Elfega Hernández Peralta
Expediente 1027/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1027/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Elfega Hernández Peralta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio de la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el que solicita se devuelva el expediente original TCA/SRA/II/364/2012, que anexó a su informe justificado; sin embargo, dígase a la oficiante que el aludido expediente se glosó al juicio de amparo 1050/2016, promovido por Elfega Hernández Peralta, del índice de éste órgano jurisdiccional, motivo por el cual deberá promover en éste lo que a su interés legal convenga.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días, sin que la quejosa haya recurrido el proveído de once de noviembre de la presente anualidad, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo... Por ende, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este expediente por ser un asunto concluido...
- Principal
Vistos; agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de la quejosa Elfega Hernández Peralta; como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa las copias que indica en su ocurso, ...
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, once de noviembre de dos mil dieciséis. Vistos; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y exhibe el original del tercer tomo del expediente TCA/SRA/II/364/2012, de las que se obtiene en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que es de estudio preferente según lo establecido en ese precepto; el numeral invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" En efecto, en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, tal como se explica. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de aquél, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano infringido, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Conforme al texto legal citado, el juicio de amparo es improcedente en caso de que el acto reclamado, aun siendo existente al momento de la instauración del propio juicio constitucional, cese en sus efectos durante la secuela de éste, pues en tal evento la parte quejosa deja de verse afectada en su esfera jurídica, lo que a la postre hace innecesario examinar la constitucionalidad del acto reclamado, precisamente porque ningún efecto legal produce este último. En ese orden, se tiene que por escrito recibido el veinte de octubre de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitido el mismo día a este Juzgado Segundo, Elfega Hernández Peralta, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se indican: "AUTORIDAD RESPONSABLE: C. Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con domicilio... ACTOS RECLAMADOS: De la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo residente en Acapulco, Guerrero, se reclama lo siguiente: a).- La negativa para dictar acuerdo a mi escrito fechado y presentado el día 5 de septiembre del año 2016 en el que interpongo el recurso de revisión en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 10 de agosto del año 2016, en el juicio contencioso administrativo número TACA/SRA/II/364/2012 promovido por la suscrita en contra del C. Contralor General del Estado, figurando como terceros interesados el C. Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Directora General de Fiscalización y Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y la C. Agente del Ministerio Público Adscrita a la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como la abstención u omisión para dar trámite al recurso de revisión aludido." La parte quejosa narró los antecedentes del caso, expuso el concepto de violación que estimó pertinente y señaló como vulnerados los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En auto de veinte de octubre del presente año, se admitió la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó dar la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, de la documental que exhibe la magistrada responsable, a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, emitió un proveído en el que se pronunció respecto del escrito que presentó la aquí quejosa Elfega Hernández Peralta, el cinco de dicho mes y año, el que se le notificó el veinticinco de octubre siguiente. Por ende, la omisión de la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede en esta ciudad, a dictar acuerdo a dicho escrito en el expediente natural antes precisado, ha quedado subsanada con la emisión del proveído especificado en el párrafo que antecede y la notificación de éste. En ese contexto, claro resulta que cesaron los efectos del acto reclamado, puesto que si bien en un inicio la esfera jurídica del impetrante de amparo se vulneró con la omisión de la autoridad responsable, después de que se dictó el acuerdo correspondiente en fecha seis de octubre de la presente anualidad, es evidente que quedaron destruidos los efectos de ésta en forma total e incondicional, sin dejar huella en la esfera jurídica del promovente del juicio constitucional, con lo que se le restituye en el pleno goce de sus derechos fundamentales. Razón por la cual, el suscrito advierte que en el presente asunto sobrevino la causa de improcedencia, a que se refiere la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque la autoridad responsable acreditó que en el oficio de cuenta dictó el proveído correspondiente, la que se hizo del conocimiento del impetrante. Luego, con ello se restituyó al quejoso en el goce de la garantía que le fue infringida, pues la omisión reclamada desapareció en forma total e incondicional, sin dejar huella en la esfera jurídica del disconforme; además, ese hecho no es susceptible de desvirtuarse con ningún medio de prueba, ya que se trata de documentos públicos. En torno al tema, es ilustrativa la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochenta y uno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, tomo seis, materia común, cuyo título y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo anterior, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y con fundamento en el ordinal 63, fracción V, procede sobreseer en el juicio. Además, la actualización de la causa de improcedencia es manifiesta e indudable, razón por la cual, el sobreseimiento debe hacerse fuera de audiencia, pues ninguna probanza es jurídicamente eficaz para desvirtuarla. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo diecisiete, marzo de dos mil tres, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente cuando el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Orienta lo anterior, la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y uno, Tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." También, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, del Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, novena época, Segunda Sala, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha que se había señalado para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Cabe señalar que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en un plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Por su parte, el numeral 93, fracciones I a III, de esa ley dispone: "al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.-Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada; II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento; por consiguiente, si son fundados se revocará la resolución recurrida; III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia.". Ahora bien, de la interpretación sistemática de esos preceptos se advierte que ambos coinciden en cuanto a las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, es decir, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, esto es, el Juez de Distrito; por tanto, si éste -de oficio o a petición de alguna de las partes-, tuvo por actualizada una causal de improcedencia y, como consecuencia, decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, la parte afectada tiene oportunidad de impugnar dicha resolución mediante el recurso de revisión, para que el Tribunal Colegiado de Circuito examine, a la luz de los agravios correspondientes, los razonamientos en que se basó el a quo para sobreseer en el juicio, por lo que el recurrente no queda en estado de indefensión, pues si el sobreseimiento es correcto tendrá que confirmarse la sentencia recurrida o, de lo contrario, se dejará insubsistente para proceder con el estudio de fondo. Es aplicable la jurisprudencia VI.1o.T. J/1 (10a.), publicada el viernes diez de octubre de dos mil catorce, identificada con el número de registro 2007628, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes." Por otra parte, con el expediente que se recibe, fórmese por separado un tomo de pruebas y una vez que cause estado esta determinación, provéase lo relativo a su devolución. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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