Eleuterio Cupil Sánchez
Expediente 575/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 575/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Eleuterio Cupil Sánchez
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, trece de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el cuatro de noviembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio constitucional, sin haberlo hecho, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Se comunica lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo en los términos siguientes: 1. Al haberse concedido en su momento la suspensión de plano, procede calificar este expediente, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, como DEPURABLE, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio remitido por el Director del Hospital Regional de Petróleos Mexicanos en Villahermosa, Tabasco, y atento a su solicitud, se ordena al fedatario de la adscripción que, mediante oficio remita al correo electrónico **********, copia simple del presente acuerdo. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en el presente juicio de amparo el quejoso *******, reclamó como acto la omisión de las autoridades responsables de implementar medidas preventivas y protocolos indispensables ante la contingencia, que le permitan el resguardo domiciliario, y no asistir a sus labores como empleado de Petróleos Mexicanos, sin que ello reflejara detrimento en su sueldo que percibe, por considerarse que es una persona vulnerable o de riesgo. Sin embargo, se invoca como un hecho notorio y de dominio público que el sistema de alerta sanitaria previsto por el Gobierno Federal, la Entidad se encuentra en alerta verde, lo que acorde con el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de Actividades Económicas, en el que permiten todas las actividades, incluidas las escolares. En ese sentido, esta Juzgadora Federal, considera que en la especie se actualizan las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XII y XXII, de la Ley de Amparo. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, el artículo 61, fracción XXII del artículo de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo". Es así, porque de lo expuesto por el quejoso en su demanda, se aprecia, que impugna básicamente de las autoridades responsables la omisión de otorgarle resguardo domiciliario y como consecuencia de ello la ejecución presencial de sus labores en su centro de trabajo como empleado de la Empresa Productiva del Estado Pemex Exploración y Producción, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, en Ciudad del Carmen, Campeche, no obstante que dice pertenecer a grupo de riesgo o vulnerable; circunstancias que aunque se actualicen y pervivan hoy en día, no pueden surtir efecto material alguno, ya que, como se dijo que de conformidad con el sistema de alerta sanitaria previsto por el Gobierno Federal, la Entidad se encuentra en alerta verde, lo que acorde con el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de Actividades Económicas, publicado el veintinueve de mayo de dos mil veinte, en su punto 4.2, permite, ante un nivel de riesgo bajo, como es el semáforo verde, la presencia de todo el personal en el centro de trabajo, mas no exime, según lo precisado en el punto 7, del invocado Acuerdo, al personal operario de presentarse a laborar, aun siendo persona en situación de vulnerabilidad, dado que eso sólo se encuentra previsto para localidades en alerta máxima, ya que en casos de alerta baja, como en la especie, no será necesario implementar medidas especiales. En consecuencia, aunque existan las omisiones alegadas, no pueden tener efecto alguno, ya que el resguardo domiciliario y exención de labores con motivo de la pandemia, no es operante y carece de objeto en localidades de riesgo bajo (semáforo verde), aun tratándose de personal con alguna vulnerabilidad, ya que el regreso a las labores es completo. Por otro lado, tales actos reclamados también actualizan la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Lo anterior es así, toda vez que el quejoso señala que le agravia esencialmente la omisión de otorgarle resguardo domiciliario para no asistir a sus labores en su centro de trabajo como empleado de la Empresa Productiva del Estado Pemex Exploración y Producción, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, en Ciudad del Carmen, Campeche, sin que ello, implique algún detrimento en sus percepciones. Sin embargo, cabe señalar, que la Secretaría de Salud, estableció las etapas para regresar a las actividades normales durante la pandemia generada por el virus SARCOV2 (COVID-19), que denominó como: Semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva normalidad, es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19. Este semáforo será estatal y está compuesto por cuatro colores: Rojo Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día. Naranja Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido. Amarillo Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Verde Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares. Asimismo, dicha institución de salud pública, determinó que a partir del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, el Estado de Campeche, pasaría del semáforo amarillo al verde, lo cual implica la reactivación de todas las actividades, incluidas las escolares, por lo que es indiscutible que las actividades que dice ejecutar el ahora quejoso no están exentas de llevarlas a cabo; además, la etapa de semáforo verde permite, sin excepción, que toda persona (vulnerable o no) desarrolle las actividades que tenga encomendadas, ya que como se estableció con antelación, el regreso es completo; de ahí que el inconforme no goza de beneficio alguno para dejar de acudir a sus labores en su centro de trabajo como empleado de la Empresa Productiva del Estado Pemex Exploración y Producción, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, en Ciudad del Carmen, Campeche, incluso alegando pertenecer a grupo vulnerable o de riesgo. Por tanto, el hecho de que las autoridades incurran en la omisión atribuida, no genera al quejoso una afectación real, personal y directa, ya que dadas las circunstancias epidemiológicas imperantes en esta Entidad (semáforo verde), no existe base legal para que pueda concedérsele la exención de labores y resguardo domiciliario. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracciones XII y XXII, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento de este juicio, fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin necesidad de la celebración de la audiencia constitucional, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. De conformidad con el Acuerdo General 29/20071 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, uno de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Secretario de Ajustes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Comité Ejecutivo Local, Sección 47, en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual rinde su informe justificado; consecuentemente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el informe de mérito, para el ejercicio de sus derechos si lo estiman pertinente, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora, toda vez que mediante el presente proveído se está dando vista a las partes con el informe justificado de la responsable, con el fundamento en el artículo 117 de la citada Ley, y para no incurrir en alguna violación al procedimiento, con el fin de que las partes se impongan de su contenido, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Encuentra aplicación al caso concreto la jurisprudencia número 54, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 5, Tomo XI, abril 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.- Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que ya existe constancia de su notificación en el presente juicio de garantías y, por ende, este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Agréguese a los autos el oficio remitido por el Secretario de Ajustes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Comité Ejecutivo Local, Sección 47, en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual rinde su informe justificado; consecuentemente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el informe de mérito, para el ejercicio de sus derechos si lo estiman pertinente, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora, toda vez que mediante el presente proveído se está dando vista a las partes con el informe justificado de la responsable, con el fundamento en el artículo 117 de la citada Ley, y para no incurrir en alguna violación al procedimiento, con el fin de que las partes se impongan de su contenido, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Encuentra aplicación al caso concreto la jurisprudencia número 54, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 5, Tomo XI, abril 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.- Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que ya existe constancia de su notificación en el presente juicio de garantías y, por ende, este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese.
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