Eleno Salazar Flores
Expediente 1504/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1504/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/10/2022
Partes del expediente
- Eleno Salazar Flores
Actuaciones
- Principal
el proveído veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Destrucción de expediente. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d), capítulo octavo respecto de los expedientes destruibles, previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, de conformidad con el punto 8.1.2, del capítulo 8 "Consideraciones previas a la Destrucción de Expediente" del Manual para organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, procédase a su destrucción material.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve, en su carácter de defensora particular del quejoso, personalidad que indica tiene reconocida en la causa penal 44/2019 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, contra actos del Coordinador General de Centros Federales y otras autoridades. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1504/2022-VI. Desechamiento de demanda. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que la persona titular del juzgado de distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado, en concordancia con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Acto reclamado. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: ? La omisión de proporcionar atención médica especializada a, de forma gratuita, derivada de la falta de continuidad a lo determinado en la resolución de dos de agosto de dos mil veintidós, emitida en el procedimiento administrativo DG/DT/PA/596/2022. Atento a lo anterior, este órgano de control constitucional, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en relación con el 4 Constitucional y los numerales 9, fracción II, 74 y 76 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que, procede desechar por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Así, del artículo 4° de la Constitución Federal y de los numerales 9, fracción II, 74 y 76 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que toda persona tiene el derecho fundamental de que su salud sea protegida, y la obligación del Estado Mexicano de definir las bases y modalidades para lograr el acceso a los servicios de salud en las diferentes instancias. Además, tratándose de las personas que se encuentran privadas de la libertad (procesadas o sentenciadas), dicho aspecto se acentúa en razón de que se trata de un grupo de personas en estado de vulnerabilidad que requieren de tratamientos especiales; no obstante ello, en el presente asunto la omisión de que se duele, no pone en riesgo la vida de las personas justiciables, ni se compromete gravemente su dignidad o integridad personal, al grado de equipararse a un tormento. Ahora bien, es de indicarse que de las constancias que se adjuntaron al escrito de demanda se advierte lo siguiente 1.- El doce de junio del presente año, , defensora particular del quejoso, ingresó una petición en el área de Oficialía de Partes del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, mediante la cual solicitó lo siguiente: "Ordene a quien corresponda, se traslade al PPL al Hospital Adolfo López Mateos en la Ciudad de Toluca, Estado de México o a otro Hospital de tercer nivel; a fin de que le sean practicados exámenes clínicos ordenados en diversas especialidades de salud, como se encuentra indicado en los diagnósticos que obran en su expediente clínico y que a continuación se enuncian: a) De la especialidad de cardiología, se le ha ordenado una prueba de esfuerzo y ecografía de corazón. b) De la especialidad de otorrinolaringología, sigue pendiente la consulta y tratamiento que se recomiende. c) De la especialidad de gastroenterología, para revisión de su estado y el retiro de la banda gástrica. d) La intervención de un médico cirujano especialista, que coloque una malla indicada por existencia de diástasis rectal." 2. El veintinueve de julio de dos mil veintidós, el Director de Custodia Penitenciaria en suplencia por ausencia de la Directora del Centro Federal y de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, informó mediante oficio PRS/GCCF/CFRS1/DG/012963/2022, al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Ejecución adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, dentro de la controversia judicial 277/2022 de su índice, que el escrito de doce de junio del presente año, fue atendido mediante procedimiento 596/2022. 3. Posteriormente, la petición en comento fue atendida el uno de agosto de dos mil veintidós, tal y como se advierte el procedimiento administrativo DG/DT/PA/596/2022, admitiendo a trámite la misma. 