Eleuterio Salinas Marquina

Expediente 684/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
684/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
02/02/2018

Partes del expediente

  • Eleuterio Salinas Marquina
  • Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio del Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 684/2016, cinco anexos de pruebas consistentes en copias certificadas del juicio administrativo 371/2012, del recurso de revisión administrativa 226/2013, del cumplimiento de sentencia del expediente 18/2015, del juicio administrativo 371/2012, del juicio administrativo 371/2012 y testimonio de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 405/2016, en la cual se determinó: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eleuterio Salinas Marquina, contra las autoridades y por el acto que precisados quedaron en el resultando primero de esta resolución." Acúsese recibo; glósense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se negó el amparo, y carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvanse los anexos que acompañaron las responsables al presente juicio, sin que sea necesario acusar de recibo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, intégrese a los autos el escrito de cuenta, signado por Dámaso Lara Gil, en su carácter de autorizado del quejoso Eleuterio Salinas Marquina, a través del cual cumple con el requerimiento de veinte de octubre del año en curso y exhibe las copias necesarias para correr traslado a las partes, en cuanto al escrito de interposición de recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación mencionado. En ese orden, con copia de las constancias necesarias, así como del escrito de expresión de agravios, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente; distribúyase entre las partes copia del ocurso referido. Cuando el presente expediente esté debidamente integrado, es decir, que estén agregadas las constancias de notificación de la sentencia impugnada, así como las relativas a este proveído, realizadas a las partes, sin necesidad de ulterior acuerdo remítase el original del juicio en que se actúa, así como anexos que en su caso existan, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno; de igual forma, envíese el original del ocurso de expresión de agravios y copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano colegiado, a fin de substanciar el aludido medio de impugnación. Notifíquese; y personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de octubre de dos mil dieciséis. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, intégrese a los autos el escrito de cuenta, signado por ********************, en su carácter de autorizado del quejoso ********************, quien interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio. Con fundamento en los artículos 80, 81 y 8 de la Ley de Amparo, requiérase al impetrante para que en el plazo de tres días exhiba dieciséis copias del escrito de cuenta, ya que son necesarias seis, para distribuirlas entre las partes de la siguiente manera: dos para las terceras interesadas, una para el agente del ministerio público adscrito al órgano revisor y doce para las autoridades responsables, una para el cuaderno de antecedentes y para el cuaderno en que se actúa; con el apercibimiento que ser omiso se tendrá por no interpuesto el recurso que intenta. Notifíquese; y personalmente al quejoso. licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 684/2016, promovido por Eleuterio Salinas Marquina, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zumpahuacan, Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado ese día a este Juzgado Quinto de Distrito, Eleuterio Salinas Marquina, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: A) Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zumpahuacan del Estado de México. B) Primer Regidor del Ayuntamiento de Zumpahuacan del Estado de México. C) Segundo Regidor del Ayuntamiento de Zumpahuacan del Estado de México. D) Tercer Regidor del Ayuntamiento de Zumpahuacan del Estado de México. E) Cuarto Regidor del Ayuntamiento de Zumpahuacan del Estado de México. F) Quinto Regidor del Ayuntamiento de Zumpahuacan del Estado de México. G) Sexto Regidor del Ayuntamiento de Zumpahuacan del Estado de México. H) Séptimo Regidor del Ayuntamiento de Zumpahuacan del Estado de México. I) Octavo Regidor del Ayuntamiento de Zumpahuacan del Estado de México. J) Noveno Regidor del Ayuntamiento de Zumpahuacan del Estado de México. K) Décimo Regidor del Ayuntamiento de Zumpahuacan del Estado de México. L) Director de Seguridad Pública y contralor del Ayuntamiento de Zumpahuacan del Estado de México. [.] IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: La falta de cumplimiento de la condena ordinaria por abstención al ordenado mediante sentencia definitiva del 30 de noviembre de 2012, dictada por la Séptima Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México.". [sic] Segundo. Derechos humanos vulnerados. El quejoso refiere que se vulneraron en su perjuicio por las actuaciones de las responsables los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló el pedimento a que se refiere el artículo 124 de la ley de la materia, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional (foja 139), la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo previsto en el artículo 33, fracción IV y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos que se reclaman en el presente juicio