Eli Coria Salas

Expediente 275/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
275/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Eli Coria Salas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó el presente asunto, promovido por ********************, por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículos 12 y 20 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número II-275/2023, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el quince de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, así como de los actos que precisó en el propio ocurso. En ese escrito, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló el concepto de violación que estimó pertinente, y señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 1°, 14, 16, 17 y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Del escrito inicial tocó conocer, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, el que, previas prevenciones y su cumplimiento, mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós admitió la demanda, solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de uno de febrero de dos mil veintitrés, dentro del diverso juicio de amparo X-776********************, del índice de este órgano jurisdiccional, se ordenó la separación de autos que integraban el presente juicio de amparo, con motivo de los distintos acuerdos en que la Comisión de Honor y Justicia referida se declaró incompetente, en los diversos escritos de recursos de revisión que interpuso el aquí quejoso en contra de diferentes sanciones que se le impusieron, entre las que se encontraban multas y amonestaciones, y a los que se formaron expedientes administrativos disímiles por requerimientos que se formularon al quejoso, respecto de hechos y elementos desiguales. En ese proveído, se precisó que en el presente expediente de amparo se resolvería respecto de ciertos actos, por lo que se ordenó obtener copia certificada de la demanda de amparo, y de las diversas constancias relevantes, a fin de que en juicios separados se resolvieran los actos reclamados originados con motivo de las diversas sanciones impuestas al solicitante del amparo; por tanto, se ordenó la remisión de lo anterior a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y se realizara el turno correspondiente. Por acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se recibieron las constancias certificadas relativas al juicio de amparo X-776/2023, por lo que este Juzgado se avocó al conocimiento del libelo constitucional y, se ordenó continuar con el conocimiento de la demanda de amparo, registrándose con el número I-275/2023. En ese mismo auto de ocho de marzo del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su libelo constitucional respecto del acto y autoridad que fueron precisados en el acta de audiencia constitucional. No obstante, la parte quejosa fue omisa en dar cumplimiento a dicha prevención, por lo que en la audiencia constitucional de esta fecha se hizo efectivo el apercibimiento decretado, y se continuó con el trámite del presente juicio tomando únicamente en consideración las autoridades y actos señalados inicialmente en su demanda de amparo. Posteriormente, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, debido a que el acto reclamado es atribuido a autoridades en materia administrativa, con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, sus cumplimientos de prevención, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables consisten: De la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como de la Titular de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, en su calidad de Secretaria Técnica de dicha Comisión: 1. La resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós, dictada en el expediente de revisión SSP/CHJ/RR/0067********************, en la que determinó que carecía de competencia legal para conocer del recurso de revisión que interpuso el aquí quejoso en contra de la multa como medida de apremio que se le impuso en la carpeta de investigación ********************, en cuanto Delegado Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, motivo por el cual, se ordenó su remisión al Titular de la Secretaría referida, a fin de que éste, en cuanto superior jerárquico, resolviera el medio de defensa ordinario. Del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán: 2. La sanción impuesta al aquí quejoso, mediante oficio número SSP/UAI/DRE/0826********************, de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, consistente en multa de treinta veces la unidad de medida y actualización vigente en el Estado, derivada de la carpeta de investigación precisada en el párrafo anterior. TERCERO. Certeza del acto reclamado. De lo manifestado en los informes justificados se advierte que son ciertos los actos reclamados. Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias de los autos que los integran, que anexaron las autoridades responsables a sus informes justificados, así como en cumplimiento a los diversos requerimientos que se formularon en el presente asunto, medios de convicción a los que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes relevantes. Previo a determinar lo conducente, conviene relatar los siguientes antecedentes. 1. Mediante oficio número SSP/UAI/DRE/0826********************, de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, impuso al aquí quejoso ********************, en su carácter de Delegado Administrativo adscrito a dicha Secretaría, una multa equivalente a treinta veces la unidad de medida y actualización vigente en el Estado, al incumplir diverso requerimiento. Siendo éste uno de los actos reclamados en la presente instancia constitucional. 2. Inconforme con dicha determinación, mediante escrito presentado ante la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ********************, por propio derecho, interpuso recurso de revisión. 3. De dicho medio de impugnación, tocó conocer a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la que por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós determinó que era incompetente para conocer del recurso de revisión de mérito. Lo que justificaron al señalar que de conformidad con el párrafo segundo del artículo 3° del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, dicha autoridad únicamente era competente para conocer y resolver toda controversia suscitada en relación con los procedimientos de la carrera policial, del régimen disciplinario, condecoraciones y estímulos de los integrantes de las unidades operativas, de investigación, prevención, reacción y todos los que realizaran actividades similares en la Secretaría citada. De ahí que al ser el acto recurrido la imposición de una medida de apremio impuesta por la Unidad de Asuntos Internos de dicha Secretaría, circunstancia que no tenía relación con el régimen disciplinario, ya que el acto impugnado (sanción administrativa), fue impuesta como consecuencia de un requerimiento de apoyo a dicha autoridad, para cumplir con el objeto de integrar debidamente los procedimientos que le corresponden. Por lo que, en ese sentido, señaló que la autoridad que debía conocer de tal medio de impugnación lo era su superior jerárquico, esto es, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán; en consecuencia, ordenó la remisión del expediente administrativo citado al último mencionado. Acto que constituye el diverso reclamado en el presente juicio de amparo. 