Eleonor Cervantes Durán
Expediente 156/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 156/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eleonor Cervantes Durán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, y depúrese el incidente de suspensión debido a que se concedió la medida cautelar. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora, como de autos se advierte que obra un documento exhibido por la parte quejosa, con fundamento en el punto décimo primero, tercer párrafo, capítulo tercero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a solicitar su devolución, apercibido que en caso de no hacerlo en dicho término, el documento correrá la misma suerte que tenga en presente expediente. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 156/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace constar que el presente asunto se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que sólo la representante social los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la fiscal adscrita formulándolos y al resto de las partes les precluye su derecho para hacerlo. Al no existir diligencia por desahogar se da por concluida la presente audiencia, con lo cual quedan los autos a la vista para dictar sentencia. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Eleonor Cervantes Durán y Rosa Elena Durán González, en cuanto albaceas testamentarias de la sucesión de Eduardo Cervantes García, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y otras autoridades, que estimaron violatorios de los artículos 1º, 14, 16 fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 156/2020, el catorce de febrero de dos mil veinte (foja 55) se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Con posterioridad, se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, sin embargo el procedimiento se suspendió del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, por diversos acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, derivado de la contingencia por el virus COVID-19. Tercero. Reanudación de términos y plazos legales. En auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión del procedimiento, con base en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales antes la contingencia por el virus COVID-19;asimismo, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes C O N S I D E R A N D O S : Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción I, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues el quejoso reclama normas generales con motivo de su entrada en vigor, aduciendo estar bajo sus supuestos en Ciudad Hidalgo, Michoacán, lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado al Congreso, al Gobernador, al Secretario de Gobierno, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán y al Director del Periódico Oficial del Estado, con residencia en esta ciudad, consiste en: La aprobación, promulgación, refrendo publicación y ejecución del Decreto 314 publicado en el Diario Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, de treinta y uno de diciembre de dos mil diecio, por el que se reforman los artículos 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 135, 136, 137 y 147; y se derogan el inciso b) fracción III del artículo 101, el inciso b) fracción VII del artículo 103, el inciso b) fracción VIII del artículo 104, el artículo 120, la fracción II del artículo 128 y el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2020. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado señaló que no ha realizado alguna acción recaudatoria, aplicación, ejecución o cobro a la parte quejosa de los preceptos que reclama (fojas 80-105). Sin que las promoventes del amparo hubiesen aportado probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad de referencia, aun cuando se le dio la vista respectiva con el informe justificado rendido por éstas, lo cual, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Se justifica lo señalado, porque además de que la existencia del acto reclamado fue negado de forma lisa y llana, dicha aseveración tampoco generó motivo alguno para que en suplencia de la queja deficiente este juzgador conminara a la autoridad responsable a probar su dicho, en este caso, la negativa del acto a ella atribuida, porque la naturaleza de su aseveración la liberó de la carga probatoria y la trasladó a las inconformes, quienes afirmaron la transgresión a sus derechos, a partir de la actuación de ese ente de gobierno, por eso a éstos correspondía la acreditación de sus argumentos. Por consiguiente, ante la inexistencia de los actos atribuidos a la autoridad responsable antes citada, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en la ejecución del decreto reclamado, tales como el cobro y retención del impuesto ahí establecido. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso, al Gobernador, al Secretario de Gobierno y al Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, por así manifestarlo al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la publicación del Decreto en el Diario Oficial del Estado, de treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, de la que se advierte la participación de la autoridad responsable en la emisión del acto reclamado, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; máxime que una norma general no es objeto de prueba. Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 191452, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo 65, Volumen 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 233090: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Quinto. Estudio causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades responsables, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, en el caso no se realizará un análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, respecto de los lineamientos reclamados en estudio, en razón de que se actualiza una causa de improcedencia. En efecto, este órgano Constitucional advierte que en el juicio de amparo de que se trata, en el que el acto reclamado se hizo consistir en la aprobación, promulgación, refrendo publicación y ejecución del Decreto 314 publicado en el Diario Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, de treinta y uno de diciembre de dos mil diecio, por el que se reforman los artículos 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 135, 136, 137 y 147; y se derogan el inciso b) fracción III del artículo 101, el inciso b) fracción VII del artículo 103, el inciso b) fracción VIII del artículo 104, el artículo 120, la fracción II del artículo 128 y el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2020, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que las quejosas no acreditaron encontrarse en los supuestos de la norma. Para establecerlo de ese modo, debe traerse a colación lo dispuesto en la fracción XII del numeral 61 y la fracción I del 107, ambos de la Ley de Amparo, que instituyen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." Del primer artículo transcrito, en su fracción XII, se destaca que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para promover el juicio constitucional, por lo que la parte quejosa debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulneran en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 3a./J. 9/94, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 76, Abril de 1994, Octava Época, Materia Común, número de registro 206625, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica". Así como la tesis aislada también de la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 224, Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, número de registro 207490, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. Cuando se promueve amparo en contra de una ley, alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe en la audiencia constitucional que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico, pues no basta para tener por demostrado éste el hecho de que en la demanda de amparo se declara bajo protesta de decir verdad que se está dentro del supuesto de la norma". De igual forma, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible con el número 856 en la página 584, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." En efecto, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio, por lo que el perjuicio de que se habla, debe entenderse como la afectación por la ley o por la actuación de una autoridad de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, lo que precisamente, constituye el interés jurídico necesario para acudir en amparo. Por tanto, sólo tiene interés jurídico aquel particular que cuenta con un derecho jurídicamente tutelado que le da la potestad de exigencia oponible a la autoridad. Además, el interés jurídico, tratándose del juicio de amparo, debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número 293, en la página 242, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente tenor: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por su parte, de los propios dispositivos transcritos en líneas precedentes, se advierte que procede el juicio de amparo contra leyes, cuando se controvierte una norma general que requiera de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, o por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. En consecuencia, de la interpretación armónica de los artículos 61, fracción XII y la fracción I del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, se deduce que para la procedencia del juicio de amparo contra leyes, resulta indispensable que se acredite el interés jurídico que asiste al gobernado para reclamarlas, bien por encontrarse bajo los supuestos de la ley que los afecte desde que entra en vigor por estar obligado a su observancia (cuando se reclama como autoaplicativa), o bien, por acreditarse la existencia de un acto de autoridad que aplique tales normas a la quejosa en su perjuicio, de lo contrario, el juicio de amparo que en contra de tales normas se promueva, resultará improcedente. Ilustra lo considerado, la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número 285, en la página 338, del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA. Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." Ahora bien, el Poder Judicial de la Federación ha sostenido que las normas generales que conforman el sistema jurídico mexicano, y que desde luego se dirigen a los gobernados, pueden impugnarse en dos momentos: a) Desde que entran en vigor, si surten sus efectos y los vinculan con su obligatoriedad desde ese momento (normas autoaplicativas). b) O bien, hasta que, a través de un acto en el que sea aplicada esa norma al particular, se actualiza dicho perjuicio (normas heteroaplicativas). Dicho de otro modo, una norma puede agraviar al gobernado desde el momento en que entra en vigor, sin necesidad de un acto posterior de aplicación, hipótesis en la que la ley o norma general recibe el nombre de autoaplicativa; y por el contrario, cuando una ley o norma general no tiene efectos vinculatorios desde que entra en vigor, sino que requiere de un acto concreto de aplicación y el amparo contra ella sólo procede a través de éste, se trata de una norma general heteroaplicativa. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 328 en la página 383 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Ahora bien, a efecto de determinar si la Ley reclamada tiene el carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa, se estima necesario transcribir el contenido de los preceptos 34 y 35 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, que establecen: "DEL IMPUESTO POR REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES DEL OBJETO (REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) ARTÍCULO 34. Es objeto de este impuesto la extracción del suelo y subsuelo de materiales que constituyan depósitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos, aún y cuando constituyan vetas, mantos o yacimientos tales como: arcillas, arena, caliza, cantera, grava, filtro, rocas, piedras, material en greña, tezontle, sello y en general cualquier material pétreo con independencia de su nombre o clasificación. Para efectos de este artículo la extracción deberá realizarse por medio de trabajos a cielo abierto en el territorio del Estado. En ningún momento se considerarán objeto de este impuesto los minerales o sustancias a que hace referencia el artículo 4° de la Ley Minera. Para efectos de este artículo se entiende como, agregado pétreo además de los mencionados en el párrafo primero del presente artículo aquellos materiales que provienen de la roca, de la piedra, de un peñasco; que habitualmente se encuentran en forma de bloques, losetas o fragmentos de distintos tamaños, principalmente en la naturaleza. "DE LOS SUJETOS (REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) ARTÍCULO 35. Son sujetos del pago de este impuesto las personas físicas, morales o unidades económicas que dentro del territorio del Estado extraigan del suelo y subsuelo materiales que constituyan depósitos de igual o semejante naturaleza a los componentes del terreno, tales como los señalados en este capítulo como agregados pétreos. No se consideran sujetos del impuesto los intermediarios que adquieran del sujeto obligado los materiales, esto es, no es un impuesto trasladable. En el supuesto de que los sujetos obligados sean los ejidos, los adquirentes del material se constituirán en retenedores del impuesto y se obligarán a enterarlo en la época de pago previsto para tal efecto." Del contenido de los artículos trascritos, señalan que el tributo tiene como objeto, la extracción del suelo y subsuelo de materiales que constituyan depósitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos aún y cuando constituyan vetas, mantos o yacimientos tales como: arcillas, arena, caliza, cantera, grava, filtro, rocas, piedras, material en greña, tezontle, sello y en general cualquier material pétreo con independencia de su nombre o clasificación; que la extracción deberá realizarse por medio de trabajos a cielo abierto en el territorio del Estado y que se entenderá como, agregado pétreo además de los mencionados, aquellos materiales que provienen de la roca, de la piedra, de un peñasco; que habitualmente se encuentran en forma de bloques, losetas o fragmentos de distintos tamaños, principalmente en la naturaleza. De igual forma, que los sujetos del pago del referido impuesto son las personas físicas, morales o unidades económicas que dentro del territorio del Estado extraigan del suelo y subsuelo materiales que constituyan depósitos de igual o semejante naturaleza a los componentes del terreno, tales como los señalados en este capítulo como agregados pétreos; que no se consideran sujetos del impuesto los intermediarios que adquieran del sujeto obligado los materiales, esto es, no es un impuesto trasladable; y que en el supuesto de que los sujetos obligados sean los ejidos, los adquirentes del material se constituirán en retenedores del impuesto y se obligarán a enterarlo en la época de pago previsto para tal efecto. Por todo lo antes dicho, se advierte que el Decreto el Decreto 314 publicado en el Diario Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, de treinta y uno de diciembre de dos mil diecio, por el que se reforman los artículos 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 135, 136, 137 y 147; y se derogan el inciso b) fracción III del artículo 101, el inciso b) fracción VII del artículo 103, el inciso b) fracción VIII del artículo 104, el artículo 120, la fracción II del artículo 128 y el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2020, tiene el carácter de autoaplicativas, en tanto que por su sola entrada en vigor, imponen la obligación a ciertos sujetos a pagar el impuesto por remediación ambiental de la extracción de materiales. En concordancia con lo anterior se obtiene, que para que se materialice en la esfera jurídica del gobernado, es necesario que se actualice lo siguiente: Encontrarse en los supuestos a que se refiere la norma como obligados para pagar el impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales; esto es que sea una persona física, moral o unidad económica que dentro del territorio del Estado extraiga del suelo y subsuelo materiales que constituyan depósito igual o semejante de naturaleza a los componentes de terreno, tales como los señalados como agregados pétreos. Lo que sucederá cuando: Se cuente con la manifestación de impacto ambiental positivo, relacionada con la licencia de aprovechamiento, y en el supuesto de contar con ésta, el documento con el que se renueve esta última. Lo anterior, al tenor de los preceptos 36, 38, 40, 42, 43, 99 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo, 220, 221, 222 y 224 del Reglamento de