constitucional, se atribuyen a autoridades residentes dentro de la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse la litis en esta instancia de control constitucional a partir de un análisis integral de la demanda de garantías, de conformidad, además, con la tesis de Jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el número de registro 192097, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto por el citado precepto legal y en la jurisprudencia citada, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: Del Presidente Municipal, Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Regidores, Director de Seguridad Pública y Contralor, todos del Ayuntamiento de Zumpahuacan, Estado de México, la abstención de cumplir la sentencia emitida el treinta de noviembre de dos mil doce, en el juicio administrativo 371/2012. Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Presidente Municipal, Segundo, Tercer, Cuarto, Sexto, Séptimo, Noveno y Décimo Regidores, todos del Ayuntamiento de Zumpahuacan, Estado de México, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados (fojas 45, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107 y 115). No obstante, dicha negativa queda desvirtuada, en virtud de que de las constancias que obran en autos se desprende la existencia del acto reclamado, motivo por el cual se tiene por cierto el acto adjudicado a dichas autoridades y que fue tildado de inconstitucional. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas del Juicio Administrativo 371/2012, del índice de la Séptima Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, del recurso de revisión administrativa 226/2013 y del expediente de cumplimiento de sentencia 18/2015, las cuales fueron remitidas por la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, y de las que se formó cuaderno de pruebas por separado, documentales a la que en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto en su numeral 2°, se les confiere pleno valor probatorio, al ser emitida por una autoridad que la ley lo facultad para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, primera parte, página 153, que refiere del siguiente tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena." Por su parte, el Primer, Cuarto y Quinto Regidores, el Director de Seguridad Pública y Contralor, todos del Ayuntamiento de Zumpahuacan, Estado de México, fueron omisos en rendir sus informes con justificación, no obstante estar debidamente notificadas para tal efecto; por tanto, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los mismos y opera en su contra la presunción establecida en el tercer párrafo del numeral citado en primer término, por lo cual se tiene por cierto el acto a éstas reclamado. Cuarto. Causa de improcedencia infundada. El Presidente Municipal, Segundo, Tercer, Cuarto, Sexto, Séptimo, Noveno y Décimo Regidores, todos del Ayuntamiento de Zumpahuacan, Estado de México, señalan que tomando en cuenta el propio contenido de la demanda de garantías, fue el día treinta de noviembre de dos mil doce la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, motivo por el cual el plazo contemplado en el artículo 17 de la Ley de Amparo ha fenecido, Dicho planteamiento resulta infundado, como a continuación se verá. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del precepto transcrito, se colige que el juicio de amparo, salvo al ubicarse en ninguna de las hipótesis de excepción previstas en las fracciones I a IV del primer numeral invocado, debe instarse dentro del plazo de quince días, lapso que se contabilizará: A partir del día siguiente, al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; A partir del día siguiente, al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; y, A partir del día siguiente, al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Pues bien, existen tres formas para computar el plazo de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente promovida, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hizo saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda forma de computar el plazo aludido, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa o, incluso, del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha del acto reclamado; más tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18 transcrito, se establece que el plazo para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor del mismo o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la que se manifiesta que sabe del acto impugnado; conducta que puede estimarse que entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Sin embargo, en el presente juicio de amparo el quejoso está reclamando la omisión a dar cumplimiento de la sentencia de treinta de noviembre de dos mil doce, dictada por la Séptima Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, por ello no nos encontramos en alguno de los supuestos planteados por los numerales transcritos. En efecto, la razón por la que se promovió el juicio de amparo que nos ocupa, radica en que las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo han sido omisas en cumplir con una sentencia dictada por la sala, omisión que, desde el punto de vista de la quejosa, se ve traducida en una tardía impartición de justicia. Por tanto, si lo que se reclama es una omisión, no puede considerarse que el término para la interposición haya fenecido desde el momento en que corrieron quince días a partir del conocimiento que se tuvo de la sentencia