Eleuterio Santos Salazar

Expediente 376/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
376/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Eleuterio Santos Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que el quejoso ********************no interpuso recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo ... se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales correspondientes. .. archívese este expediente como asunto totalmente concluido. .. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes el escrito promovido por **********, contra actos del ciudadano **********; fórmese expediente; captúrese la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo ******* ...De oficio el suscrito, advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, ya que tal acto no puede ser considerado como un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo... se deduce que la procedencia del juicio de amparo requiere que a través de éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose como tal, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no establece una definición clara de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció diversos precedentes con el fin de dilucidar ese concepto y estableció que es aquélla que con fundamento en una ley de orden público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí, ante sí y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Por lo tanto, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo debe atenderse a lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior...En ese sentido, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando éstos no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo vigente, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. En virtud de lo anterior, la causa de improcedencia se actualiza, ello porque los actos reclamados ...este juzgador considera que debe desecharse la demanda de amparo, en virtud a que las autoridades responsables y el acto atribuido a las mismas, no constituye un acto de autoridad, por lo que no pueden considerarse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues no deriva de una relación de supra a subordinación. Máxime que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar dicho acto. Además, ha sido criterio del Máximo Tribunal del País, que es autoridad para efectos del juicio amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para esos efectos, acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel sujeto que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Así, conforme a ese criterio, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares; para lo cual, las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Luego, las citadas relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se imponga de manera unilateral, imperativa y coercitiva a través de un acto que cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, atentando contra sus derechos fundamentales. En esas condiciones, atendiendo a lo aquí analizado en relación con la naturaleza de los actos reclamados, es dable concluir que las personas señaladas por la parte quejosa como autoridades responsables, no tienen dicho carácter para los efectos del presente juicio constitucional, ... En esas condiciones, con fundamento en el artículo 133, en relación con el 61, fracción XXIII, y 5º, fracción II de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha la demanda de amparo promovida por **************. Toda vez que la parte quejosa no señala domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones como se lo impone el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en el presente asunto, hágasele mediante lista de acuerdos. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento alguno en relación al correo electrónico que proporciona para recibir notificaciones, toda vez que dicha forma de notificar no está contemplada en la Ley de Amparo. Sin embargo, téngase por señalada la cuenta de correo electrónico que indica, para que se establezca el contacto respectivo en los casos que sea necesario. Asimismo, se tienen por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que indica el quejoso en su escrito de demanda. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme a la tutela judicial pronta y efectiva, así como al debido proceso, contenido en los artículos 112 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 62, del Código de Procedimientos Civiles; se determina que las promociones que presentan las partes, autoridades auxiliares y tribunales relativos a los trámites que no indican en la prosecución efectiva del expediente ni constituyan determinaciones judiciales que deba emitir este juzgado, con excepción de las que por disposición expresa de ley deban darse vista a las partes, se glosarán en el expediente y, en términos del referido artículo 62 del citado ordenamiento, el Secretario hará constar la hora y el día en que se presentó el oficio o escrito, considerando, desde este momento realizadas las manifestaciones respectivas, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas. Este criterio tiene como objeto evitar dilaciones procesales excesivas e innecesarias en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Infórmese a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 68, 100, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista.

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