Eli Anahi Ortiz Cuevas
Expediente 1379/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1379/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Eli Anahi Ortiz Cuevas
- Congreso del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio número 140/2017-C, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del incidente de suspensión número 1379/2016, y testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca correspondiente al incidente en revisión administrativa 1351/2016, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, por conducto de su delegado ******************** en cuyo único punto resolutivo dice: "ÚNICO.- Se declaran sin materia el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, por conducto de su delegado, contra la resolución interlocutoria de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 1379/2016 de su índice." Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento a las partes que el recurso de revisión respecto de la resolución interlocutoria dictada con fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, fue declarado sin materia por la Superioridad. Por otra parte, visto el estado de los autos y advirtiéndose de los mismos, que mediante auto de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia definitiva de fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis; reservándose el archivo del presente asunto, por encontrarse pendiente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, por conducto de su delegado ********************, contra la resolución interlocutoria de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de suspensión; en consecuencia, por las razones expuestas en párrafos precedentes; se ordena glosar a los presentes autos el cuaderno original y cuadernillo de la presente pieza incidental al juicio principal de donde emanan, para todos los efectos legales procedentes. Provéase lo conducente en el cuaderno original del incidente de suspensión; y procédase a la destrucción del duplicado una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo con fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, en la que se determinó sobreseer el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; para todos los efectos legales a que haya lugar. De lo anterior, hágase del conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito; en razón del recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, por conducto de su delegado, contra la resolución interlocutoria de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, pronunciada en el cuaderno incidental derivado del presente juicio de amparo; mismo que quedó registrado con el número de toca A.R. 1351/2016; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En esas condiciones, se reserva ordenar el archivo del presente asunto, así como glosar los cuadernos incidentales relativos; hasta en tanto, lo permita el estado de los autos del citado incidente de suspensión. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciséis; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las doce horas con treinta y nueve minutos del veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, hora y día señalado para el verificativo de la audiencia constitucional, en audiencia pública el Licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe, se inició la Audiencia Constitucional del juicio de amparo número 1379/2016, promovido por Eli Anahí Ortiz Cuevas, por su propio derecho; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Sin que exista promoción pendiente por acordar, se procede a abrir el periodo probatorio. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, las documentales exhibidas por la parte quejosa como anexo a su demanda, medios de convicción que serán tomados en cuenta al momento de emitir el fallo constitucional que conforme a derecho corresponda. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede abrir el periodo de alegatos, en el que se hace constar ninguna de las parte los formuló; y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no presentó pedimento. A lo que el Juez acuerda: Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por terminada la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1379/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibido el día hábil siguiente en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Eli Anahí Ortiz Cuevas, por su propio derecho, promovió demanda de garantías, contra actos del Congreso Legislativo del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno del Estado de Morelos y Director del Periódico Oficial del Estado de Morelos y Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, de quienes reclamó diversos actos que quedaron plasmados en el escrito inicial de demanda. Actos que estima violatorios en su perjuicio de las garantías individuales consagradas en los artículos 1°, 6, 7, 9, 11, 14, 16, y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos preceptos de instrumentos internacionales. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías; por auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, previo desahogo de la prevención efectuada, se admitió a trámite, se registró con el número 1379/2016; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 y 35 de la Ley de Amparo, relación con los numerales 48 y 52, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales números 3/2013 y 15/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación; además por tratarse de un asunto en materia administrativa en el que se reclaman actos de autoridades que residen dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados en el presente juicio, en cumplimiento además a los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los cuales se hacen consistir en: El decreto publicado el veintidós de julio de dos mil dieciséis, dentro del Periódico Oficial la iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Morelos y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. La violación a su derecho de defensa, al no haber sido oído y vencido para privarlo de sus derechos permisionados y/o concesionados. La falta de motivación y fundamentación legislativa de los actos administrativos llevados a cabo por el Congreso Libre y Soberano del Estado de Morelos, a través de la aprobación de todos y cada uno de los diputados, contenidos en el decreto publicado el veintidós de julio de dos mil dieciséis. La violación a los artículos 1°, 6, 7, 9, 11, 14, 16, y 22 Constitucionales en su perjuicio. TERCERO. De acuerdo con la técnica que rige el juicio de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en particular, para que, de ser procedente el juicio, pronuncie la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61, de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causas de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia XVII.2o. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, página 68, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. En ese sentido, las responsables Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario General de Gobierno del Estado de Morelos y Director del Periódico Oficial del Estado de Morelos, al rendir sus informes justificados aceptaron en esencia, la existencia de los actos reclamados. Por tanto, se tienen plenamente probados los actos reclamados al tenor de la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, negó los actos que se les atribuyen. CUARTO. Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación la tesis Jurisprudencial 11.10.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Octava Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro: 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, el suscrito juzgador advierte que se actualizan de oficio algunas causas de improcedencia; sin embargo, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, en términos lo previsto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, pues sólo existe obligación de notificar al quejoso en los juicios de amparo indirecto en revisión o segunda instancia, así como en el recurso de queja que se interponga en contra del desechamiento de la demanda. Orienta al criterio anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federa,, publicada en la página 2660, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, del tenor literal siguiente: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." En efecto, en el caso, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6°, del mismo ordenamiento legal, respecto del acto de aplicación de los artículos que el quejoso tacha de inconstitucionales, por las consideraciones que se exponen a continuación. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos establece: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.". El precepto legal 6° de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]. Mientras que el numeral 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en sus fracciones XII y XXIII disponen que el juicio de amparo es improcedente: ".XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción I del mismo ordenamiento, dice que el juicio de amparo debe pedirse al Juez de Distrito: "Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." La intelección de los preceptos legales apuntados, permite establecer que el ejercicio de la acción constitucional, está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la Ley. La noción perjuicio, para que proceda la acción constitucional; presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo; debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos, a través de una o varias de sus normas. En otros términos, la procedencia de la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, cuya incidencia en la esfera jurídica de la entidad moral o física quejosa, constituye el interés jurídico que, entre los intereses que pueden concurrir en un gobernado para que sea jurídico y por consiguiente legalmente protegido, precisa estar reconocido y amparado por la norma legal (derecho positivo vigente); de tal manera que cuando con los actos de autoridad se afecte ese derecho, irrogue un agravio real, personal y directo así como actual en esa esfera jurídica, que resiente una lesión o un perjuicio en el derecho del que es titular y que resulta conculcado. En apoyo a los razonamientos que se esgrimen, es oportuno citar el criterio que informa la Tesis Jurisprudencial 1º.A.J/17, publicada en la página treinta y cinco de la Gaceta número sesenta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclama tendrá por incidir en relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se cite sólo proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". Ahora, el interés jurídico o legítimo representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las normas generales o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio de derechos fundamentales, por lo que aquel debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de amparo resulta improcedente. Apoya lo anterior, la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, de rubro y contenido: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Igualmente, la acción constitucional únicamente compete a aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violen los derechos contenidos en el artículo 1° de la ley de la materia y, con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; por consiguiente, solo tiene interés jurídico o legítimo a quien la norma le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad; asimismo, que el interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cinco