que se ha omitido cumplir, pues lo que se pretende es exigir a la autoridad a que cumpla esa resolución definitiva. De ahí que la causa de improcedencia no se actualice, pues tratándose de actos omisivos, la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia. Apoya lo anterior la tesis .5o.C.21 K, Novena Época, Tomo XXI, Mayo de 2005, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia. Quinto. Causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o. J/323, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 1994, foja 87, que dispone: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Lo anterior, tiene sustento en la Tesis IV.3o.108 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, febrero de 1995, foja 353, cuyo rubro y texto refiere: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." Previo al análisis de las causas de improcedencia, es menester describir los antecedentes procesales que se desprenden de la copia certificada del procedimiento administrativo 371/2012, del recurso de revisión administrativa 226/2013 y del cumplimiento de sentencia 18/2015, del índice de la Séptima Sala Regional y de la Primera Sección de la Sala Superior, ambas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, respectivamente que remitió la segunda de las autoridades en mención, los cuales son los siguientes: 1. Eleuterio Salinas Marquina, por propio derecho, promovió juicio contencioso administrativo contra el Presidente Municipal, Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Regidores, Director de Seguridad Pública Municipal y Contralor Municipal, todos del Ayuntamiento de Zumpahuapan, Estado de México, en el que reclamó, entre otras prestaciones: la nulidad e invalidez de la remoción de su cargo, empleo o comisión como Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Zumpahuapan, Estado de México. (fojas 1 a 17 del Tomo I de pruebas relativo al expediente 371/2012). 2. Por razón de turno, la demanda fue del conocimiento de la Séptima Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, la que radicó el juicio bajo el número 371/2012, mediante proveído cuatro de junio de dos mil doce. (fojas 18 a 20 ídem) 3. Seguido el juicio en sus términos concluyó con el dictado de la sentencia de treinta de noviembre de dos mil doce, en la que se resolvió declarar la invalidez del acto impugnado y condenar a las autoridades demandadas a dar cumplimiento a dicha determinación en los términos siguientes (fojas 115 a 127 ídem): ". se ordena a la autoridad demandada otorgue a Eleuterio Salinas Marquina, el pago de su indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, mismas que se hacen consistir en remuneración diaria ordinaria, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios. En dicho sentido, dado que las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se encuentran comprendidas dentro del enunciado anterior, deben cubrirse al servidor público, las cantidades que por tales conceptos pudo percibir desde el momento que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente.". 4. Inconforme con la determinación que dio por concluido el procedimiento administrativo, la parte demandada interpuso recurso de revisión, el cual fue del conocimiento de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, bajo el número R.R. 226/2013, donde el siete de junio de dos mil trece, se resolvió confirmar la sentencia de treinta de noviembre de dos mil doce (fojas 23 a 33 del legajo de pruebas relativo al expediente 226/2013). 5. Resolución anterior que causó ejecutoria por auto de veintinueve de agosto de dos mil trece, por lo que por diverso auto de cinco de septiembre del mismo año, el Magistrado de la Séptima Sala Regional, requirió a las autoridades para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de ese acuerdo, dieran cumplimiento a lo ordenado en la sentencia y en un diverso plazo de tres días hábiles al que fenezca el anterior, informaran a esa Sala Regional el cumplimiento efectuado a la aludida sentencia, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro de ese plazo les sería impuesta una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente, de conformidad con el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México (foja 164 del Tomo I del legajo de pruebas relativo al expediente 371/2012). 6. Así las cosas, y no obstante diversos requerimientos formulados a las autoridades demandadas, por parte de la Séptima Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para el cumplimiento de la sentencia de treinta de noviembre de dos mil doce, no cumplieron con la sentencia de mérito, por lo que por autos de veintiocho de octubre de dos mil trece y veintitrés de enero de dos mil catorce, les impuso una multa de cincuenta y cien días de salario vigente en esta área geográfica, respectivamente, y en términos de lo dispuesto por el artículo 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, ordenó la remisión de las constancias del procedimiento administrativo 371/2012, a la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, a efecto de llevar a cabo la apertura del expediente de cumplimiento de sentencia (fojas 175 y 176, 255 y 256 del legajo de pruebas relativo al expediente 82/2013). 