Eli Jordan López Salomón

Expediente 1377/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1377/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Eli Jordan López Salomón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    "...CAUSA EJECUTORIA Y SE ORDENA ARCHIVO DEFINITIVO..."

  2. Principal

    Vista la razón de cuenta suscrita por la actuaria judicial adscrita, en la que hizo constar que no fue posible notificar a la tercero interesada Azul Gabriela Carmona Ibarra por conducto de Samari Gabriela Ibarra Vázquez, la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada en el presente juicio, ya que ésta no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Toda vez que del estado de los autos se advierte que en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó el emplazamiento a juicio de la referida tercero interesada; asimismo, se requirió para que en el acto o dentro de los tres días siguientes, señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se practicarían por medio de lista; sin que a la fecha cumpliera con dicho requerimiento, no obstante de encontrarse debidamente notificada del auto de mérito, tal y como se advierte de la constancia actuarial de ocho de noviembre de la anualidad pasada. Se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos; por tanto, proceda el actuario judicial adscrito a notificar a la referida tercero interesada la resolución de mérito, así como las ulteriores notificaciones, aún aquéllas que deban hacerse de manera personal, conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado en términos de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

  3. Principal

    Con fundamento en el articulo 27 fracción III, de la ley de amparo, notifico por medio de lista en vía de notificación personal a la parte tercero interesada Azul Gabriela Carmona Ibarra por conducto de Samari Gabriela Ibarra Vázquez, la resolución constitucional de diecisiete de marzo de dos mil veinte que dice: diecisiete de marzo de dos mil veinte Oliver Osvaldo Madueño Montes VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo 1377/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda presentado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado el mismo día, Eli Jordan López Salomón, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en Guaymas, Sonora, consistentes en: "lV.- ACTO RECLAMADO: Se reclama de la autoridad responsable, el hecho de haber dictado en mi contra auto de vinculación a proceso, dentro de la Causa Penal número NIC/GUA/245/2019, NUC SON/GUA/FGE/2018/125/68640, que por el delito de Abusos Deshonestos Agravados, cometido supuestamente en perjuicio de la menor Azul Gabriela Carmona Ibarra, el cual fue dictado en la Audiencia Inicial que fue llevado a cabo en el domicilio de la responsable el día 02 de octubre de 2019 a las 18 horas, y donde en la parte correspondiente a la resolución dictada por la responsable, y que se encuentra agregada en las copias certificadas que para el efecto exhibo con el número de folio número 30, en el cual se puede leer entre otras cosas, el resolutivo TERCERO, establece: ".De lo expuesto por el Representante Social, así como los datos de prueba aportados previamente, atendidos ilegalmente (sic) valorados se establece un hecho que la ley señala como delito de Abusos Deshonestos Agravado. y que el aquí imputado, el señor Eli Jordan López Salomón probablemente lo cometió. CUARTO: En la fecha y hora indicada se dicta auto de Vinculación a proceso al imputado Eli Jordan López Salomón, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de Abuso Deshonestos Agravado . (sic)". SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de turno correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de amparo en comento, por lo que en auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la misma; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y se fijaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, puesto que se reclaman actos de una autoridad judicial, con ejecución en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS. Ante todo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar cuál es el acto reclamado en el presente juicio de amparo, y para ello, se debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente. Así las cosas, tenemos que los actos reclamados a la autoridad responsable, consisten en: 1. El auto de vinculación a proceso dictado el dos de octubre de dos mil diecinueve, en la causa penal NIC GUA/245/2019, del índice del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis, residente en Guaymas, Sonora, y; 2. La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en contra del quejoso. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO (CERTEZA). Son ciertos los actos que se reclaman a la autoridad responsable Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis, con residencia en Guaymas, Sonora, toda vez que así se advierte del informe justificado que rindió dicha autoridad. Certeza que se corrobora con las documentales remitidas por el referido Juez, relativas a la causa penal 245/2019, de las que derivan los actos reclamados, mismas que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo adquieren plena eficacia demostrativa. Concatenado al registro audiovisual que contiene audio y video de la audiencia inicial de dos de octubre de dos mil diecinueve, dentro de la aludida causa penal, en la que se dictó el auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional; mismo que tiene valor jurídico de conformidad con la tesis de jurisprudencia 43/2013 y la ejecutoria que le dio origen, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de dos mil trece, Décima Época, de rubro siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."; deriva, en lo que aquí interesa, que en acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales en efecto de preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio; por lo que, concluye la Sala del Alto Tribunal, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública (lato sensu), tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por lo que, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza, los cuales se reprodujeron en la audiencia constitucional, para considerarlos al emitir la presente determinación. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados deben examinarse las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte alguna causa de improcedencia que deba estudiarse de oficio, ni las partes precisaron la existencia de alguna de ellas; por lo que se procede al estudio del fondo del asunto planteado. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Lo constituyen todos aquellos argumentos que aparecen en el escrito de demanda y no solo en el capítulo respectivo, por medio de los cuales se expresan los agravios o lesiones que causa el acto reclamado, así como los motivos que lo originaron; es decir, lo que jurisprudencialmente el máximo tribunal de la Nación ha definido como "causa de pedir"; de los cuales resulta innecesario realizar su transcripción ya que la ley que rige el juicio de amparo no obliga al juzgador a realizarlos; sin que tal circunstancia se traduzca en una violación al principio de exhaustividad que rige las sentencias de amparo, cuenta habida que dicho principio se satisface al realizar un estudio completo de la controversia que se plantea. Es de puntual aplicación la tesis jurisprudencial 2ª./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente dispone: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios e exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. ESTUDIO DEL ASUNTO. Previo al estudio de los conceptos de violación y toda vez que en el presente juicio de amparo se encuentra inmersa una menor de edad y por tanto, en condición de vulnerabilidad, en términos del artículo 1° de la Sección 2ª de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en condición de Vulnerabilidad, por vincularse con una controversia del orden penal que afecta su entorno más íntimo, a fin de proteger su intimidad, de conformidad con la regla 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", adaptadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 40/33 de veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, se procede a sustituir el nombre de la menor víctima y aquí tercero interesada, por sus iniciales A. G. C. I. Ahora bien, son inoperantes, por un lado, e infundados, en otro, los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir, conforme lo dispone el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En los motivos de disenso expresados por el quejoso, asevera que la autoridad responsable violó en su perjuicio el artículo 20, inciso a), fracciones IX y X, Constitucional, por falta de aplicación de los diversos 4°, 5°, 6°, 10, 11 y 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos a los principios rectores del Juicio Oral, consistentes en Publicidad, Contradicción, Igualdad