la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo, del tenor literal siguiente: Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo "ARTÍCULO 36. La realización de obras o actividades públicas o privadas, que puedan causar daños al ambiente, daños a la salud pública o rebasar los límites y condiciones establecidos en la normatividad vigente, deberán sujetarse a la autorización otorgada por la Secretaría previa evaluación de impacto y riesgo ambiental. La Procuraduría supervisará el cumplimiento de la autorización que emita la Secretaría en función de la evaluación de impacto y riesgo ambiental. "ARTÍCULO 38. Para la obtención de la autorización en materia de impacto ambiental, los interesados deberán presentar ante la Secretaría, un estudio técnico que atendiendo a las características de las obras y actividades a evaluar, podrá presentarse en las siguientes modalidades: I. Manifestación de Impacto Ambiental Regional; y, II. Manifestación de Impacto Ambiental Particular. El contenido y alcance de estas modalidades será establecido en el Reglamento de la presente Ley, así como las obras y actividades que no requieran presentar manifestación de impacto ambiental, en cuyo caso deberá presentarse un informe preventivo. La Secretaría emitirá las guías metodológicas para la elaboración de los estudios técnicos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, según el sector de inversión de que se trate, conforme a lo que el Reglamento establezca." "ARTÍCULO 40. Cumplidos los requerimientos establecidos, se iniciará formalmente el proceso de evaluación de impacto ambiental de que se trate y la Secretaría emitirá el resolutivo de impacto ambiental en un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la recepción. Si después de la presentación de la manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados deberán notificarlo por escrito ante la Secretaría y sustentar las razones de los cambios, a fin de que esta les informe lo procedente." "ARTÍCULO 42. Para la autorización de la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría se sujetará a lo dispuesto en los ordenamientos ecológicos territoriales, en los programas de desarrollo urbano, en las declaratorias de áreas naturales protegidas y demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables." "ARTÍCULO 43. Una vez realizada la evaluación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá la resolución correspondiente en la que podrá: I. Otorgar la autorización en materia de impacto ambiental en los términos solicitados por el promovente; II. Otorgar la autorización en materia de impacto ambiental condicionada al cumplimiento de términos considerados por la Secretaría; y, III. Negar dicha autorización." Reglamento de la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo "Artículo 220. La Secretaría, independientemente del régimen de propiedad, expedirá las licencias de aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y el presente Reglamento." "Artículo 221. Se considerará responsable de la exploración, explotación, extracción y aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación al propietario o posesionario del predio en que se realicen dichas actividades." "Artículo 222. El propietario o poseedor del predio, para obtener la Licencia de Aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación, deberá cumplir ante la Secretaría con los requisitos siguientes: I. Solicitud en la que se señale el tipo de sustancia o mineral susceptible de Aprovechamiento, donde se haga referencia a la autorización en materia de impacto y riesgo ambiental previamente obtenida; II. Copia simple de las resoluciones de las autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental expedidas por la Secretaría; III. El pago de los derechos correspondientes; y, IV. En su caso, la autorización respectiva de la Secretaría de la Defensa Nacional para el uso de explosivos." "Artículo 224. La Licencia de Aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación, podrá ser renovada en los términos establecidos por el artículo 99 de la Ley, para lo cual su titular deberá solicitarlo a la Secretaría, treinta días antes a su fecha de vencimiento. La Secretaría, previa consulta con la Procuraduría, resolverá sobre la procedencia de la renovación en un término no mayor a diez días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud señalada en el párrafo anterior." Expuesto lo anterior, resta decir que las quejosas para acreditar su interés jurídico allegaron a este juicio: Constancia de situación fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria el doce de febrero de dos mil veinte, en la que se hace constar que una de ellas tiene como actividad económica la minería de otros materiales no metálicos. Oficio Número MICH/GA/04/2747/2017, mediante el cual se emite la resolución en Matera de Evaluación del Impacto Ambiental expedida el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, por el Delegado Federal en Michoacán de la Subdelegación de Gestión Ambiental y los Recursos Naturales Unidad de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Copias certificadas del juicio sucesorio testamentario 318/2015, a bienes de Eduardo Cervantes García. Constancias que son insuficientes para demostrar que las accionantes del amparo se ubiquen en los supuestos de la norma y por ende, que se haya afectado su esfera de derechos, toda vez que no acreditan encontrarse entre los sujetos obligados al impuesto ambiental sobre la remediación por la extracción de materiales. Es así, pues la constancia de situación fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), únicamente