de junio de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, sostuvo que en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, han existido diversos pronunciamientos a través de los cuales y mediante la incorporación del interés legítimo, se han interpretado diversas figuras jurídicas. De ahí que, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no solo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Tomando en consideración los elementos abordados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible establecer que las notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, sean las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no solo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. En suma, se estima que el criterio contenido en la presente sentencia resulta acorde a la finalidad del juicio de amparo a la luz del principio pro persona, pues mediante el mismo se amplía la protección a los derechos fundamentales, al permitir un mayor acceso a tal medio de control de constitucionalidad, situación que redunda de forma directa en un respeto al nuevo paradigma en materia de derechos humanos que el Constituyente Permanente consagró en nuestro Texto Constitucional desde junio de dos mil once. Los anteriores razonamientos se plasmaron en la jurisprudencia consultable en la foja 60 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, que versa: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Por otra parte, cabe señalar que tratándose de leyes, el interés legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, pues el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, establece las bases de la procedencia del juicio constitucional cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas o de individualización incondicionada), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas o de individualización condicionada). Así, todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar las leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general: con motivo de su sola vigencia o contra el primer acto de aplicación. En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin necesidad de algún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa, y entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el primer párrafo del artículo en cita. Para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, es necesario acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección de la justicia Federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, de terceros que actúan en su auxilio, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados por actualizarse sus supuestos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada a foja 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Julio de 1997, cuyo contenido es: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Igualmente tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 148 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, con el rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico". Acotado lo anterior, como se señaló en la precisión del acto reclamado, la parte quejosa controvierte el Decreto número novecientos noventa y dos, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Morelos y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de la citada entidad federativa, el veintidós de julio de dos mil dieciséis, específicamente los artículos, 26 bis y 26 ter, 38 Bis, 38 Ter, 38 Quater, 54, 54 Bis y 54 Ter, todos de la Ley de Transporte. Lo anterior, por considerar la parte solicitante de derechos fundamentales que las citadas normas son de carácter autoaplicativo; sin embargo, a criterio de este órgano jurisdiccional, no todas ellas comparten esa misma naturaleza jurídica y, por tanto, no se puede aceptar que en su conjunto se esté frente a disposiciones que vinculen a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia. Para evidenciar por qué se considera que la causa de improcedencia que nos ocupa impide abordar el análisis de ciertos numerales, se estima pertinente realizar los siguientes razonamientos. Con base en lo anterior, es dable concluir que del Decreto número novecientos noventa y dos, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Morelos y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de la citada entidad federativa, el veintidós de julio de dos mil dieciséis, solamente los artículos 26 bis y 26 ter, 38 Bis, 38 Ter, 38 Quater, 54, 54 Bis y 54 Ter, todos de la Ley de Transporte, son de naturaleza autoaplicativa, en razón de que desde el inicio de su vigencia crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, como se expondrá a continuación. En efecto, del análisis de los preceptos respectivos, se observa que el legislativo local previó que correspondía a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, la implementación de un sistema de transporte masivo que permita el traslado del mayor número de usuarios en tiempos cortos y largos trayectos, con visión regional y conurbada, cuyas características en la prestación del servicio sean la seguridad, la comodidad y la confiabilidad, utilizando vehículos adecuados para tener emisiones contaminantes atmosféricas reducidas. Asimismo, la reforma estableció que el Sistema Integrado de Transporte Masivo fungiría como medio de coordinación de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, con las autoridades y dependencias federales, precisando que en aquel sistema se incluirían a los sectores social y privado, así como que a través del mencionado sistema se coadyuvaría a desarrollar un servicio accesible a la mayoría de la población, para que tuviera como objetivos: Gestionar proyectos de infraestructura de transporte masivo con alta rentabilidad social, en sus diversas modalidades, que permitan