ELGA TULA MORENO y Otros.

Expediente 82/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
82/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • ELGA TULA MORENO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado el mencionado proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo propuesta y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Escrito de demanda signado electrónicamente por José Carlos Percino Pérez, quien promueve como representante común de +++++y +++++. Vista la demanda de amparo que promueve ++++, en favor de+++++y ++++, contra actos del Juez de Control del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como 82/2021. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Como cuestión previa, resulta necesario precisar que esencialmente los actos reclamados por el promovente en la demanda de amparo son las órdenes de aprehensión, presentación o búsqueda giradas en contra de las citadas quejosas, esto es, se aprecia como punto de base que el promovente de amparo aduce hacerlo en favor +++y ++++, enfatizando hacerlo en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, este juzgado federal estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, de la Ley de Amparo, aplicados a contrario sensu De los numerales trascritos, se aprecia que uno de los principios rectores del juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, el cual implica que el acto reclamado debe causar un perjuicio a quien solicita la protección constitucional. Este principio está vinculado con el concepto de interés jurídico, que se refiere a la titularidad de los derechos afectados por el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos puede ocurrir al juicio constitucional, y no otra persona, mientras que la afectación a dicho interés se presenta cuando la autoridad produce un menoscabo en ese derecho subjetivo. Afectación que debe ser real, susceptible de apreciarse objetivamente. Ello, en concordancia con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando alguna autoridad emita un acto que no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, lo que implica que en todo caso, el proceder del órgano de gobierno, para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de generar perjuicio al gobernado, esto es, que exista un derecho que pueda resultar violado con el acto reclamado, lo que de no actualizarse en el caso concreto, tendría como consecuencia la improcedencia del amparo al no generarse el perjuicio como requisito indispensable para la procedencia de dicho derecho constitucional. En efecto, conviene precisar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su interés jurídico, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es así como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama; por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo es necesario que haya un perjuicio a la parte quejosa o agraviada. En consecuencia, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Así, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados por el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos puede ocurrir al juicio constitucional y no otra persona. Luego, la carga de la prueba de la existencia del interés jurídico corresponde a la parte quejosa, toda vez que es suya la intención de poner en actividad al órgano de control constitucional; por tal motivo, quien solicita el amparo tiene la obligación de demostrar de manera plena que el acto reclamado produce una afectación a su esfera jurídica, esto es, que le irroga un agravio personal y directo. Luego, la existencia del agravio personal y directo es una condición de existencia sine qua non de la acción de amparo, ya que sólo puede intentarse por aquél a quien perjudique el acto reclamado. Sentado lo anterior debe decirse, que para que se produzca el agravio mencionado deben existir los siguientes elementos: a) El material u objetivo, que consiste en el daño o perjuicio inferido a cualquier gobernado. b) El subjetivo pasivo, que lo integra la persona a quien la autoridad infiere el agravio. c) El subjetivo activo, es aquel en donde la autoridad realiza un hecho positivo o negativo perjudicando al gobernado. d) El formal, que consiste en el precepto constitucional que ha sido violado por la autoridad que realiza el agravio al gobernado, y que está tutelado por el juicio de amparo. Esto es, el interés jurídico se hace consistir en el derecho que les asiste a los particulares para reclamar, en la vía de amparo, cualquier acto de autoridad perpetrado en contra de éstos, que repudien violatorio de sus derechos fundamentales; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses; en ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, el sujeto que posee esta titularidad, puede ocurrir al juicio de amparo a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio, pero no otra persona. El criterio jurisprudencial citado tiene el efecto de dilucidar si el impetrante del amparo tiene interés jurídico para acceder al juicio constitucional en comento, por lo que debe examinarse la validez de los documentos o probanzas en que se sustente aquel interés jurídico. En ese entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto específicamente, puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente; por el contrario, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que, la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, en términos del artículo 6 de la ley de la materia. Ahora, atendiendo a los principio rectores del juicio de amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y como única excepción, se podrá promover el juicio de amparo por conducto de cualquier otra persona a su nombre, en los casos establecidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, cuando el acto que se reclame sea de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, así como la incorporación forzosa al ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, hipótesis que en el presente asunto no se presentan. No obstante lo antes expuesto, debe señalarse que la demanda de amparo que se provee es notoriamente improcedente, en virtud de que en el caso concreto, el promovente del amparo, además, refiere acudir al mismo en términos del artículo 15 de ley de la materia, señalando expresamente en el capítulo IV, relativo al acto reclamado, las órdenes de aprehensión, presentación o búsqueda giradas en contra de las quejosas Elga Tula Moreno y María Aneci Tula Moreno, por alguna de las autoridades señaladas como responsables, asimismo, de la lectura integral del capítulo de antecedentes de dicho libelo también se advierte con meridiana claridad que las citadas quejosas gozan de su libertad; por tanto, resulta evidente que el promovente de la demanda carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo, y contrario a lo manifestado, en el caso que nos ocupa, no se advierte alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo. De tal suerte, que como se había adelantado, es indudable la improcedencia del juicio de amparo promovido por ++++, en favor de ++++++y ++++, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, en contra de los actos que pretende reclamar en esta instancia. Por lo que este órgano de control constitucional de oficio estima que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, del mismo ordenamiento legal, y con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 26, fracción IV, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la vía electrónica, que podrá consultar a través del usuario +++, sin que haya lugar a tener como tales el teléfono celular y correo electrónico que proporciona para ese efecto, en virtud de que dichos medios no están contemplados en el artículo 26 de la Ley de Amparo; sin embargo, se toma nota de ellos como medios de comunicación no procesales, a fin de que pueda establecerse el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. Se hace de su conocimiento que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo que así lo ordene. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios adscritos que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, asienten la razón respectiva a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II de la ley de la materia. En ese sentido, se comisiona al Analista Jurídico SISE para que proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario ++++para la consulta del expediente electrónico. Asimismo, se tiene por autorizado en los amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a +++++, toda vez que tiene registrada cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ahora, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada, si así se señala. Se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos. Finalmente, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,713 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano