Eleuterio Barrios Hernández

Expediente 691/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
691/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
31/08/2021

Partes del expediente

  • Eleuterio Barrios Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 691/2021 III-B, promovido por ***, en contra de actos del Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con sede en Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si el quejoso logra desvirtuar las consideraciones del Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con sede en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, para emitir la resolución de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en la cual se le vinculó a proceso, dentro de la causa penal 236/2021, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de feminicidio en grado de tentativa, previsto en el artículo 411, fracciones II, III y VIII, sancionado por el diverso 412, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en relación con los preceptos 8, fracción I, 10, fracción II, 11, fracción II y 57 del mismo ordenamiento legal, en agravio de María Luisa Cruz Martínez. I. ANTECEDENTES De las documentales que se allegaron al expediente de amparo, se tiene acreditado que ante el Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, sede Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, se tramita la causa penal 236/2021, en contra de Eleuterio Barrios Hernández, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de María Luis Cruz Martínez. En audiencia de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, ante el Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, sede Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, se calificó de legal la detención del imputado, la Agente del Ministerio Público formuló imputación y solicitó se vinculara a proceso a Eleuterio Barrios Hernández. La defensa del imputado se acogió al plazo constitucional ampliado para que se resolviera la situación jurídica, por lo que se fijaron las doce horas del veintiocho de mayo del año en curso para el verificativo de dicha audiencia. En audiencia de veintiocho de mayo de la anualidad en curso, se determinó vincular a proceso a Eleuterio Barrios Hernández, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de feminicidio en grado de tentativa, previsto en el artículo 411, fracciones II, III y VIII, sancionado por el diverso 412, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en relación con los preceptos 8, fracción I, 10, fracción II, 11, fracción II y 57 del mismo ordenamiento legal, en perjuicio de María Luisa Cruz Martínez. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Eleuterio Barrios Hernández, por propio derecho, presentó un escrito el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y el acto que más adelante se precisarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de mérito se turnó a este Juzgado al día hábil siguiente de su presentación y en acuerdo de veintidós de junio pasado, se registró con el número 691/2021 y se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; se ordenó emplazar a los terceros interesados; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se emplazó a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, Iris Aparicio Cruz. El cinco de agosto siguiente, se emplazó a la tercero interesada María Luisa Cruz Martínez. La audiencia constitucional tuvo verificativo el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad de la jurisdicción del propio juzgado. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama del Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, sede Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, lo siguiente: La determinación emitida en audiencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en la causa penal 236/2021, mediante el cual lo vinculó proceso, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de María Luisa Cruz Martínez. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, sede Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, quedó legalmente acreditada a partir de su informe justificado, lo que se corrobora con los tres discos versátiles digitales relativos a la causa penal 236/2021 que remitió en apoyo a su informe de ley, medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." VI. LEGITIMACIÓN Eleuterio Barrios Hernández, por propio derecho, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que la determinación adoptada en la audiencia que controvierten en esta instancia judicial, fue emitida en su contra, lo que a su decir es violatorios de derechos fundamentales. VII. OPORTUNIDAD La determinación emitida por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, sede Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, en la que vinculó a proceso al aquí quejoso, dentro de la causa penal 236/2021, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de feminicidio en grado de tentativa, en perjuicio de María Luisa Cruz Martínez, se notificó en la propia audiencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Esa notificación surtió efectos al día siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, el treinta y uno de mayo del año en curso. De ahí que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el uno y feneció el veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Al plazo citado, se descuentan los días veintinueve y treinta de mayo del año en curso, así como el cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de junio, por ser sábados y domingos e inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. Así, al presentarse la demanda el dieciocho de junio de dos mil veintiuno-como se aprecia de la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca-, se considera que es oportuna. VIII. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. IX. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo, además de que con ello no se afectan las defensas de las partes. Apoya la reflexión anterior, la Jurisprudencia de la Novena Época, registro: 164618, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, página: 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". X. ESTUDIO DEL ASUNTO La parte quejosa, en esencia, hace valer los siguientes conceptos de violación: Que el Juez de Control responsable dictó un auto de vinculación a proceso por un delito que no se configura, por lo que procede la reclasificación jurídica por el delito de violencia familiar En ese tenor, el quejoso refiere que para que se acredite el delito de feminicidio en grado de tentativa, se requiere que se coloque en peligro el bien jurídico consistente en la vida, pero a su decir, los actos que realizó sobre la víctima, no fueron idóneos para poner su vida en peligro Asimismo, destaca que del certificado médico de lesiones realizado a favor de María Luisa Cruz Martínez se desprende que las lesiones que presentó, no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días. Por ello, el Juez de Control debió valorar en su conjunto todos los datos de prueba aportados y no tener por acreditada la puesta en peligro de la vida, ya que los datos de prueba incorporados y