5. Por acuerdo del siete de julio del dos mil veintidós, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, admitió el recurso de revisión citado, y requirió a la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que en un plazo no mayor de cinco días hábiles emitiera un informe y presentara las pruebas que estimara necesarias. 6. No obstante, mediante determinación posterior (seis de octubre del dos mil veintidós), dictó resolución en la que determinó sobreseer en dicho proceso administrativo, al considerar que no se advertía que la omisión de una medida apremio fuera impugnada a través del recurso de revisión al no actualizarse alguno de los supuestos señalados en el numeral 129 del Código de Justicia Administrativa para conocer del asunto. De igual manera, determinó que no estudiaba las cuestiones de fondo del asunto, por lo que también se declaró incompetente para seguir conociendo del citado medio de impugnación, dejando a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y términos que considerara pertinentes. (Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado) QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se considera que respecto del acto reclamado identificado con el número 1, del considerando segundo de la presente ejecutoria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la cual se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación y b) por sustitución -como en el caso-. El primer supuesto se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos. El segundo opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, cuando se interpone un recurso o medio de defensa contra el acto reclamado, la determinación dictada en aquél sustituye procesalmente el auto o resolución controvertido vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Lo anterior porque cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis en un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, y recayó una resolución, la validez o insubsistencia de aquél ya depende de lo resuelto en la nueva determinación: sustituyó procesalmente a la anterior. Entonces, será la nueva determinación, en todo caso, la que podría ser materia del juicio constitucional. En el caso concreto, se desprende que el acto reclamado identificado con el número 1, del considerando segundo de este fallo, fue sustituido procesalmente por el auto de siete de julio de dos mil veintidós y por la resolución emitida el seis de octubre del mismo año, dictados por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, dentro del recurso de revisión SSP/UAJDH/RR/066********************-II, en la que se avocó al conocimiento de tal medio de impugnación, lo admitió y después lo resolvió, por lo que son éstas determinaciones las que prevalecen y las que realmente pudieran causar perjuicio, por ser las que ahora rigen la situación jurídica de la parte quejosa. Sin embargo, dichas determinaciones no fueron señaladas como acto reclamado por el promovente del amparo, no obstante que se le dio vista para que ampliara la demanda por lo que ve a la autoridad aludida y resoluciones mencionadas; consecuentemente, el acto reclamado no puede ser materia de análisis a través del juicio de amparo. En las relatadas condiciones, se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo solo es procedente contra actos definitivos." En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado identificado con el número 2, del considerando segundo de esta sentencia, también se actualiza tal causa de improcedencia, dado que ésta también se encuentra sustituida por una nueva situación jurídica, con motivo del recurso de revisión que interpuso el aquí solicitante de amparo en contra de dicha determinación ante la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Medio de impugnación del que ya se precisó, a su vez, fue sustituido procesalmente por el acuerdo dictado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el que se avocó al conocimiento del asunto, lo admitió y, posteriormente, mediante resolución que decretó su sobreseimiento, incompetencia y dejó a salvo derechos; determinaciones contra las cuales no promovió demanda de amparo. Ello no obstante que, como se dijo, se dio vista a la parte quejosa para que ampliara la demanda por lo que ve a la autoridad aludida y resoluciones mencionadas, siendo omiso en hacerlo y, por lo tanto, se integró el juicio en que se actúa, en los términos planteados en el escrito inicial y libelos aclaratorios correspondientes. En consecuencia, toda vez que los actos reclamados expresamente por la parte quejosa no pueden ser materia de análisis de legalidad a través del juicio de amparo, en virtud de que se encuentran sustituidos procesalmente por las resoluciones indicadas en el párrafo anterior, sin que se hayan señalado como actos reclamados, consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, con apoyo en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sin que sea necesario realizar pronunciamiento de las causas de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables, al actualizarse de oficio las que se analizaron en la presente resolución, pues a nada práctico conduciría su análisis para verificar si se actualiza o no, ya que el sentido de la presente sentencia no variaría. Lo anterior encuentra sustento, por su contenido, en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA" En ese contexto, al haber operado el sobreseimiento en este juicio de amparo, ello impide analizar las cuestiones de fondo que alega la parte quejosa. Tiene aplicación la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y con fundamento legal, además, en los artículos 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo, y por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la parte quejosa el ocho de marzo de dos mil veintitrés, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar su libelo constitucional por lo que ve a los actos y autoridad. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy FemmgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. REMITE CONSTANCIAS Agréguese a sus autos el oficio remitido vía correo electrónico por el Juez Primero de Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán, mediante el cual informa que dentro del expediente 469/2019 de su control, la aquí quejosa Laura Sujey Negrete Silva, no ha asistido a ninguna de las citas programadas con el psicólogo adscrito al DIF Municipal de aquella ciudad, ni llamó para cancelar las mismas; en tanto que el tercero interesado Jonathan Navarrete Aviña y su menor hija de iniciales A.N.N., ya lo hicieron. Circunstancia anterior que acredita de la copia certificada del proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés dictado dentro del aludido expediente y que de ser el caso será tomada en consideración al momento de resolver el presente juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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