4. Luego, el dos de agosto del año en curso, en dicho procedimiento administrativo se resolvió lo siguiente: "(.) PRIMERO: Es procedente su petición consistente en lo que respecta a que requiere "seguimiento por la especialidad de cardiología.." (sic), lo anterior de conformidad con lo establecido en el considerando VI de la presente resolución. SEGUNDO: Es procedente su petición consistente en lo que respecta a que requiere ". otorrinolaringología .así como de Gastroenterología." (sic), lo anterior de conformidad con lo establecido en el considerando VII de la presente resolución. TERCERO: No es procedente su petición consistente en lo que respecta a que requiere ". La intervención de un médico cirujano especialista, que coloque una malla indicada por existencia de diástasis rectal. " (sic), lo anterior de conformidad con lo establecido en el considerando VIII de la presente resolución (.)" Antecedentes de los cuales se advierte que respecto del acto reclamado, se encuentra contemplado un procedimiento tanto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, como en el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, en los cuales se establece la obligación de proporcionar servicios médicos a las personas privadas de la libertad en los centro de reclusión. Y si bien, no escapa a la atención de este órgano de control constitucional, que con motivo de la reforma constitucional a los artículos 18 y 21 de ese ordenamiento en el año dos mil once, así como la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal en junio de dos mil dieciséis, se generó un cambio sustancial relacionado con la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, comprendidas, desde luego, aquellas personas privadas de libertad en prisión preventiva, así como que para fortalecer este nuevo paradigma, se creó el instrumento normativo citado en último término, el cual prevé tanto procedimientos administrativos instaurados ante la propia autoridad penitenciaria, como mecanismos de control judicial para resolver acerca de las omisiones o negativas de dichas autoridades administrativas penitenciarias, es decir, todas las peticiones o solicitudes de las personas privadas de la libertad vinculadas con las condiciones de su estancia en prisión deben ser agotadas, prima facie, con la utilización de tales mecanismo legales, previo a analizarse por la vía constitucional. Por lo que una vez iniciado el procedimiento para atender las solicitudes o peticiones, como en el caso, la parte quejosa está en posibilidad de dar continuidad a las mismas. En efecto, el acto reclamado en el presente juicio de amparo consistente en la omisión de proporcionar atención médica especializada a Eleno Salazar Flores, de forma gratuita, derivada de la falta de continuidad a lo determinado en la resolución de dos de agosto de dos mil veintidós, emitida en el procedimiento administrativo DG/DT/PA/596/2022, no pone en riesgo la vida de la persona quejosa, ni se compromete gravemente su dignidad o integridad personal, al grado de equipararse a un tormento. Aunado a que, de la resolución de dos de agosto del año en curso, se advierte las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" indicaron que se daría seguimiento a la petición en el Instituto Nacional de Cardiología y se gestionaría el recurso económico para que el que el quejoso pueda ser valorado en las especialidades de otorrinolaringología e gastroenterología. Ahora bien, el mencionado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". De la interpretación literal del artículo 61 de la Ley de Amparo, se observa que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en los siguientes supuestos: a) Que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que lo rijan; y b) Que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser revocados, modificados, o nulificados. Ahora, para que se surta la última de las hipótesis planteadas, se exige para su aplicación como condicionantes las siguientes: 1. Que conforme a las leyes que rijan a los actos reclamados, sean susceptibles de suspenderse sus efectos de oficio o mediante la interposición del propio juicio, recurso o medio de defensa legal que hace valer la persona quejosa. 2. Que con la interposición del recurso o medio de defensa se obtengan iguales alcances que los que prevé la propia Ley de Amparo. 3. Que no se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para conceder la suspensión definitiva. 4. Que el recurso no contemple un plazo mayor que el que se establece en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo anterior, con independencia de que el acto impugnado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la aludida legislación de amparo. De tal modo, como se dijo, en relación al aludido acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia mencionada, pues se desprende que la parte quejosa pretende combatir en esta vía, la omisión de proporcionar atención médica especializada a Eleno Salazar Flores, de forma gratuita, derivada de la falta de continuidad a lo determinado en la resolución de dos de agosto de dos mil veintidós, emitida en el procedimiento administrativo DG/DT/PA/596/2022; sin embargo dicho acto, no pone en riesgo la vida de la persona justiciables, ni se compromete gravemente su dignidad o integridad personal, al grado de equipararse a un tormento. Así, en relación con lo anterior, se estima que la persona amparista debe agotar el principio de definitividad establecido en el primer párrafo de la fracción invocada, pues en contra del acto reclamado, la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente en los artículos 107, 115, 116, 117, 130 y 131, establece un procedimiento administrativo y recursos con control judicial, por