valorados, no eran idóneos para acreditar la puesta en peligro de la vida. Refiere que los hechos encuadran en el delito de violencia familiar, por lo que se debe reclasificar éste. Que el Juez de Control arbitrariamente valoró los datos de prueba incorporados por las partes, pues indica que hay incongruencias en las declaraciones del testigo en cuanto a la hora en las que sucedieron los hechos. Manifiesta que no se apreciaron de manera conjunta, integral y armónica los datos de prueba incorporados, porque de haberse hecho, se hubiesen advertido diversas incongruencias. Los motivos de disenso expuestos por el promovente del amparo son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, como quedará evidenciado en párrafos siguientes. En principio, conviene destacar que los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la lectura de los dispositivos transcritos conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, respecto al fondo, esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 204, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia Común, Séptima Época, 1917-2000, página ciento setenta y seis, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, la tesis XIII.P.A.30 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, página mil doscientos veintiocho, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 Constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. En ese sentido, atendiendo a la importancia que reviste el derecho fundamental de libertad que se ve afectado de manera indirecta con la resolución reclamada, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional el deber de circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el Juez de control y resolver respecto de la constitucionalidad o no de dicho acto, sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Ahora bien, de la reproducción del disco versátil certificado que remitió la autoridad responsable, relativo a la causa penal 236/2021, se advierte lo siguiente: Audiencia de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno A las 17:43 horas, se inició la audiencia, en la que después de individualizarse las partes y hacerse del conocimiento de la víctima y el imputado de los derechos que tienen reconocidos, se solicitó al Juez de Control responsable que calificara de legal la detención (17:58 horas). A las 19:13 horas, el Juez responsable calificó de legal la detención; acto seguido, la Representación Social formuló imputación (19: 20 horas). Luego, a las 19:35 horas, la Agente del Ministerio Público solicitó se vinculara a proceso al imputado. A las 20:35 horas, el imputado manifestó que era su deseo acogerse al plazo constitucional ampliado. Audiencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno A las 12:02 horas, se inició la audiencia, en la que después de verterse y valorarse los datos de prueba, se vinculó a proceso al aquí quejoso (15:54 horas). De los acontecimientos antes expuestos, se debe puntualizar que se respetó al aquí quejoso el principio constitucional de presunción de inocencia, debido a que se le trató como tal, se le otorgó oportunidad de defensa al estar asistido por un defensor público, se le hizo saber su derecho a guardar silencio o no declarar y la trascendencia de éste, su derecho a ofrecer pruebas, a la información, el conocimiento del motivo por el que se llevó a cabo la audiencia y su derecho a una impartición de justicia pronta. También, debe señalarse que se cumplió con lo previsto por el ordinal 4° del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que las audiencias se desahogaron con apego a los principios de publicidad, al ser pública; de inmediatez, ya que la participación de las partes fue ininterrumpida, sin intermediarios; el de contradicción, debido a que las partes ejercieron libremente su derecho a controvertir los datos de convicción comunicados e incorporados verbalmente; de continuidad y concentración, en razón de que los actos desarrollados en las audiencias se realizaron en una sola, se llevaron a cabo con los recesos indispensables propios por la naturaleza de este tipo de procedimiento y todo, en forma oral. Igualmente, se considera que se atendieron las exigencias que requiere el contenido del artículo 19 Constitucional, así como lo dispuesto por los ordinales 311 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque según consta de la copia certificada del disco versátil digital de la audiencia celebrada en la causa penal de origen el veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, la Fiscal formuló imputación por el hecho que la ley señala como el delito de feminicidio en grado de tentativa, previsto en el artículo 411, fracciones II, III y VIII, sancionado por el diverso 412, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en relación con los preceptos 8, fracción I, 10, fracción II, 11, fracción II y 57 del mismo ordenamiento legal, en agravio de María Luisa Cruz Martínez y se precisaron las circunstancias de lugar, tiempo y de ejecución. Posteriormente, se emitió auto de vinculación a proceso en su contra (en audiencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno), por su probable intervención de los hechos imputados, al estimarse que existieron datos que evidenciaron que se han cometido esos hechos y existe la probabilidad de que Eleuterio Barrios Hernández, los perpetró. Los datos de prueba destacados en el auto de vinculación fueron los siguientes: Ministerio Público Informe policial homologado de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, firmado por la Policía Municipal, Remedios Soledad Hernández Santiago. Entrevista al Policía Municipal Daniel Hernández Taro, de veintidós de mayo de dos mil veintiuno. Ampliación de entrevista del testigo Manuel Moisés Montesinos, de veintidós de mayo de dos mil veintiuno. Inspección realizada por el Agente Estatal de Investigaciones Reynaldo López, de veintidós de mayo de dos mil veintiuno, en el lugar donde se llevó a cabo la detención. Acuerdo de ratificación de la flagrancia y detención en flagrancia, de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el Agente Estatal de Investigaciones Mauro Luna Gómez. Certificado médico de lesiones, de veintidós de mayo de dos mil veintiuno, a favor de Eleuterio Barrios Hernández, suscrito por el médico Carlos Miguel León Bautista. Certificado médico de lesiones, de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, a favor de María Luisa Cruz Martínez, suscrito por el médico Carlos Miguel León Bautista. Ampliación de la declaración de María Luisa Cruz Martínez, realizada el veintidós de mayo de dos mil veintiuno. Dictamen químico, de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, realizado por el perito Héctor Josimar Martínez. Documental consistente en el acta de nacimiento de la víctima María Luisa Cruz Martínez. Copia del acta de matrimonio de diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y tres, en la cual los contrayentes son la víctima y el imputado. Inspección realizada por el Agente Estatal de Investigaciones Reynaldo López, de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, para el aseguramiento de una piedra con la cual fue agredida la víctima. Inspección del lugar de intervención del domicilio, realizado por el Agente Estatal de Investigaciones Reynaldo López. Dictamen psicológico de veintidós de mayo de dos mil veintiuno, realizado por la perito Eloisa González González, a favor de María Luisa Cruz Martínez. Defensa del imputado Denuncia verbal de María Luisa Cruz Martínez, de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Declaración recabada a Manuel Moisés Montesinos Cruz, por el Agente Estatal de Investigaciones Reynaldo López. Certificado médico de lesiones, a favor de María Luisa Cruz Martínez, realizado por la médico Gema del Carmen Luján López. Resumen de una explicación de una tomografía de cráneo simple a favor de María Luisa Cruz Martínez, de veintidós de mayo de dos mil veintiuno. Certificado médico de lesiones, a favor de Eleuterio Barrios Hernández, expedido por el médico José Antonio Pérez Dionisio. Denuncia por escrito de Eleuterio Barrios Hernández, con número de carpeta de investigación 17749/FMIX/PUTLA/2021, recibida el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Entrevista al testigo Fernando González Lazo. Entrevista al testigo Francisco Torres Barrios. Un disco compacto que contiene fotografías de las lesiones que presentaba el imputado Eleuterio Barrios Hernández. Dos imágenes de carácter ilustrativo, obtenidas del perfil de Facebook de un físico culturista. El Juez de Control estableció sustancialmente que los hechos que se acreditan con los datos de prueba previamente enlistados, son los siguientes: "1. La ciudadana María Luisa Cruz Martínez y Eleuterio Barrios Hernández, se casaron civilmente el día diecinueve de febrero del año mil novecientos noventa y tres. 2. De dicha relación procrearon a una hija de nombre de iniciales B.B.C., actualmente tiene la edad de veintiséis años y que nació el día dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco. 3. Establecieron su domicilio conyugal en la calle Lázaro Cárdenas, número dos, barrio Guadalupe Yuteé, Putla Villa de Guerrero. 4. Eleuterio Barrios Hernández, el día veinte de mayo del año dos mil veintiuno, siendo las diez horas, la señora María Luisa Cruz Martínez, estaba en el interior de la casa ubicada en calle Lázaro Cárdenas, número dos, barrio Guadalupe Yuteé, Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, cuando llegó Eleuterio Barrios Hernández tomado y le dijo "Chinga tu madre, ya me tienes harto, estúpida, mierda" y se fue de la casa a dormir a la casa de su sobrino. 5. El día veintiuno de mato del año dos mil veintiuno, siendo las once cero dos horas (sic), la ciudadana María Luisa Cruz Martínez, se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Lázaro Cárdenas, número dos, barrio Guadalupe Yuteé, Putla Villa de Guerrero, viendo televisión cuando llegó Eleuterio Barrios Hernández tomado y se dio cuenta que estaba tomado porque se puso cariñoso con los perros, como chipilón, después se acostó atrás del patio, que ella se puso a cocinar, enseguida salió a tirar una lata de atún , lo siguió su perrita y Eleuterio Barrios Hernández tomó a la perrita del cuello y comenzó a apretarlo, la señora le pedía que lo dejara, más apretaba al perrito, entonces la señora se desesperó y le gritó que la soltara porque la estaba lastimando y Eleuterio Barrios Hernández, le dijo que si quiere la podía matar porque todo lo que está ahí en esa casa, es suya, enseguida aventó a la mascota, caminó como dos pasos y al voltear, se dio cuenta que Eleuterio Barrios Hernández tenía una tira de madera de un metro veinte aproximadamente por cinco centímetros de ancho mismo que tenía un filo en los costados y le dijo "Desde ayer te traigo ganas, ahora sí te voy a matar" y ella sostuvo el palo con ambas manos y comenzaron a forcejear mientras Eleuterio Barrios Hernández le decía "que chingue a su madre y que ya lo tenía harto, que ahora si se lo iba a pagar", de ahí le dio una patada en su pierna izquierda la cual le originó un moretón, la tiró al suelo y al caer, ella estaba por pararse cuando Eleuterio Barrios Hernández le dio un golpe con la tira de madera a la altura de la cabeza justo en la parte de enfrente y empezó a sangrar, de ahí aventó la tira de madera a la jardinera y se fue caminando. 6. Cuando Eleuterio Barrios Hernández iba caminando rumbo a la salida de la casa, la víctima también iba a pedir ayuda cuando en ese momento regresó Eleuterio Barrios Hernández y la empujó con ambas manos y ella cayó al suelo y en ese momento le dijo Eleuterio Barrios Hernández "Chinga tu madre" y ella le respondió lo mismo, de ahí tomó una piedra grande y Eleuterio Barrios Hernández se lo iba a aventar con dirección a la cabeza y ella se tapó con sus manos y cuando llegó su sobrino Manuel Moisés Montesinos Cruz, le dijo a Eleuterio Barrios Hernández "Déjala, la vas a matar", entonces Eleuterio Barrios Hernández aventó la piedra a la jardinera y el ciudadano Manuel neutralizó a Eleuterio Barrios Hernández por la fuerza física y lo detuvo entregándolo a la policía. 7. La víctima María Luisa Cruz Martínez, tiene una herida en la cabeza a la altura de la frente de cinco centímetros, la cual se encuentra suturada y moretones en la parte de la articulación del codo, moretones en el codo derecho, moretón en el brazo medio derecho y moretón en el codo izquierdo, así también como en el muslo izquierdo. 8. La víctima María Luisa Cruz Martínez, presenta afectación emocional por los hechos vividos pues presenta síndrome de la mujer maltratada con episodios de ansiedad moderada." El Juez responsable continuó verificando si los hechos antes relatados se subsumen a lo que la norma penal dispone en los artículos 411, fracciones II, III y VIII, y 412 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en relación con el precepto 57 del mismo ordenamiento legal, que prevén el delito de feminicidio en grado de tentativa, tomando en consideración los datos de prueba vertidos por las partes. Los artículos antes invocados disponen: "Artículo 411. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se entiende por razones de género cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: (.) II.- A la víctima se le hayan infligido heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras o mutilaciones o signos de asfixia, previos o posteriores a la privación de la vida; III.- Existan datos, información que refiera algún tipo de violencia, en cualquier ámbito, previo a la comisión del delito o amenazas, acoso y maltrato del sujeto activo en contra de la víctima, aun cuando no haya denuncia, querella o cualquier otro tipo de registro; (.) VIII.- Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;" "Artículo 412. (.) Si entre el activo y la víctima existió una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, adopción, matrimonio, concubinato, relación de convivencia, noviazgo, amistad, laboral, docente, tutela o cualquier otra que implique confianza, además de la pena que le corresponda, se le impondrá hasta un tercio más de la misma; además el sujeto activo en su caso, perderá la patria potestad, tutela, guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias, el derecho de alimentos que le correspondiere por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener respecto de los bienes de ella." "Artículo 57. Al responsable de tentativa, se le aplicarán de las dos terceras partes del mínimo a las dos terceras partes del máximo de la sanción que se le debiera imponer, de haberse consumado el delito que quiso realizar, salvo disposición en contrario. Si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna por lo que a éste se refiere, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por si mismos delitos." Para tener por comprobado que los hechos encuadran en la norma penal, la autoridad responsable tomó en consideración los datos de prueba ofrecidos por la Representación Social y por la defensa del imputado, los cuales fueron valorados de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 259, 263, 265 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, el suscrito considera que fueron correctamente ponderados los datos de prueba incorporados por las partes, como a continuación se expondrá. En relación con la ampliación de la declaración de María Luisa Cruz Martínez, así como la ampliación de la entrevista de Manuel Moisés Montesinos, el Juez de Control responsable precisó que no se advierte interés de perjudicar al imputado, pues de la información incorporada se estableció la preocupación del testigo por la integridad física de la víctima por la conducta verificada por el imputado, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, cuando le causó lesiones en diversas partes del cuerpo a la nombrada. Estableció que los relacionados datos de prueba cumplen con los principios de la lógica, siendo acordes al principio de identidad lógica, pues llegan a establecer los hechos preliminares concomitantes y posteriores, afirmándose, en esencia, la conducta recaída en la corporeidad de la denunciante; asimismo, se establecieron aspectos de la vida privada de la víctima, en el sentido que existieron diversos conflictos generados a consecuencia de la conducta del imputado al no estar conforme con la paternidad de la hija procreada en el matrimonio con María Luisa Cruz Martínez, así como la ausencia durante diez años por irse a los Estados Unidos de América, la falta de apoyo económico y su posterior incorporación a la familia. Precisó que no se advierten contradicciones respecto al desarrollo de los hechos, ya que existe coherencia en lo individual y en su conjunto, con los diversos datos de prueba incorporados, en virtud que se establece la relación de matrimonio que existe entre María Luisa Cruz Martínez y Eleuterio Barrios Hernández, así como el domicilio establecido, la hija que procrearon, el tiempo aproximado que vivieron juntos, la ausencia del imputado durante el tiempo que estuvo fuera del país y los conflictos generados por la relación de matrimonio. Por cuanto hace a la declaración de Manuel Moisés Montesinos Cruz, el Juez responsable precisó que ésta proporciona razones suficientes como es la relación de parentesco con la víctima, la congruencia externa de los datos de prueba, advirtió la solidaridad entre familiares proporcionando apoyo ante situaciones de temor, inseguridad y peligro. Además, estableció que se justifica su intervención en los hechos en los que resultó lesionada su tía; precisó lo que percibió a través de sus sentidos (vista, oído y tacto), proporcionando las actividades que llevó a cabo, así como los pormenores de la conducta desplegada el día de los hechos, en los que evitó la conducta del imputado. El Juez responsable indicó que dichos datos de prueba resultaban creíbles al no incorporarse un dato diverso para restarles valor probatorio, ya que quedaron establecidas las agresiones físicas y psicológicas dirigidas a la víctima, mismas que se agravaron por la ingesta de bebidas alcohólicas por parte del imputado. Por ello, acertadamente se les otorgó valor probatorio, pues dichos datos de prueba son acorde a los principios de identidad lógica, razón suficiente y máximas de la experiencia sobre el caso particular; lo anterior, en razón de que corroboran la relación de matrimonio que existe entre la víctima y el imputado, así como el regreso de éste último en la dinámica familiar, lo que originó en diversas ocasiones agresiones verbales y físicas a la víctima, ocasionados por el consumo de bebidas alcohólicas. Aunado a que, con los mencionados datos de prueba, se estableció que la víctima percibió el estado de ebriedad en el que se encontraba Eleuterio Barrios Hernández, primero porque intentó lastimar a su mascota ejerciendo fuerza con sus dos manos a la altura del cuello del can; lo que motivó que el imputado le hiciera saber que la podía matar (a la mascota), luego insultó a la víctima, forcejearon y la comenzó a agredir, provocando que cayera al suelo, cuando intentó pararse, le dio un golpe a la altura de la cabeza con una tabla de madera, que le provocó un sangrado abundante. No obstante lo anterior, el imputado continúo con las agresiones verbales y cuando pretendía salir del domicilio, la tiró al suelo para intentar golpearla con una piedra, que pudo evitar al taparse la cara con las manos. Por lo que respecta a la denuncia de María Luisa Cruz Martínez y la declaración de Manuel Moisés Montesinos Cruz, datos de prueba incorporados por la defensa del imputado, el Juez responsable indicó que son suficientes para acreditar la relación de parentesco de la víctima con Eleuterio Barrios Hernández, la ausencia de éste en el núcleo familiar, el domicilio donde habitaban, así como los hecho verificados el veintiuno de mayo del presente año, en el que se le provocaron lesiones a la víctima con una madera a la altura del cráneo, estableciéndose las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Asimismo, el Juez de la causa recalcó que con esos datos de prueba se acreditan las circunstancias de tiempo (veintiuno de mayo de dos mil veintiuno), modo (agresión y discusión entre la víctima y el imputado, como resultado de la conducta: herida a la altura del cráneo que ocasionó sangrado abundante, además de palabras altisonantes) y lugar (domicilio conyugal). En ese tenor, se estableció que si bien la defensa del imputado indicó que existe una contradicción entre lo declarado por la víctima y el testigo presencial, el Juez de origen fue preciso al manifestar que no existe contradicción y que ambos declarantes refirieron horas aproximadas, mas no exactas, aunado a que no se incorporó dato de prueba para establecer algún objeto instrumento para medir el tiempo y determinar lo dicho por la defensa. Atinente a la conducta del testigo presencial de los hechos, que a decir de la defensa del imputado constituye allanamiento de morada y por tanto, debe declararse como prueba ilícita, el Juez dejó claro que eso se abordó al calificarse de legal la detención, donde se estableció que de la declaración de la víctima y del testigo presencial se desprende que el hecho ilícito se estaba cometiendo en el domicilio conyugal, ya que se justificó la detención, la que se realizó por policías municipales, quienes detuvieron a Eleuterio Barrios Hernández con motivo del señalamiento de la