Elia Abriz Juárez

Expediente 575/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
575/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
08/09/2017

Partes del expediente

  • Elia Abriz Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió para las partes el plazo para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete; por tanto, se declara que el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. ... Por otra parte, aun cuando el documento exhibido por la quejosa, no se ubica en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjese a su disposición, el cual podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dicho documento será destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de nueve de agosto del presente año, remite copia certificada de las constancias de notificación practicadas a las partes en el juicio de origen -entre ellas a la aquí quejosa-, de la resolución de ocho de agosto del año en curso dictad dentro del expediente laboral 160/2016-A, relativa al incidente de competencia planteado en dicho asunto. A la documental que exhibe la autoridad responsable, se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Ahora, del contenido informe justificado rendido por la autoridad responsable recibido en proveído de nueve de agosto del año en curso, así como de las constancias que anexa al oficio de cuenta, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio, atento a las siguientes consideraciones: El ocho de agosto de dos mil diecisiete, se emitió la resolución correspondiente al incidente de competencia interpuesto por el aquí tercero interesado Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, dentro del expediente laboral 160/2016-A del índice del tribunal responsable, circunstancia que se acredita con la copia certificada que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable -fojas 43 a la 47-, misma que fue notificada a la parte quejosa el nueve de agosto del año en curso -foja 59-. En ese sentido, para mejor comprensión del presente proveído resulta conveniente señalar el acto reclamado en el presente juicio de amparo, el cual consiste en: La falta de acuerdo y resolución de audiencia laboral, en su etapa incidental de competencia de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 160/2016-A, del índice del Tribunal Responsable. Ahora, del análisis de la documental aportada por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se desprende que el ocho de agosto de dos mil diecisiete, se emitió la resolución correspondiente al incidente de competencia hecho valer por el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, dentro del expediente laboral 160/2016-A, del índice del tribunal responsable. Corroborándose dicha circunstancia con las copias certificadas de la resolución de ocho de agosto del año en curso, así como de las notificaciones correspondientes practicadas a las partes el nueve y diez de agosto del año en curso, respectivamente, en el juicio de origen, entre ellas a la aquí quejosa (fojas 59 y 60). Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitirse la resolución, tal como quedó asentado en el acta correspondiente y su notificación, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. En el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, adjuntó copia certificada de la resolución emitido el ocho de agosto de dos mil diecisiete, en el en el expediente laboral 160/2016-A, correspondiente al incidente de competencia interpuesto por el Ayuntamiento de ZacatelcoDicha resolución se notificó a la parte quejosa el nueve de agosto de dos mil diecisiete -foja 59 De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele la parte quejosa se subsanó al emitir la resolución de ocho de agosto de dos mil diecisiete correspondiente al incidente de competencia hecho valer por el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, dentro del expediente laboral 160/2016-A, del índice del tribunal responsable, en los términos apuntados. Sin que en el caso puedan analizarse las posibles omisiones o dilaciones subsecuentes en el trámite respectivo, pues la materia del presente juicio debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto, en virtud de que constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que si bien, la parte quejosa, hizo consistir el acto reclamado en el presente juicio de amparo, en la falta de acuerdo y resolución de audiencia laboral, en su etapa incidental de competencia de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 160/2016-A, del índice del tribunal responsabley dicha resolución se emitió el ocho de agosto del año en curso, tal determinación no es susceptible de ampliación, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo, puesto que dicho precepto establece que la demanda de amparo se podrá ampliar siempre que no hayan transcurrido los plazos para su presentación y cuando los nuevos actos guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En ese sentido, en el presente caso no se surte el segundo de los requisitos para la procedencia de la ampliación, pues no resulta procedente requerir a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo para que señalara como acto reclamado la resolución de cuatro de abril del año en curso. Lo anterior es