y Presunción de Inocencia. Lo anterior, en virtud de que no se le notificó que el Agente del Ministerio Público Investigador, integraba una investigación en su contra, por un delito que supuestamente cometió, decretando una secrecía total de la carpeta de investigación. Además, que los hechos sucedieron supuestamente desde el diez de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que la investigación se realizó durante diez meses, sin que tuviera conocimiento de dicha imputación delictuosa y con la finalidad de que no se defendiera y probara su inocencia en la citada carpeta. Agrega, que durante la investigación, vivió cerca de la víctima, sin que representara un peligro para ésta o su familia, por lo que la investigadora pudo cumplir con los principios antes delatados y la responsable debió negar la orden de aprehensión, hasta en tanto estuviera en aptitud de defenderse de la imputación formulada en su contra. Reitera, que la secrecía de la investigación transgrede en su perjuicio el derecho de ser tratado como inocente, poder contradecir y aportar pruebas de descargo, para acreditar su inocencia en los hechos imputados, principios que no se respetaron en la carpeta correspondiente, con apoyo de la responsable, lo que provocó que no tuviera una defensa adecuada desde el inicio de la investigación. Alega también el quejoso, que se transgreden en su perjuicio los artículos 16 y 20 Constitucionales, ya que al momento de su detención, los aprehensores no se identificaron como agentes de alguna corporación; además de que lo amenazaron de muerte, con una de las armas que portaban; no se le informó el motivo de su detención, ni que existiera en su contra una orden emitida por autoridad competente, lo cual le pudo haber sido informado a la responsable por su defensor; sin embargo, el defensor que le asignó la responsable, le aconsejó que manifestara que no tenía nada que decir en ese momento, como se puede observar en el audio y video de la audiencia. Ello, aunado a que se transgredió también en su perjuicio el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece, en forma clara, el derecho que tiene a contar con una debida defensa dentro del procedimiento penal que se instaura en su contra. Es así, pues al haber estado incomunicado, privado de su libertad, desde el momento de su detención y hasta que fue presentado ante el juez responsable, no pudo contratar un abogado particular y se le designó un defensor de oficio, quien fue el encargado formalmente, mas no de hecho, de representarlo en la audiencia inicial. Al cual no puede considerarlo como su defensor, toda vez que durante la audiencia inicial, en todas sus etapas, sólo se limitó a referir que no tenía nada que manifestar, lo que no puede considerarse una defensa, agregando que en reiteradas ocasiones le pidió que lo dejara declarar para defenderse, pero que éste le dijo que en ese momento no conocía debidamente la carpeta de investigación, por lo que le era imposible defenderlo en esos términos, que lo mejor que podía hacer era negarse a declarar, no ofrecer pruebas de descargo y no hacer ninguna manifestación a la responsable. Luego, que solicita que toda vez que no fue debidamente representado por un defensor capacitado para tal evento, se reponga la audiencia a fin de hacer una debida defensa de sus derechos procesales. Asimismo, alude el quejoso que la responsable le causa agravio, al imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, por falta de aplicación del artículo 167, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con los numerales 14, párrafo primero y 20, incisos a), fracción V y b) fracción I, Constitucionales, los que prevén su derecho a la libertad. Añade, que la libertad personal, debe estar garantizada por todas las autoridades y excepcionalmente puede restringirse, cuando se reúnan las condiciones necesarias, como cuando una persona comete un delito y se sigan los procedimientos previamente establecidos. No obstante, en el caso, ello derivó de la mala praxis del abogado defensor que le fue asignado, quien solo se limitó a referir que no tenía nada que manifestar, cuando estaba en juego su libertad; aunado a que el fiscal investigador, solicitó la prisión preventiva oficiosa, sin aportar más datos que la responsable pudiera valorar, para justificar debidamente la restricción a su libertad personal, a través de la medida cautelar que le fue impuesta. Por lo que si el artículo 14, segundo párrafo, constitucional establece expresamente que en los juicios del orden criminal no se podrá imponer pena alguna por analogía o por mayoría de razón y, en el caso, el numeral 167, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que habrá prisión preventiva oficiosa para el delito de corrupción de menores, el ilícito que se le imputa no se trata de dicho delito, pues aun cuando interviene una menor, es una conducta distinta, por lo que no es dable ni al Ministerio Público solicitar la prisión preventiva oficiosa, ni al juzgador haber decretado en su contra esa medida cautelar. Expuestos los motivos de disenso, cabe mencionar en principio, que el auto de vinculación a proceso se encuentra previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contiene los requisitos mínimos que debe reunir dicha determinación para justificar los actos de molestia derivados de la misma; por tanto, el estudio de la legalidad del acto reclamado, se hará a la luz del mencionado precepto legal, el cual textualmente dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte los artículos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén: Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad. Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De la interpretación de los preceptos transcritos se obtiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario se reúnan los requisitos siguientes: a) Que se haya formulado imputación, según el caso; esto es, que el Ministerio Público le haya comunicado al indiciado, en presencia del juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados. b) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar; es decir, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o en su caso, después de habérselos dado a conocer, ofrecerá la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. El Juez, de oficio o a petición del imputado o su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o peticiones que considere convenientes respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; aunado a lo anterior, se requiere que no existan pruebas que eliminen el delito, la responsabilidad o la pena. Además, también deberá cumplir con lo establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, que en lo conducente señalan: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es así, pues aunque el auto de vinculación a proceso tenga exigencias específicas previstas en el artículo 19 constitucional, también debe respetar las exigencias Constitucionales genéricas para todo acto de autoridad, como son el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento y el deber de fundamentación y motivación. Cabe mencionar que el auto de vinculación a proceso, se emite a partir de una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, donde se observen las reglas de la lógica, en conjunción con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, en la valoración individual y en conjunto de los elementos proporcionados para establecer si los datos de prueba son suficientes a fin de justificar la existencia de un hecho calificado como delito por la ley. Por su parte, el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Tal circunstancia fáctica se traduce en la materialización física de la conducta realizada por el activo, la cual se adecua en el tipo penal descrito en la ley como ilícita. Es clara la trascendencia que tiene el auto de vinculación dictado en el plazo constitucional, porque somete al imputado a la investigación del hecho que la ley señala como delito durante un periodo formal (judicializa la investigación) o bien, porque lo libera de esa sujeción, si en ese momento no existen datos de prueba suficientes para ello; además de que el procedimiento se seguirá por los hechos acotados en tal determinación, lo cual se obtiene del último párrafo del propio artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, el auto de vinculación a proceso implica la autorización al Ministerio Público para realizar actos de molestia en contra de la persona vinculada a proceso, para que sea investigado por la comisión del hecho considerado como ilícito precisado en dicho auto constitucional, lo cual se realizará bajo la observación del Juez de control, quien velará por los derechos fundamentales del investigado; de ahí que la vinculación requiere satisfacer los requisitos previstos en los artículos 16 y 19 constitucionales y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tales como: Sea emitido por escrito, por