacional comprendido del veintisiete de junio al dieciséis de julio del año en curso, auto por el cual se le requirió para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que surtiera efectos la notificación respectiva, remitiera su dictamen pericial. Ahora, téngase por recibido el ocurso suscrito por el perito oficial ********************, a través del cual emite su respectivo dictamen pericial; sin embargo, el dictamen aludido no se encuentra ratificado ante la presencia judicial; sin embargo, atendiendo lo asentado en párrafos que anteceden, este juzgado se reserva a requerir al diestro de referencia a fin de que ratifique su dictamen, hasta que fenezca el periodo vacacional indicado. Notifíquese.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado el dos de abril de este año (fojas 129 a 130), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector. En relación con lo anterior, por acuerdo de tres de abril del año actual (foja 131), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que se hubiera realizado manifestaciones al respecto. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "** Así pues, mediante resolución de quince de enero de dos mil diecinueve (fojas 81 a 104), se sobreseyó y se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: **Resolución que por auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de la Secretaría aludida, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (fojas 119 a 120). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 21, fracción XVIII, en relación con los numerales 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, así como los numerales 76 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; y B).- Devolverle a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) por la inscripción origen del acto reclamado, respecto de la cantidad de $47,091.12 pesos que pagó el ocho de octubre de dos mil dieciocho, a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de inscripción préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, mediante oficio y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado el dos de abril de este año (fojas 129 a 130), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, informó que efectuó la transferencia bancaria a la aquí quejosa por la cantidad de $********************, lo cual acreditó con el reporte de transferencias a cuentas de terceros IXE, de veintinueve de marzo de este año, por suerte principal y concepto de actualización correspondiente (foja 130). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $47, 091.12 (cuarenta y siete mil noventa y un pesos 12/100 moneda nacional), menos $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), resta la suma de $46, 811.12 (cuarenta y seis mil ochocientos once pesos 12/100 moneda nacional). Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto aludido, por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el ocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 22 a 24), y la responsable efectuó la transferencia bancaria aludida el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por concepto de cantidad principal y la actualización correspondiente. Así, el periodo de ajustes fiscal comprende del mes de octubre de dos mil dieciocho al marzo de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre del año pasado a febrero del presente año pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue de 100.917; y para el mes de febrero de este año fue 103.079. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02142. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, a saber: $46, 811.12 (cuarenta y seis mil ochocientos once pesos 12/100 moneda nacional), se tiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $47, 813.81 (cuarenta y siete mil ochocientos trece pes********************; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $1.002.69 (un mil dos pesos 69/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la delegada del Recaudador de Rentas responsable, restituyó a la parte quejosa la cantidad de $******************** por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización. En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la quejosa la cantidad de $47, 813.81 (cuarenta y siete mil ochocientos trece pes********************; sin embargo, éste reintegró la diversa de $********************, es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de ********************, pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera a la peticionaria de garantías la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de la responsable; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. *

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite un testimonio certificado de la ejecutoria de veintitrés de mayo del año en curso, emitida dentro del recurso de revisión civil 23/2017, relativo al juicio de amparo 1094/2016, así como los autos originales del sumario constitucional de previa cita y un legajo de constancias. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, se aprecia que, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos reclamados a las autoridades responsables y para los efectos destacados en la sentencia en revisión; acátese lo anterior, y acúsese el recibo de estilo, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo. Por tanto, atendiendo al sentido de dicha sentencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de la materia, requiérase al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas Nayarit, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido, atento a las consideraciones que le fueron expuestas en la ejecutoria de cuenta, para lo cual se le adjunta copia de la misma. Sin que en el presente asunto se actualice la hipótesis contenida en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, en el sentido de requerir al superior jerárquico para que ordene, al Juez responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que en el Acuerdo 01/2013 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, se delegan competencias y se establece el mecanismo para dar cumplimiento a las ejecutorias de amparo, pues la jerarquía, poder o mando es incompatible con la función jurisdiccional porque, las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias. Apoya lo anterior, por las consideraciones que la sustentan, la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página mil trescientos setenta y ocho, libro 9, agosto de dos mil catorce, tomo II, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO....." Se apercibe a la responsable, que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de la materia, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo que establece el ordinal 260, fracción II y 238 de la actual Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Asimismo, se le hace del conocimiento que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa procedente; de igual manera, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la citada Ley. Notifíquese.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el oficio enviado en línea por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual comunica que dicho Tribunal, admitió el recurso de queja interpuesto por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el cual quedó registrado bajo el número 216/2019 de su índice. En razón de lo anterior, de conformidad con el ordinal 102 de la Legislación de la Materia y toda vez que la resolución que se pronuncie en el recurso de queja, podría influir en la sentencia que se emita en el presente juicio de amparo o de resolverse el mismo en lo principal, se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia, si obtuviere resolución favorable en la queja; luego entonces, se ordena suspender el procedimiento en el juicio que nos ocupa, hasta en tanto sea resuelto el medio de impugnación de referencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes; por lo que una vez que se reanude el procedimiento, de igual forma, se les notificará el día y hora que se señale para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. En las relacionadas consideraciones, se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.

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