Eleuterio Lara Portilla
Expediente 1082/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1082/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Eleuterio Lara Portilla
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Eleuterio Lara Portilla, contra actos del Delegado en Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese en el libro de gobierno y regístrese con el número 1082/2019, que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente. DESECHAMIENTO En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1o, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, como se explica en seguida. Dichos artículos son de tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo transcrito prevé claramente la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 1, fracción I, mencionado, prevé: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte." Esta disposición establece que el objeto de estudio del juicio de amparo serán las leyes o actos de la autoridad que vulneren los derechos fundamentales. Por último, el artículo 5º, fracción II, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos; y que es autoridad, para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Sin embargo, el último precepto en cita, únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero omite abordar las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan derechos de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Lo anterior queda de manifiesto en la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199459, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Consecuentemente, es posible obtener como características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, septiembre de 2011, Tomo XXXIV, del Semanario Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 161133, de epígrafe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." De ahí, que el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra-subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado y, el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Ahora, en el particular, en concreto, la parte quejosa reclama de la Secretaría de Educación de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, lo siguiente: ".EL CONTENIDO DEL OFICIO NO. SEV/OM/DRH/DAF/OCS/20160/ 2019, DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2019, SIGNADO POR LA MTRA. LILIAN CUEVAS FRANCO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, DEPENDIENTE DE LA OFICIALÍA MAYOR, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, QUE ME FUERA ENTREGADO EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2019, AL SER DICHO DOCUMENTO Y/O RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA MTRA. LILIAN CUEVAS FRANCO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, DEPENDIENTE DE LA OFICIALÍA MAYOR, DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS." (sic). En este sentido, se estima que el acto que reclama la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, no es de autoridad para efectos del juicio de amparo, al tener una naturaleza eminentemente laboral que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón equiparado. Lo anterior se corrobora con la manifestación realizada por la impetrante de amparo bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, siguiente: ".soy docente frente a grupo, al servicio de la Secretaría de Educación de Veracruz, ingresando a prestar mis servicios el día 1 de octubre de 1985, teniendo por lo tanto 34 de servicios cumplidos." (sic). Esto pues la contestación a su escrito de petición realizada por un funcionario de una dependencia como la Secretaría de Educación de Veracruz, no puede ser violatoria de derechos del impetrante de amparo, ya que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Así por su contenido jurídico se cita la diversa tesis P. XXVIII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro digital: 199460, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL." Razonamiento que permite establecer que el acto que por esta vía se reclama surge dentro de una relación de coordinación, emanada de un vínculo laboral, lo que revela que no se trata de un acto emitido por la responsable en funciones de autoridad, sino como patrón asimilado. Ya que lo pretendido incide en los derechos laborales del aquí disconforme. Pues la actuación de la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de sus funcionarios, no emana de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confiera atribuciones coercitivas para actuar como una autoridad de Estado, modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que derivan de una relación laboral que pueden clasificarse en un plano de coordinación, que es lo que caracteriza a ese tipo de relaciones. Por tanto, la autoridad indicada, al modificar las relaciones laborales con sus servidores públicos, no actúan como tales, sino como patrones o sujetos de un contrato de trabajo y, por ende, las relaciones entre ellos no son de gobernante a gobernado, sino de carácter obrero-patronal, puesto que en los tratos que sostienen con sus empleados se conducen como personas de derecho privado, esto es, como patrón en el ámbito de las relaciones de la institución con su personal jurídico. En efecto, la parte quejosa al tener el carácter de docente dependiente de la Secretaría de Educación en el Estado de Veracruz, de conformidad con el artículo 1 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, se rige por un Estatuto Especial pues, dicho precepto estable: "Artículo 1. La presente Ley es de observancia general para los Poderes del Estado, los municipios, así como los organismos descentralizados del Estado o municipales y las empresas de participación estatal o municipales, que tengan a su cargo función de servicios públicos, a quienes en lo sucesivo se les denominará entidades públicas y los trabajadores a su servicio. Los trabajadores que prestan sus servicios para la Secretaría de Educación se regirán por un Estatuto Especial." Por su parte, el artículo 86 de la Ley de Educación del Estado de Veracruz, prevén: "Artículo 86. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente y en el presente ordenamiento, dará lugar a la aplicación, conforme a las formalidades del caso, de las sanciones correspondientes, sin perjuicio del derecho del interesado de impugnar por sí, por apoderado legal o su representación sindical, la resolución respectiva ante las autoridades competentes. Lo anterior sin perjuicio de que se den por terminados los nombramientos, en los términos de esta Ley y la Ley General del Servicio Profesional Docente, sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo descentralizado y sin necesidad de que exista resolución previa del tribunal laboral competente." En esas condiciones, cualquier cuestión derivada entre el quejoso y la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, con motivo de la relación laboral que los une, como en el presente caso, debe ventilarse ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Lo anterior es así, ya que el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado prevé lo siguiente: "Artículo 46. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tendrá su sede oficial en el municipio de Xalapa- Enríquez y competencia para: I. Establecer, en su respectivo ámbito, los precedentes obligatorios en los términos de esta Ley y ordenar su publicación, debidamente compilada y sistematizada, por conducto de su presidente; II. Resolver las controversias laborales que se susciten entre los Poderes Judicial o Legislativo y sus trabajadores; entre la administración pública estatal o municipal con sus empleados; y entre los organismos autónomos del Estado y sus trabajadores; III. Efectuar y, en su caso, cancelar el registro de las organizaciones de trabajadores de las dependencias centralizadas y entidades de la administración pública estatal o municipal, así como las de los organismos autónomos del Estado; IV. Conocer de las controversias que se susciten entre los sindicatos y sus agremiados; V. Conocer de las controversias sindicales e intersindicales; VI. Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo, reglamentos de escalafón, reglamentos de las comisiones mixtas de seguridad e higiene y de los estatutos de los sindicatos de los Poderes Judicial o Legislativo; de las dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal; y de los organismos autónomos del Estado; VII. Conocer de las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y las instituciones de seguridad social estatales, respecto de las prestaciones en materia de pensiones civiles; VIII. Calificar las excusas o impedimentos de los magistrados del Tribunal; IX. Aprobar el Reglamento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y remitirlo, para su publicación, al presidente del Tribunal Superior de Justicia; X. Dar cuenta al Consejo de la Judicatura de las irregularidades de que tenga conocimiento, cometidas por los secretarios, actuarios y demás servidores públicos del Tribunal, que afecten el buen funcionamiento del mismo; y XI. Conocer de los demás asuntos que establezcan la Constitución y las leyes del Estado." (Énfasis de este Juzgado de Distrito). Del contenido del artículo transcrito y de lo antes expuesto, permite afirmar que el acto impugnado carece de las características para tenerse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Toda vez que deriva del nexo de índole laboral que la impetrante tiene como docente (trabajador) de la Secretaria de Educación del Estado de Veracruz, por tanto, es inconcuso que cualquier cuestión derivada de dicha relación, debe ventilarse ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz pues, éste tiene dicha competencia. Por ello, cualquier cuestión o controversia que se suscite dentro de las relaciones laborales en la que dicho ente público tenga el carácter de patrón, debe ventilarse ante el Tribunal ordinario correspondiente a través del juicio laboral, pero si antes de hacerlo promueve amparo, éste resulta improcedente porque los actos reclamados no provienen de una autoridad propiamente dicha, sino de una que actúa como particular (patrón). Esto es así, ya que las diferencias que surjan entre el Estado patrón y sus trabajadores están sujetas a la jurisdicción de los tribunales del estado especializados en dirimir asuntos de índole laboral, de ahí que la aquí disconforme está en aptitud de hacer valer sus derechos ante los tribunales laborales. Y que, como consecuencia de ello, el acto que aquí se reclama no sea susceptible de examen constitucional al ser improcedente su estudio en la vía de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.6o.T.26 L, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página 347, con número de registro 202602, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES." Así como la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1956, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 2011343, de título: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Cabe precisar que no se está ante alguna de las excepciones que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues el oficio reclamado no es impugnado en exclusiva por carecer de la cita de los preceptos legales aplicables, sino por aspectos propiamente de legalidad, tan es así que en los conceptos de violación la parte quejosa se limitó a hacer manifestaciones respecto de las razones por las que en su opinión se le debe de apoyar con el trámite previo a cumplir con los requisitos legales para la obtención de la pensión por jubilación que solicitó. Sin que haya lugar a solicitar las constancias del acto reclamado a las autoridades responsables, pues las documentales que anexaron los quejosos a su demanda de amparo resultan suficientes, mismas que se le otorgan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, al ser documentos expedidos por la autoridad en ejercicio de sus funciones. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17, constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio y por el contrario, ello permite a la parte quejosa acudir oportunamente a la instancia correspondiente a defender sus intereses. No se soslaya la existencia de la diversa jurisprudencia 2a./J.54/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, de la Décima Época, materia Común, visible en la página 929, que dispone: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Se cita como apoyo a lo anterior, los argumentos expuestos en la jurisprudencia III.4.T. J/3 (10a), visible en la página 1224, Décima Época, publicada el once de octubre de dos mil catorce, Décima Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]". DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Salvador Mustafat Pérez y Bersaín Santiago Barranda, debido a que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. DOCUMENTOS EXHIBIDOS POR EL QUEJOSO Ahora bien, toda vez que el impetrante de amparo exhibió los originales de diversas documentales, guárdense en un sobre sellado, rubricado y entre sellado; asimismo, en el momento procesal oportuno con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, desglósense y devuélvansele, dejando en su lugar la certificación correspondiente. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de las actuaciones que se realicen en este juicio de amparo, a las partes que se encuentren facultadas para ello y lo soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas, previa identificación y razón que por su recibo se otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad, que no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable..."
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SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.
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