víctima y el testigo presencial. Es por lo expuesto que la autoridad responsable otorgó valor probatorio a los datos de prueba antes relacionados. Ahora bien, respecto al informe policial homologado, así como la entrevista al policía municipal Daniel Hernández Taro, el Juez de origen precisó que esos datos de prueba derivan de las actividades propias de los policías municipales, como lo es el brindar seguridad a las personas que habitan en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, acorde a lo establecido en el artículo 21 Constitucional, que dispone que el Ministerio Público está a cargo de investigar hechos ilícitos y podrá auxiliarse de las corporaciones policiacas. En ese sentido, el juzgador responsable indicó que los policías municipales cumplieron su deber de brindar seguridad jurídica a las personas cuando acudieron al domicilio ubicado sobre la calle Lázaro Cárdenas número dos, barrio Guadalupe Yuteé, Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, como consecuencia del reporte que recibieron a través de una llamada telefónica, respecto de una riña suscitada en el interior del mencionado lugar. Es por ello, que al indicarse lo que los policías municipales pudieron apreciar a través de los sentidos (vista, oído y tacto), es que el juzgador responsable acertadamente determinó que ese dato de prueba incorporado resulta creíble, claro y convincente, ya que la detención del imputado ocurrió minutos después de haber agredido físicamente a su esposa María Luisa Cruz Martínez. Dato de prueba congruente de manera interna, ya que no existe contradicciones, puesto que dan a conocer la forma de intervención y las actividades que realizaron con posterioridad a la detención del imputado, esto es, ponerlo a disposición del Síndico Municipal. Aunado a que si bien no se puso inmediatamente al imputado a disposición de la Representación Social y aun así se calificó de legal la detención, ello obedece a que se acreditó el supuesto normativo establecido en el artículo 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales; además, que la Agente del Ministerio Público manifestó que se inició una carpeta de investigación por la conducta de los policías municipales respecto al incumplimiento de poner al imputado a su disposición de forma inmediata. Por cuanto hace a la diligencia de inspección ocular realizada por el Agente Estatal de Investigaciones, de veintidós de mayo de dos mil veintiuno, el juzgador de origen concedió valor probatorio, pues sirvió para establecer el lugar donde ocurrieron los hechos denunciados; misma suerte con las placas fotográficas exhibidas, en virtud de no requerirse conocimientos especiales para operar una cámara fotográfica, por lo que también le concedió valor y eficacia probatoria. En relación con el acuerdo de ratificación y detención de la flagrancia, también se les concedió valor probatorio, lo que se precisó al calificar de legal la detención del imputado, al precisar que se trata de actuaciones emitidas por servidores públicos en ejercicio de su función. Al dato de prueba consistente en el certificado médico de lesiones, a favor del imputado Eleuterio Barrios Hernández, el Juez responsable precisó que cumple con los requisitos consistentes en la experticia sobre la materia y el objeto del dictamen, por lo que hay confiabilidad en la conclusión de éste, en el que se estableció que el nombrado presentó lesiones que abarcan tejidos blandos que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar quince días. Dicho dato de prueba se relacionó con la declaración de la víctima, del testigo presencial de los hechos, del informe policial homologado y de la entrevista realizada al policía municipal, ya que se estableció que la víctima forcejeaba con el imputado, quien intentaba agredirla y luego, el testigo presencial de los hechos llegó a intervenir la conducta, sometiendo a Eleuterio Barrios Hernández por medio de la fuerza física, motivo por el cual no se lesionó a la víctima con una piedra. En relación con el certificado médico de lesiones, de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, realizado por el médico Carlos León Bautista, a favor de la víctima María Luisa Cruz Martínez, el Juez responsable concedió valor y eficacia probatoria, pues con éste se acreditan las lesiones que presentó la nombrada después de ser agredida por el imputado. Al pronunciarse del dictamen químico de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, realizado por el perito Héctor Josimar Martínez, se sostuvo que cumple con los parámetros necesarios para establecer su confiabilidad, al establecerse que las manchas rojizas que presentaba la tabla de manera examinada son de sangre humana, por lo que también se le concedió valor probatorio. Sin que los argumentos de la defensa resulten suficientes para restarle valor probatorio, en el sentido que no estaba asegurado ese objeto y por ello carece de validez, empero el juez precisó que de los testimonios de la víctima, el testigo presencial y los datos incorporados por la defensa, quedó acreditado que María Luisa presentó una lesión a la altura del cráneo y que ésta fue ocasionada por Eleuterio. Al incorporarse el acta de nacimiento de la víctima María Luisa Cruz Martínez y el acta de matrimonio entre ésta y el imputado Eleuterio Barrios Hernández, el Juez responsable indicó que se les otorgaba alcance probatorio pues sirven para acreditar el parentesco civil a consecuencia de su matrimonio. A la diligencia de inspección y aseguramiento de la piedra, así como la inspección propia del lugar de los hechos, también se le concedió valor probatorio pleno, pues con su ejecución se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a las obligaciones de la policía; aunado a que se obtuvieron placas fotográficas de la piedra en cuestión, así como de la casa en donde ocurrieron los hechos, detallándose las características de éstos. En relación con el dictamen psicológico, de veintidós de mayo de dos mil veintiuno, practicado a favor de la María Luisa Cruz Martínez, por la perito Eloísa González González, el Juez responsable le concedió valor probatorio, atendiendo a que de éste de desprendió que la víctima no presentó trastorno de pensamiento, encontrándose ubicada en tiempo, persona y lugar, lo que corroboró la verosimilitud de la denuncia presentada, siendo creíble la percepción de los hechos vividos. Asimismo, se destacó que si bien recibió un golpe a la altura del cráneo que le provocó síntomas de mareo, ello no le resta valor probatorio al dictamen, porque éste se adminicula con los diversos datos de prueba incorporados (denuncia de la víctima y declaración del testigo presencial). Además, que el mencionado dato de prueba sirve para establecer como indicio que existió violencia a partir del noviazgo entre María Luisa y Eleuterio, así como la frecuencia de los malos tratos a causa del alcoholismo del nombrado. Ahora bien, por cuanto al resumen de tomografía a favor de la víctima, incorporado por la defensa del imputado, de veintidós de mayo de dos mil veintiuno, el juzgador de origen dio respuesta a los argumentos vertidos por la defensora pública, en el sentido