Eleuterio Bahena Ortuño

Expediente 1438/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1438/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Eleuterio Bahena Ortuño

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Por otra parte, devuélvanse a su lugar de origen las copias certificadas del expediente TJA/SRCH/295/2018, que remitió el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, anexo a su informe justificado (foja 22 a 27); en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo.

  2. Principal

    Visto el oficio y anexos de cuenta signado por el Primer Secretario de Acuerdos encargado del Despacho de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido informe justificado. En razón del volumen de las constancias remitidas y para un mejor manejo del expediente, con las mismas fórmese por separado un legajo de pruebas, conservando su número de folio correspondiente, las cuales quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable remite, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 2 a 6), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Eleuterio Bahena Ortuño, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto de la siguiente autoridad: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Sala Regional con sede en Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado." "IV. ACTOS RECLAMADOS. El hecho de no emplazar legalmente a juicio a las autoridades demandadas dentro del expediente número TJA/SRCH/295/2018 provocando con ello dilación procesal de manera injustificada pues trasgrede el numeral 17 de nuestra Carta Magna." Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: La omisión de emplazar a la **) en el juicio administrativo **. Ahora, por lo que hace a la omisión de emplazar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los **), se tiene por inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Entonces, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclama la omisión de emplazar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el juicio administrativo de origen. Luego, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, se conoce que en auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, admitió la demanda del quejoso en contra del Fiscal General del Estado de Guerrero, por lo que ordenó su emplazamiento; sin embargo, por lo que hace al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no la tuvo por demandada al considerar que ese órgano no es competente para conocer los asuntos contra el instituto señalado. Entonces, es evidente que la omisión de emplazar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es inexistente, en virtud, que no se tuvo por demandada; por tanto, no existe obligación de la autoridad responsable de emplazarla a juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo por lo que hace a la omisión de emplazar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Para arribar a tal determinación no pasa desapercibida la tesis de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO."; no obstante, en el caso, la inexistencia del acto reclamado no puede desvirtuarse con prueba alguna, al ser evidente que la autoridad responsable no tuvo por demandada al Instituto señalado. Por lo que hace a la omisión de emplazar a la Fiscalía General del Estado, este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, de las constancias remitidas por el secretario de la sala responsable, relativas al juicio administrativo TJA/STCH/295/2018, se conoce que el catorce de enero de dos mil diecinueve el actuario adscrito a la autoridad administrativa emplazó a juicio a la Fiscalía General del Estado de Guerrero (foja 205 del tomo de pruebas). Además, mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve la Fiscalía General del Estado de Guerrero dio contestación a la demanda presentada por el quejoso (fojas 209 a 229 del tomo de pruebas). Por tanto, la omisión que reclama el promovente de la autoridad responsable, cesó en sus efectos, porque el catorce de enero de dos mil diecinueve se emplazó a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quien incluso ya dio contestación a la demanda, para continuar con el juicio de origen; lo que trae como consecuencia, que los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. Por ende, en relación a la omisión de emplazar a la Fiscalía General del Estado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo al quedar demostrado que cesaron los efectos del acto reclamado. En consecuencia, como se actualizan de manera indudable y manifiestas las causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley Amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las once horas con diez minutos del catorce de febrero de dos mil diecinueve (foja 19). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional (foja 7 vuelta); misma que no es posible desahogar, en razón de que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedidos a la autoridad responsable Sala Regional con sede en Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, para que rinda su informe justificado, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. En consecuencia, la audiencia señalada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda presentado por *********, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional con sede en Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. ADMISIÓN. Con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 37 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda, contra actos de la Sala Regional con sede en Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número ***** y fórmese el expediente respectivo. INCIDENTE. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Amparo, remitiendo a este Juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado. - En orden. - Completas y legibles. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias completas y legibles, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable señalada no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. NOTIFICACIONES. AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a la autoridad responsable, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; y, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Manuel Ramírez Santiago, Azucena Abarca Villagómez, Brianda Jolotzy Viridiana López Hesiquio y José Eduardo Martínez Hernández, toda vez que cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho, debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta y únicamente para oír y recibir notificaciones a Briseida Elizabeth Abarca Aries, Raúl de la O Muñoz y José González Villallobos, toda vez que no cuentan dicho registro. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Notifíquese.

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