autoridad competente. El Ministerio Público realice la imputación. Se funde y motive la causa legal del procedimiento. Se fijen las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución en la comisión del hecho ilícito atribuido. Se haya rendido declaración o exista manifestación de no hacerlo en la forma y con los requisitos establecidos por la ley. Los datos sean suficientes para establecer la comisión de un hecho determinado en la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En tal contexto, de la lectura de las constancias exhibidas por el juez responsable, así como de la reproducción del disco versátil digital (DVD) certificado, relativo al registro audiovisual de la audiencia inicial, en la que se hizo el pronunciamiento respecto el control de detención, formulación de imputación, dictado de la vinculación a proceso e imposición de la medida cautelar, reproducido y analizado por este órgano federal (medio de convicción al que se le concedió valor probatorio, por ser idóneo para acreditar lo acontecido en la diligencia que en él consta) se obtiene lo siguiente: - El nueve de septiembre de dos mil diecinueve, el Ministerio Público solicitó al juez de control responsable, librara orden de aprehensión, en contra del quejoso por el hecho que la ley señala como delito de abusos deshonestos agravados. - El diez de septiembre siguiente, el juez emitió una resolución en la que precisó que atendiendo a la necesidad de cautela, que los datos de prueba aportados demostraban el hecho que la ley señala como delito de abusos deshonestos agravados, cometido en agravio de la menor A. G. C. I. y también la posibilidad de que Elí Jordán López Salomón, interviniera en la comisión de ese hecho delictivo, con fundamento en los artículos 16 constitucional y 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, libró orden de aprehensión en su contra. - Orden de captura que se ejecutó el dos de octubre de dos mil diecinueve. - En esa misma fecha (dos de octubre de dos mil diecinueve), el Administrador del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis, señaló las dieciocho horas de ese día para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación, de lo cual también fue informada la parte ofendida. - En la citada audiencia, en presencia del juez de control, el Ministerio Público le hizo de su conocimiento que se integraba una investigación en su contra por hechos ocurridos el diez de diciembre de dos mil dieciocho, cuando aproximadamente a las dieciséis horas con treinta minutos, introdujo a la menor A. G. C. I., a un cuarto del domicilio ubicado en calle Orense número 109, entre avenidas Carballo y Riveira, fraccionamiento Niza, sección Galiza de Guaymas, Sonora, sentándola en una silla y dándole un beso en la boca. Posteriormente, se hincó, le subió la falta, le hizo a un lado la pantaleta y pasó la lengua sobre la vagina de aquélla, diciéndole que no dijera nada y que le iba a dar una paleta. Que por tales hechos se le imputaba la comisión del delito de abusos deshonestos agravados, previsto y sancionado en el artículo 213, párrafo tercero, en relación con el 214, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Sonora, en grado de ejecución instantánea, por haberse cometido en el mismo momento, con intervención directa del imputado y a título doloso. Asimismo, se le dieron a conocer los nombres de las personas que lo señalaban como autor de los hechos investigados, entre ellas la menor A. G. C. I., en su carácter de víctima, Samari Gabriela Ibarra Velásquez, en calidad de denunciante, José Gael Ibarra Velásquez, Juan Antonio Ibarra Navarro y María del Carmen Meza Coronado, en su carácter de testigos. Además, Maloren Balderrama Ibarra, psicóloga adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Fermín Sarabia Martínez, médico legista adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Luis Ángel Morel Murillo, agente del Ministerio Público Auxiliar Especializado en Procuración de Justicia para Adolescentes y Corrupción de Menores, Claudia Patricia Mati Romero, encargada el Departamento de Dactiloscopía e Identificación Criminal adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, así como los agentes ministeriales de investigación criminal Francisco Amador Cárdenas y Arturo Islas Corral. - En uso de la voz, la defensa refirió que no tenía nada que decir; enseguida, el juez le hizo saber al imputado su derecho constitucional de declarar en relación a los hechos materia de la imputación y, consultando con su defensor, decidió reservarse ese derecho. - Siguiendo con la audiencia, el Ministerio Público solicitó oportunidad para solicitar la vinculación a proceso, a lo que accedió el juez responsable. - Hecho lo anterior, el fiscal agregó que como datos de prueba, obran la denuncia de la menor víctima A. G. C. I., quien manifestó que tiene siete años, que el día anterior (diez de diciembre de dos mil dieciocho), llegó a su casa proveniente de la escuela, se quitó el uniforme y se puso una falda; seguidamente fue a la casa de Normita a jugar, quien vive a tres casas de la suya, que cuando entró a ese lugar ya no estaba el sol pero no estaba oscuro, que era tarde, que vieron videos de "los huevos kínder" en la televisión y comieron pizza. Añadió que estaban Normita y ella acostadas en la cama, cuando el papá de ésta, "El Rey", le dijo ven, que ella fue y entraron al otro cuarto, el cual estaba oscuro ya que no había luz, donde la sentó en una silla y le dijo que le diera un beso en el cachete y se lo dio, que le preguntó que si sabía besar y le contestó que sí, por lo que él comenzó a besarla en la boca; luego se hincó y le dijo que no dijere nada, que le iba a dar una paleta, después le levantó la falda, le hizo a un lado la pantaleta y le metió la lengua en "su parte". Acto seguido, la menor describió físicamente a la persona a la que se refiere como "El Rey", el papá de Normita. Luego, agregó que en ese momento, su hermano Gael le gritó que fuera a bañarse, que "El Rey" se levantó para abrirle al puerta a su hermano, diciéndole que no le dijera nada a nadie y que volviera más tarde, por lo que se fue a su casa, pero no volvió. También se cuenta con la denuncia de Samari Gabriela Ibarra Velázquez, madre de la menor, quien refirió que el diez de diciembre de dos mil dieciocho, llegó con su hija A. G. de la escuela, que ella se puso a terminar la comida y que su hija se quitó el uniforme, se puso una falda de mezclilla azul y le comentó que iría a jugar con Dana; además, que más tarde, alrededor de las catorce treinta o quince horas, fue su hija a decirle que iría a jugar con Norma Elí; luego, aproximadamente entre las dieciséis horas con cuarenta minutos y diecisiete horas, volvió su hija A. G. corriendo y le dijo que el papá de Normita, era una persona mala. Que ella le preguntó qué había pasado y la menor le contestó que el papá de Normita la metió a un cuarto oscuro, donde ella le dio un beso en el cachete, luego él la tomó del cuello, la empezó a besar en la boca y le tocó "su cosita", que también le quitó la ropa y le "chupó". Lo anterior, se lo comentó a su primo Juan Antonio Navarro Ibarra y también le llamó a su esposo para contarle lo sucedido. De igual forma, obra la comparecencia de la nombrada denunciante, en la que agregó que acudía a proporcionar el nombre completo de la persona a la que denunció, siendo éste Elí Jordán López Salomón, quien puede ser localizado en calle Orense número 109, del fraccionamiento Niza de Guaymas, Sonora. Además, la entrevista realizada a la misma Samari Gabriela Ibarra Velázquez, quien ante los agentes ministeriales de investigación criminal, manifestó que en relación con la denuncia que presentó en contra de su vecino Elí Jordán López Salomón, quien vive a cuatro casas de su domicilio, cuando sucedieron los hechos le platicó a su primo Juan Antonio Ibarra Navarro y a la esposa de éste, todo lo que había pasado con su hija, quien la tranquilizó y le recomendó que le avisara a su esposo y que fue su esposo quien acudió ante las oficinas del C4 a interponer la denuncia. Asimismo, que después de lo sucedido, la maestra del grupo de su hija, de nombre Carmen, quien ya estaba al tanto, le comentó que atendiera ese caso; asimismo, que le hablaron de la escuela para decirle que su hija estaba teniendo mal comportamiento, se ponía agresiva con sus compañeros y no quería que nadie se le acercara, por lo cual la canalizaron para que la atendiera una psicóloga. Añadió, que hasta ese momento su hija llevaba dos sesiones y que la psicóloga le dijo que la niña estaba mal, que la veía muy insegura y con miedo, por lo que le hizo el papá de su amiga Norma; asimismo, agregó que su hija no quería comer, tampoco que le apagaran los focos, no quería dormir sola, ni quedarse sola en ningún momento, así como que no la dejaban salir a la calle, por el temor de que viera en la calle a su agresor y recayera en ese estado emocional. Que de igual forma, se cuenta con