Eli Camacho Castellanos

Expediente 1519/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1519/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • Eli Camacho Castellanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo se provee: En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de veintiséis de noviembre del año en curso (fojas 16 a 23), en el que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno, y archívese el expediente como asunto concluidO.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA QUEJOSO.-Agréguese el escrito de la parte quejosa ***, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento realizado en auto de siete de noviembre del año en curso (fojas 6 a 9); en atención a su contenido; se provee al respecto. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto **** ***** Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del contenido integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa reclama los dos citatorios de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, emitidos en los expedientes ****, respectivamente, por la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa para Delitos Relacionados con Notarios y Corredores Públicos dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en los cuales se le requirió para que compareciera a las instalaciones de la autoridad responsable, el veinticuatro de octubre del año en curso, a efecto de llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial, sin que se le haya hecho ningún apercibimiento en caso de no comparecer. En tal virtud, respecto de tales actos reclamados este juzgador considera que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y,..." De la interpretación del contenido del artículo antes transcrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que subsista el acto reclamado; y, b) Que no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En efecto, de las manifestaciones realizadas por el quejoso en su escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad, se advierte que en la fecha señalada en los citatorios que reclama, emitidos en los expedientes ****, respectivamente, por la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa para Delitos Relacionados con Notarios y Corredores Públicos dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, esto es, el veinticuatro de octubre del año en curso, el peticionario del amparo compareció ante la responsable a desahogar la diligencia programada para esa data, lo cual realizó antes de la presentación de la demanda de amparo (siete de noviembre del año en curso). Manifestación que constituye una confesión que hace prueba plena en su contra, conforme con lo establecido por los artículos 95, 99, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Es aplicable, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, Diciembre de 1993, en la página 857, Octava Época, del rubro y texto: **** Bajo ese tenor, si bien es cierto, los actos reclamados por el impetrante de amparo siguen subsistiendo formalmente, también lo es que el objeto o materia (obtener la comparecencia de una persona, en este caso, para desahogar diligencias ministeriales) por el que se originaron los mismos ha dejado de existir. En esas condiciones, toda vez que el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, el hoy quejoso compareció para desahogar las diligencias ministeriales por las que fue citado, se puede sostener que el entorno se ha modificado en tanto que a pesar de la subsistencia de los actos reclamados, éste no ha dejado huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación. (Énfasis añadido). Así, podemos concluir que el motivo de improcedencia en análisis se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al amparista en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En las relatadas circunstancias, se colige que en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. No es óbice el contenido de la jurisprudencia ***de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 622, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: ****** Lo anterior, toda vez que dicho criterio no es aplicable al caso concreto, pues se refiere al supuesto en el que la persona citada no ha comparecido ante la autoridad responsable, por lo tanto, el apercibimiento para lograr esa comparecencia subsiste, por ejemplo, el uso de la fuerza pública, sin embargo, en el presente asunto, el aquí quejoso ya compareció ante la responsable a desahogar las diligencias respectivas, de ahí que no existen efectos materiales ni jurídicos que deban concretarse en la esfera jurídica del gobernado. Máxime que respecto a dichos actos reclamados, en todo caso, también se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: *** Expuesto lo anterior, resulta evidente que los dos citatorios de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, emitidos en los expedientes ****, respectivamente, por la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa para Delitos Relacionados con Notarios y Corredores Públicos dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en los cuales se requirió al quejoso para que compareciera a las instalaciones de la autoridad responsable, el veinticuatro de octubre del año en curso, a efecto de llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial, sin que se le haya hecho ningún apercibimiento en caso de no comparecer; no constituye un acto que irrogue perjuicio a la persona -aquí quejoso- contra quien se libró, a menos que esa determinación vulnere directamente algún derecho subjetivo público o produzca una afectación de imposible reparación. Lo anterior es así, ya que las citaciones reclamadas únicamente tenían por objeto que el peticionario del amparo compareciera ante el Fiscal del Ministerio Público Investigador, a realizar una diligencia de carácter ministerial, sin que dichos citatorios contaran con apercibimiento alguno, lo que de ninguna forma produce algún agravio. Ello, en virtud de que las citaciones mencionadas, no ocasionaban un perjuicio en la esfera de derechos del quejoso como es el derecho a la libertad o algún otro, pues simplemente representaban un aviso de que aquél debía comparecer ante la autoridad ministerial para la práctica de una diligencia, respecto a lo cual, el quejoso se encontraba en posibilidad de informar a la autoridad responsable las razones que, en su caso, imposibilitaran su comparecencia. Además, la comparecencia transitoria del quejoso con el propósito de realizar la diligencia ordenada, no transgrede su derecho de libertad, pues considerar lo contrario, lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. Surte aplicabilidad al caso, la tesis aislada número II.2o.P.51 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 2601, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (registro 2015368), que literalmente dice: ********** Sin que pase inadvertido que la parte quejosa refiera que al comparecer ante la autoridad responsable en cumplimiento a los citatorios reclamados, se le trató como responsable de algún delito por el tipo de preguntas que le formularon, y que no se le dio oportunidad de asistir acompañado de un abogado ni de nombrar a uno en el momento de la diligencia; toda vez, que conforme el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ministerio público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, así como que el desahogo de diligencias para tal fin, no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos. Aunado a que, como se dijo, al haber comparecido ante la autoridad responsable, dio cumplimiento a los citatorios de los que se duele, por tanto se destruyeron los efectos del acto reclamado, y, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni lo hará tampoco en forma posterior. En ese sentido, de conformidad con los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, así como a la naturaleza y fines del juicio constitucional, se colige que es insuficiente que se aduzca una violación a los derechos fundamentales del gobernado para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que dicha violación le produzca afectación en su esfera jurídica, lo que en el caso no acontece. Sirve de apoyo a lo anterior, *********.- En consecuencia de lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia mencionadas, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la referida ley.

