Eleunin Camacho Goicochea

Expediente 613/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
613/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Fiscal General del Estado de Guerrero. Ciudad.
  • Eleunin Camacho Goicochea

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dos de octubre de dos mil veintitrés. Por recibido vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este juzgado federal con el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en Iguala, al que le asignó el número de conflicto competencial administrativo 56/2023; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Cúmplase.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala, Guerrero, por medio del cual informa que ese Juzgado no aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, dentro de los autos del juicio de amparo 613/2023; en atención a su contenido, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, como se establece en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, insiste o no en declinar la competencia, para lo cual habrá de considerarse lo manifestado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, residente en Iguala, Guerrero. En ese orden de ideas, y dado que el Juzgado precitado, estima que no corresponde la competencia legal para conocer de la demanda de amparo que le envió este órgano jurisdiccional, al considerar que: "No se acepta la competencia planteada Sin embargo, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 37 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, de manera muy respetuosa, hágase del conocimiento del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, que este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, no comparte las consideraciones vertidas en el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, de su índice; y por ende, no se acepta la competencia declinada. Se explica: En principio debe establecerse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción VII, dispone como norma general de competencia, que el juicio de amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. Precepto del que se observa el propósito del Poder Reformador de la Constitución, de facilitar a las personas el acceso al juicio de amparo, al prever que podrá interponerse ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé las bases de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo que se tramitan ante los Jueces de Distrito, en los términos siguientes: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Así, en el precepto antes reproducido se establecen tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los Jueces de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito para conocer del juicio de amparo indirecto, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) Finalmente, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el a qua en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. De modo que el contexto legal del artículo 37 de la Ley de Amparo, resume finalmente dos reglas básicas: la primera, que atribuye competencia al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; y la segunda, en los casos en que el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, o cuando no requiera ejecución material, en que será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. De ello se colige que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. De modo que, si bien la autoridad que dicta u ordena la resolución reclamada puede llegar a desempeñar un papel fundamental en la afectación de los derechos fundamentales del impetrante, es evidente que el creador de la norma le da preeminencia a la ejecución del acto. Ello, desde la perspectiva de que el peticionario así puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que si puede promover el juicio constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, ello le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. Sin embargo, en el presente asunto, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa los hace consistir en: "A. De las Responsables Ordenadoras y Ejecutoras, se reclama girara en mi contra, sin estar debidamente fundada ni motivada, UNA ORDEN DE INTROMISIÓN A NUESTRO DOMICILIO, a pesar de que el que suscribe, no he cometido acto ni omisión que la Ley considere como Delito. Ni tampoco se encuentran en mi domicilio objetos o instrumentos ilícitos que dieren lugar a la intromisión de las autoridades de manera legal, con lo que se vulneran en mi perjuicio mis derechos humanos. B. El ilegal aseguramiento de vehículos de nuestra propiedad, que nuestros padres han adquirido producto de su trabajo de toda su vida y que dio origen a la carpeta de investigación ******************** C. De las Responsables Ordenadoras y Ejecutoras, les reclamo la ilegal orden de búsqueda, localización y presentación del directo quejoso ********************, con la intención de ponerme a disposición de una investigación sin motivo ni fundamento y mucho menos sustentada en datos de prueba que hagan presumir siquiera de manera probables mi participación en hechos con apariencia de delito." Asimismo, de la narrativa de los antecedentes del acto reclamado se aprecia que el promovente señalo lo siguiente: "[..} 4. El día veintinueve de abril del presente año, procedieron sin orden judicial que los facultara para ello, a llevarse todos los vehículos que estaban en la bodega para la Fiscalía de Guerrero, en Chilpancinqo. De manera arbitraria y abuso de autoridad se han conducido los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, como del Ejercito Mexicano [. ..]" Lo que pone en evidencia que si bien el acto reclamado tuvo ejecución en Ciudad Altamirano, con motivo de la intromisión de su domicilio, que refirió la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, lo cierto es que se aprecia que el veintinueve de abril de dos mil veintitrés, los elementos policiacos y militares procedieron, sin orden judicial, a llevarse a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, todos los vehículos que estaban en la bodega. Por lo tanto, en el presente asunto se está en el supuesto en el que si el acto comenzó a ejecutarse en un distrito (por lo que hace a la intromisión de los citados inmuebles) y sigue ejecutándose en otro (por lo que se refiere al aseguramiento y resguardo de los bienes muebles (relacionados con el delito de robo de vehículos), es competente el juez ante quien se presente la demanda lo que en el caso concreto acontece. Ahora, el juez declinante para declararse incompetente, sostuvo que se actualiza la primera regla del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues señala que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en el que la parte quejosa tiene su domicilio en Ciudad Altamirano. Sin embargo, contrario a lo sostenido por la autoridad oficiante, se aprecia que los actos también tienen ejecución en Chilpancingo, Guerrero, con motivo del aseguramiento de los vehículos que reclama fueron remitidos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esa ciudad capital, por lo que en el caso se actualiza la segunda hipótesis del artículo 37 de la ley de la materia, y la competencia para conocer del acto reclamado se surte a favor del juez de Distrito ante el que se presentó la demanda de amparo. Robustece el criterio adoptado, la tesis XXV11.30.13K (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 111,Mayo de 2014, Libro 6, página 1941, cuyo rubro y texto establecen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO EJECUTADO O EJECUTABLE EN DOS O MÁS DISTRITOS JUDICIALES. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE CUALQUIERA DE ESAS DEMARCACIONES, A PREVENCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda." Sin embargo, ese enunciado normativo no debe entenderse literal y aisladamente en el sentido de que podrá conocer del asunto cualquier Juez de Distrito del país. Antes bien, es necesario interpretarlo en armonía con el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la demanda de amparo indirecto deberá presentarse "ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". De esta disposición se infiere que, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Así, mediante la interpretación de la norma secundaria conforme al precepto constitucional, se concluye que cuando el acto reclamado haya sido ejecutado o pueda ser ejecutable en dos o más distritos judiciales. Será competente para conocer del amparo biinstancial el Juez de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención." [El énfasis es añadido]. Así también, sirve de apoyo la tesis: 1.50.P.16 K (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, Tomo 11,Materia Común, página 1001, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO POR RAZÓN DE TERRITORIO. EN TRATÁNDOSE DE PLURALIDAD DE LUGARES O ÁMBITOS ESPACIALES DE EJECUCIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ANTE EL QUE SE PRESENTE LA DEMANDA (INTERPRETACIÓN DE L S PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO). El párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, a diferencia de la abrogada ley, contiene una novísima hipótesis en torno al lugar de ejecución ("Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda que al igual que la hipótesis del párrafo primero del citado numeral, el lugar o ámbito espacial de ejecución sigue siendo la pauta para la determinación de la competencia por razón de territorio. Sin embargo, la diferencia entre ambos párrafos estriba en que mientras el primero presupone que la ejecución se materializa en un solo lugar o en una sola jurisdicción; el segundo contempla la posibilidad de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o bien, que por la naturaleza de tracto sucesivo del acto, éste tuviere sucesiva realización en dos o más lugares o distritos. Así, en ese párrafo segundo el legislador creó una regla de competencia territorial que, comprendiendo esos dos o más lugares de ejecución, se define a favor del Juez de Distrito ante el que materialmente se presente la demanda de amparo." Respecto a sus puntos medulares de su argumento, se tiene que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala, Guerrero, parte de una premisa equivocada, pues no debe perder de vista la naturaleza de los actos reclamados, mismos que fueron: "A. De las Responsables Ordenadoras y Ejecutoras, se reclama girara en mi contra, sin estar debidamente fundada ni motivada, UNA ORDEN DE INTROMISIÓN A NUESTRO DOMICILIO, a pesar de que el que suscribe, no he cometido acto ni omisión que la Ley considere como Delito. Ni tampoco se encuentran en mi domicilio objetos o instrumentos ilícitos que dieren lugar a la intromisión de las autoridades de manera legal, con lo que se vulneran en mi perjuicio mis derechos humanos. B. El ilegal aseguramiento de vehículos de nuestra propiedad, que nuestros padres han adquirido producto de su trabajo de toda su vida y que dio origen a la carpeta de investigación ******************** C. De las Responsables Ordenadoras y Ejecutoras, les reclamo la ilegal orden de búsqueda, localización y presentación del directo quejoso ********************, con la intención de ponerme a disposición de una investigación sin motivo ni fundamento y mucho menos sustentada en datos de prueba que hagan presumir siquiera de manera probables mi participación en hechos con apariencia de delito." Respecto a los puntos A y C, el Juez Noveno de Distrito, no hizo manifestación alguna en relación a la incompetencia que se le planteó. Ahora bien, en relación al inciso B, refirió, en esencia, que los vehículos están asegurados en esta ciudad, al encontrarse físicamente en la Fiscalía General del Estado, y que por ende, se sigue ejecutando el acto reclamado en esta ciudad, por lo que al conocer primero de la demanda este juzgador, considera que corresponde a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, por actualizarse el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sin embargo, de los antecedentes narrados por la parte quejosa en su demanda de amparo, se obtiene que los vehículos fueron asegurados en una bodega ubicada en Ciudad Altamirano, Guerrero, debido a la intromisión en el domicilio ubicado en Ciudad Altamirano; en efecto dicho acto tuvo ejecución materialmente en dicha ciudad, ello en razón de que el domicilio del aquí quejoso se encuentra ubicado en el restaurant de ********************, de ahí que se arribe a la firme convicción que el acto reclamado consistente en el aseguramiento de vehículos, como se indicó anteriormente tuvo ejecución material en la Ciudad de Altamirano, Guerrero, cuya jurisdicción corresponde a uno de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y no como lo indica el homologo, pues si bien, pudieran haber sido trasladados dichos vehículos a esta ciudad, ello no otorga la competencia a este órgano jurisdiccional, dado que el acto reclamado es el aseguramiento y no el traslado de esos vehículos a esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero. De ahí que, cuya ejecución según lo manifestado por la parte quejosa fue ejecutado en la Ciudad de Altamirano, Guerrero, lugar en donde ocurrieron los actos reclamados; en consecuencia, se determina que este Juzgado federal es incompetente legalmente para conocer del presente juicio de amparo, en virtud de que la ejecución del acto reclamado del cual derivan los actos aquí reclamados, tuvieron ejecución material en el municipio antes referido, donde tiene su residencia el impetrante del amparo y en donde fueron asegurados los vehículos correspondientes. Al respecto es aplicable, la tesis I.1º.A.44, A, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que es del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Como puede apreciarse, la palabra ejecución adjunta a la palabra "material", significa que materialmente, en un lugar en específico, se llevará a cabo esa ejecución; es decir, debe atenderse a las consecuencias del acto reclamado, y como en el caso, el aseguramiento fue realizado materialmente en aquella ciudad, corresponde la competencia al Juzgado de Distrito de cuenta, pues como se dijo el traslado de vehículos asegurados no es el acto reclamado destacado, sino sólo su aseguramiento, ocurrido en aquél lugar, motivo por el cual NO se surte lo establecido en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por ello, este juzgado difiere de los argumentos realizados por el juzgado aludido, e insiste y reitera en que la competencia para conocer del presente juicio de amparo debe de recaer en el mencionado órgano jurisdiccional e insiste en carecer de competencia legal para conocer y resolver el fondo del asunto planteado en la demanda de amparo que nos ocupa, a razón de que se considera como se indicó en el auto de incompetencia de treinta y uno de mayo del año en curso. En mérito de lo anterior, y al insistir este juzgado en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo por las razones aquí expuestas y las diversas contenidas en el diverso auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés; con fundamento en el artículo 48, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio de amparo 613/2023, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, para que conozca del conflicto competencial. Sin necesidad de formar cuaderno de antecedentes toda vez que ya existe, formado con motivo de la incompetencia planteada en acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso; por tanto, únicamente se ordena anexar el presente proveído, y demás constancias necesarias para quedar debidamente integrado dicho cuaderno. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos del presente juicio de amparo, de los que se aprecia que se cuentan con las notificaciones hechas a las partes del auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós; por tanto, en cumplimiento a dicho auto, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, el escrito original y copia del recurso de revisión, los autos originales del juicio de amparo indirecto 732/2020, para la substanciación de dicho recurso.

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