que si Eleuterio hubiese golpeado a María Luisa con la tabla de madrea a la altura del cráneo, se le hubiese provocado una lesión mayor de la que presentaba. Argumentó que no se ofreció dato de prueba idóneo y suficiente para tener por acreditada su exposición, en lo referente a que de haberse golpeado a la víctima como lo dijo, se le hubiesen ocasionado lesiones de gravedad, motivo por el cual no le concedió valor probatorio. Por cuanto hace al certificado médico de lesiones expedido por el médico José Antonio Pérez Dionisio, a favor del imputado Eleuterio Barrios Hernández, también incorporado por la defensa, el juez responsable refirió que sirve para corroborar el desarrollo de la mecánica de los hechos, es decir, que el testigo intervino en la comisión de los hechos evitando el resultado de la conducta, que por esa razón agredió al imputado cuando lo neutralizó, justificándose así las lesiones que presentaba. A la declaración de Eleuterio Barrios Hernández, el juez de origen indicó que sirve para corroborar lo expuesto por la víctima, pues se ubica al imputado en tiempo y espacio, es decir, se establece que se encontraba en el domicilio ubicado en calle Lázaro Cárdenas número dos, del Barrio Guadalupe Yuteé, Putla Villa de Guerrero, Oaxaca; asimismo, corrobora el conflicto, la situación de violencia que ocurrió entre él, el testigo y la víctima, ya que expuso que el testigo lo golpeó después de que él agrediera físicamente a la víctima. De las diez fotografías incorporadas por la defensa, en las que se aprecian las lesiones que sufrió Eleuterio Barrios Hernández con motivo de los golpes propinados por Manuel Montesinos Cruz, el juez responsable precisó que en términos del artículo 276 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte el consentimiento del imputado de que se le tomaran dichas placas fotográficas y que éstas sirven para justificar la violencia física que existió entre el testigo y el imputado. A la entrevista de Fernando González Lazo no se le concedió valor probatorio, porque la información vertida no se encontraba justificada, al no advertirse lo expuesto por el nombrado en la declaración de la víctima; además, se destacó que el referido dato de prueba no le resta valor a los diversos incorporados por la Representación Social, pues constituye un dato aislado, que se aparta de la declaración de la víctima que también incorporó la defensa. A la entrevista practicada a Francisco Torres Barrios, sí se le concedió valor probatorio, en virtud de que ésta se relaciona con las fotografías que se le tomaron al imputado para acreditar las lesiones que presentó; sin embargo, no alcanza a desvirtuar la declaración de la víctima, en lo relativo a la violencia física que se suscitó. Por lo que hace a las imágenes de carácter ilustrativo proyectadas por la defensa, obtenidas del perfil de Facebook de un físico culturista, el Juez responsable estableció que el artículo 16 Constitucional consagra el derecho fundamental de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, por lo que la vulneración a la misma, además de ser constitutiva de un delito bajo determinados supuestos, trae aparejada la nulidad de la información obtenida; de ahí que se haya considerado como prueba ilícita y no se le concedió valor probatorio. Con base en lo anterior, el suscrito coincide con el resolutor de origen en cuanto a que con los datos de prueba aportados por la Representación Social y la defensa del imputado, se puede establecer que se acreditan los hechos anteriormente relatados, como se expondrá a continuación. La autoridad responsable precisó que los elementos para acreditar el delito de feminicidio en grado de tentativa son los siguientes: Actos ejecutivos tendentes a privar de la vida a una persona del sexo femenino. Que, por una causa ajena a la fuente, no se haya logrado la consumación, pero sí puesto en peligro el bien jurídico. El objeto material consistente en el cuerpo de la víctima. Que dichos actos ejecutivos se hayan cometido por "razón de género". Que dicha conducta se haya cometido de manera dolosa. Por lo que respecta al primer elemento, el Juez de origen lo estimó actualizado con la declaración de la víctima, con la cual se acreditaron las circunstancias de tiempo (veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, de lugar (calle Lázaro Cárdenas número dos, Barrio Guadalupe Yuteé, Putla Villa de Guerrero, Oaxaca) y modo, relativa a la conducta desplegada por el imputado en diversas ocasiones e incluso a partir de la relación de noviazgo, agravándose la violencia por el consumo de bebidas alcohólicas, insultándola de manera verbal, al grado que el veintiuno de mayo del presente año, aproximadamente a las once horas, golpeó a María Luisa con un pedazo de madera a la altura de la cabeza, causándole sangrado, insultándola y amenazándola con causarle la muerte, para posteriormente tirarla al suelo e intentar golpearla con una piedra, evitando su propósito el testigo presencial de los hechos Manuel Moisés Montesinos Cruz, quien lo sometió usando la fuerza física. Así, se tuvieron por acreditados los actos ejecutivos tendentes a privar de la vida a la víctima, porque de no haber intervenido el testigo en los hechos, se hubiera privado de la vida a la víctima. Corroborándose las circunstancias posteriores al hecho con el informe policial homologado y con la entrevista al policía municipal Daniel Hernández Tarro, con los que se acreditó la intervención de los elementos policiacos quienes detuvieron al imputado y luego lo pusieron a disposición del Ministerio Público. Se destacó que los actos tendentes a privar de la vida a la víctima, se acreditan con la lesión que se le propinó a la altura del cráneo y que de no haber sido por la reacción de la víctima, el imputado hubiese continuado con la agresión, pues María Luisa indicó que Eleuterio la tiró al suelo con la intensión de lesionarla con una piedra, poniendo en peligro el bien jurídico tutelado por el tipo penal, consistente en la vida de la víctima. El resultado de la conducta se acreditó con el dictamen médico expedido a favor de la víctima, en el cual se estableció que presentaba lesiones a la altura del cráneo y diversas partes del cuerpo, así como la violencia psicológica quedó acreditada el dictamen en dicha experticia. El objeto consistente en la piedra con la que se pretendió agredir a la víctima, se acreditó con la declaración de María Luisa y de Manuel Moisés, así como con la inspección en el lugar de los hechos, donde se aseguró la piedra señalada por la pasivo; objeto que representa un peligro, al tratarse de un objeto sólido que puede ocasionar lesiones graves e incluso la muerte de una persona. El segundo de los elementos, consistente en la causa externa por la cual no se consumó la intención de privar de la vida, pero sí puesto en peligro el bien jurídico, se acreditó con la declaración de la víctima y del testigo presencial de los hechos, quienes fueron coincidentes en señalar que Manuel Moisés intervino cuando el imputado ya había golpeado a María Luisa con el palo de madera y pudo someter a Eleuterio cuando pretendía golpearla con una piedra, evitando