las entrevistas de Juan Antonio Ibarra Navarro y María del Carmen Meza Coronado, quienes manifestaron, el primero, que el diez de diciembre de dos mil dieciocho, aproximadamente a las dieciocho horas, se encontraba en su casa, con su esposa Dalia Elizabeth Cáñez Bustillos, cuando llegó su prima Samari Gabriela Ibarra Velázquez, alterada, llorando y le dijo que "El Reyli", tocó a su hija A. G. C. I., pues ésta le contó que "El Reyli", en el interior de su domicilio, le chupó sus partes íntimas, que en ese momento escuchó que afuera de su casa estaba A. G. llorando. Por ello, tomó a la niña en sus brazos, la metió a su casa y ya dentro, ésta le comentó todo lo que le había dicho a su mamá. La segunda de los nombrados, refirió que es maestra de A. G., que el doce de diciembre de dos mil dieciocho, la niña comenzó a faltar a clases, lo cual justificó su mamá, quien también le comentó el problema que había sufrido, así como que iba a terapias; que hasta el diecinueve de diciembre de esa anualidad, en la posada vio a la menor muy triste y muy seriecita, no como es ella. Agregó que regresando de las vacaciones decembrinas, sin recordar el día, al término de las clases, cuando los niños se retiraron del salón, A. G. le dijo que el papá de su amiga le lamió "sus partecitas"; asimismo, que el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, intentó llamar a la mamá de la niña, porque desde que llegó a clases lloraba mucho, pedía irse con su mamá y se brincó el cerco del kínder, por lo que tuvieron que pedir ayuda para regresarla, luego se salió seis veces del salón, así como que en otras ocasiones, en ese mismo mes, tampoco quería estar en el salón, que pedía estar con su mamá y no podían controlarla. Que el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, A. G. se salió del salón de clases y empezó a gritar que nadie la quería, porque estaba gorda, que sus papás no la querían porque estaba gorda y también le dijo que se quería morir, que estaría mejor muerta, que nadie la quería, que la abrazó y se la llevó a la dirección; además, que en ese mismo mes, se encerró en el baño, porque quería estar con sus papás. También, obran la ampliación de denuncia de la menor A. G. C. I., en la que refirió que tiene siete años de edad, que el diez de diciembre de dos mil dieciocho, se encontraba en la casa de la que era su amiga Normita, que su papá es malo, que "El Reily", le "chupó sus partes", señalando el área de la vagina, y cuando estaba en la casa de Normita, en el cuarto de sus papás, viendo videos de "los huevos kínder", en la televisión, aquél le habló, que se metieron a otro cuarto que tiene tapadas las ventanas, que no tiene puerta ni luz y en el que no se veía nada, que le dijo que le iba a dar una paleta, pero no traía nada. Que la sentó en una silla y luego él se hincó, que le levantó la falta, le hizo a un lado la pantaleta y metió la lengua en "su parte", chupándole por un tiempo, que se desabrochó el pantalón y le enseñó el pene, lo cual le dio asco y se puso triste, porque pensó que la iban a regañar sus papás, que ella no sabía que le iba a pasar eso. Añadió que en ese momento, su hermano Gael tocó la puerta de la cocina y le gritó que se fuera a bañar, que "El Reily", se levantó, se abrochó el pantalón y le dijo que le iba a dar una paleta para que no dijera nada a nadie, así como que después de bañarse volviera, que ella se fue a su casa, pero no regresó. Así como la entrevista a cargo de José Gael Velázquez Ibarra, quien manifestó que tiene diez años, que es hermano de A. G., que conoce al "Reily", quien es el papá de Normita y vive cerca de su casa, que su hermana ya no juega con la Normita, porque "El Reily", le hizo daño; que su hermana tampoco va a la casa de aquélla, porque su mamá no le da permiso, por lo que le hizo "El Reily". Además, se cuenta con dictamen ginecológico, realizado a la menor víctima, en el cual el médico forense adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado, concluyó que se trataba de femenino de siete años, quien refirió que un vecino le tocó con la lengua "sus partes" (genitales), a la exploración no presentaba lesiones, himen íntegro, sin desgarros recientes o antiguos, ni otro tipo de lesiones y que, por su edad, no comprendía la magnitud de lo que sucedía. Dictamen pericial en psicología, emitido por la perita adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el que concluyó que considerando los antecedentes, la entrevista clínica y psicométrica, la menor sí presenta afectación pisco emocional, así como indicadores y síntomas de niños que han sido víctimas de delitos sexuales, con credibilidad en su dicho, por mostrar coherencia al hablar sobre lo sucedido y ser evaluada. Inspección del lugar de los hechos, de seis de febrero de dos mil diecinueve, realizada por el agente ministerial de investigación criminal, en la que hizo constar que se encontraba frente al domicilio ubicado en calle Oranse (sic) número 109, entre avenidas Carballo y Riveira, fraccionamiento Niza, sección Galiza en Guaymas, Sonora, que es una casa habitación blanca, con franjas beige en la parte inferior, una puerta café y dos ventanas con protección negra y vistas verdes, con un mini porche, barda y teja de color ladrillo, y con una antena de plato roja. Por último, se cuenta con reconocimiento de persona por fotografía de veinte de agosto de dos mil diecinueve, a cargo del agente del Ministerio Público Auxiliar Especializado en Procuración de Justicia para Adolescentes y Corrupción de Menores, en la cual la menor víctima describió físicamente a su agresor, acto seguido, identificó de entre cinco fotografías que se le mostraron, a la persona a quien se refirió. - Enseguida, el juez le hizo saber al hoy quejoso el derecho que le asistía para optar por el término necesario en que debía resolverse su situación jurídica, es decir, dentro del plazo de setenta y dos horas, ciento cuarenta y cuatro horas o en ese momento en la misma audiencia, previa consulta con su defensor, el quejoso optó que en ese momento se resolviera su situación jurídica. - Así, a las dieciocho horas con cuarenta y seis minutos del dos de octubre de dos mil diecinueve, una vez que la institución ministerial solicitó la vinculación a proceso del imputado, formuló argumentos y la defensa decidió no hacer alegato alguno, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra Elí Jordán López Salomón, ya que los datos de investigación establecían que se cometió el hecho que la ley señala como delito de abusos deshonestos agravados, previsto y sancionado en los artículos 213, párrafo tercero y 214, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de la menor A. G. C. I., pues existía la probabilidad de que el imputado hubiera participado en su comisión, en su calidad de autor. A continuación, en la misma audiencia el representante social solicitó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, autorizada por el juez previa exposición de los razonamientos para determinar su procedencia. Como se advierte, en la emisión del auto de vinculación a proceso se cumplieron los requisitos formales para su dictado; además de que el hecho delictuoso imputado se encuentra previsto por la ley, la cual fue expedida con anterioridad a los hechos investigados. En efecto, como uno de los requisitos esenciales exigidos por la ley para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es el atinente a que de los antecedentes de la investigación realizada se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión. En ese sentido, cabe señalar que el juez de amparo como órgano de control constitucional, debe circunscribirse a la apreciación del juicio de los datos de prueba que le expusieron y tomó en consideración el juzgador de origen, y resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto; sin que ello implique que sustituya al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, pues únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, en el entendido de que en el sistema penal acusatorio, la apreciación de los datos de prueba se realiza en términos de lo dispuesto por el artículo 261 párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, con base en lo anterior, del análisis directo de la videograbación que integra la causa penal 245/2019, contenida en un disco versátil digital (DVD) certificado, que en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal se tiene por reproducido, se advierte legal la determinación del juez responsable, para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. A fin de corroborar lo anterior, es preciso hacer referencia a los artículos del Código Penal para el Estado de Sonora, que describen el hecho como delito: ARTICULO 213.- Al que sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto erótico, se le aplicará una pena de seis meses a cinco años de prisión. Si la parte ofendida no tiene capacidad de comprender el significado del hecho, aunque hubiere dado su consentimiento, o se trate de persona que no pueda oponer resistencia por enfermedad, pérdida del sentido o discapacidad, la pena será de dos a ocho años de prisión. ARTÍCULO 214.