Eleuterio Huerta Béjar (Apoderado)

Expediente 82/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
82/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • Eleuterio Huerta Béjar (Apoderado)

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, diez de febrero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la determinación dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta como apoderado legal de la sociedad mercantil quejosa denominada Reactivos y Limpieza Dogo, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual, fue recibida de manera electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación1 ; fórmese el amparo correspondiente registrándose con el número 82/2023. Ante todo, debe puntualizarse que el juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 1 Lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica -transacción-; por ende, el oficio tiene valor probatorio en términos de los artículos 3, fracciones III y V y 222 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, la parte quejosa reclama: I).- EL AUTO DE CUMPLIMIENTO de fecha dos de enero del año dos mil veintitrés, emitido por la abogada María Guadalupe Muñoz Pérez*********** de la Región Judicial Centro, en el CONTROL JUDICIAL PREVIO ************. Como cuestión previa, resulta necesario precisar que el promovente instó el presente juicio de derechos humanos ostentándose con la calidad de apoderado legal de la empresa víctima, por ello resulta indudable que es parte formal en dicho control judicial previo. A consideración del suscrito, respecto a dicho acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme al precepto transcrito el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. La causa de improcedencia en cuestión puede actualizarse tanto por actos como por normas generales. En el caso particular, se estima que se surte la primera de tales hipótesis, tomando en consideración que la moral promovente reclama un acto de autoridad, esto es, el auto de dos de enero de dos mil veintitrés, emitido en el control judicial previo 55/2022/CJP/PUEBLA, en el cual, según se indica en la demanda, se resolvió: "ÚNICO. Se tiene por recibido el oficio FGEP/SERVPUB/3333/2022 que remite la licenciada *************, agente del Ministerio Público, a través del cual da contestación a la vista ordenada por auto de 7 de diciembre del año en curso; y atendiendo a sus manifestaciones, se ordena hacer saber al solicitante que una vez que se ha consultado el registro audio visual de la audiencia de control judicial previo de 14 noviembre del año en curso, se advierte que la suscrita resolvió instruir a la agente del Ministerio Público para que en un término no mayor a 5 días hábiles, computados a partir de la fecha de la audiencia, hiciera del conocimiento al solicitante y asesor jurídico el acuerdo emitido con fecha 3 de marzo de 2022, que es consecuencia inmediata del escrito presentado con fecha 25 de enero de 2022, donde se solicitaban se practicaran actos de investigación, sobre todo porque aquí deriva que fuera remitida la solicitud ante la autoridad competente que es el Fiscal Metropolitano a quien le compete conocer o no de estos actos de investigación y agente del Ministerio Público tendrá que analizar fundadamente si recaba la información solicitada en ese escrito de 25 de enero de 2022.- En ese sentido, la agente del Ministerio Público, mediante el oficio **********, informó el cumplimiento a lo ordenado, por lo que se tiene por cumplida la determinación emitida por esta autoridad. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE" Es decir, se trata de la resolución por la que la jueza de control tiene por cumplida la resolución emitida en el control judicial previo que conoció. También conviene destacar lo que refiere el promovente con relación a que la jueza de Control, al resolver, en la audiencia judicial de control previo, el catorce de noviembre de dos mil veintidós, ordenó al agente del Ministerio Público que, en un término no mayor a cinco días hábiles, hiciera del conocimiento al solicitante y asesor jurídico el acuerdo emitido con fecha tres de marzo del año dos mil veintidós y que es consecuencia inmediata del escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintidós, donde se solicitaba se practicaran actos de investigación, sobre todo porque aquí deriva que fuera remitida la solicitud ante la autoridad competente, que es el Fiscal Metropolitano que es a quien compete conocer y no de actos de investigación y el agente del Ministerio Público tendrá que analizar fundadamente si recaba la información solicitada en escrito de veinticinco de enero de dos mil veintidós (foja 9 de la demanda). Así mismo, el promovente indica que el acuerdo reclamado no guarda congruencia con la petición de audiencia de control judicial previo, la cual se pidió para resolver sobre la negación del agente del Ministerio Publico, por no admitir los actos de investigación solicitados -el veinticinco de enero de dos mil veintidós- (foja 11 de la demanda). Conforme a lo anterior, se advierte que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio de garantías respecto a tal acto, pues lo determinado por la jueza de control el dos de enero de dos mil veintitrés, por sí mismo no le genera alguna afectación real y actual a sus derechos, dado que el quejoso está en aptitud de solicitar al órgano ministerial -Fiscal de Investigación Metropolitano, al que se remitió el desglose de la carpeta de investigación- la práctica de actos de investigación, en su caso, los contenidos en el escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintidós ante el diverso agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos; es decir, la moral promovente en forma alguna tiene limitados sus derechos con motivo de la emisión del acto reclamado a la jueza responsable. Ahora, en cuanto a la circunstancia que narra respecto a que el acuerdo reclamado ninguna relación guarda con lo resuelto en la audiencia de control judicial previo, pues lo que motivó que controvirtiera por ese medio de defensa el acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintidós, es la inadmisión por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, de los actos de investigación que le solicitó en el escrito de veinticinco de ese