demuestra que Eleonor Cervantes Durán tiene reconocida su situación fiscal y que su actividad económica es la de minería de otros minerales no metálicos. Asimismo, el oficio MICH/04/2747/2017 de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, si bien contiene la autorización a Rosa Elena Durán González por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para desarrollar el proyecto que ahí se señala, también lo es que no demuestra que se relacione con el objeto del impuesto, esto es, la extracción del suelo y subsuelo de materiales que constituyan depósitos de igual naturaleza a los componentes de lo terreno materia del objeto del impuesto por remediación ambiental; sino la explotación de minerales a que hace referencia la Ley Minera, mismas que no son consideradas objeto del impuesto reclamado, al tenor de lo dispuesto en su artículo 35 párrafo tercero, se explica: En el considerando identificado con el número 2. del oficio de mérito, se señala lo siguiente: "2. Que el proyecto se encuentra dentro de los supuestos previstos en los artículo 28, primer párrafo, fracciones III de la LGEEPA; 5 incisos L fracción I de su REIA; por lo que se demuestra que el proyecto es de competencia federal por tratarse de una explotación de mineral de aluminosilicatos". De igual forma, en el capítulo denominado Términos, en su punto primero se señala: "PRIMERO. La presente resolución en materia de Evaluación del Impacto ambiental resultante de la extracción de mineral de cobre y actividades de rehabilitación y operación del proyecto denominado "La Pánfila", promovido por la C. Rosa Elena Durán González, el cual se desarrollará en el Municipio de Hidalgo, Estado de Michoacán, de la siguiente manera: El proyecto consiste en la explotación a pequeña escala de un yacimiento de aluminosilicatos, material coloquialmente denominado "Tierras Fuller". El tipo de extracción del proyecto se caracteriza por emplear herramientas y equipamiento simple y de baja intensidad (pala, pico y carretillas, principalmente). Además, por ser un aprovechamiento subterráneo a pequeña escala, la explotación no involucra cambio de uso de suelo en el sitio de explotación." Por su parte, el artículo 28, primer párrafo, fracciones III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, señala: "ARTICULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: [.] III. Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear; [.] De igual forma el precepto 5º, incisos L) fracción I, del Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, dispone: "Artículo 5o.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental: [.] L) EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MINERALES Y SUSTANCIAS RESERVADAS A LA FEDERACIÓN: I. Obras para la explotación de minerales y sustancias reservadas a la federación, así como su infraestructura de apoyo; [.]" En consecuencia, si el artículo 34 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo impugnada, señala que "en ningún momento se considerarán objeto de este impuesto los minerales o sustancias a que hace referencia el artículo 4º, de la Ley Minera", y por su parte, la autorización otorgada a Rosa Elena Durán González, es para la explotación de mineral de aluminosilicatos, respecto de la cual para expedirla se fundamentó -entre otros- en el artículo 28, primer párrafo, fracciones III de la ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que se refiere a la competencia de la secretaría para autorizar en materia de impacto ambiental en tratándose de minerales y sustancias reservadas a las leyes mineras; es indudable que la quejosa debió demostrar que dicho autorización es para extraer del suelo y subsuelo materiales que constituyan depósitos de igual naturaleza a los componentes de lo terreno materia del objeto del impuesto por remediación ambiental -arcillas, arena, caliza, cantera, grava, filtro, rocas, piedras, material en greña, tezontle, sello y en general cualquier material pétreo-. Por lo que al no hacerlo así, es indudable que no se demuestra el interés jurídico necesario para ocurrir al juicio de amparo al no demostrar que se encuentran en los supuestos de la norma reclamada. Para concluir, al no haber demostrado las amparistas su interés jurídico al no acreditar estar en el supuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, debe sobreseerse en este juicio respecto de la promulgación, publicación, refrendo y ejecución del el Decreto 314 publicado en el Diario Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, de treinta y uno de diciembre de dos mil diecio, por el que se reforman los artículos 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 135, 136, 137 y 147; y se derogan el inciso b) fracción III del artículo 101, el inciso b) fracción VII del artículo 103, el inciso b) fracción VIII del artículo 104, el artículo 120, la fracción II del artículo 128 y el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2020. Por otra parte, resulta innecesario ocuparse del estudio de las restantes causales de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables, pues basta con que una haya sido operante para decretar el sobreseimiento del asunto, en aplicación a la Jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, registro 195744, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eleonor Cervantes Durán y Rosa Elena Durán González, en cuanto albaceas testamentarias de la sucesión de Eduardo Cervantes García, del acto reclamado y autoridades responsables precisados, en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
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