el resultado de privar de la vida. Sin embargo, no se evitó que se pusiera en peligro el bien jurídico tutelado por la norma, la vida. Lo anterior, se relaciona con los datos de prueba consistentes en el informe policial homologado y la entrevista al policía municipal Daniel Hernández Tarro, de los que se obtiene que los elementos policiacos intervinieron cuando el testigo presencial tenía sometido al imputado y por ello, se le detuvo y se puso a disposición del Ministerio Público. El tercer elemento consistente en que el objeto material sea el cuerpo de la víctima, de igual forma se encuentra colmado, pues como se ha establecido con los datos de prueba ya relacionados, las agresiones se hicieron en la corporeidad de María Luisa Cruz Martínez Luego, el cuarto elemento relativo a que los actos ejecutivos se hayan cometido por "razón de género", también se tuvo por acreditado. Primero, el Juez responsable estableció el concepto de género, así como el de violencia feminicida, entendiéndose este último como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Una vez sentado lo anterior, se determinó que el elemento en cuestión se acreditaba con la declaración de la víctima, la declaración del testigo presencial de los hechos y la de los elementos policiacos que arribaron al domicilio, con los que se acreditó la violencia física y psicoemocional que sufrió María Luisa Cruz Martínez, corroborada con el certificado médico de lesiones y el dictamen médico; datos de prueba de los que se advierten las condiciones de género que dieron motivo a la conducta del imputado, con motivo de la relación que mantiene con la víctima. Se dice lo anterior porque la víctima enfatizó que el imputado le refirió "desde ayer te traigo ganas, ahora sí te voy a matar", mientras la agredía físicamente. El quinto elemento, consistente en que la conducta se haya ocasionado de forma dolosa, se tuvo por acreditada con la mecánica en la cual se desenvolvieron los hechos, así como con los datos de prueba incorporados (declaración de la víctima y del testigo presencial, entrevista del elemento aprehensor, inspección ocular, diligencia de aseguramiento de una piedra, certificado médico y dictamen psicológico, ambos a favor de la víctima), porque se advierte que existe la intensión de Eleuterio Barrios Hernández de agredir físicamente a María Luisa Cruz Martínez. Ahora bien, el juzgador responsable determinó que se trata de un delito en grado de tentativa, como lo prevé el artículo 10, fracción II, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en virtud de que el imputado intentó privar de la vida a la víctima y para ello realizó actos ejecutivos tendentes para ese fin, misma que si bien no se consumó, sí se puso en peligro el bien jurídico tutelado. En lo que atañe a la probabilidad de que Eleuterio Barrios Hernández, cometió el hecho que la ley señala como delito de feminicidio en grado de tentativa, se encuentra demostrada hasta este momento con los mismos datos de prueba incorporados por el Fiscal Federal y por su defensa, los cuales ya fueron reseñados en párrafos anteriores, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos en este apartado, ya que si bien es cierto que los elementos del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo perpetuó son conceptos diferentes, también lo es que puede suceder que un medio de prueba sirva para comprobar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado, puede revelar la actualización del primero y, por otro, acreditar la existencia de aquélla probabilidad; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia violación de derechos fundamentales. En efecto, tal como lo precisó la responsable, dicha probabilidad se evidencia con el señalamiento directo y categórico realizado por la víctima María Luisa Cruz Martínez, así como del testigo Manuel Moisés Montesinos Cruz, quienes son coincidentes en manifestar que Eleuterio Barrios Hernández fue quien le propinó un golpe a la víctima, a la altura de la cabeza, ocasionándole una lesión que llegó a ser suturada, como se precisó en el certificado médico de lesiones, lo que se relaciona con el dictamen psicológico, donde se acredita la verosimilitud de los hechos. Así también, se acreditó que existió una causa externa, en virtud de la cual no se consumó el delito de feminicidio, siendo la intervención del testigo presencial de los hechos Manuel Moisés Montesinos Cruz, quien se constituyó inmediatamente al tener conocimiento de los hechos, sometiendo al imputado cuando pretendía agredir físicamente a María Luisa con una piedra. Se acreditó la existencia del lugar de los hechos, sito en calle Lázaro Cárdenas número dos, Barrio Guadalupe Yuteé, Putla Villa de Guerreo, Oaxaca, con la inspección ocular realizada por el Agente Estatal de Investigaciones, así como la diligencia de aseguramiento de la piedra señalada por la víctima. Por lo que hace a la forma de intervención, el Juez responsable indicó que el imputado actuó como autor material, en términos del artículo 11, fracción II, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, porque realizó la conducta por sí mismo. Así, los datos de prueba aportados por las partes son suficientes, congruentes, pertinentes e idóneos, no solo para tener la cobertura de establecer los hechos, la subsunción de éstos en la norma penal, acreditar los elementos del tipo penal, sino también la probable participación del imputado en su comisión. Bajo ese contexto se considera que en oposición a lo aseverado por la parte quejosa, el Juez de Control responsable acertadamente ponderó tanto los argumentos expuestos en la audiencia como los datos de prueba aportados por el Fiscal y por su defensa, por lo que con apoyo en éstos fue que válidamente concluyó que hasta este momento se encuentra demostrado que Eleuterio Barrios Hernández probablemente participó en la comisión del hecho delictivo multicitado. Máxime que para el dictado del auto de vinculación la Juez de Control no requiere la existencia de pruebas con valor probatorio pleno, sino sólo es necesario analizar si se aportaron datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Esto es, basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Igualmente, resulta aplicable la tesis XV.3o.6 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, localizable en la página 2167, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." En ese tenor, el suscrito concluye que el Juez de Control al emitir el auto de vinculación a proceso, cumplió con las exigencias establecidas por el artículo 16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir la determinación en estudio se encuentra fundada y motivada, ya que de las videograbaciones de la audiencia de vinculación a proceso se aprecia que precisó los fundamentos legales aplicables al caso concreto, así como los motivos por los cuales consideró que los hechos sometidos a su conocimiento se adecuaban a la hipótesis del antisocial de que se trata y que existían datos de prueba que denotan, hasta ese momento, que existe la probabilidad de que el imputado -aquí quejoso- participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de