7. El cuatro de agosto de dos mil quince, la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, radicó el procedimiento de cumplimiento de sentencia bajo el número 18/2015, para lo cual con fundamento en el artículo 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, requirió al Presidente Municipal, Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Regidores, Director de Seguridad Pública Municipal y Contralor Municipal, todos del Ayuntamiento de Zumpahuapan, Estado de México, para que en el término de tres días hábiles, informaran a dicha Sección de la Sala Superior el cumplimiento a la sentencia definitiva, con el apercibimiento en caso de omisión de imponerles una multa equivalente a doscientos cincuenta días de salario mínimo, independientemente de proveer de conformidad con el artículo 281 del citado cuerpo legal (fojas 2 y 3 del legajo de pruebas relativo al expediente de cumplimiento de sentencia 18/2015). 8. Procedimiento que continúa sin haberse dictado el debido cumplimiento de la sentencia administrativa o bien su incumplimiento a la fecha de la presente determinación. En consideración a los antecedentes anteriores, este Órgano de control constitucional advierte de oficio que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". En efecto, este Juzgado estima que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los numerales 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, pues el Presidente Municipal, Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Regidores, Director de Seguridad Pública Municipal y Contralor Municipal, todos del Ayuntamiento de Zumpahuapan, Estado de México, no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del presente juicio de amparo. Lo anterior es así, en atención a que el acto reclamado emana de una controversia jurisdiccional, en el que las citadas autoridades únicamente actúan en un plano de derecho privado e igualdad frente al actor, siendo la parte demandada en aquel procedimiento, quien fue condenada al cumplimiento de las prestaciones reclamadas; de ahí que, no actuaron en el juicio generador del acto reclamado como personas de derecho público revestidas de imperio frente al particular, sino que se condujeron bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstas actuaron en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad entre lo pretendido y lo condenado. Aunado a que el procedimiento de destitución de servidores públicos que se niegan a cumplir la sentencia, relativo al cumplimiento de sentencias en el juicio contencioso administrativo del Estado de México establecido en los artículos 279 a 284 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece un sistema de cumplimiento de sentencias de dos instancias, la primera ante las Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Segundo ante las Secciones de la Sala Superior, quienes actúan como revisoras, por no contar con facultades ni regulación sobre dilaciones procesales o recepción de pruebas, por ello, las autoridades del Ayuntamiento mencionado mantienen una relación de igualdad con el quejoso, no de supra a subordinación, pues, tal como si fuese un ente privado, en contra de ese municipio se puede y se debe substanciar hasta su culminación la ejecución forzosa de la sentencia dictada en favor del peticionario (con el carácter de actor en el procedimiento de origen), lo cual evidencia que debe cumplir de forma obligatoria, a través de la vía instituida en la ley aplicable para ese fin. En efecto, los referidos artículos establecen lo siguiente: "SECCIÓN NOVENA Del Cumplimiento de la Sentencia Artículo 279.- Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, la sala regional competente la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades demandadas para su cumplimiento. En el propio oficio en que se haga la notificación a los demandados, se les prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que se dé a la sentencia respectiva. Artículo 280.- Si dentro de los tres días siguientes a la notificación a los demandados, la sentencia no quedare cumplida o no se encontrare en vías de cumplimiento, la sala regional competente, de oficio o a petición de parte, dará vista a las autoridades para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Se formulará la misma vista, cuando el actor manifieste que existe defecto o exceso en la ejecución de la sentencia o que se ha repetido el acto impugnado. La sala regional resolverá si el demandado ha cumplido con los términos de la sentencia, si no existe defecto o exceso en la ejecución de la misma y si no se ha repetido el acto impugnado. De lo contrario, la requerirá para que cumpla la decisión respectiva en un plazo de tres días posteriores al en que surta efectos la notificación y previniéndola que, en caso de renuencia, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente de 100 a 1,000 días de salario mínimo vigente en la jurisdicción correspondiente. Cuando la naturaleza del acto lo permita, el magistrado comisionará al secretario de acuerdos o actuario para que dé cumplimiento a la ejecutoria, en caso de que no lo haga la autoridad en ese plazo. En los casos en que por la naturaleza del asunto no sea materialmente posible dar cumplimiento a la sentencia o iniciar su cumplimiento dentro del plazo establecido en el primer párrafo de este artículo, el magistrado podrá ampliarlo hasta por diez días, contados a partir del día siguiente al en que se notifique a los demandados el requerimiento correspondiente. Artículo 281.