ELI SOBREVILLA ADAME. y Otros.

Expediente 1345/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1345/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • ELI SOBREVILLA ADAME. y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a trece de octubre de dos mil veintitrés.*********************************Notifíquese personalmente.*

  2. Principal

    CITATORIO....SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS...EL AUTO QUE PRECEDE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de esta fecha en el cuaderno principal del juicio de amparo 1676/2022, promovido por Juan Salvador Ramírez Sánchez, por propio derecho, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, se apertura por el presente incidente de suspensión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138, 139 y 140, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable sus informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas por separado del informe justificado que, en su caso, formulen en el cuaderno principal, enviándole al efecto copia simple de la demanda de garantías y requiriéndole que en el mismo se precise la naturaleza, modalidades y características y la fecha en que fue emitido el acto reclamado. Se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace saber a la autoridad responsable que en caso de no rendir en forma oportuna su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, previo a proveer en relación con la suspensión provisional del acto controvertido es necesario precisar la conducta que se reclama en la especie, por lo que después de una lectura íntegra del ocurso que se provee, se advierte que es el siguiente: Por su parte, los artículos 128 y 129, de la Ley de Amparo, establecen: "ARTICULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I.- Que la solicite el quejoso; y II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. ARTÍCULO 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos: III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos. X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de la ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad. XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En tales condiciones, en virtud de que la medida cautelar fue solicitada por el incidentista y no se afecta al interés social ni el orden público, con fundamento en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional que solicita la parte quejosa, aquí incidentista Juan Salvador Ramírez Sánchez, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se le haga efectiva la multa que se le impuso en acuerdo de dos de junio del año pasado, dictado dentro del expediente ********************, consistente en cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), hasta en tanto la autoridad reciba notificación respecto de la resolución relativa a la suspensión definitiva que se dicte en este incidente. La anterior medida solicitada se concede siempre y cuando a la fecha no se haya ejecutado dicho acto o provenga de autoridades distintas a la señalada en la demanda de amparo. La medida cautelar surte sus efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos si el quejoso no acredita ante este juzgado de distrito dentro del plazo de cinco días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, haber exhibido cada uno ante la autoridad exactora la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que le fue impuesta por concepto de multa en acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, que se fija de conformidad con lo dispuesto por los artículos 135 y 136, de la Ley de Amparo, y que tiene por objeto reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero, si el incidentista no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo de donde deriva este incidente de suspensión. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 148/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 365, Tomo XXVII, visible en la página 1413, tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva." Así sirve de apoyo la tesis I.7°.A.86 A (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2178, Libro XIX, Abril 2013, Tomo 3, Décima Época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2003317, que sobre el tema dispone: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL MEDIANTE SU PAGO EN CANTIDAD ACTUALIZADA. El artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación establece que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, y su diverso precepto 21 prevé que si éstos no se cubren en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago hasta que el mismo se efectúe. Por su parte, el primer párrafo del numeral 135 de la Ley de Amparo dispone que si éste se pide contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o Municipio que corresponda, el que tendrá que cubrirse con el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. Así las cosas, para que surta efectos la suspensión en el juicio de amparo promovido contra una multa administrativa no fiscal, el quejoso debe garantizar el interés fiscal mediante su pago en cantidad actualizada, por lo que el juzgador no debe rechazarlo al considerar que es distinto al importe de la multa impuesta sin actualización, en virtud de que el agraviado cumplió con ese requisito de efectividad hasta donde le fue posible, máxime que corresponde a las autoridades responsables requerir los documentos necesarios para el caso de hacer efectiva dicha suma, de sobreseerse en el juicio de amparo, o bien, negarse la protección de la Justicia Federal". Por otro lado, en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida como prueba de su parte la documental que anexa al escrito presentado en el juicio principal que deriva de la presente incidencia, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, con las cuales se dará nueva cuenta en la audiencia incidental correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica lela promovente en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a ********************, toda vez que cuentan con registro de sus cedulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que cita por no contar con el requisito anterior. Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En este contexto, se exhorta a las partes para que en cuanto les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Lo anterior, hágase del conocimiento de los terceros interesados a ********************; quienes tienen su domicilio ubicado en ********************, de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "SUSPENSION PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEIDO QUE LA CONCEDE". Notifíquese; y personalmente a los terceros interesados.

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