mismo mes y año. Al respecto, debe decirse que la cuestión que subyace en la pretensión de la parte quejosa respecto al acto reclamado, descansa en la actuación del agente del Ministerio Público en la etapa de investigación inicial, en la cual determinó inadmitir medios de prueba. Acto este que, de haberse incluso convalidado en el control judicial previo y de tratarse del acto reclamado en forma destacada, no le generaría alguna afectación a los derechos de la moral quejosa, pues tal decisión se relaciona con las facultades de investigación los hechos puestos en conocimiento de la autoridad ministerial. Se sostiene lo anterior con apoyo en la tesis de rubro y texto, siguientes2 : IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5o., FRACCIÓN I, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE RESUELVE SOBRE ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 2 Registro digital: 2025760, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: II.3o.P.36 P (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada. INICIAL, YA QUE ESA DECISIÓN NO IRROGA PERJUICIO A LA PARTE QUEJOSA. Hechos: Un Juez de Control confirmó el auto dictado por un agente del Ministerio Público mediante el cual determinó no admitir medios de prueba ofrecidos por la parte quejosa en la carpeta de investigación dentro de la etapa de investigación inicial del sistema penal acusatorio. En desacuerdo con esa decisión, ésta promovió juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente el juicio constitucional, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, cuando se reclama la determinación emitida por un Juez de Control que versa sobre la calificación de una actuación realizada por la representación social en la etapa de investigación inicial, en la medida en que tal decisión no es un acto que genere perjuicio real, actual o inminente a la parte quejosa. Justificación: Se arriba a esa conclusión, porque el acto referido no tiene otro impacto más que convalidar lo que se realizó en la etapa de investigación inicial por el representante social, y ello únicamente atañe a la potestad que faculta a la Fiscalía a investigar respecto a los delitos que son hechos de su conocimiento. Circunstancias que, por sí mismas, no afectan la esfera jurídica del peticionario, en tanto no existe pronunciamiento que en ese momento le cause un perjuicio real y actual, dada la fase en que se encuentra el asunto. De manera que, en el caso concreto, si bien el acto reclamado lo constituye la determinación que condujo a la jueza responsable a tener por cumplida la determinación de control judicial previo, en los términos antes transcritos, lo cierto es que el quejoso hace depender esa circunstancia en la inadmisión de actos de investigación, lo cual, se insiste, no le genera alguna afectación, pues no le limita sus derechos dentro de la etapa de investigación inicial, siendo en todo caso, la determinación con que esa etapa concluya, de serle desfavorable, la cual generaría una afectación en sus derechos y, por tanto, lo facultaría para hacerlos valer a través del medio de defensa que estime procedente. Se reitera que tal afectación es hasta ahora inexistente, dado que el acto reclamado no tiene otro impacto más que convalidar lo que se ordenó realizar por la propia jueza al ejercer el control judicial previo respecto del actuar del representante social en la etapa inicial de investigación; y según se conoce, tanto la carpeta de investigación que inició ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, como la que éste ordenó desglosar a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, con motivo de los hechos denunciados, están en curso y la moral quejosa tiene intervención en ambas; de forma que el acto reclamado, por sí mismo, no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, pues la circunstancia de tener por cumplida la determinación adoptada en la audiencia de control judicial previo no causa cause un perjuicio real y actual a la parte quejosa, dada la fase en que se encuentra el asunto en sede ministerial. En ese contexto, si se toma en consideración que la sola determinación de dos de enero de este año, en la que la jueza de control tuvo por cumplida la determinación de control judicial previo no incide en alguno de los derechos humanos consagrados constitucionalmente a favor de la parte promovente, es inconcuso que carece de interés jurídico para reclamarla, lo que en forma alguna lo deja en estado de indefensión pues, en su caso, estará en condiciones de reclamar la determinación de tales agentes, que pongan fin a esa etapa de investigación inicial, de resultarle alguna de ellas desfavorable a sus intereses. En consecuencia, se desecha la demanda respecto al acto reclamado a María Guadalupe Muñoz Pérez, Jueza de Control de la Región Judicial Centro, consistente en la determinación de dos de enero de dos mil veintitrés, emitida en el control judicial previo *********, porque tal acto no afecta su interés jurídico; lo anterior, conforme a los artículos 61, fracción XII, y 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZADOS Se tiene como autorizados a ********, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener registrada su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y haberse constatado por este juzgado, así como únicamente para recibir notificaciones a la persona que indica por así haberlo manifestado expresamente. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS De igual forma, como lo solicita la promovente, téngasele proporcionando el nombre de usuario losiram_za, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico y se le practiquen las notificaciones electrónicas; por lo que se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que solo se le realizarán las notificaciones electrónicamente a través del mencionado usuario, de la resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar en forma personal, en términos del artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. Apercibida la parte quejosa que en caso de que el usuario proporcionado no sea correcto, se ordenará realizar las notificaciones personales en el domicilio que indicó en su demanda. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa

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