Eleuterio López Ovando y Otros.
Expediente 839/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 839/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/07/2022
Partes del expediente
- Eleuterio López Ovando y Otros.
- Eleuterio López Ovando
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la siguiente autoridad: 1. Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 839/2022-2-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, de rubro "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en: "ACTO RECLAMADO: El proveído de fecha 01 de junio de 2022, en donde el Juez responsable se negó a realizar la actualización de los salarios vencidos a favor tanto del quejoso, como de los diversos actores, en el juicio 3217/2020." (Sic) Lo anterior, pues a juicio de quien resuelve, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del quejoso. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, debe añadirse que no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. No obstante lo anterior, tratándose especialmente de actos provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la cesación de efectos también tiene lugar por sustitución procesal, es decir, por la emisión de un acto en el juicio natural que tiene como sustento el que se impugna en la instancia constitucional, y como tal, lo reemplaza en sus efectos. Ello, ya que al constituir el proceso una serie de actos concatenados y estrechamente relacionados entre sí, cada nuevo acto que encuentra su base en el que le precede, debido a la interdependencia que guardan lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos. Así, por ejemplo, si el acto reclamado se hace consistir en una determinación de autoridad jurisdiccional, la que posteriormente fue objeto de recurso ante la potestad común, resulta inconcuso que el resultado del medio ordinario de defensa sustituye procesalmente a la resolución impugnada, provocando la cesación de sus efectos. En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en el auto de uno de junio de dos mil veintidós, dictado en autos del expediente ***, en donde el Juez responsable se negó en realizar una actualización de los salarios vencidos a favor del quejoso. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo *** del índice de este juzgado, se advierte que dicho auto fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por este Juzgado en el juicio de amparo antes citado, promovido por *** (quejoso en el presente asunto). Al tener a la vista el referido fallo protector, el cual constituye un hecho notorio para esta juzgadora en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que este órgano jurisdiccional determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a efecto de que la autoridad responsable procediera en los siguientes términos: Juicio de amparo ***: a) "Una vez que causa ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente el proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, y con libertad de jurisdicción, de inmediato emita un auto en el provea respecto a todas las cuestiones solicitadas por la parte quejosa en su escrito con sello de recibido de uno de marzo de dos mil veintidós. b) Notifique al trabajador, aquí quejoso, el contenido de dicho acuerdo. Sin que la concesión del amparo implique que la responsable deba resolver en forma favorable a los intereses de la parte quejosa, pues el derecho a la impartición de justicia pronta no tiene el alcance de obligar a la autoridad jurisdiccional a pronunciar sus resoluciones en determinado sentido, sino únicamente a hacerlo dentro de los términos que marca la ley" Posteriormente, por auto de diez de junio de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con la nueva resolución pronunciada en la contienda de origen para que se manifestaran respecto del cumplimiento que la responsable refirió haber dado a la ejecutoria. Una vez transcurrida la vista, este órgano de control estimó que el fallo protector dictado en el juicio *** no había sido acatado, por lo que requirió nuevamente su cumplimiento. Fue así que, la responsable dejó insubsistente el auto de uno de junio de dos mil veintidós, y, en su lugar, dictó uno nuevo el veintidós de junio de la presente anualidad. Tiene aplicación por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, visible en página 2026, del tomo XXXII, agosto de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro dice: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS". Sin que resulte necesario certificar dichas constancias, en atención a las consideraciones expuestas en la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 172215, cuyo rubro establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". De lo que se sigue que, el proveído combatido en la presente instancia, es decir, la emitida el uno de junio de dos mil veintidós, en el juicio laboral ***, fue sustituida procesalmente por la diversa de veintidós de junio del año que transcurre, emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo referida en párrafos que anteceden, siendo ésta y no aquélla la que actualmente rige la situación jurídica de las partes. Lo anterior impide examinar la constitucionalidad de dicha resolución, pues ello implicaría soslayar que a la fecha ha sido reemplazada en sus efectos por otra, y como tal, es esta última la que, en todo caso, afecta a las partes. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113, de dicho ordenamiento, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la parte quejosa, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Además, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en los términos solicitados a las personas que refiere, sin que haya necesidad de realizar la consulta de sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en atención a que se trata de un asunto en materia laboral donde el quejoso es el trabajador y no es necesario acreditar tener registradas sus cédulas profesionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la siguiente autoridad: 1. Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 839/2022-2-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, de rubro "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en: "ACTO RECLAMADO: El proveído de fecha 01 de junio de 2022, en donde el Juez responsable se negó a realizar la actualización de los salarios vencidos a favor tanto del quejoso, como de los diversos actores, en el juicio 3217/2020." (Sic) Lo anterior, pues a juicio de quien resuelve, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del quejoso. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, debe añadirse que no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. No obstante lo anterior, tratándose especialmente de actos provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la cesación de efectos también tiene lugar por sustitución procesal, es decir, por la emisión de un acto en el juicio natural que tiene como sustento el que se impugna en la instancia constitucional, y como tal, lo reemplaza en sus efectos. Ello, ya que al constituir el proceso una serie de actos concatenados y estrechamente relacionados entre sí, cada nuevo acto que encuentra su base en el que le precede, debido a la interdependencia que guardan lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos. Así, por ejemplo, si el acto reclamado se hace consistir en una determinación de autoridad jurisdiccional, la que posteriormente fue objeto de recurso ante la potestad común, resulta inconcuso que el resultado del medio ordinario de defensa sustituye procesalmente a la resolución impugnada, provocando la cesación de sus efectos. En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en el auto de uno de junio de dos mil veintidós, dictado en autos del expediente ***, en donde el Juez responsable se negó en realizar una actualización de los salarios vencidos a favor del quejoso. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo *** del índice de este juzgado, se advierte que dicho auto fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por este Juzgado en el juicio de amparo antes citado, promovido por *** (quejoso en el presente asunto). Al tener a la vista el referido fallo protector, el cual constituye un hecho notorio para esta juzgadora en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que este órgano jurisdiccional determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a efecto de que la autoridad responsable procediera en los siguientes términos: Juicio de amparo ***: a) "Una vez que causa ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente el proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, y con libertad de jurisdicción, de inmediato emita un auto en el provea respecto a todas las cuestiones solicitadas por la parte quejosa en su escrito con sello de recibido de uno de marzo de dos mil veintidós. b) Notifique al trabajador, aquí quejoso, el contenido de dicho acuerdo. Sin que la concesión del amparo implique que la responsable deba resolver en forma favorable a los intereses de la parte quejosa, pues el derecho a la impartición de justicia pronta no tiene el alcance de obligar a la autoridad jurisdiccional a pronunciar sus resoluciones en determinado sentido, sino únicamente a hacerlo dentro de los términos que marca la ley" Posteriormente, por auto de diez de junio de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con la nueva resolución pronunciada en la contienda de origen para que se manifestaran respecto del cumplimiento que la responsable refirió haber dado a la ejecutoria. Una vez transcurrida la vista, este órgano de control estimó que el fallo protector dictado en el juicio *** no había sido acatado, por lo que requirió nuevamente su cumplimiento. Fue así que, la responsable dejó insubsistente el auto de uno de junio de dos mil veintidós, y, en su lugar, dictó uno nuevo el veintidós de junio de la presente anualidad. Tiene aplicación por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, visible en página 2026, del tomo XXXII, agosto de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro dice: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS". Sin que resulte necesario certificar dichas constancias, en atención a las consideraciones expuestas en la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 172215, cuyo rubro establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". De lo que se sigue que, el proveído combatido en la presente instancia, es decir, la emitida el uno de junio de dos mil veintidós, en el juicio laboral ***, fue sustituida procesalmente por la diversa de veintidós de junio del año que transcurre, emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo referida en párrafos que anteceden, siendo ésta y no aquélla la que actualmente rige la situación jurídica de las partes. Lo anterior impide examinar la constitucionalidad de dicha resolución, pues ello implicaría soslayar que a la fecha ha sido reemplazada en sus efectos por otra, y como tal, es esta última la que, en todo caso, afecta a las partes. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113, de dicho ordenamiento, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la parte quejosa, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Además, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en los términos solicitados a las personas que refiere, sin que haya necesidad de realizar la consulta de sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en atención a que se trata de un asunto en materia laboral donde el quejoso es el trabajador y no es necesario acreditar tener registradas sus cédulas profesionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
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