- Las penas previstas en el artículo anterior, se aumentarán en una tercera parte cuando concurran uno o más de los siguientes supuestos: IV. El delito fuere cometido por la persona que tiene a la víctima bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada; Así, de los datos de prueba que tomó en consideración el juez para establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, resaltan por su importancia los siguientes: La denuncia de la menor víctima A. G. C. I., quien manifestó que tiene siete años, que el diez de diciembre de dos mil dieciocho, llegó a su casa proveniente de la escuela, que se quitó el uniforme, se puso una falda y se fue a la casa de Normita a jugar, quien vive a tres casas de la suya; asimismo, que cuando entró a ese lugar ya no estaba el sol pero no estaba oscuro, que era tarde, que vieron videos de "los huevos kínder" en la televisión y comieron pizza. Agregó, que estaban Normita y ella acostadas en la cama, cuando el papá de ésta, "El Reyli", le dijo ven, que ella fue y entraron al otro cuarto, el cual estaba oscuro ya que no había luz, donde la sentó en una silla y le dijo que le diera un beso en el cachete y se lo dio, que le preguntó que si sabía besar y le contestó que sí, por lo que él comenzó a besarla en la boca; luego se hincó y le dijo que no dijera nada, que le iba a dar una paleta, después le levantó la falda, le hizo a un lado la pantaleta y le metió la lengua en "su parte". Acto seguido, la menor describió físicamente a la persona a la que se refiere como "El Reyli", el papá de Normita. Luego, añadió que en ese momento, su hermano Gael le gritó que fuera a bañarse, que "El Reyli" se levantó para abrirle al puerta a su hermano, diciéndole que no le dijera nada a nadie y que volverá más tarde, por lo que se fue a su casa, pero no volvió. Asimismo, la denuncia de Samari Gabriela Ibarra Velázquez, madre de la menor, quien refirió que el diez de diciembre de dos mil dieciocho, llegó con su hija A. G. de la escuela, que ella se puso a terminar la comida, su hija se quitó el uniforme, se puso una falda de mezclilla azul y le comentó que iría a jugar con Dana; además, que más tarde, alrededor de las catorce treinta o quince horas, fue su hija a decirle que iría a jugar con Norma Elí; luego, aproximadamente entre las dieciséis horas con cuarenta minutos y diecisiete horas, volvió su hija A. G. corriendo y le dijo que el papá de Normita, era una persona mala. Que le preguntó qué había pasado y A. G. le contestó que el papá de Normita la metió a un cuarto oscuro, donde ella le dio un beso en el cachete, luego él la tomó del cuello, la empezó a besar en la boca y le tocó "su cosita", que también le quitó la ropa y le "chupó". Lo anterior, se lo comentó a su primo Juan Antonio Navarro Ibarra y también le llamó a su esposo para contarle lo sucedido. La comparecencia de la nombrada denunciante, en la que agregó que acudía a proporcionar el nombre completo de la persona que denunció, siendo éste Elí Jordán López Salomón, quien puede ser localizado en calle Orense número 109, del fraccionamiento Niza de Guaymas, Sonora. Así como la entrevista realizada a la misma Samari Gabriela Ibarra Velázquez, quien ante los agentes ministeriales de investigación criminal, manifestó que en relación con la denuncia que presentó en contra de su vecino Elí Jordán López Salomón, quien vive a cuatro casas de su domicilio, cuando sucedieron los hechos le platicó a su primo Juan Antonio Ibarra Navarro y a esposa de éste, todo lo que había pasado con su hija, quien la tranquilizó y le recomendó que le avisara a su esposo y fue su esposo quien acudió ante las oficinas del C4 a interponer la denuncia. Que después de lo sucedido, la maestra del grupo de su hija, de nombre Carmen, quien ya estaba al tanto, le comentó que atendiera ese caso; asimismo, que le hablaron de la escuela para decirle que su hija estaba teniendo mal comportamiento, se ponía agresiva con sus compañeros y no quería que nadie se le acercara, por lo cual la canalizaron para que la atendiera una psicóloga. Añadió, que hasta ese momento su hija llevaba dos sesiones y que la psicóloga le dijo que la niña estaba mal, que la veía muy insegura y con miedo, por lo que le hizo el papá de su amiga Norma; asimismo, agregó que su hija no quería comer, tampoco que le apagaran los focos, no quería dormir sola, ni quedarse sola en ningún momento, así como que no la dejaban salir a la calle, por el temor de que viera en la calle a su agresor y recayera en ese estado emocional. Las entrevistas de Juan Antonio Ibarra Navarro y María del Carmen Meza Coronado, quienes manifestaron, el primero, que el diez de diciembre de dos mil dieciocho, aproximadamente a las dieciocho horas, se encontraba en su casa, con su esposa Dalia Elizabeth Cáñez Bustillos, cuando llegó su prima Samari Gabriela Ibarra Velázquez, alterada, llorando y le dijo que "El Reyli", tocó a su hija A. G. C. I., pues ésta le contó que "El Reyli", en el interior de su domicilio le chupó sus partes íntimas, que en ese momento escuchó que afuera de su casa estaba A. G. llorando, razón por la que tomó a la niña en sus brazos, la metió a su casa y ya dentro, ésta le comentó todo lo que le había dicho a su mamá. La segunda de los nombrados, refirió que es maestra de A. G., que el doce de diciembre de dos mil dieciocho, la niña comenzó a faltar a clases, lo cual justificó su mamá, quien también le comentó el problema que había sufrido, así como que iba a terapias; que hasta el diecinueve de diciembre de esa anualidad, en la posada vio a la menor muy triste y muy seriecita, no como es ella. Agregó que regresando de las vacaciones decembrinas, sin recordar el día, al término de las clases, cuando los niños se retiraron del salón, A. G. le dijo que el papá de su amiga le lamió "sus partecitas"; asimismo, que el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, intentó llamar a la mamá de la niña, porque desde que llegó a clases lloraba mucho, pedía irse con su mamá y se brincó el cerco del kínder, por lo que tuvieron que pedir ayuda para regresarla, luego se salió seis veces del salón y que en otras ocasiones, en ese mismo mes, tampoco quería estar en el salón, que pedía estar con su mamá y no podían controlarla. Que el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, A. G. se salió del salón de clases y empezó a gritar que nadie la quería, porque estaba gorda, que sus papás no la querían porque estaba gorda y también le dijo que se quería morir, que estaría mejor muerta, que nadie la quería, que la abrazó y se la llevó a la dirección; además, que en ese mismo mes, se encerró en el baño, porque quería estar con sus papás. La ampliación de denuncia de la menor A. G. C. I., en la que refirió que tiene siete años de edad, que el diez de diciembre de dos mil dieciocho, se encontraba en la casa de la que era su amiga Normita, que su papá es malo, "El Reily", le "chupó sus partes", señalando el área de la vagina, y cuando estaba en la casa de Normita, en el cuarto de sus papás, viendo videos de "los huevos kínder", en la televisión, aquél le habló, que se metieron a otro cuarto que tiene tapadas las ventanas, que no tiene puerta ni luz y en el que no se veía nada, que le dijo que le iba a dar una paleta, pero no traía nada, que la sentó en una silla y luego él se hincó, que le levantó la falta, le hizo a un lado la pantaleta y metió la lengua en "su parte", chupándole por un tiempo, que se desabrochó el pantalón y le enseñó el pene, lo cual le dio asco y se puso triste, porque pensó que la iban a regañar sus papás, y que no sabía que le iba a pasar eso, que en ese momento su hermano Gael tocó la puerta de la cocina y le gritó que se fuera a bañar, que "El Reily", se levantó, se abrochó el pantalón y le dijo que le iba a dar una paleta para que no dijera nada a nadie, así como que después de bañarse volviera, que ella se fue a su casa, pero no regresó. La entrevista a cargo de José Gael Velázquez Ibarra, quien manifestó que tiene diez años, que es hermano de A. G., que conoce al "Reily", quien es el papá de Normita y vive cerca de su casa, que su hermana ya no juega con la Normita, porque "El Reily", le hizo daño; que su hermana tampoco va a la casa de aquélla, porque su mamá no le da permiso, por lo que le hizo "El Reily". El dictamen ginecológico, realizado a la menor víctima, en el cual el médico forense adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado, concluyó que se trataba de femenino de siete años, quien refirió que un vecino le tocó con la lengua "sus partes" (genitales), a la exploración no presentaba lesiones, himen íntegro, sin desgarros recientes o antiguos, ni otro tipo de lesiones y que, por su edad, no comprendía la magnitud de lo que sucedía. El dictamen pericial en psicología, emitido por la perita adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el que concluyó que considerando los antecedentes, la entrevista clínica y psicométrica, la menor sí presenta afectación pisco emocional, así como indicadores y síntomas de niños que han sido víctimas de delitos sexuales, con credibilidad en su dicho, por mostrar coherencia al hablar sobre lo sucedido y ser evaluada. La inspección del lugar de los hechos, de seis de febrero de dos mil diecinueve, realizada por el agente ministerial de investigación criminal, en la que hizo constar que se encontraba frente al domicilio ubicado en calle Oranse (sic) número 109, entre avenidas Carballo y Riveira, fraccionamiento Niza, sección Galiza en Guaymas, Sonora, que es una casa habitación color blanco, con franjas color beige en la parte inferior, una puerta café y dos ventanas con protección de color negro y vistas verdes, con un mini porche, barda y teja de color ladrillo, y con una antena de plato color rojo. Finalmente, el reconocimiento de persona por fotografía de veinte de agosto de dos mil diecinueve, a cargo del agente del Ministerio Público Auxiliar especializado en Procuración de Justicia para Adolescente y Corrupción de Menores, en la cual la menor víctima describió físicamente a su agresor, acto seguido, identificó de entre cinco fotografías que se le mostraron, a la persona a quien se refirió. Razones que el juez de control consideró suficientes para establecer que alguien cometió un acto erótico, el cual recayó en la menor ofendida, quien no tenía la capacidad de comprender el hecho; mismo que tuvo lugar en el domicilio ubicado en calle Orense número 109, del fraccionamiento Niza, sección Galiza de Guaymas, Sonora. Concluyó además, que se actualizaba la agravante establecida en el artículo 214, fracción IV, del Código Penal del Estado de Sonora, ya que el activo se aprovechó de la confianza en él depositada. Del mismo modo consideró que eran indicios razonables que permiten suponer que el imputado Elí Jordán López Salomón, probablemente participó en la comisión de los hechos que la ley señala como delito a título de autor, porque existe el señalamiento directo de la víctima A. G. C. I., quien refirió que cuando estaba en casa de su amiga Normita, el papá de ésta la llevó a otra habitación del domicilio donde la sentó en una silla, la besó en la boca, para posteriormente hincarse ante ella, levantarle la falda y haciéndole a un lado la pantaleta, introdujo su lengua en el área genital. Además, lo describió físicamente y lo identificó a partir de las imágenes que vio en las cédulas de identificación que le fueron mostradas en la fiscalía. Destacando que tratándose de menores, su dicho es preponderante y no existe dato alguno que revele una intención de mentir o que sus manifestaciones se encuentran en incongruencia tal, que permitan cuestionar su verosimilitud. Por tanto, al no encontrar alguna causa de extinción penal o excluyente de delito que pudiera favorecerle dijo, le llevaba a dictar el auto de vinculación a proceso a Elí Jordán López Salomón, por la existencia de datos que hacían probable que haya participado en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de abusos deshonestos agravados, previsto y sancionado en los artículos 213, párrafo tercero y 214, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de la menor A. G. C. I. Es importante señalar que en esta etapa inicial de investigación en que surge la audiencia de vinculación a proceso, se debe atender a la argumentación que hace el órgano acusador de los registros que obran en la carpeta de investigación, porque la autoridad judicial no tiene a la vista el expediente ministerial, ni las actuaciones que lo conforman, razón por la cual inicialmente el Juez de Control no valora los datos de prueba, sino sólo realiza un examen de lo que le fue expuesto oralmente por el órgano acusador en la audiencia, para decidir si con esos registros es procedente o no dictar un auto de vinculación a proceso, lo que evidentemente no redunda en una valoración, sino sólo un análisis de lo que tomó en cuenta la responsable al dictar la resolución que constituye el acto reclamado; es decir, atendió a los datos de prueba que fueron recabados por el fiscal investigador, los que consideró idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso al peticionario de amparo, en los términos expuestos. Más aún, conforme a las fases procesales del juicio oral del que deriva el acto reclamado, se advierte la segunda etapa intermedia o de preparación de juicio oral, en la que el juez de control entre otras cosas, en su caso, admitirá las pruebas ofrecidas por los intervinientes, que se desahogarán en la diversa etapa de juicio oral, en la que el quejoso podrá desahogar las probanzas que estime pertinentes para desvirtuar la imputación que obra en su contra, lo que además permitirá que lleve a cabo una adecuada defensa. Así, devienen infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en torno a que el juez responsable transgredió en su perjuicio el artículo 20, inciso a), fracciones IX y X, Constitucional, ya que la secrecía de la investigación que se le integró, contradice los principios de publicidad, igualdad, presunción de inocencia y contradicción (pues no tuvo oportunidad de aportar pruebas de descargo). En efecto, si como dice la parte quejosa, en la carpeta de investigación seguida en su contra, no se le citó de la forma debida para que acudiera a declarar ante la citada agencia; cabe establecer que éstos, son hechos anteriores al auto de vinculación a proceso y a la determinación de la prisión preventiva oficiosa de la que fue objeto en la audiencia judicial que reclama en este juicio constitucional; por tanto, las posibles violaciones procesales de las que dice fue objeto se encuentran consumadas de manera irreparable, pues con el auto de vinculación a proceso se estableció un cambio de situación jurídica dentro de la indagatoria, ya que la carpeta de investigación fue consignada ante la autoridad judicial y ésta se transformó en una causa penal; por tanto, los hechos ocurridos con anterioridad al auto de vinculación a proceso que aquí se reclama, no forman parte de la litis planteada. Tiene aplicación al caso, en lo conducente y por identidad de razón, la tesis XXIII.9 P (10a.), del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la página 2377 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Décima Época, del rubro y texto: VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE RECLAMA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ASÍ COMO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA Y DE AUTOS SE ADVIERTE QUE, SIN LLEGAR A LA ETAPA INTERMEDIA, SE EMITIÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA, EN VIRTUD DE QUE EL ACUSADO SE SUJETÓ AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ELLO ORIGINA QUE AQUÉLLAS QUEDEN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS, Y ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si bien es verdad que cuando en amparo indirecto se reclama una violación procesal al contenido de los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponde al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente, también lo es que cuando se reclaman el auto de vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva y de autos se advierte que el acusado se sujetó al procedimiento abreviado a que se refieren los artículos 183, 185, 201 y 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitado por la representación social, renunciando expresa y voluntariamente a la interposición de los recursos que establece dicho código, lo que originó que sin llegarse a la etapa intermedia, concluido el debate en la misma audiencia se dictara la sentencia respectiva, esa circunstancia origina que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas y, ante tal panorama, que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 citado, lo que trae como consecuencia que deba sobreseerse en el juicio con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la propia ley." Así como, la tesis IV.2o. P. 43 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época, Materia Penal, página 1373, que dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación. " Por lo que hace al derecho que tiene todo imputado de declarar, éste no fue menoscabado de manera alguna, pues el artículo 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el imputado tendrá derecho a declarar en cualquier etapa del procedimiento, esto es, podrá hacerlo ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional; y, del disco versátil digital (DVD) que contiene el archivo de la audiencia de vinculación a proceso, se advierte claramente que en la audiencia respectiva la autoridad judicial responsable le hizo saber de ese derecho y optó por reservarse a emitir declaración alguna, lo que no le irroga perjuicio alguno ese extremo. Por tanto, no se vulneró de manera alguna su derecho