así, toda vez que tal supuesto sólo se actualiza cuando se reclame violación al derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, cuando la omisión se presenta dentro de un procedimiento jurisdiccional no opera dicha regla, puesto que tal procedimiento está sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17, de la Constitución General de la República, que establece los lineamientos de la actividad de los tribunales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes. Pero sin llegar al extremo, de que por el simple hecho de que la quejosa, manifieste que la responsable transgrede con su actuar, su derecho de petición consagrado en el artículo 8, constitucional, por sí mismo, tal situación no puede ser, pues no se puede aislar tal circunstancia atendiendo a su origen. Sobre tal circunstancia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Séptimo Circuito, estableció que el derecho fundamental de petición que se consagra en el numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traducen en que, ante una petición elevada por escrito y en forma respetuosa, la autoridad correspondiente está obligada a emitir una respuesta congruente en un plazo razonable, haciéndosela saber al solicitante, sin que ello implique que la contestación deba ser en el sentido expresado por el interesado, pues atendiendo al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes. Además, destaco que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que solicita el particular, sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo planteado por el gobernado, esto es, atendiendo a la cuestión que le fue planteada y dando una respuesta coherente a ella, o bien, manifestando la imposibilidad que se tiene para hacerlo; en consecuencia, no puede considerarse que se cumple con tal derecho cuando la autoridad emite resoluciones que evaden o difieren injustificadamente la resolución de lo pedido sin abordar la petición manifestada. Por tanto, si en el juicio de amparo la parte quejosa alegó violaciones al derecho de petición, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender sólo si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta, sino si ésta guarda una mínima congruencia con lo solicitado por el quejoso. En virtud, de que el derecho fundamental de petición, es un derecho gestado y promovido en el seno del Estado democrático, único en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública, se respeta sólo si las autoridades proporcionan en sus respuestas a las solicitudes de los particulares la suficiente información para que éstos puedan conocer plenamente el sentido y el alcance de las respuestas, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ellas y, en su caso, impugnarlas. Asimismo, estableció que dentro de la relación entre particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16; el primero, dispone que las normas jurídicas emitidas por el Estado, sólo regirán en una época y lugar determinados, de lo cual deriva la característica de la vigencia de la norma, además consagra la garantía de audiencia, así como las condiciones de aplicación de la ley civil y penal; en específico regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo a las formalidades esenciales del procedimiento; y, el segundo de los numerales citados en su parte inicial consagra la garantía de legalidad. Por ello, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Y en razón de ello, la Primera Sala determinó que no es factible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición, dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales, el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe entenderse al que regula de manera integral su situación. Situación que será regulada por la norma secundaria que regule dicho procedimiento, por ello, es que no es dable que se impugne su violación de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, será conforme lo establecido por la norma secundaria, y la autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud de particular, pues de considerar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resuelva de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria. Así la trasgresión al artículo 8, constitucional, no puede reclamarse de forma autónoma a lo previsto en los diversos preceptos constitucionales, 14, 16 y 17, cuando el particular se encuentre dentro del procedimiento jurisdiccional, o seguido en forma de juicio, pues el actuar de la autoridad debe determinarse en atención a la situación jurídica en la que se encuentre dicho particular, sin que ello, impida el estudio de forma indivisible e interdependiente de los derechos que regula la referida situación. Por tanto, es de concluirse que al reclamarse en el presente asunto una omisión que contraviene al principio de justicia completa, pronta e imparcial que establece el artículo 17, Constitucional, del que deriva una determinación cuya omisión se reclama, lo cierto es que no comparten la naturaleza de la violación reclamada, pues mientras en un principio se reclamó la omisión de acordar un escrito, en el segundo se reclamaría la legalidad del dictado de una resolución, dictado dentro del procedimiento jurisdiccional, contra el cual no procede la ampliación de demanda.

  3. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de nueve de agosto del presente año, remite copia certificada de las constancias de notificación practicadas a las partes en el juicio de origen -entre ellas a la aquí quejosa-, de la resolución de ocho de agosto del año en curso dictad dentro del expediente laboral 160/2016-A, relativa al incidente de competencia planteado en dicho asunto. A la documental que exhibe la autoridad responsable, se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Ahora, del contenido informe justificado rendido por la autoridad responsable recibido en proveído de nueve de agosto del año en curso, así como de las constancias que anexa al oficio de cuenta, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio, atento a las siguientes consideraciones: El ocho de agosto de dos mil diecisiete, se emitió la resolución correspondiente al incidente de competencia interpuesto por el aquí tercero interesado Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, dentro del expediente laboral 160/2016-A del índice del tribunal responsable, circunstancia que se acredita con la copia certificada que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable -fojas 43 a la 47-, misma que fue notificada a la parte quejosa el nueve de agosto del año en curso -foja 59-. En ese sentido, para mejor comprensión del presente proveído resulta conveniente señalar el acto reclamado en el presente juicio de amparo, el cual consiste en: La falta de acuerdo y resolución de audiencia laboral, en su etapa incidental de competencia de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 160/2016-A, del índice del Tribunal Responsable. Ahora, del análisis de la documental aportada por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se desprende que el ocho de agosto de dos mil diecisiete, se emitió la resolución correspondiente al incidente de competencia hecho valer por el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, dentro del expediente laboral 160/2016-A, del índice del tribunal responsable. Corroborándose dicha circunstancia con las copias certificadas de la resolución de ocho de agosto del año en curso, así como de las notificaciones correspondientes practicadas a las partes el nueve y diez de agosto del año en curso, respectivamente, en el juicio de origen, entre ellas a la aquí quejosa (fojas 59 y 60). Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitirse la resolución, tal como quedó asentado en el acta correspondiente y su notificación, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. En el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, adjuntó copia certificada de la resolución emitido el ocho de agosto de dos mil diecisiete, en el en el expediente laboral 160/2016-A, correspondiente al incidente de competencia interpuesto por el Ayuntamiento de ZacatelcoDicha resolución se notificó a la parte quejosa el nueve de agosto de dos mil diecisiete -foja 59 De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele la parte quejosa se subsanó al emitir la resolución de ocho de agosto de dos mil diecisiete correspondiente al incidente de competencia hecho valer por el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, dentro del expediente laboral 160/2016-A, del índice del tribunal responsable, en los términos apuntados. Sin que en el caso puedan analizarse las posibles omisiones o dilaciones subsecuentes en el trámite respectivo, pues la materia del presente juicio debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto, en virtud de que constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que si bien, la parte quejosa, hizo consistir el acto reclamado en el presente juicio de amparo, en la falta de acuerdo y resolución de audiencia laboral, en su etapa incidental de competencia de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 160/2016-A, del índice del tribunal responsabley dicha resolución se emitió el ocho de agosto del año en curso, tal determinación no es susceptible de ampliación, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo, puesto que dicho precepto establece que la demanda de amparo se podrá ampliar siempre que no hayan transcurrido los plazos para su presentación y cuando los nuevos actos guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En ese sentido, en el presente caso no se surte el segundo de los requisitos para la procedencia de la ampliación, pues no resulta procedente requerir a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo para que señalara como acto reclamado la resolución de cuatro de abril del año en curso. Lo anterior es así, toda vez que tal supuesto sólo se actualiza cuando se reclame violación al derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, cuando la omisión se presenta dentro de un procedimiento jurisdiccional no opera dicha regla, puesto que tal procedimiento está sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17, de la Constitución General de la República, que establece los lineamientos de la actividad de los tribunales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes. Pero sin llegar al extremo, de que por el simple hecho de que la quejosa, manifieste que la responsable transgrede con su actuar, su derecho de petición consagrado en el artículo 8, constitucional, por sí mismo, tal situación no puede ser, pues no se puede aislar tal circunstancia atendiendo a su origen. Sobre tal circunstancia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Séptimo Circuito, estableció que el derecho fundamental de petición que se consagra en el numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traducen en que, ante una petición elevada por escrito y en forma respetuosa, la autoridad correspondiente está obligada a emitir una respuesta congruente en un plazo razonable, haciéndosela saber al solicitante, sin que ello implique que la contestación deba ser en el sentido expresado por el interesado, pues atendiendo al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes. Además, destaco