Elia Alfaro Muñoz
Expediente 1159/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1159/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Elia Alfaro Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de trece de abril del año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho. Ahora bien, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en autos, y a lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, de conformidad con lo que establece el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se opone a ésta, la Tesis Jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En esas condiciones, se tiene que el doce de febrero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, concediéndose el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: OCTAVO. EFECTO DE LA CONCESIÓN. Al resultar fundado el concepto de violación en estudio, se impone conceder el amparo solicitado por la quejosa, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la responsable la Juez de Oralidad Familiar residente en Yuriria, Guanajuato, deje insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento oral ordinario número ***, de su índice, a partir del auto de catorce de agosto de dos mil diecisiete, en que se ordenó el emplazamiento por edictos de la parte demandada, y sus consecuencias entre las que destaca la emisión de la sentencia y el oficio girado al registro civil para las anotaciones correspondientes, con lo que quedaría cumplida ésta sentencia. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Dicha determinación causó ejecutoria el seis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 66 y 67), motivo por el cual el mismo día se requirió al Juez Civil y de Oralidad Familiar en Yuriria, Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento en los términos precisados. CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA. El Juez Civil y de Oralidad Familiar en Yuriria, Guanajuato, mediante oficio y anexos recepcionados en este Juzgado Federal el veintitrés de marzo del año en curso, (fojas 69 a 77) informó dejar insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento oral ordinario *** a partir del auto de catorce de agosto de dos mil diecisiete, por el que se ordenó el emplazamiento por edictos a la aquí quejosa ***, así como todas las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia de fondo. Asimismo, por comunicado fechado el doce de los actuales, en la Oficialía de Partes de éste órgano jurisdiccional, (fojas 81 a 95), remitió diversas constancias de las que se advierte que se canceló la anotación marginal que fuese asentada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, por la Oficial del Registro Civil de Yuriria, Guanajuato, en el acta de matrimonio de la aquí quejosa ***. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO. Toda vez que en autos se encuentra acreditado fehacientemente que la autoridad responsable dejo insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento oral ordinario número *** de su índice, a partir del auto de catorce de agosto de dos mil diecisiete, en que se ordenó el emplazamiento por edictos de la aquí quejosa, y sus consecuencias subsecuentes como la sentencia y la cancelación de la anotación marginal correspondiente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que el fallo protector quedó cumplido. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la misma, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DEPURACIÓN DEL EXPEDIENTE. Toda vez que el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse archivado. DEPURACIÓN DEL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre de dos mil doce; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental así como el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto para mejor resguardo. DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias relativas al procedimiento oral ordinario *** que como justificación a su informe anexó el Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo condigno.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Civil y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente asunto y al efecto acompaña constancias que así lo acreditan. Por tanto, previo a tener o no por cumplida la concesión de amparo emitida en el juicio constitucional en que se actúa, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello; este órgano de control constitucional, proveerá lo conducente de conformidad con el referido ordinal.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Juez Civil y de Oralidad Familiar de Partido residente en Yuriria, Guanajuato, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, del examen de las mismas, a las que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: La autoridad responsable, dejó insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento oral ordinario **a partir del auto de catorce de agosto de dos mil diecisiete, por el que se ordenó el emplazamiento por edictos a la aquí quejosa **, así como todas las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia de fondo, y remitió oficio al Registro Civil de Yuriria, Guanajuato, para que se abstuviera de realizar las anotaciones marginales correspondientes; sin embargo, de la contestación a dicho comunicado la Oficial del Registro Civil informó que el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, asentó la anotación marginal en el acta de matrimonio de *** y ***, ello en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de divorcio dictada en los autos del juicio de origen. Ahora bien, la concesión de la protección constitucional solicitada, fue para los siguientes efectos: OCTAVO. EFECTO DE LA CONCESIÓN. Al resultar fundado el concepto de violación en estudio, se impone conceder el amparo solicitado por la quejosa, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la responsable la Juez de Oralidad Familiar residente en Yuriria, Guanajuato, deje insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento oral ordinario número ****, de su índice, a partir del auto de catorce de agosto de dos mil diecisiete, en que se ordenó el emplazamiento por edictos de la parte demandada, y sus consecuencias entre las que destaca la emisión de la sentencia y el oficio girado al registro civil para las anotaciones correspondientes, con lo que quedaría cumplida ésta sentencia. En razón de los anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la Juez Civil y de Oralidad Familiar de Partido residente en Yuriria, Guanajuato, para que dentro del término de TRES DÍAS legalmente computado, ordene a la Oficial del Registro Civil de Yuriria, Guanajuato, la cancelación de la anotación marginal que fuese asentada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, con la cual se tendría por cumplida la sentencia de amparo; y, remita las constancias que así lo acrediten, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se harán efectivos los apercibimientos contenidos en providencia seis de marzo del año en curso.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión previsto por el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada el doce de febrero del año en curso, en la cual en su primer resolutivo se sobreseyó en el presente juicio y en su segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ***; por tanto, con fundamento en el ordinal 356, fracción II , del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en cita, en relación con su numeral 2° , se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro que para dicho efecto se lleva en este Juzgado Federal. Ahora bien, la concesión de la protección constitucional solicitada, fue para los siguientes efectos: OCTAVO. EFECTO DE LA CONCESIÓN. Al resultar fundado el concepto de violación en estudio, se impone conceder el amparo solicitado por la quejosa, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la responsable la Juez de Oralidad Familiar residente en Yuriria, Guanajuato, deje insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento oral ordinario número ***, de su índice, a partir del auto de catorce de agosto de dos mil diecisiete, en que se ordenó el emplazamiento por edictos de la parte demandada, y sus consecuencias entre las que destaca la emisión de la sentencia y el oficio girado al registro civil para las anotaciones correspondientes, con lo que quedaría cumplida ésta sentencia. Por tanto, respecto del referido punto de concesión, con fundamento en los artículos 192 y 193 ambos de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Civil y de Oralidad Familiar, con sede en Yuriria, Guanajuato, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la presente ejecutoria, y una vez hecho lo anterior, remita a este Órgano de Control Constitucional las constancias que acrediten lo anterior. En el entendido de que en caso de no cumplir con dicho mandato sin causa justificada, o no exponer motivo legal que le impida hacerlo o bien acredite que se encuentra en vías de cumplimiento, dentro del lapso concedido para dicho efecto, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego, aunado a que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación de la autoridad contumaz, ello en términos del párrafo segundo del ordinal 192 de la Ley de la Materia. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento respecto de la autoridad a la que pudiera recaerle el carácter de superior jerárquico del Juez Civil y de Oralidad Familiar, con sede en Yuriria, Guanajuato; toda vez que al actuar la responsable con plenitud de jurisdicción y autonomía, no existe superior jerárquico a quien acudir atendiendo a lo señalado por el artículo 194, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal, y el diverso 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; tal como en un caso análogo, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la Jurisprudencia de rubro "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO."
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