- En el supuesto de que la autoridad o servidor público persistiere en su actitud, la sección de la sala superior resolverá a instancia de la sala regional, solicitar del titular de la dependencia estatal, municipal u organismo a quien se encuentre subordinado, conmine al servidor público responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, en un plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario la multa impuesta. Cuando la autoridad u organismo no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente con ellas. Si no obstante los requerimientos anteriores, no se da cumplimiento a la resolución, la sección de la sala superior podrá decretar la destitución del servidor público responsable, excepto que goce de fuero constitucional. En caso de que el servidor público administrativo goce de fuero constitucional, la sección de la sala superior formulará ante la Legislatura Estatal la solicitud de declaración de desafuero, en cuya tramitación y resolución se aplicarán en lo conducente las disposiciones del título segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos, así como aquellas que se encuentren obligadas en atención a la naturaleza de sus atribuciones, incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades demandadas. Si la sentencia se encuentra cumplida, así lo determinará la Sección de la Sala Superior, ordenando el archivo del recurso o juicio respectivo. Artículo 282.- Tratándose de actos de privación de la propiedad de bienes inmuebles, la sección de la sala superior podrá determinar, de oficio o a petición de cualquiera de las partes, el cumplimiento sustituto de las ejecutorias, mediante el pago del valor comercial de los inmuebles, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el actor. Artículo 283.- El juicio contencioso administrativo podrá archivarse cuando quede cumplida la sentencia ejecutoria en que se haya declarado la invalidez del acto o la disposición general impugnada, o bien haya operado la caducidad. Opera la caducidad del cumplimiento de sentencia, cuando haya transcurrido el término de seis meses sin que la parte interesada realice promoción alguna al respecto. Artículo 284.- Las disposiciones anteriores se aplicarán en lo conducente cuando no se de cumplimiento, se viole o exista exceso o defecto en la ejecución del acuerdo de suspensión que se hubiere decretado respecto del acto impugnado." De esos preceptos se obtiene el papel trascendental y las herramientas vinculatorias que las Salas Regionales y las Secciones de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México tienen para hacer cumplir las sentencias dentro de un procedimiento de cumplimiento, pues, para tal propósito: 1. Cuando se dicte una sentencia favorable al actor en el juicio contencioso administrativo y ésta cause ejecutoria, comenzará la etapa de cumplimiento, la que se iniciará con el requerimiento, de oficio y sin demora, que se comunicará de inmediato a las autoridades demandadas; 2. En dicho requerimiento se ordenará a la autoridad administrativa que cumplimente la sentencia dentro de los tres días siguientes a la notificación, o al menos que justifique y demuestre que se encuentra en vías tendentes, por no ser posible el acatamiento inmediato; 3. Si la sentencia no quedare cumplida dentro del plazo señalado o no se realiza algún acto tendente a ello (sólo cuando esto sea razonable), se le dará vista al administrado para que manifieste lo que a su derecho convenga por otros tres días; 4. La vista se otorgará también por tres días a las autoridades obligadas al cumplimiento, cuando el administrado denuncie o manifieste que existe exceso, defecto o repetición en el cumplimiento de la sentencia; 5. Cuando se manifieste en dicha vista que la sentencia no se encuentra cumplida o se denuncie el exceso, defecto o repetición, la Sala Regional deberá resolver dentro de otros tres días si existe el vicio manifestado o denunciado; 6. Si fuera necesario se admitirán pruebas para demostrar el cumplimiento o incumplimiento; 7. Al resolver sobre la manifestación o denuncia de incumplimiento, la Sala Regional deberá declarar si la sentencia fue cumplida o no; 8. Si se considera que fue incumplida, se requerirá nuevamente y de forma directa a la autoridad demandada para que la acate en el plazo de tres días más, bajo apercibimiento de multa por la cantidad equivalente de 100 a 1,000 días de salario mínimo en caso de renuencia (la que se podrá imponer y reimponer cuantas veces sea necesario) y, además, si dicha autoridad tiene superior jerárquico, la Sección correspondiente de la Sala Superior, a petición de la Sala Regional, resolverá si se solicita al titular de la dependencia estatal, municipal u organismo al que se encuentre subordinado, que la conmine al cumplimiento (esto, con independencia de las otras formas de responsabilidad que pudieran presentarse); 9. Si la autoridad, a pesar de lo anterior, persiste en el incumplimiento, el Magistrado de la Sala Regional comisionará al secretario de Acuerdos o actuario para que, en defecto de la autoridad, cumpla directamente la ejecutoria cuando ésta no lo haga en el último plazo concedido; 10. Sólo cuando no sea materialmente posible dar cumplimiento dentro de los plazos anteriores, el Magistrado de la Sala Regional podrá ampliar dicho plazo hasta por diez días; 11. Cuando la autoridad no cumpla dentro de los plazos anteriores, la Sección podrá decretar su destitución, salvo que gozara de fuero constitucional, supuesto en el cual se dará aviso a la Legislatura Estatal para que se proceda como corresponda; 12. Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos serán responsables del incumplimiento de sus inferiores; 13. Sólo en los casos que señala la ley se podrá pedir el cumplimiento sustituto (privación de bienes inmuebles), previo incidente para fijar el valor comercial de los bienes afectados; 14. No podrá archivarse ningún asunto hasta que no quede cumplida la sentencia; 15. Contra las resoluciones dictadas por las Salas Regionales en la etapa de cumplimiento procede recurso de revisión, cuya materia se limitará a verificar la legalidad de lo realizado por la Sala de primer grado. Criterio el anterior contenido en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en la tesis II.3o.A.144 A (10a.), visible en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, página: 1720, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. PROCEDIMIENTO APLICABLE." Como se puede advertir, en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México se establece el procedimiento de ejecución a seguir por las Salas Regionales y las Secciones de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México para exigir el cumplimiento de la sentencia administrativa. De esta suerte, como en la ley aplicable, tal como si fuese un ente privado, en contra del Ayuntamiento puede y se debe substanciar hasta su culminación la ejecución forzosa de la sentencia dictada en favor del impetrante del amparo, mediante el establecimiento de medidas de apremio e incluso destitución en el cargo que ostentan, resulta inconcuso que en el procedimiento de cumplimiento de sentencias previsto en los artículos 279 a 284 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, las autoridades del Ayuntamiento de Zumpahuacan, Estado de México, no actúan con tal carácter, sino que se asemejan a un particular (demandado) en contra del cual se dictó una sentencia que deben cumplir, de forma obligatoria, a través de la vía ordinaria instituida en la ley. Sin que la anterior determinación, se considere contraria a la Jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Página: 894, de rubro y texto siguientes: "DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD. En atención a que de una sentencia firme derivada de un juicio contencioso administrativo surge un derecho subjetivo para el actor (gobernado) y la obligación correlativa para el demandado (autoridad) es claro que el incumplimiento de ésta permite la incoación del procedimiento para hacer cumplir la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio en que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido mediante el medio de defensa legal previsto por la ley que rige el acto para lograr el cumplimiento de aquella determinación. Por lo que, si a pesar de ello, no se cumple la sentencia, es claro que aquél puede acudir al juicio de amparo, porque tal omisión se traduce en una violación al derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. Consecuentemente, las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un Tribunal Contencioso Administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, porque a pesar de que la autoridad haya figurado como demandada en el juicio de origen ello no transforma la relación de supra a subordinación que los órganos del Estado guardan con los gobernados en una relación de coordinación, porque no pierden su calidad de autoridad y gobernado." En efecto, del contenido de la jurisprudencia transcrita se colige que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido la posibilidad de que ante el incumplimiento de una autoridad a una sentencia ejecutoriada derivada de un juicio contencioso administrativo en la cual se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido, se dé inicio al medio de defensa legal previsto por la ley que rige el acto para lograr su cumplimiento (en el caso, el previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México), en razón de que de dicha sentencia deriva un derecho subjetivo para el actor y una obligación para la autoridad. Sin embargo, se corrobora que nuestro máximo tribunal en el país determinó que si a pesar de haberse iniciado el procedimiento de mérito no se logra el cumplimiento de la sentencia firme, el gobernado puede acudir al juicio de amparo indirecto, puesto que tal omisión se traduce en una violación al derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, por constituir un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria; esto es, sólo hasta que una vez concluido el procedimiento de cumplimiento establecido en la ley (Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México) y las autoridades demandadas aun así no cumplen con la sentencia condenatoria podrá el quejoso acudir al juicio de amparo. Lo anterior se ve reflejado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 386/2011, de treinta de noviembre de dos mil once, de donde derivó la jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), de la cual, en la parte de interés, se desprende lo siguiente: "(.) Luego, si con motivo de la sentencia firme derivada del juicio contencioso administrativo surge un derecho subjetivo para la parte actora (gobernado) y una obligación correlativa para la parte demandada (gobernante) el incumplimiento de ésta conlleva, en primer término, a que el gobernado acuda, desde luego, al procedimiento para el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio en que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido o la disposición general impugnada, es decir, las que hayan sido favorables a la parte actora. Así, por ejemplo, el actor podrá acudir en queja (en las legislaciones