que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que solicita el particular, sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo planteado por el gobernado, esto es, atendiendo a la cuestión que le fue planteada y dando una respuesta coherente a ella, o bien, manifestando la imposibilidad que se tiene para hacerlo; en consecuencia, no puede considerarse que se cumple con tal derecho cuando la autoridad emite resoluciones que evaden o difieren injustificadamente la resolución de lo pedido sin abordar la petición manifestada. Por tanto, si en el juicio de amparo la parte quejosa alegó violaciones al derecho de petición, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender sólo si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta, sino si ésta guarda una mínima congruencia con lo solicitado por el quejoso. En virtud, de que el derecho fundamental de petición, es un derecho gestado y promovido en el seno del Estado democrático, único en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública, se respeta sólo si las autoridades proporcionan en sus respuestas a las solicitudes de los particulares la suficiente información para que éstos puedan conocer plenamente el sentido y el alcance de las respuestas, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ellas y, en su caso, impugnarlas. Asimismo, estableció que dentro de la relación entre particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16; el primero, dispone que las normas jurídicas emitidas por el Estado, sólo regirán en una época y lugar determinados, de lo cual deriva la característica de la vigencia de la norma, además consagra la garantía de audiencia, así como las condiciones de aplicación de la ley civil y penal; en específico regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo a las formalidades esenciales del procedimiento; y, el segundo de los numerales citados en su parte inicial consagra la garantía de legalidad. Por ello, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Y en razón de ello, la Primera Sala determinó que no es factible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición, dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales, el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe entenderse al que regula de manera integral su situación. Situación que será regulada por la norma secundaria que regule dicho procedimiento, por ello, es que no es dable que se impugne su violación de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, será conforme lo establecido por la norma secundaria, y la autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud de particular, pues de considerar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resuelva de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria. Así la trasgresión al artículo 8, constitucional, no puede reclamarse de forma autónoma a lo previsto en los diversos preceptos constitucionales, 14, 16 y 17, cuando el particular se encuentre dentro del procedimiento jurisdiccional, o seguido en forma de juicio, pues el actuar de la autoridad debe determinarse en atención a la situación jurídica en la que se encuentre dicho particular, sin que ello, impida el estudio de forma indivisible e interdependiente de los derechos que regula la referida situación. Por tanto, es de concluirse que al reclamarse en el presente asunto una omisión que contraviene al principio de justicia completa, pronta e imparcial que establece el artículo 17, Constitucional, del que deriva una determinación cuya omisión se reclama, lo cierto es que no comparten la naturaleza de la violación reclamada, pues mientras en un principio se reclamó la omisión de acordar un escrito, en el segundo se reclamaría la legalidad del dictado de una resolución, dictado dentro del procedimiento jurisdiccional, contra el cual no procede la ampliación de demanda.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Asimismo, téngase a la autoridad oficiante, remitiendo copia certificada de la resolución emitida el ocho de los actuales en el incidente de competencia, interpuesto por la parte demandada Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, derivado del expediente laboral 160/2016-A de su índice, documental que será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, téngase como delegadas de la autoridad responsable a las profesionistas que indica en su oficio de cuenta; y por lo que hace al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígasele que en términos del artículo 28, fracción I, del ordenamiento legal en cita, éstas se harán en el domicilio de su oficina principal. Con el contenido del informe y anexo de mérito, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Por otra parte, y derivado de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, señala que en sesión extraordinaria celebrada el ocho de agosto de dos mil diecisiete, fue dictada la resolución interlocutoria relativa al incidente de competencia hecho valer por la demandada Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, sin que remita copia certificada de la notificación de dicha determinación practicada a las partes en el juicio de origen. En consecuencia, requiérase al Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; para que dentro del plazo de tres días, contadas a partir de que reciba el oficio por el que se le comunique este proveído, remita copia certificada de la notificación realizada a las partes de la resolución de ocho de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el incidente de competencia del expediente laboral 160/2016-A, o informe la imposibilidad que tenga para ello. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que se estiman necesarias para resolver el presente juicio conforme a derecho. Finalmente, toda vez que en esta fecha se tiene por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; por tanto, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.

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