Eleuterio Arciniega Estrella

Expediente 502/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
502/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • Juez Mixto de Primera Instancia, Con Sede En Ahuacatlán, Nayarit
  • Eleuterio Arciniega Estrella

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que la parte quejosa, no se inconformó con el proveído de once de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por NO PRESENTADA su demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, ambos de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos los efectos legales procedentes. Asimismo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido, el cual este órgano jurisdiccional determina que es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la hipótesis "d", del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues se tuvo por no presentada la demanda de amparo y carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, de donde se desprende que ha transcurrido el plazo concedido a Alejandro Silvetty Navarro Jiménez, quien promueve en su carácter de autorizado judicial del ELEUTERIO ARCINIEGA ESTRELLA, para que cumpliera con la prevención que se le hizo mediante proveído datado el catorce de mayo de dos mil veintiuno, consistente en que acreditara con documento idóneo el carácter de representante legal o apoderado del aludido ELEUTERIO ARCINIEGA ESTRELLA. Por tanto, al no dar cumplimiento a la prevención emitida en el referido acuerdo, se hace efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa, mediante el citado auto de catorce de mayo de la presente anualidad, y con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 114, de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA su demanda de amparo recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el doce de mayo del año en curso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el escrito de cuenta mediante el cual Alejandro Silvetty Navarro Jiménez, en su carácter de autorizado judicial del ELEUTERIO ARCINIEGA ESTRELLA, promueve demanda de amparo contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, residente en Ahuacatlán, Nayarit; regístrese la demanda de amparo en el Libro de Gobierno correspondiente, con el número 502/2021. Luego, antes de proveer lo que en derecho proceda en relación a esa demanda, con fundamento en el artículo 114, fracción III, en relación con los numerales 108 fracción I y 110, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente a efecto de que dentro del término de cinco días, contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, acredite con documento idóneo el carácter de representante legal o apoderado de ELEUTERIO ARCINIEGA ESTRELLA. Ello es así, toda vez que la personalidad en el juicio de amparo, es un presupuesto procesal, de orden público, cuyo examen y estudio es de orden preferente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48, Tomo IV, Julio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." Igualmente es aplicable la jurisprudencia P./J.37/2001, sustentada por el Pleno del más Alto Tribunal del País, localizable en la página 125, Tomo XIII, Abril De 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA." En la inteligencia de que el promovente deberá acompañar las copias necesarias del documento mediante el cual acredite su personalidad para correr traslado a las partes, toda vez que este forma parte integral de su demanda; apercibido que de no cumplir con todo lo anterior, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Lo anterior se justifica por las razones que a continuación se exponen. En principio, es importante destacar como premisa, que la acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien formula una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, lo que ocurre mediante el acto de presentación de la demanda. Por ende, la demanda de amparo únicamente puede promoverse por quienes figuran como quejosos o sus representantes legales, pues al ser los titulares de la acción, los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué manera es que lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo y acorde con el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución y 6º de la Ley de Amparo; esto es, dicha demanda debe contar con la firma autógrafa del quejoso o de su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por la de sus autorizados designados ya sea para oír y recibir notificaciones o en términos amplios solo para atender procesalmente el juicio de origen, pues ellos no son los titulares del derecho legítimamente tutelado cuya salvaguarda se solicita a través del amparo. En relación con ello, es necesario puntualizar lo dispuesto en el artículo 1,069 del Código de Comercio, el cual señala: Art. 1069. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven. Cuando un litigante no cumpla con la primera parte de este artículo las notificaciones se harán conforme a las Reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto sea señalado domicilio para los efectos referidos. Si no se designare domicilio de la contraparte, se le requerirá para que lo haga, y si lo ignoran se procederá en los términos del artículo siguiente. Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados. Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores. El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada." Primeramente, es necesario destacar que el numeral transcrito, acorde con su párrafo tercero, las partes pueden autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para realizar las actuaciones que se mencionan, pero además, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, con las limitaciones de que, por un lado, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho; y por otro, no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. Por otro lado, debe entenderse que dicha designación faculta al autorizado en términos amplios para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante; por tanto, dicha autorización se limita a los juicios seguidos ante los juzgados de origen; sin embargo, no se aprecia de su texto que mediante tal autorización, se confiera al designado la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante dado que el alcance de sus facultades de defensa de los derechos del autorizante, debe circunscribirse en el marco de la defensa de los derechos que el autorizante llevó al juicio mercantil mediante el ejercicio de la acción correspondiente lo que no puede entenderse extensivo al ejercicio de una acción diferente como en el caso la acción de amparo. En efecto, aun cuando ese precepto contiene una cláusula abierta que faculta a los autorizados para que realicen cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, la amplitud de esa cláusula no significa que el autorizado pueda realizar absolutamente cualquier acto en nombre de su autorizante, ya que su participación debe armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada, el cual reserva al quejoso como directamente afectado o a su representante la realización de determinados actos en exclusiva, de tal suerte que los actos directamente vinculados con la formulación de la pretensión inicial de amparo son exigibles al actor o a su representante legal, como son el acto de formulación de la demanda. Por tanto para promover la demanda de amparo en materia mercantil, la petición debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, porque es el titular de la acción y el único legitimado para decidir cuáles actos son los que, en su concepto, le ocasionan perjuicio, y de qué manera lesionan sus garantías individuales o derechos humanos; ello conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo. Precisado lo anterior, resulta necesario destacar el contenido de los dispositivos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º de la Ley de Amparo aplicable en los términos ya señalados: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.". El precepto constitucional aludido establece, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el accionante de garantías deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; por su parte, el ordinal 6º de la Ley de Amparo, prevé que el juicio constitucional únicamente podrá seguirse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado y el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esa Ley (o por su defensor en materia penal). Lo anterior significa, que solo el agraviado directamente afectado con los actos que reclama, es quien está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso; o en su caso, por su representante legal o apoderado. Salvo las particulares excepciones previstas por los artículos 8, 15 y 16 de la Ley de Amparo aplicable, ya que al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo, en principio, no es disponible para que la ejerzan personas distintas a los quejosos, o diversas a quienes legalmente los representen. Por lo tanto, por no tratarse de la parte quejosa, ni tener el carácter de su representante legal, no pueden suscribir la demanda de amparo los autorizados para oír y recibir notificaciones o en términos del arábigo 1069 del Código de Comercio, cuya participación se limita a la defensa del actor solo en la jurisdicción ordinaria -en la cual se le otorgó, precisamente la autorización para los efectos señalados-, no así para ejercer la acción constitucional con la cual se inicia un diverso juicio de naturaleza extraordinaria, como lo es el juicio de amparo. En consecuencia, la persona autorizada en términos amplios del dispositivo 1069 del Código de Comercio, no cuenta con facultades para ejercer la acción aquí intentada en representación de su autorizante. Además, debe precisarse que la figura de autorización que prevé el numeral 1069 del Código de Comercio, no es equiparable en toda su extensión con el mandato judicial, cuyo alcance se encuentra previsto en los ordinales 2,587 y 2,588 del Código Civil Federal, dado que, por un lado, la forma prevista en la ley para configurar el mandato judicial requiere de la satisfacción de requisitos especiales como lo es la escritura pública o la presentación de un escrito ratificado por el otorgante ante el Juez de los autos, además de que si éste no conoce al otorgante, exigirá testigos de identificación del mismo. Requisitos estos que no se podrían tener por colmados con la sola presentación de la promoción de autorización en los términos amplios que prevé el precepto 1,069 del Código de Comercio. Y por otro lado, porque en correspondencia con la distinta forma de perfeccionar el mandato judicial y la forma de conferir la autorización procesal en términos amplios, en el caso del mandato judicial se confiere una auténtica representación, la que se acompaña de una gama de facultades y deberes previstos en la ley que se confieren al mandatario; entre tanto, en el caso de la autorización procesal prevista por el legislador en materia mercantil, destaca que, lejos de conferirse al autorizado una representación, únicamente se le confiere el carácter de persona autorizada para oír y recibir notificaciones, pues aun cuando tal autorización pueda acompañarse de "facultades amplias" para intervenir en el juicio en el que se le autoriza, lo que incluso le puede generar responsabilidad de tipo sustantivo al autorizado,es relevante que el destinatario de las mismas sólo cuenta con una autorización en la que el legislador no previó que sea un representante legal, por lo que el alcance de las facultades procesales respectivas necesariamente se circunscribe al trámite y resolución del proceso en el que se le autoriza, sin que cuente con representación de los intereses del autorizante (menos aún fuera del juicio respectivo), pues se reitera, con motivo de la autorización amplia para oír y recibir notificaciones, prevista en el artículo 1069 del Código de Comercio, lejos de constituirse un poder o un mandato judicial, solamente se confieren al autorizado facultades orientadas a facilitar la realización de los actos procesales necesarios para la defensa de los intereses de su autorizante en el proceso judicial correspondiente. De igual forma, debe advertirse que la figura procesal de autorización en términos amplios para oír y recibir notificaciones, prevista en el arábigo 1,069 del Código de Comercio, no constituye un reconocimiento de personalidad ni de representación del autorizado respecto de sus autorizantes, sino únicamente revela un carácter procesal del autorizado, quien por disposición de la ley, queda facultado para llevar a cabo las actuaciones procesales señaladas por cuenta y en defensa de los derechos del autorizante dentro del proceso de origen respectivo, pero no en nombre, ni en representación, ni como extensión de la personalidad de su autorizante. Al respecto se invoca la Jurisprudencia 1a./J. 108/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos veintisiete, del Libro 1, Diciembre de dos mil trece, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", que para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año; de ahí que el quejoso no pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la vigente, se advierte que dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen. Tales consideraciones sustanciales que fueron analizadas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, resultan de aplicación extensiva, en lo conducente, al caso del juicio de amparo indirecto, ya que en relación con la personalidad de quien promueve el juicio constitucional, la legislación de la materia establece reglas generales que permiten utilizar la solución de aquella contradicción. En consecuencia, en el amparo indirecto en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio." Precisado lo anterior, de la demanda de amparo se advierte que Alejandro Silvetty Navarro Jiménez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en calidad de autorizado judicial del ELEUTERIO ARCINIEGA ESTRELLA, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, residente en Ahuacatlán, Nayarit. Ahora, de las documentales que el promovente acompaña a su demanda, se advierte que el ocho de abril de dos mil veintiuno, se emitió la interlocutoria relativa al incidente de liquidación de sentencia promovido por el licenciado Alejandro Silvetty Navarro Jiménez, autorizado judicial de la parte actora incidentista ELEUTERIO ARCINIEGA ESTRELLA, dentro del juicio ejecutivo mercantil 89/2020 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, residente en Ahuacatlán, Nayarit, en el cual José Luis Estrella, es parte actora en el aludido juicio. Por lo antes expuesto, se concluye que el solicitante del amparo Alejandro Silvetty Navarro Jiménez, carece de personalidad para instar el juicio biinstancial, en su calidad de autorizado judicial de ELEUTERIO ARCINIEGA ESTRELLA; ello, porque para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quien figura como quejoso o sus representantes legales o apoderados, pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo vigente. Finalmente, en virtud de que el promovente del amparo no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, por tanto, a fin de no dejarlo en estado de indefensión con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal. Por otra parte, téngase por autorizado en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Rafael Navarro Jiménez, en atención a lo diverso que peticiona la amparista, respecto de que se le tenga señalando el correo electrónico ABOGADOS.NAVARRO.JIMENEZ.GMAIL.COM para recibir notificaciones, dígasele que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar de conformidad, dado que para la autorización de dichas notificaciones es necesario contar con firma electrónica y nombre de usuario. Sin embargo, téngase proporcionando la aludida cuenta de correo electrónico para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. Luego, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL PROMOVENTE DEL AMPARO.

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