que prevean tal medio de impugnación) ante la Sala respectiva en caso de incumplimiento de la sentencia, la cual habrá de llevar a cabo el procedimiento que establezca la ley relativa y, en su caso, sancionar a la autoridad renuente. La ejecución forzosa de una sentencia como acto definitivo no es otra cosa sino el propio efecto que produce ésta a fin de obtener la satisfacción de la pretensión de la parte vencedora cuando no se obtiene el cumplimiento voluntario (con el simple conocimiento de la sentencia). No obstante, si el gobernante agota el medio de defensa legal que prevea la ley que rija al acto para lograr el cumplimiento de aquellas determinaciones y las autoridades que fueron demandadas en el contencioso administrativo aun así no cumplen la sentencia, es claro que el gobernado puede acudir al juicio de amparo, porque tal omisión se traduce ya en una violación al derecho de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. Así, vemos que el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del particular consiste en que con tal omisión, con motivo del desacato a la decisión del tribunal administrativo, se le impide satisfacer el derecho que la sentencia reconoce u otorga a su favor, lo que puede ser subsanado mediante el juicio de amparo ante el carácter propio de las autoridades que fueron demandadas en el juicio contencioso administrativo y la vulneración al derecho a la administración de justicia que el artículo 17 constitucional consagra a favor de todos los gobernados." Por tanto, si el órgano jurisdiccional no agota el procedimiento que prevea la ley que rija al acto para lograr el cumplimiento de aquella determinación y las autoridades que fueron demandadas en el juicio administrativo aun así no cumplen la sentencia, es claro que el gobernado puede acudir al juicio de amparo, porque tal omisión se traduce ya en una violación al derecho de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia que le fue favorable. Máxime que el artículo 283 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, señala que opera la caducidad del cumplimiento de sentencia, cuando haya transcurrido el término de seis meses sin que la parte interesada realice promoción alguna al respecto, lo que implica que el ahora quejoso debe impulsar el procedimiento de cumplimiento de la sentencia administrativa para evitar se decrete su caducidad, por lo que una vez que se agote esta vía ante la autoridad jurisdiccional (imposición de multas y destitución de su cargos), en caso de que siga sin cumplirse la sentencia condenatoria, puede acudir al juicio de amparo señalando con el carácter de responsables a las autoridades renuentes al cumplimiento, ya que hasta ese momento tal desacato puede ser subsanado por medio del juicio de amparo. Pues, de lo contrario implicaría darle a la parte quejosa dos vías alternas para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el controvertido natural: una, ante la autoridad jurisdiccional y dos, la que pretenden obtener a través del amparo, con lo cual evidentemente se trastocaría el principio de definitividad que lo rige, soslayando con ello que el juicio constitucional es un medio de defensa extraordinario, por lo que su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran para examinar la actuación de las autoridades frente al gobernado y obtener, en su caso, la protección de sus garantías individuales. Lo anterior, tomando en consideración que la Séptima Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, remitió a la Primera Sección de la Sala Superior de dicho Tribunal, el expediente 371/2012 a efecto de que iniciara el procedimiento de cumplimiento a la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil doce en el precitado juicio administrativo, procedimiento que continúa sin haberse dictado el debido cumplimiento de la sentencia administrativa o bien su incumplimiento a la fecha de la presente determinación, lo que trae como consecuencia que se encuentra en procedimiento de cumplimiento, por tanto, no se ha agotado el medio que prevea la ley que rige al acto para lograr el cumplimiento de aquellas determinaciones. Por consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al advertirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, todos de la misma ley, en razón de que el Presidente Municipal, Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Regidores, Director de Seguridad Pública Municipal y Contralor Municipal, todos del Ayuntamiento de Zumpahuapan, Estado de México, señalados como responsables en el presente juicio de derechos fundamentales, no tienen el carácter de autoridad para efectos del presente amparo. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 76, y 217 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eleuterio Salinas Marquina, por propio derecho, respecto de los actos reclamados al Presidente Municipal, Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Regidores, Director de Seguridad Pública y Contralor, todos del Ayuntamiento de Zumpahuacan, Estado de México, consistentes en la abstención de cumplir la sentencia emitida el treinta de noviembre de dos mil doce, en el juicio administrativo 371/2012, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta hoy diez de octubre de dos mil dieciséis, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado, en unión de la licenciada Eloísa Salinas Juárez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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