acciones de cofinanciamiento con las autoridades locales, propiciando la participación de la inversión privada, y; Promover el fortalecimiento institucional de las autoridades locales en materia de planeación, regulación y administración de sistemas integrados de transporte público urbano, conurbado, metropolitano y suburbano. De igual forma, la reforma reclamada también previó que las concesiones para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros con o sin itinerario fijo, en zonas metropolitanas y corredores troncales, solo se otorgaría a las personas morales constituidas en empresas, para lo cual se precisó que las personas físicas que fueran titulares de concesiones, preferentemente morelenses, podrían incorporarse, o bien, conformarse en personas morales constituidas como empresas, con la aportación en goce al equivalente de su concesión; personas morales a quienes se les autorizaría y ampararía la cantidad de vehículos que arrojen los estudios de factibilidad realizados en la zona donde habrá de prestarse el mencionado servicio. Así, lo antes señalado conduce a estimar que las citadas porciones normativas, tal como lo refirió la parte accionante del amparo, son de naturaleza autoaplicativa, en razón de que desde el inicio de su vigencia crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho relacionadas con el otorgamiento de las concesiones de transporte público masivo de pasajeros con o sin itinerario fijo, en las zonas metropolitanas y corredores troncales, únicamente a las personas morales constituidas en empresas, excluyéndose de la prestación de dicho servicio, en forma definitiva, a las personas físicas. Sin embargo, la parte agraviada carece de interés para impugnar dichas normas, ya que no justificó el carácter con el que se ostentó en su demanda, esto es, no acreditó ser concesionaria de transporte público de pasajeros con itinerario fijo. Previo a establecer las razones de por qué se afirma que la parte quejosa no acreditó el carácter de concesionaria, cabe precisar en relación a la naturaleza autoaplicativa de las normas reclamadas, que si bien dicha calificación parte del contenido de la limitante que establece el artículo 54 Bis de la Ley de Transporte Público, consistente en restringir el otorgamiento de las concesiones para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros con o sin itinerario fijo en zonas metropolitanas y corredores troncales únicamente a las personas morales constituidas en empresas, es incuestionable que el resto de las porciones normativas reclamadas, esto es, las contenidas en los numerales 26 Bis y 26 Ter, 38 Bis, 38 Ter, 38 Quater, 54 y 54 Ter, de la propia ley, que regulan diversos aspectos del sistema de transporte masivo de pasajeros gozan de la misma naturaleza autoaplicativa dada su íntima relación entre sí, pues conforman un sistema o unidad normativo, lo que da pauta a que vía amparo puedan reclamarse de manera conjunta. Hecha la precisión que antecede, ahora se impone, como se adelantó, establecer por qué la parte quejosa no acreditó su interés jurídico, esto es, su carácter de concesionaria de transporte público de pasajeros con itinerario fijo, para lo cual se tienen a la vista las pruebas que adjuntó a su demanda y que consisten en: De la factura número 5220, que ampara el vehículo marca Mercedes Benz, Modelo Boxer 440 Marco Polo, MBO 1019/44, a nombre de la quejosa. Copia certificada del recibo con número de folio 3170047, expedido por la Subsecretaría de Ingresos de la entonces Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos, el doce de agosto de dos mil diez (foja 21), por pago de tarjetón de circulación para microbús y renovación de concesión de servicio público con itinerario fijo, por un periodo de diez años. Copia certificada del tarjetón de autorización para prestar el servicio de transporte público correspondiente al año de dos mil quince (foja 53). Documentales anteriores que tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, pues fueron ofrecidos en copia certificada por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, es decir, un fedatario público -notario-. Sin embargo, ninguna de las documentales en mención son suficientes para acreditar el carácter con el que se ostentó la parte quejosa, esto es, como concesionaria del servicio de transporte público de pasajeros con itinerario fijo, pues para ello era necesario que exhibiera tanto el título de la concesión vigente como el tarjetón que autoriza la prestación del servicio para el año dos mil dieciséis. En efecto, si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58, párrafo primero, de la Ley de Transporte Público, las concesiones relativas al servicio de transporte público de pasajeros, entre otros, que refiere el arábigo 33 del mismo ordenamiento, tendrá una vigencia de diez años, al término del cual el titular de la concesión tendrá la obligación de renovarla por igual período, siempre y cuando el concesionario haya cumplido las obligaciones previstas en la ley; también es cierto que la propia norma establece en el diverso 60, que los concesionarios están obligados a mantener la vigencia de la concesión mediante su refrendo anual, lo que a su vez los obliga también a refrendar el tarjetón de autorización previo acreditamiento de la revista mecánica, pues puede darse el caso que aun cuando se hubiera otorgado una concesión por diez años aquella pudiera haber caducado, por ejemplo, por no refrendar a tiempo el pago del tarjetón, como lo dispone el arábigo 69, fracción II, de la Ley de Transporte Público. Por tanto, las documentales exhibidas por la parte solicitante de derechos fundamentales carecen de eficacia demostrativa para justificar la afectación de un derecho subjetivo de manera personal y directa a su favor, presupuesto