Eleuterio Bahena Ortuño

Expediente 1213/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1213/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/08/2022

Partes del expediente

  • Eleuterio Bahena Ortuño

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de diez de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Sector Central del Distrito Judicial de los Bravo con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE en su totalidad, porque se desechó la demanda de derechos. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diez de agosto de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo, promovida por ****** por propio derecho, contra actos del Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Sector Central, del Distrito Judicial de Los Bravo con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número *****, y fórmese expediente. DESECHAMIENTO: Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado, al prever expresamente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juez y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por no contraponerse al texto vigente de la ley de amparo, la jurisprudencia número I.6O.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora, del estudio íntegro del escrito de demanda se advierte que el quejoso acude a la presente instancia constitucional a reclamar: ".la omisión de realizar todos los actos de investigación correspondiente a dar continuidad a la carpeta de investigación ******." Al respecto, de oficio el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuyo texto dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.(.)." Este precepto contempla el principio de definitividad que rige el presente sumario, que supone agotar o ejercitar en contra del acto reclamado y previamente a esta instancia constitucional, el juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Robustece esta consideración lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)."1 En el caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé un medio de impugnación en sede judicial, ante las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Se explica: El artículo 20 constitucional menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado C se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió, lo que se desprende de las fracciones II y VII, que a la letra dicen: "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento del a acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.". Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales -ley reglamentaria en materia procesal penal-, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrá -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones ante el juez de control, quien se encuentra facultado para tal efecto dentro del sistema acusatorio que rige en el Estado de Guerrero, ya que fue intención del Constituyente Permanente, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole a efecto de controlar su legalidad; y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, procederá el juicio de amparo. Cabe abundar que los artículos 129, 216 y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que, como agente investigador, el Ministerio Público debe realizar una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia, garantizando el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso; que al concluir la investigación, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, la absolución o una condena menor que aquella que pida la acusación; que durante la investigación, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos (pruebas), que el agente investigador deberá resolver al respecto dentro de los tres días y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes; que puede solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; asimismo, debe notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, en su caso, la víctima u ofendido impugnen dicha resolución ante el juez de control. Además, se tiene que entre los diversos medios de impugnación -género-, destacan los recursos - especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad, y se interponen mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables; los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten su pretensiones. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las actuaciones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Por tanto, si en la especie, la parte quejosa reclama del Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Sector Central, del Distrito Judicial de Los Bravo con residencia en esta ciudad, la omisión de realizar todos los actos de investigación dentro de la carpeta de investigación******** y continuar el trámite, es evidente que sí cuenta con un medio efectivo de impugnación que debe agotar, previo a la promoción del juicio de amparo; a saber, el previsto en el citado artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que el suscrito, insiste, que el acto impugnado debe ser primeramente confirmado, modificado o revocado en la vía jurisdiccional ordinaria, ya que el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción VII, y el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contemplan que existe un medio ordinario para impugnar las omisiones en sede judicial durante la investigación que realice el Ministerio Público, lo que conlleva implícita la posibilidad de revisar los actos que aduce el previo a incoar el juicio de amparo indirecto, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad, como lo pretende en su escrito en el que insta la protección constitucional, ni tampoco lo torna como un acto de imposible reparación, porque puede ser que al resolver ser subsanen las omisiones que atribuye a las autoridades responsables. No se soslaya que el impetrante del amparo estima que el juicio de amparo indirecto que intenta, si es procedente, de conformidad con el criterio jurisprudencial del rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTICULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LAS DETERMINACIONES MINISTERIALES QUE SEÑALA O EN OMISIONES DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL IMPUTADO O QUIEN SE OSTENTE CON TAL CARACTER NO ESTA OBLIGADO A AGOTAR TAL RECURSO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DEAMPARO INDIRECTO." . Además, este juzgador no puede inobservar que sobre el particular existen las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10ª.) y 1ª./J 28/2018 (10ª.),2 emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, de observancia obligatoria para el suscrito, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que define el tema puesto a debate por el peticionario de amparo, que son del tenor literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." De igual forma el diverso criterio: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DEPROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." De acuerdo con los anteriores criterios, no es optativo considerar que en determinadas situaciones, el recurso previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es optativo; y por ende, contrario a lo que afirma la parte quejosa, no procede el amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, sin que opere un caso de excepción. Lo anterior, por tratarse de tema resuelto por el Más Alto Tribunal del País, a través de las jurisprudencias previamente citadas, en las que se establece medularmente que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Robustece lo hasta aquí analizado la tesis XVIII.1o.P.A.2 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el doce de mayo de dos mil diecisiete, con el número de registro 2014279, del rubro y texto siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado." En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XX y 113, todos de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata, por resultar indudable y notoria la improcedencia de la acción que mediante ella se pretende ejercitar. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *******************, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a *************, por no contar con cédula registrada en el sistema antes aludido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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