feminicidio en grado de tentativa, previsto en el artículo 411, fracciones II, III y VIII, sancionado por el diverso 412, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en relación con los preceptos 8, fracción I, 10, fracción II, 11, fracción II y 57 del mismo ordenamiento legal, en agravio de María Luisa Cruz Martínez. De ahí que no pueda estimarse que existió vulneración en su perjuicio de los derechos fundamentales de presunción de inocencia y de debido proceso tutelados por la Carta Magna. Se cita por ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), consultable en la página 125, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." En razón de lo apuntado, es que devienen infundados los conceptos de violación encaminados a evidenciar que el auto de vinculación a proceso reclamado carece de fundamentación y motivación, pues como se explicó en las líneas que anteceden, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, sí se colmaron las exigencias previstas por los artículos 16 y 19 Constitucionales, así como la establecida en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el dictado del auto de vinculación reclamado. Ello, porque contrario a lo que refiere el quejoso, el Juez responsable sí precisó los motivos y fundamentos por los cuales determinó que los hechos expuestos por la Representación Social encuadran a lo que la norma penal dispone en los numerales 411, fracciones II, III y VIII, 412 y 57 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, relativo al delito de feminicidio en grado de tentativa, como se indicó en las líneas que anteceden. Entonces, sí existen datos de prueba con los que se advierte la existencia de un hecho que la ley señala como delito (feminicidio en grado de tentativa) y la probabilidad de que Eleuterio Barrios Hernández participó en su comisión, pues incluso la autoridad responsable estimó de manera libre y lógica los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, como lo prevé el artículo 265 del invocado código e indicó qué era lo que se obtenía de cada uno y los hechos que corroboraban. De ahí que resulte infundado el concepto de violación en el cual el quejoso expone que resultaba procedente que el Juez de Control responsable reclasificara el delito que se le imputa (feminicidio en grado de tentativa), por el diverso de violencia familiar. Ello porque a su decir, no se puso en peligro el bien jurídico tutelado, porque no se realizaron actos que pusieran en peligro real la vida de la víctima; empero, sí se colman los elementos del delito de violencia familiar, previsto en el artículo 404 del Código Penal para el Estado de Oaxaca. Sin embargo, como puntualmente quedó precisado en la presente resolución, sí se colmaron los elementos que configuran el delito de feminicidio en grado de tentativa, motivo por el cual se le vinculó a proceso y no se reclasificó el delito imputado. Ello atendiendo a que el delito se ejecutó en grado de tentativa, por lo que basta que se haya puesto en peligro el bien jurídico tutelado (vida), para que éste se configure, aunado a que se acreditó el elemento consistente en que los actos ejecutivos se hayan cometido por razón de género. Sin que pasen inadvertidas las consideraciones del quejoso en el sentido que, si en realidad se golpeó a la víctima con un palo de madera, ésta no presenta las lesiones que hubiese provocado ese objeto; de ahí que estime que jamás estuvo en peligro de perder la vida y no se acredite que se pusiera en peligro el bien jurídico tutelado. Sin embargo, en la audiencia señalada como acto reclamado no se vertió dato de prueba alguno para desvirtuar que el imputado se ubicó en el lugar y hora donde ocurrieron los hechos, y que probablemente realizó esa conducta (golpear a la víctima con un palo de madera a la altura del cráneo); aunado a que para que se acredite el elemento de la puesta en peligro del bien jurídico tutelado (vida), no se puede llegar al extremo de requerir que la víctima haya quedado en estado crítico después de las lesiones que sufrió por parte del imputado. Además que la valoración conjunta de todos los datos de prueba que se incorporaron en la audiencia combatida permiten sostener, hasta ese momento procesal, que los hechos suscitados el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, sí pusieron en peligro el bien jurídico tutelado por la norma penal. Finalmente, debe decirse que tampoco asiste la razón al quejoso cuando refiere que el Juez responsable arbitrariamente valoró los datos de prueba incorporados, pues como ya se dijo, su actuar estuvo apegado al numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que le permite asignar libremente el valor correspondiente a cada dato de prueba, lo que realizó de manera libre y lógica, justificando esa valoración. XI. DECISIÓN Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Eleuterio Barrios Hernández. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ***, en contra del acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, sede Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado X de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el secretario de acuerdos encargado del despacho del Juzgado Mixto de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, devuelve diligenciado el despacho orden 163/2021 y de origen 105/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, el cual fue enviado a efecto de emplazar a este juicio de amparo en su carácter de tercera interesada a ********************En consecuencia, se tiene por recibida la comunicación oficial señalada y se ordena dar de baja de los libros de gobierno que se llevan en este Juzgado. Por otra parte, agréguese el escrito de ********************- autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa- y dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de agosto de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con sede en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, en cumplimiento a la suspensión definitiva concedida el veintitrés de julio del año en curso, remite copia certificada del auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno dictado dentro de la causa penal ******** de su estadística, mediante el cual ordenó suspender el procedimiento de la citada causa penal una vez haya concluido la etapa intermedia, sin iniciar la etapa de juicio o debate hasta que quede notificada del auto por el que quede firme la resolución que recaiga en el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión. En consecuencia, téngase a la citada autoridad informando lo anterior para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y del estado procesal de los autos, se advierte que mediante proveído de catorce de julio del año en curso, se giró el despacho 163/2021 de origen 105/2021, al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Putla de Guerrero, Oaxaca, para que ordene a quien corresponda emplace a este juicio de amparo en su carácter de tercera interesada a ***, sin que a la fecha haya sido devuelta la citada comunicación oficial. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.

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