  3. Principal

    Agréguese el escrito de la parte quejosa ***, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento realizado en auto de siete de noviembre del año en curso (fojas 6 a 9); en atención a su contenido; se provee al respecto. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del contenido integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa reclama los dos citatorios de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, emitidos en los expedientes ****, respectivamente, por la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa para Delitos Relacionados con Notarios y Corredores Públicos dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en los cuales se le requirió para que compareciera a las instalaciones de la autoridad responsable, el veinticuatro de octubre del año en curso, a efecto de llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial, sin que se le haya hecho ningún apercibimiento en caso de no comparecer. En tal virtud, respecto de tales actos reclamados este juzgador considera que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y,..." De la interpretación del contenido del artículo antes transcrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que subsista el acto reclamado; y, b) Que no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En efecto, de las manifestaciones realizadas por el quejoso en su escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad, se advierte que en la fecha señalada en los citatorios que reclama, emitidos en los expedientes ****, respectivamente, por la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa para Delitos Relacionados con Notarios y Corredores Públicos dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, esto es, el veinticuatro de octubre del año en curso, el peticionario del amparo compareció ante la responsable a desahogar la diligencia programada para esa data, lo cual realizó antes de la presentación de la demanda de amparo (siete de noviembre del año en curso). Manifestación que constituye una confesión que hace prueba plena en su contra, conforme con lo establecido por los artículos 95, 99, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Es aplicable, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, Diciembre de 1993, en la página 857, Octava Época, del rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". Bajo ese tenor, si bien es cierto, los actos reclamados por el impetrante de amparo siguen subsistiendo formalmente, también lo es que el objeto o materia (obtener la comparecencia de una persona, en este caso, para desahogar diligencias ministeriales) por el que se originaron los mismos ha dejado de existir. En esas condiciones, toda vez que el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, el hoy quejoso compareció para desahogar las diligencias ministeriales por las que fue citado, se puede sostener que el entorno se ha modificado en tanto que a pesar de la subsistencia de los actos reclamados, éste no ha dejado huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a. XCIX/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, del tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." (Énfasis añadido). Así, podemos concluir que el motivo de improcedencia en análisis se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al amparista en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En las relatadas circunstancias, se colige que en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. No es óbice el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 33/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 622, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y COMPARECENCIA DE UN TESTIGO DE CARGO. NO OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SI DURANTE LA INSTRUCCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE ACTUALIZA EL DÍA SEÑALADO PARA EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA DE INTERROGATORIOS. Si el testigo de cargo incurre en desacato a los requerimientos formulados por la autoridad judicial para el efecto de desahogar la prueba testimonial, el juez de la causa estará facultado para emplear alguna medida de apremio para hacer cumplir su determinación, como por ejemplo, acudir al auxilio de la fuerza pública, hasta que dicha diligencia se lleve a cabo. De ahí que sea factible concluir que el verdadero objeto de una orden de localización y presentación de un testigo no consiste en que tenga lugar una diligencia en fecha y hora determinadas, pues si esto fuera así, la sola llegada de esa fecha daría por extinguida la facultad del oferente de la prueba y del juez para obtener el desahogo de la prueba; el objeto es obtener la comparecencia de una persona para que desahogue el interrogatorio formulado por el inculpado, a fin de tutelar su derecho a la defensa y cerrar la instrucción. De este modo, la situación jurídica del quejoso creada a partir del acto reclamado es la de ser considerado un testigo que ha incurrido en rebeldía para comparecer a juicio, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado, que consisten en aplicar una medida judicial de apremio hasta obtener el desahogo de un interrogatorio; todo lo cual legitima al quejoso para acudir al juicio de amparo y obtener, en su caso, una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Lo anterior, toda vez que dicho criterio no es aplicable al caso concreto, pues se refiere al supuesto en el que la persona citada no ha comparecido ante la autoridad responsable, por lo tanto, el apercibimiento para lograr esa comparecencia subsiste, por ejemplo, el uso de la fuerza pública, sin embargo, en el presente asunto, el aquí quejoso ya compareció ante la responsable a desahogar las diligencias respectivas, de ahí que no existen efectos materiales ni jurídicos que deban concretarse en la esfera jurídica del gobernado. Máxime que respecto a dichos actos reclamados, en todo caso, también se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley [.]" De los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del quejoso; es decir, para que sea procedente el juicio de amparo, la ley o el acto que reclame le deberá producir un agravio; siendo que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, radica esencialmente en la existencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo como puede ser para el primero, la libertad, la propiedad o la posesión, entre otros, o bien en el segundo por su situación jurídica inmediata a esos derechos. Cuando son transgredidos por un acto de autoridad, faculta a la persona afectada a demandar que esa violación cese, y se le restituya en el goce del derecho que fue infringido; así, la parte quejosa debe acreditar en forma plena que los actos de autoridad reclamados causan un perjuicio en sus derechos subjetivos, o situación jurídica cercana, de tal forma que si esta circunstancia no se encuentra fehacientemente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Ilustra lo asentado, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN. Son dos los supuestos que generan el interés jurídico: el primero de ellos es la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho proveniente de un acto de autoridad." Expuesto lo anterior, resulta evidente que los dos citatorios de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, emitidos en los expedientes ****, respectivamente, por la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa para Delitos Relacionados con Notarios y Corredores Públicos dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en los cuales se requirió al quejoso para que compareciera a las instalaciones de la autoridad responsable, el veinticuatro de octubre del año en curso, a efecto de llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial, sin que se le haya hecho ningún apercibimiento en caso de no comparecer; no constituye un acto que irrogue perjuicio a la persona -aquí quejoso- contra quien se libró, a menos que esa determinación vulnere directamente algún derecho subjetivo público o produzca una afectación de imposible reparación. Lo anterior es así, ya que las citaciones reclamadas únicamente tenían por objeto que el peticionario del amparo compareciera ante el Fiscal del Ministerio Público Investigador, a realizar una diligencia de carácter ministerial, sin que dichos citatorios contaran con apercibimiento alguno, lo que de ninguna forma produce algún agravio. Ello, en virtud de que las citaciones mencionadas, no ocasionaban un perjuicio en la esfera de derechos del quejoso como es el derecho a la libertad o algún otro, pues simplemente representaban un aviso de que aquél debía comparecer ante la autoridad ministerial para la práctica de una diligencia, respecto a lo cual, el quejoso se encontraba en posibilidad de informar a la autoridad responsable las razones que, en su caso, imposibilitaran su comparecencia. Además, la comparecencia transitoria del quejoso con el propósito de realizar la diligencia ordenada, no transgrede su derecho de libertad, pues considerar lo contrario, lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. Surte aplicabilidad al caso, la tesis aislada número II.2o.P.51 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 2601, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (registro 2015368), que literalmente dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." Sin que pase inadvertido que la parte quejosa refiera que al comparecer ante la autoridad responsable en cumplimiento a los citatorios reclamados, se le trató como responsable de algún delito por el tipo de preguntas que le formularon, y que no se le dio oportunidad de asistir acompañado de un abogado ni de nombrar a uno en el momento de la diligencia; toda vez, que conforme el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ministerio público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, así como que el desahogo de diligencias para tal fin, no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos. Aunado a que, como se dijo, al haber comparecido ante la autoridad responsable, dio cumplimiento a los citatorios de los que se duele, por tanto se destruyeron los efectos del acto reclamado, y, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni lo hará tampoco en forma posterior. En ese sentido, de conformidad con los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, así como a la naturaleza y fines del juicio constitucional, se colige que es insuficiente que se aduzca una violación a los derechos fundamentales del gobernado para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que dicha violación le produzca afectación en su esfera jurídica, lo que en el caso no acontece. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.) , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en Saltillo, Coahuila, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular". En consecuencia de lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia mencionadas, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la referida ley.

  4. Principal

    Agréguese a los autos únicamente el telegrama remitido por el Secretario de Estudios y Cuenta en Funciones de Secretario General de Acuerdos, por Ministerio de Ley, de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, residente en Pichucalco, Chiapas; para que obre como en derecho corresponda, sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento en relación a su contenido, en virtud de que en proveído de treinta de octubre del año en curso (foja 262), se proveyó lo conducente.

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