Eleuterio Álvarez Álvarez
Expediente 1599/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1599/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/10/2022
Partes del expediente
- Eleuterio Álvarez Álvarez
Actuaciones
- Principal
DESAHOGA PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes, el escrito signado por el quejoso Eleuterio Álvarez Álvarez, mediante el cual desahoga la prevención formulada en acuerdo de catorce de octubre del año en curso y precisa la fecha en que tuvo conocimiento de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, asimismo, manifiesta que estuvo presente en la audiencia en la que el juez responsable le impuso la citada medida. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio, este juzgador interpreta que el acto reclamado lo constituye esencialmente: La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta por el Juez responsable dentro la audiencia de diez de julio de dos mil veintidós, celebrada en la causa de control *. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretenden impugnar los quejosos y no solamente lo que en apariencia indicaron. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO. Ahora bien, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Precisado lo anterior, este juzgador estima en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda fue promovida de manera extemporánea, y, por ende, fue consentido el acto reclamado. A fin de demostrar la causal invocada, se considera necesario precisar que la causa de improcedencia del juicio de amparo, relativa al consentimiento tácito de los actos reclamados, está fundada jurídicamente porque así lo exige el principio general de derecho de seguridad jurídica, pues sería absurdo que procediera el juicio de amparo después de que la quejosa, por su propia voluntad, omite promover el juicio dentro del término que establece la ley para tal fin. Se dice lo anterior, porque una de las formas que ha contemplado nuestra legislación y que denotan el consentimiento tácito del acto reclamado, es la no promoción del juicio, dentro del término establecido por la ley. En efecto, el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquellos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. Al efecto, conviene transcribir los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Del precepto anterior se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, contra los que no se promueve dentro del plazo genérico de quince días; con excepción de los casos en que: a. Se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días. b. Se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. c. Se reclamen actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. d. Se reclamen actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Ahora bien, el acto reclamado no se encuadra en alguno de los casos de excepción mencionados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se combate la constitucionalidad de una ley con motivo de entrada en vigor, ni la sentencia definitiva en un proceso penal que condena a una pena privativa de libertad, ni se dirimen cuestiones de un núcleo de población ejidal o comunal y tampoco se reclaman actos que pongan en peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otro lado, para determinar la forma en que debe computarse dicho plazo, debe acudirse al artículo 18 del mismo ordenamiento, que dispone: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". El numeral transcrito previene tres hipótesis a partir de las cuales da inicio el término para la promoción del juicio. La primera de ellas, relativa a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición de la quejosa respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución; como lo es el caso de las personas que son parte en el procedimiento (o que instaron la petición que se acordó) las cuales pueden y deben ser notificadas, por lo que tratándose de estas, el término de la interposición de la demanda debe ser computado a partir de que surta efectos dicha notificación; en cambio, el conocimiento de la resolución o determinación se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento, porque aun cuando lo previera la ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas; de ahí que para ellas el cómputo para la interposición de la demanda deberá hacerse a partir del día siguiente al que se compruebe que hayan tenido conocimiento o en su caso al que se ostentaran sabedores. En el caso la parte quejosa se duele de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta por el Juez responsable dentro la audiencia de diez de julio de dos mil veintidós, celebrada en la causa de control 1073/2022. Al respecto, el artículo 82, fracción I, inciso a) y último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: . Personalmente podrán ser: a) En Audiencia;. . Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación.". De esa transcripción se obtiene que, en el sistema penal acusatorio, las notificaciones que se hagan en audiencia, como el caso acontece, surtirán efecto al día siguiente. Así, el cómputo debe realizarse a parte del día siguiente a que hubiera surtido efectos la notificación realizada al quejoso, de conformidad con la ley del acto, pues se encuentra en la primera hipótesis que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo, por lo que tuvo que promover la demanda que dio origen al juicio de amparo en que actúa, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación de lo reclamado, de acuerdo con lo estipulado en la ley que rige el acto. Luego, el término de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que se hubiera presentado la demanda de amparo respecto del acto reclamado en estudio, porque como se aprecia de la demanda, ésta se presentó en línea hasta el once de octubre de dos mil veintidós, esto es con posterioridad a los quince días que el agraviado tuvo para impugnar, por medio del juicio constitucional el acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que del acto reclamado -medida cautelar de prisión preventiva oficiosa-, la parte quejosa tuvo conocimiento en esa misma fecha, el diez de julio de dos mil veintidós, al estar presente en la audiencia correspondiente, tal como lo refiere en su escrito aclaratorio, manifestación que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294, Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Por tanto, la notificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta por el juez responsable en audiencia de diez de julio de dos mil veintidós, surtió efectos el once siguiente, por lo que el término de quince días para interponer la demanda de amparo, transcurrió del doce de julio al quince de agosto del año en curso; lo anterior sin contar los días del dieciocho al veintinueve de julio del actual, toda vez que la autoridad responsable se encontraba gozando de su periodo vacacional, lo anterior en términos de la circular 94/2021 publicada el diecisiete de diciembre de 2021, en el Periódico Oficial de la Gaceta de Gobierno del Estado de México. En esas condiciones, si la demanda de amparo se presentó electrónicamente en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el once de octubre de dos mil veintidós, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, toda vez que en términos de lo dispuesto en el diverso artículo 18 de la legislación de amparo, el plazo para su presentación ocurrió en exceso. No constituye un obstáculo a lo anterior, la ejecución del acto reclamado, aun cuando ésta se traduzca materialmente en que el peticionario de amparo continúe privado de su libertad personal; máxime que, a pesar de esa condición, el impetrante debe someterse o sujetarse, entre otros supuestos, a los plazos establecidos en la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- pues el acto que impugna fue emitido dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de dicha legislación. Es aplicable, a contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 45/2014 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 05, del Tomo I, Libro 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio del año dos mil catorce, Décima Época, materia común, con número de registro 2006652, que establece: ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1° constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate." Por tales motivos, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo y, por esa causa, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Eleuterio Álvarez Álvarez por conducto de su defensora privada Ángeles Cindy Reyes González, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otra autoridad. Es aplicable por analogía jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 291, agosto de 1995, tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 204707, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de octubre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por *** en su carácter de defensora privada del directo quejoso *** contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1599/2022-VII. PREVENCIÓN. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir a la promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que la ocursante pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad: PRIMERO. Informe si compareció a la audiencia de imposición de medida cautelar de nueve de julio de dos mil veintidós y si en la misma se resolvió sobre la prisión preventiva oficiosa de la que se duele en esta instancia. SEGUNDO. En su caso, manifieste la fecha exacta en la que fue notificado o tuvo conocimiento de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en audiencia de nueve de julio del año en curso, celebrada en la causa de control 1073/2022 por el juez de control responsable. Lo anterior, pues de los antecedentes que narra, no se advierten tales circunstancias, lo cual es necesario para mayor proveer sobre la presente demanda. Al respecto, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - - II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". Importa destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por el directo quejoso, no así por su defensor o las personas que autoriza, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Y en lo que interesa, la jurisprudencia de la Novena Época número 2a./J. 88/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 348 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXIV, Julio de 2006 que reza lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no cumplir con lo formulado, en el lapso concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO. Atendiendo a que la parte quejosa solicita se realicen las notificaciones a través de los usuarios electrónicos que refiere en el escrito que se provee; con fundamento en el artículo 26 fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los usuarios "3891288" y "angelesreyes96", con las reglas que se establecen en el diverso 30, fracción II, de la ley de la materia, así como para la consulta del expediente electrónico, por lo que se comisiona al analista jurídico de esta adscripción para la apertura de campos necesarios para tal fin. En el entendido que se tendrá como constancia de notificación la primera que se genere en el sistema integral de seguimiento de expedientes y no así la de ambos usuarios; lo anterior para evitar la duplicidad de notificaciones. Por otra parte, sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones, en virtud de que la parte quejosa expresamente solicita se le realicen a través de los usuarios referidos en párrafos que anteceden. AUTORIZADOS. En otro punto, atendiendo a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a Julio Reyes Gutiérrez, y en términos restringidos a las demás personas que refiere, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, limitación que subsistirá hasta en tanto cuente con el aludido registro, lo cual deberán comunicar a este juzgado mediante nueva promoción. SE COMISIONA AL ACTUARIO JUDICIAL. Ahora bien, en virtud de que el directo quejoso Eleuterio Álvarez Álvarez, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México; a efecto de que esté en posibilidad de desahogar la prevención formulada, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que se constituya en dicho centro penitenciario y haga del conocimiento del citado quejoso el contenido del presente auto. En el entendido que el quejoso podrá desahogar el requerimiento formulado en el acto de la diligencia de notificación en los términos precisados o bien, por escrito dentro del término que le ha sido concedido. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Por otra parte, como lo solicita el impetrante, con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente al directo quejoso en su lugar de reclusión, y electrónicamente a sus autorizados.
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