indispensable para la procedencia del juicio de amparo; lo anterior en términos de lo dispuesto por el numeral 60 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, en relación con los diversos 44, 56 y 61 de la propia norma, pues, se insiste, si la parte afectada se ostentó como concesionaria de transporte público de pasajeros con itinerario fijo, tenía la carga de demostrar que cuenta con un título de concesión vigente y tarjetón de autorización para prestar el servicio respectivo, es decir, que es titular de un derecho tutelado por la ley, lo que en la especie no aconteció. De ahí que, se insista, si la parte quejosa acudió como concesionaria de transporte público de pasajeros con itinerario fijo, debió justificar su interés jurídico mediante la exhibición de la concesión vigente y el tarjetón de autorización para la prestación del servicio correspondiente al año dos mil dieciséis, por lo que, al no haberlo hecho así, resulta improcedente la presente acción constitucional. Apoya lo aquí considerado, la jurisprudencia consultable a foja 17 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 82, Octubre de 1994, cuyo tema es: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." También son aplicables por identidad de razón, las tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que disponen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CARECE DE ÉL QUIEN SE OSTENTA CONCESIONARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, PERO NO EXHIBE EL TÍTULO DE CONCESIÓN CORRESPONDIENTE O ALGÚN OTRO DOCUMENTO QUE EVIDENCIE JURÍDICAMENTE EL DERECHO SUBJETIVO CONSAGRADO EN SU FAVOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Si una persona se ostenta como concesionaria del servicio público de transporte en el Estado de Michoacán, para acreditar su interés jurídico -no legítimo- en el amparo, es necesario que exhiba el título de concesión que la identifica precisamente con esa calidad, y aun cuando fuera materialmente imposible exhibir el título, es necesario algún otro documento que evidencie jurídicamente el derecho subjetivo consagrado en su favor, como puede ser alguna prueba que llevara al conocimiento de que se verificó el procedimiento que culminó con la resolución del titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad, en la que acordó favorable la solicitud que, en su momento, formuló, conforme al artículo 19 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, o con diversa constancia expedida por la autoridad administrativa competente, en la que se certifiquen aquella calidad y los términos de la concesión, de acuerdo con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." (Décima Época, Registro: 2005266, Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia Común, Página: 2678) "CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. EL FORMATO MÚLTIPLE DE PAGO DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN ANUAL, CANJE DE PLACAS Y REFRENDO ANUAL DE CALCOMANÍA, NO CONSTITUYE EL TÍTULO CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Tal formato sólo se extiende para el pago de contribuciones que son enteradas y recibidas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la oficina recaudadora correspondiente, pero no constituye el título de concesión del servicio público de transporte, como tampoco puede considerarse como prueba fehaciente para acreditar el carácter de concesionario, porque sólo justifica su contenido, esto es, el propio pago ante la autoridad recaudadora de diversas cantidades y conceptos, ya que aquella calidad se adquiere mediante un acto administrativo expreso del Estado." (Décima Época, Registro 2005264, Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia Administrativa, Página: 2678) Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades aquí precisados. En razón de la actualización de la causal de improcedencia analizada, resulta innecesario pronunciarse sobre las diversas hechas valer por las autoridades responsables en el presente juicio de derechos fundamentales, pues el abordar su estudio resultaría irrelevante, dado que el sentido del fallo no cambiaría. En virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis de fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 117, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eli Anahí Ortiz Cuevas, por su propio derecho, contra los actos y autoridades señalados en el resultando primero de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando cuarto de ésta. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; asistido de Rosa María Luna Mercado, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos y advirtiéndose de los mismos que se encuentra transcurriendo el término a la parte quejosa para imponerse del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable Director General Jurídico de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos; a fin de no violentar el procedimiento en esta contienda constitucional y proteger la equidad procesal de las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su desahogo. Al caso, resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 54/2000, que aprobó la contradicción de tesis 29/98-PL, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha veintinueve de marzo del año dos mil, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE. EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("el juez podrá diferir o suspender la audiencia según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,"), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito deber diferir, de oficio y por y una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la Ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aún cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
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