Elga Mia Rodriguez Reyes
Expediente 1785/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1785/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 05/03/2018
Partes del expediente
- Elga Mia Rodriguez Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
ii. Toluca, Estado de México; cinco de marzo de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso Elga Mia Rodríguez Reyes, no recurrió la sentencia de doce de febrero de dos mil dieciocho, por la cual se sobreseyó en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Por lo tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto de referencia). El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, fracción III párrafo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.
- Incidental
II. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso Elga Mia Rodríguez Reyes, no recurrió la sentencia de doce de febrero de dos mil dieciocho, por la cual se sobreseyó en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Por lo tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto de referencia). El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, fracción III párrafo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Lo que se transcribe para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1785/2017-IV, promovido por Elga Mía Rodríguez Reyes, contra actos del Juzgado Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, Estado de México, y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Elga Mía Rodríguez Reyes solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades siguientes: Actos reclamados: "1. La notificación y emplazamiento derivados del procedimiento especial de divorcio incausado, que bajo el número de expediente 1635/17, ordenó realizar el Juzgado Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, México y que supuestamente debió efectuar el C. Ejecutora adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, México. 2. Todos los autos, decretos, resoluciones, así como la sentencia o sentencias interlocutorias y definitivas que se hayan dictado en el expediente 1635/2017, del Juzgado Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, México. 3. Todos los posteriores que hayan sido consecuencia de la ilegal notificación y emplazamiento. 4. De la autoridad ejecutora reclamado la ejecución de todos los actos que reclamo de la ordenadora." Autoridades responsables: "a) El Juez Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, México, como ordenadora. b) El Ejecutor adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, México, como ejecutora." SEGUNDO. Derechos humanos invocados. La quejosa señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de quince de noviembre de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, además, requirió informe justificado a las autoridades responsables, ordenó el emplazamiento a juicio de los terceros interesados, otorgó intervención al representante social de la adscripción, y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del precedente y concluye con el dictado de la esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ya que la quejosa controvierte su citación a un procedimientos jurisdiccional, cuya responsable reside dentro del ámbito territorial de este órgano de control de la constitucionalidad. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado por Elga Mía Rodríguez Reyes es: El emplazamiento que le fue practicado al juicio especial de divorcio incausado 1635/2017, tramitado ante el Juzgado Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, Estado de México, así como las consecuencias del mismo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. El Juez y Ejecutor adscritos al Juzgado Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, Estado de México, al rendir informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 13 y 15). Aspecto corroborado con las constancias remitidas por dichas responsables, consistentes en copias certificadas del juicio especial de divorcio incausado 1635/2017. Documentales a las cuales se concede valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos al ejercer sus funciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sobre el particular se cita la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Las constancias del juicio especial del cual emerge el acto reclamado revelan los antecedentes siguientes: 1) Mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Civil de Ixtlahuaca, Estado de México, Enrique Montes de Oca Miranda solicitó la disolución del vínculo matrimonial que lo unía con Elga Mía Rodríguez Reyes (foja 21). 2) Esa demanda fue radicada por el Juez Civil Supernumerario de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, como juicio especial de divorcio incausado 1635/2017, el cual fue admitido a trámite en proveído cinco de agosto de dos mil diecisiete, y en dicho auto el juez mencionado ordenó hacer del conocimiento ese proceso a Elga Mía Rodríguez Reyes (foja 33). 3) La citación a ese contradictorio de Elga Mía Rodríguez Reyes, se llevó a cabo el once de septiembre de dos mil diecisiete (foja 36). 4) La primera audiencia de avenencia tuvo lugar el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete; la segunda se llevó a cabo el diecinueve de ese mes y año, en ella, el juez responsable declaró disuelto el vínculo matrimonial, otorgó a los contendientes un plazo de cinco días para que formularan demanda sobre los puntos sobre los cuales no hubo consenso y decretó las medidas provisionales que estimó se actualizaban en el particular (fojas 49 y 51). 5) Mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, el juez responsable declaró precluido el derecho de la quejosa para oponer defensas y excepciones, así como ofrecer medios probatorios; razón por la cual, fijó el quince de enero de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia inicial en ese contradictorio (foja 71). La citación a ese contradictorio, así como sus consecuencias constituyen los actos reclamados en este juicio de amparo. QUINTO. Causa de improcedencia actualizada. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." La impetrante constitucional Elga Mía Rodríguez Reyes, se ostenta tercera extraña equiparada al juicio especial de divorcio incausado 1635/2017, radicado ante el Juzgado Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, Estado de México, pues afirma que no obstante de habérsele practicado el emplazamiento a dicho sumario, no cumplió con las formalidad que la ley rectora estable para ese tipo de diligencias; proceso que aún no concluye, pues se fijó el quince de enero de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia inicial. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterio en el sentido que si en el juicio de amparo, el promovente controvierte el emplazamiento que le fue practicado en un contradictorio, pero dicho proceso no ha concluido con sentencia, como parte formal en el juicio puede impugnar la violación procesal indicada a través del incidente de nulidad de actuaciones, previo a que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo, y esa circunstancia hace que carezca del carácter de tercero extraño equiparado con que se ostentó. Por su aplicación al caso se cita la jurisprudencia 3a./J. 19/92, publicada en la página 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 58, Octubre de 1992, Materia Común, Octava Época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 206784, que establece: "PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIENES TIENEN ESE CARÁCTER, EN MATERIA CIVIL. Tomando en cuenta que tercero extraño es aquél que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo." Así como la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), publicada en la página 1627, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 2000293, que establece: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Sobre el particular se cita la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), publicada en la página 729, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 2004274, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Ahora, como la quejosa Elga Mía Rodríguez Reyes no es extraña el juicio de origen, por ser la persona de quien se solicitó la disolución del vínculo matrimonial, está obligada a ajustarse a los preceptos legales que regulan el procedimiento de que se trate, es decir, puede y debe hacer uso de los medios ordinarios de impugnación. En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: (...)" La quejosa Elga Mía Rodríguez Reyes controvierte en este juicio constitucional, el emplazamiento que le fue practicado al juicio especial de divorcio incausado 1635/17, tramitado ante el Juzgado Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, Estado de México, así como las consecuencias derivadas del mismo. Sin embargo, como ese proceso aún no ha concluido, como se advierte de las copias certificadas de las constancias del juicio de origen, mismas que fueron remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, por tanto, el acto reclamado no reúne el requisito de definitividad para la procedencia del juicio de garantías, ya que en su contra procedía interponer el incidente de nulidad de actuaciones, como un medio ordinario de defensa, que tiene por objeto nulificar o modificar la actuación señalada como acto reclamado. En efecto, contra la diligencia reclamada procedía el incidente de nulidad de actuaciones como medio de defensa, pero los autos naturales revela que la hoy quejosa fue omisa en hacer valer ese medio de defensa en su contra, para con ello observar el principio de definitividad que rige en la materia, como requisito de procedencia del juicio de amparo. Por su aplicación al case se cita la jurisprudencia VI.2o. J/30, II, publicada en la página 376, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1995, Novena Época número de registro 203912, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA FALTA O ILEGALIDAD DE UNA NOTIFICACIÓN, CUANDO NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD. El amparo es improcedente si el acto que se reclama se hace consistir en la falta o ilegalidad de una notificación hecha antes de pronunciarse sentencia, pues dicho acto puede tener un remedio ante la autoridad del orden común mediante el incidente de nulidad establecido en el Código de Procedimientos Civiles." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia III.1o.C. J/34, visible en la página 1041, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, Novena Época, número de registro 185542, cuyo tenor dispone: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación el artículo 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de amparo procede sobreseer en el presente juicio de amparo. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a respecto de las autoridades y demás actos derivados del emplazamiento, pues los mismos no se reclamaron por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y motivado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1785/2017-IV, promovido por Elga Mía Rodríguez Reyes, contra los actos reclamados del Juez Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, Estado de México, y otra autoridad, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario de Juzgado, José Antonio Ruiz Rosales, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
iv. Toluca, Estado de México; dos de febrero de dos mil dieciocho. Por recibido el escrito de cuenta, a través del cual la quejosa Elga Mia Rodríguez Reyes, ofrece las siguientes pruebas: 1. La Testimonial a cargo de los señores: Josefina Cañas Torres y Lázaro Reyes Castañeda. 2. Contrato de luz número 303170502674, manzana 18, Lote 03, casa 2731, Código Postal 5, Rancho San Juan, Mina México, La Loma, Código Postal 50903, rancho San Juan, México. 3. Contrato de servicio de Cable SKY, número de cuenta 501204544768, manzana 18, Lote 03, casa 2731, Rancho San Juan, Mina México, La Loma, Código Postal 50903, Rancho San Juan, México. 4. Contrato de servicio de Cable Dish, número de cuenta 02902081762010, manzana 18, Lote 03, casa 2731. Código Postal 5, Rancho San Juan, Mina México, La Loma, cp. 50903, rancho San Juan, México. Al respecto, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciados los medios de convicción indicados con los números del 2 al 4; con ellos deseé nueva cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo respecto a la prueba marcada con el número 1, consistente en la testimonial, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo se desecha al prueba citada, pues como se advierte de autos, la prueba de mérito se encuentra ofrecida fuera del plazo señalado en el artículo 119 de la ley de la materia, ya que en auto admisorio de quince de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 6 a 10), se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional (programada para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del trece de diciembre de dos mil diecisiete); por tanto, si su escrito de prueba lo ingresó el uno de febrero actual, no se ofreció con cinco días hábiles de anticipación al trece de diciembre de dos mil diecisiete (fecha inicialmente señalada para la celebración de la audiencia constitucional). Así las cosas, resulta que si no se ofreció con la debida anticipación a la primer fecha señalada para la audiencia constitucional, precluyó el derecho procesal de la parte quejosa para ofrecer la prueba testimonial de mérito. Ello pues, la parte oferente ya tenía conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al plazo señalado en el citado artículo 119, y se toma como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluído su derecho por su abandono. De lo que se concluye que cuando no se ofrece oportunamente las pruebas para la primera audiencia, ya no pueden ofrecerse posteriormente para la segunda, porque ya se perdió el derecho de hacerlo. Por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte. Sobre lo expuesto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 7/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 53 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, Materia Común, Novena Época, con número de registro 200200, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales que autoriza, firma y da fe.
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