de defensa, aunado a que, como se indicó en párrafos precedentes, el concepto de violación de que se trata resulta infundado al encontrarse la carpeta de investigación en una situación jurídica en los términos ya establecidos. Lo mismo acontece en el motivo de disenso que el quejoso identifica como de vulneración a su derecho de igualdad procesal, puesto que, al no ser llamado a la carpeta de investigación, se le lesionó esa prerrogativa, lo que no puede ser motivo de estudio por las propias razones ya expuestas, pues en sí, todos las violaciones procesales que pudieron haberse cometido en la carpeta de investigación, ya fueron superadas con el dictado del auto de vinculación; máxime que, en el juicio que nos ocupa no se reclamó la orden de aprehensión, sino como ya se dijo, el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En conclusión, respecto a las violaciones aducidas en la primera etapa del procedimiento, su análisis es improcedente al haber concluido la misma y ser imposible jurídicamente retrotraer las cosas al estado que se encontraban; lo que en forma alguna implica que no pueda estudiarse el impacto que las mismas hayan tenido en la producción de datos de prueba y que se reflejan en la emisión del auto de vinculación a proceso. Luego, es infundado lo argumentado en tanto se cuestiona la estrategia defensiva empleada por el defensor que asistió al imputado en la audiencia inicial, al aludir las veces en que se reservó a hacer manifestación durante dicha audiencia. Ahora bien, sobre este punto, se advierte que el defensor nombrado por el quejoso cumplió el estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo y, ante ello, resultó apegado a derecho que el juez de control se abstuviera de controlar la estrategia defensiva adoptada. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación armonizó la doctrina jurisprudencial sostenida en torno al derecho a una defensa adecuada con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que la llevó a considerar que dicha institución jurídica, se cumple en su aspecto material, cuando el abogado satisface un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes, lo cual debe ser controlado por el juez en su carácter de garante y rector del procedimiento penal; empero, satisfecho ese estándar mínimo, el juez debe abstenerse de controlar la bondad y eficacia de la estrategia defensiva o el resultado de ésta, en virtud de la autonomía en su diseño por el defensor nombrado. En ese sentido, el propio Alto Tribunal también consideró que el silencio o la inactividad del inculpado o su defensor puede interpretarse como una estrategia legítima de defensa, ya que el derecho a guardar silencio, lejos de ser una restricción del derecho a la defensa o del debido proceso, constituye un derecho del inculpado previsto en los artículos 20 de la Constitución Federal y 8°, numeral 2, inciso g), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, la posibilidad de que el juez distinga si está ante una estrategia de defensa o frente a una violación a los derechos del inculpado, dependerá, necesariamente, del contexto de cada caso. Así las cosas, en el evento de verificarse la existencia de una o varias situaciones como: 1) ausencia sin justificación evidente de pruebas; 2) silencio inexplicable de la defensa; 3) ausencia de interposición de recursos; 4) omisión de asesoría; 5) desconocimiento técnico del procedimiento penal del abogado; o, 6) ausencia o abandono total de la defensa, se estaría ante una violación manifiesta del derecho de defensa adecuada en su vertiente material; empero, de lo contrario, deberá entenderse que el silencio o la inactividad del inculpado o de su defensor, atiende a una estrategia legítima de defensa. Lo antes expuesto encuentra sustento en las tesis aisladas 1a. C/2019 (10a.) y 1a. CIV/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los rubros y textos siguientes: "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. NO SE SATISFACE ESTE DERECHO, CON EL SOLO NOMBRAMIENTO DE UN LICENCIADO EN DERECHO PARA LA DEFENSA DEL IMPUTADO, SINO QUE DEBEN IMPLEMENTARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE TIENE LA ASISTENCIA DE UNA PERSONA CAPACITADA PARA DEFENDERLO [ABANDONO PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 12/2012 (9a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la citada jurisprudencia de rubro: "DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.", sostuvo que el derecho de defensa adecuada se garantiza esencialmente si el inculpado es asistido por un abogado defensor y no se obstaculiza de ninguna manera el trabajo de la defensa. De igual modo, estableció que el referido derecho no debe llegar a ciertos extremos, entre ellos: a) vigilar la estrategia de la defensa; b) justipreciar la capacidad o incapacidad técnica del abogado defensor; y, c) que el incumplimiento de los deberes de la defensa deba evaluarse por el juzgador, sino que en todo caso podrían ser materia de responsabilidad profesional. Ahora bien, la armonización de la doctrina constitucional del Alto Tribunal con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una nueva reflexión sobre el tema, llevan a esta Primera Sala a separarse parcialmente del criterio plasmado en la tesis citada, específicamente en lo referido a las consideraciones señaladas en los incisos b) y c), pues se reconoce que parte del núcleo esencial del derecho a gozar de una defensa adecuada lo constituye el cumplimiento de que ésta cumpla con su aspecto material, es decir, que el abogado satisfaga un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes, lo que además debe ser controlado por el Juez en su calidad de garante y rector del procedimiento penal. Esto, porque una verdadera defensa adecuada no puede limitarse a meros aspectos procesales o de trámite, pues el solo nombramiento de un licenciado en derecho para que asuma la defensa no satisface ni efectiviza, por sí mismo, el derecho a gozar de una defensa material, sino que se requiere que se implementen todas las medidas necesarias para garantizar que el imputado tiene la asistencia de una persona capacitada para defenderlo. No obstante, una vez satisfecho ese estándar mínimo, el Juez debe abstenerse de controlar la bondad y eficacia de la estrategia defensiva adoptada o el resultado de ésta, en virtud de la autonomía en su diseño por el defensor nombrado." "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. PARA DECLARAR LA VIOLACIÓN A ESTE DERECHO, ES NECESARIO QUE LAS FALLAS O DEFICIENCIAS DE LA DEFENSA NO SEAN CONSECUENCIA DE LA ESTRATEGIA PLANTEADA POR EL ABOGADO DEFENSOR. En el análisis del juicio, el juzgador debe evaluar detenidamente que las fallas o deficiencias en la defensa no sean, desde ningún punto de vista, consecuencia de la estrategia defensiva del abogado defensor, pues al ser licenciado en derecho se le reconoce un amplio margen de libertad para ejercer sus funciones. Una estrategia defensiva es un plan diseñado e implementado por la defensa con la finalidad de proteger/promover los intereses del inculpado, de acuerdo con el contexto fáctico y normativo del caso. En ese sentido, se reconoce que cada abogado es autónomo en el diseño de la defensa a seguir a favor del inculpado y no se soslaya que el silencio o la inactividad de éste o su defensor puede interpretarse como una estrategia legítima de defensa, ya que el derecho a guardar silencio, lejos de ser una restricción del derecho a la defensa o del debido proceso, constituye un derecho del inculpado previsto en los artículos 20 de la Constitución Federal y 8, numeral 2, inciso g), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, la posibilidad de que el Juez distinga si está ante una estrategia de defensa, o bien, frente a una violación a los derechos del inculpado, dependerá, necesariamente, del contexto de cada caso. Consecuentemente, dependiendo de la etapa que corresponda y del sistema de justicia penal bajo el cual está siendo juzgado el imputado, el órgano jurisdiccional debe verificar si en la causa penal acontece o aconteció lo siguiente: 1) ausencia sin justificación evidente de pruebas; 2) silencio inexplicable de la defensa; 3) ausencia de interposición de recursos; 4) omisión de asesoría; 5) desconocimiento técnico del procedimiento penal del abogado; o, 6) ausencia o abandono total de la defensa. Así, al verificarse la existencia de una o varias de las condiciones anteriores, se estaría ante una violación manifiesta del derecho de defensa adecuada en su vertiente material; de lo contrario, se entenderá que el silencio o la inactividad del inculpado o de su defensor atiende a una estrategia legítima de defensa." Sentado lo anterior, una vez que fue examinada la audiencia inicial se advierte que el defensor designado por el imputado, aquí quejoso, cumplió, como se dijo, el estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes, por lo que la actitud que asumió en el desarrollo de la diligencia de trato, debe atribuirse a la estrategia defensiva adoptada, cuyo diseño debe ser respetado por el juzgador. Se afirma lo anterior, porque a preguntas de la juez de control, el imputado Eli Jordán López Salomón manifestó que sí se hicieron de su conocimiento los derechos que en su favor consagra la Constitución Federal, lo cual implica que ello obedeció a que se los informó previamente el profesionista de trato; mismos que reiteró el juzgador, al señalarle que tiene derecho a una defensa adecuada por un defensor; además, en caso de no contar con abogado particular, el Estado le podía proveer de defensor público. Enseguida, el juez preguntó al imputado si era su deseo nombrar como abogado a quien lo acompañaba, licenciado Efraín Arturo Rascón Herrejón, defensor público, contestando el imputado en sentido afirmativo, y acto seguido el defensor aceptó y protestó el cargo conferido. Una vez aceptado el cargo, a preguntas del juez, el profesionista mencionado manifestó que sí tuvo acceso a la carpeta de investigación. Además, como incluso lo señala el quejoso, y así se advierte de la diligencia inicial, a consejo del citado defensor, el imputado solicitó que se resolviera su situación jurídica en ese momento. En tal tesitura, lo antes expuesto, pone en evidencia la satisfacción del estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de los deberes atinentes al defensor público designado por el imputado, con lo que se satisfizo el derecho de éste a una defensa adecuada en su aspecto material, razón por la cual la actitud asumida por el profesionista en el desarrollo de la audiencia inicial, debe entenderse como parte de la estrategia defensiva que asumió, la cual debe respetarse por el juez de control, como así lo hizo. De lo anteriormente detallado, no se evidencia la manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor, que colocara al juez de control en la necesidad de actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a prevenir al imputado para que designara un nuevo defensor. Pues el derecho de defensa adecuada y técnica no puede llegar al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor empleó para lograr su representación y la estrategia más afín a los intereses de su representado. También resulta infundado lo afirmado, en el sentido de que se transgreden en perjuicio del quejoso los artículos 16 y 20 Constitucionales, ya que al momento de su detención, los aprehensores no se identificaron como agentes de alguna corporación; que lo amenazaron de muerte, con una de las armas que portaban; que no se le informó el motivo de su detención, ni que existiera en su contra una orden emitida por autoridad competente, lo cual no pudo hacer del conocimiento del juez responsable, porque el defensor que le fue asignado le aconsejó que manifestara que no tenía nada que decir. Lo anterior, puesto que en autos obra el oficio 1819/2019, de dos de octubre de dos mil diecinueve, signado por el jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Guaymas, Sonora, por el cual se pone a disposición del Juez Oral del Distrito Seis del Poder Judicial del Estado al quejoso, al haber sido detenido en ejecución a la orden de aprehensión librada en su contra, por el citado juzgador, en la causa penal 245/2019. Así como la constancia de derechos, firmada por el propio quejoso, en la que se hace constar que se encuentra detenido por contar con una orden de aprehensión. Además de que de la audiencia, se obtiene que el juzgador preguntó a la defensa si tenían alguna incidencia qué hacer valer respecto de la detención, a lo que éste contestó que no, procediendo a calificar de legal la detención por lo que hace a la orden de aprehensión. En otro orden de ideas, resulta legal la determinación del juez responsable por lo que hace a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Es así, pues ésta procede conforme al texto del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros supuestos, en tratándose de delitos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad. En ese sentido, si bien el delito de abusos deshonestos agravados, previsto y sancionado en los artículos 213, párrafo tercero y 214, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Sonora, en el cual se ubicó el hecho imputado al quejoso, se encuentra dentro del Título Décimo Segundo del Código Penal para el Estado, correspondiente a los Delitos Sexuales, lo cierto es que, atendiendo precisamente al bien protegido, la conducta ilícita atenta contra del libre desarrollo de la personalidad, pues como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la libertad y la seguridad sexuales, constituyen manifestaciones del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. LXVI/2009, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página siete, número de registro 165822, de rubro y texto: "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente." También, sobre ese tópico se pronunció la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, en la tesis aislada 1a. XCIV/2019 (10a.), publicada el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2020986, cuyos rubro y texto son: "LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL. SU CONTENIDO Y ALCANCE COMO BIENES JURÍDICAMENTE TUTELADOS EN LOS DELITOS COMETIDOS CONTRA ÉSTOS. La libertad y la seguridad sexuales, como bienes jurídicamente tutelados por el artículo 175 del Código Penal para el Distrito Federal, constituyen manifestaciones -entre otros- del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, la libertad sexual significa la capacidad y posibilidad de decidir autónomamente, sin coerción ni violencia y con consentimiento pleno, sobre las personas -quienes también deben estar de acuerdo-, situaciones, circunstancias y tiempos, en las cuales se quiere tener comportamientos, intercambios o vínculos erótico-sexuales, incluida la cópula. Por otra parte, la seguridad sexual es la necesaria protección y debida garantía de que esta libertad y autonomía efectivamente se expresen, dado el riesgo que ciertas circunstancias, propias de la persona o del contexto específico en que se encuentra, entrañan para la producción espontánea de consentimiento. Dado que el consentimiento pleno y válido de quienes participan en una cierta actividad sexual es un elemento fundamental para el respeto, protección y garantía de la libertad y seguridad sexuales, el Estado debe asumir la obligación -incluso recurriendo a su poder coactivo- de proteger que éste sea la regla en el actuar sexual." Por ende, el hecho considerado como delito de abusos deshonestos agravados, previsto y sancionado en los artículos 213, párrafo tercero y 214, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Sonora, es de aquéllos en contra de los cuales procede imponer, como se hizo en el acto reclamado, prisión preventiva oficiosa, pues aun cuando el capítulo donde se ubicaba el tipo penal no tuviera esa denominación en específico, no debe desconocerse la esencia del bien jurídico protegido por esa norma. En ese sentido, la medida cautelar impuesta, no deviene violatoria de los derechos fundamentales del peticionario del amparo; pues, además, no se impuso una temporalidad mayor a dos años, permitida por los artículos 19 de la Constitución Federal y 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación expresados, y al no advertirse queja deficiente que suplir a favor del solicitante del amparo, lo procedente es negar a Eli Jordan López Salomón el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Juez Oral Penal del Distrito Judicial Seis del Poder Judicial del Estado de Sonora, residente en Guaymas, Sonora, consistentes en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el dos de octubre de dos mil diecinueve, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fuera impuesta, en la causa 245/2019. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eli Jordan López Salomón, contra los actos reclamados consistentes en el auto de vinculación a proceso dictado el dos de octubre de dos mil diecinueve y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en su contra, por el Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en Guaymas, Sonora, dentro de la causa penal NIC GUA/245/2019, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Blas Martínez Aboyte, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, en funciones de Juez, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y del oficio CCJ/ST/386/2020, de cuatro de febrero de dos mil veinte, por licencia médica del Titular, y firma ante Oliver Osvaldo Madueño Montes, secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy Fe.

  4. Principal

    ...se difiere la audiencia constitucional programada para este día y en su lugar se señalan las diez horas con veinte minutos del veintitrés de enero de dos mil veinte, para su celebración.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · 9,271 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano