Eleudys María Pérez

Expediente 721/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
721/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
15/08/2022

Partes del expediente

  • Eleudys María Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de cinco días establecido por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para impugnar el auto de uno de agosto pasado, en el que se tuvo por no presentado el ocurso de garantías, transcurrió para la quejosa **********, del ocho al doce del mes y año en curso, sin que haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la invocada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su numeral 2°, se declara que aquél HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno y dado que no obran documentos importantes y/o relevantes, archívese como asunto totalmente concluido. Hágase del conocimiento de las partes, que respecto al destino de este expediente, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el apartado SÉPTIMO, del Acuerdo General Conjunto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que entró en vigor el veintiséis de marzo de dos mil veinte, mismo que deroga el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de la misma superioridad; consecuentemente, una vez que transcurra el plazo de TRES AÑOS que se estipula, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que es susceptible de depuración.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que el término de cinco días concedido a la parte quejosa, para que atendiera la prevención formulada en acuerdo de veinte de julio pasado, transcurrió del veinticinco al veintinueve de mes próximo anterior, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentado el ocurso de garantías.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia la fecha y hora en que se recibieron, vía correo electrónico, los oficios rendidos por el Titular de la Oficina de Representación (en su denominación correcta), Director de la Estación Migratoria y Sub Comisionado Jurídico, todos del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad; en consecuencia, habiéndose registrado lo anterior, agréguense a los autos, así como el diverso signado por el aludido Director de la Estación Migratoria; en atención a sus contenidos, téngaseles rindiendo sus informes a la suspensión de plano decretada en este asunto el veinte de los actuales.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, promovido por **, en nombre de la quejosa **, contra actos del Comisionado del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades, así como la constancia de notificación personal de cuenta, de la que se desprende que la aludida directa quejosa ratificó la demanda de amparo. Por tanto, prosígase con el trámite por propio derecho. II. PREVENCIÓN. Ahora bien, previamente al análisis de la procedencia del juicio, con fundamento en los numerales 110 y 114 de la nueva Ley de Amparo, requiérase a la inconforme para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, por escrito ACLARE LA DEMANDA, en virtud de que el requisito previsto por el artículo 108, fracción IV, es impreciso. Es así pues de la manera en que se encuentra redactada la demanda se aprecia que algunos de los actos reclamados se encuentran señalados de manera genérica en tanto que otros incluso resultan contradictorios entre sí. Por tanto, la parte quejosa deberá puntualizar cuáles son los actos reclamados así como especificar a qué autoridad o autoridades atribuye cada uno de ellos; en atención a lo siguiente: Primeramente, hace un listado de actos reclamados sin especificar de manera concreta a qué autoridad se los atribuye. Respecto al acto identificado como 2 hace alusión a un acuerdo de presentación, sin que dé mayores datos de la fecha en que fue emitido así como la autoridad que lo emitió En lo que respecta al acto identificado como 7 que hace consistir en la retención de documentos oficiales presentados para acreditar la nacionalidad, no precisa de qué documentos oficiales se tratan; también señala la negativa verbal a devolvérselos, hasta que se defina su situación migratoria, por parte de los Agentes del Instituto Nacional de Migración; sin que indique la fecha en que fue emitida tal negativa y qué autoridad o autoridades la emitieron, por lo que su señalamiento es genérico. Asimismo, refiere una incautación y despojo de bienes (artículos personales, dinero, documento oficial) sin realizar el debido resguardo de bienes, artículos personales y documentación oficial, sin qué precise en qué determinación y qué autoridad lo ordenó. Posteriormente en los actos 8 y 9 por una parte señala una omisión de hacer del conocimiento el procedimiento administrativo invocado en su contra con el propósito de deportarla a su país y por otro reclama el inicio de un procedimiento administrativo en su contra, manifestaciones que resultan contradictorias entre sí. Luego, en los actos identificados del 10 al 13 reclama diversas omisiones, sin que precise en qué determinación o acto concreto la o las autoridades responsables incurrieron en dichas omisiones, o bien, si son con motivo de alguna petición que haya sido elevada por la parte quejosa y esta no haya sido contestada. En ese sentido, el acto reclamado señalado como 14 relativo a los daños y perjuicios en el patrimonio pecuniario y moral de la parte quejosa tampoco es claro; pues no indica qué acto de autoridad en concreto ocasionó tales consecuencias, ni especifica en qué consisten éstas. Luego, en el capítulo de conceptos de violación hace referencia a la inconstitucionalidad de preceptos normativos. En primer lugar indica que los artículos 68, 94 y 95 de la Ley de Migración son de carácter autoaplicativo y que los numerales 3, fracción X, 16, fracción II, 81, 97, 99, 100, 101, 106, 110 y 111 del ordenamiento legal en cita son heteroaplicativos. Sin que se advierta cuál es su pretensión respecto a tales manifestaciones, es decir si los quiere señalar como actos reclamados en el juicio o sólo se tratan de conceptos de violación hechos valer contra los actos reclamados. En el primer supuesto, deberá señalar las autoridades responsables que intervinieron en el proceso legislativo o de creación de los numerales referidos. Y por lo que hace a los dispositivos legales señalados como heteroaplicativos, deberá precisar cuál es el acto o actos concretos de aplicación. Pues, no debe perderse de vista que el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, de conformidad con lo dispuesto por los arábigos 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la nueva Ley de Amparo, razón por la que deberá indicar concretamente cuáles son los actos y/u omisiones reclamados y las autoridades a quiénes se los atribuye. Circunstancia que resulta indispensable se subsane, puesto que las responsables, al rendir sus informes con justificación, deben pronunciarse con exactitud en relación con los puntos que se les reclaman, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de éstos o la improcedencia del juicio, lo que no acontecería si dichos actos no son claros y puntuales. Al respecto, cabe destacar que de conformidad con el artículo 108, fracción IV, de la nueva normatividad de la materia, es obligación del impetrante especificar el acto reclamado y autoridades a quienes se los reclama, pues la suplencia de la queja a que se refiere el dispositivo 79, fracción III, de dicho ordenamiento, no llega al extremo de modificar los actos reclamados y autoridades responsables. Con el apercibimiento que de no desahogar la prevención dentro del plazo que se fija, de conformidad con el artículo 114 de la legislación de la materia, se tendrá por NO PRESENTADA la demanda.

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