virtud del cual puede ser revocado, modificado, o nulificado el acto aquí reclamado, como enseguida se observará. En efecto, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, cuya observancia es de orden público y general, tanto en la Federación como en las Entidades Federativas, tiene entre otros fines, establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, las normas que deben de atenderse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas así como en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal como del local, según corresponda, quienes deberán garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y la propia Ley Nacional de Ejecución de Penas. Así, respecto al acto aquí reclamado, en el artículo 114, se prevé un procedimiento que puede traer como consecuencia su modificación, revocación o nulidad, pues por medio de ese procedimiento administrativo, las personas privadas de la libertad, como la persona ahora quejosa y, aquellas legitimadas en esa Ley para hacerlo valer a su favor, sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, pueden formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, quien tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y, una vez allegada de la información necesaria resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses de las personas peticionarias o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, o como en el caso, si no se le ha dado la continuidad que requiere, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, puede formular controversia ante el Juzgado de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Aunado, a que como se advierte de las constancias adjuntadas al escrito de demanda, existe la controversia jurisdiccional 274/2022 y/o 277/2022 del índice del Juzgado Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, por medio de la cual se puede dar continuidad a la petición del quejoso, o bien, de considerarlo necesario iniciar una nueva controversia. Recurso o medio de defensa legal, que cuando recaiga sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juzgado de Ejecución para plantear su petición, por tratarse de un caso urgente, de así considerarlo, como podría ser la falta de atención médica especializada en traumatología, dermatología, psiquiatría, así como de atención de un médico internista que refiere la parte quejosa; supuesto en el cual el Juzgado de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juzgado de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. De lo que se colige que conforme a las disposiciones de la citada ley, se pueden suspender los efectos de la falta de asistencia médica que ahora se reclama, de oficio y de inmediato mediante el planteamiento del procedimiento correspondiente, con los mismos alcances previstos en la Ley de Amparo, pero sin exigir mayores requisitos que los consignados por la misma ley para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional. Al efecto, se debe puntualizar que es factible establecer que si en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se contempla la posibilidad de que las personas privadas de la libertad o aquéllas legitimadas puedan plantear peticiones ante el Juzgado de Ejecución, cuando se trate de actos, hechos u omisiones de carácter urgente, relacionados con la salud de la persona interna que amerite atención inmediata, es ineludible que opere la suspensión de oficio y con carácter inmediato a la queja que plante una persona sujeta a internamiento; ello pone de manifiesto que será obligación de esa persona agotar dicho procedimiento. De todo lo anterior se sigue que, el trámite hasta aquí señalado constituye la existencia de todo un sistema de impugnación de los actos, hechos u omisiones que se generen durante el tiempo de internamiento; esto porque tal procedimiento que inicia con una petición, constituye un verdadero medio de impugnación; pues cumple con la condición de constituir un instrumento previsto o contemplado dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, cuyo objetivo es modificar, revocar o nulificar el acto, hecho u omisión relacionado con las condiciones de internamiento; y por tanto, genera la obligación para la persona promovente, de agotarlo previamente al juicio de amparo. Así las cosas, es dable señalar y se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia de referencia, toda vez que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, respecto de la omisión de proporcionar atención médica especializada a xxxxxxx, de forma gratuita, derivada de la falta de continuidad a lo determinado en la resolución de dos de agosto de dos mil veintidós, emitida en el procedimiento administrativo DG/DT/PA/596/2022. Sin embargo, no agotaron previamente el recurso o procedimiento previsto en el artículo 114, párrafo tercero, previamente citado, pues a través de ese procedimiento es posible lograr que la autoridad penitenciaria se pronuncie respecto a su petición o de continuidad a la misma, que debe ser atendida como urgente por las autoridades penitenciarias, situación de la que se duelen en esta vía constitucional. Dicho de otro modo, en los casos que una persona privada de su libertad pretenda que el centro de reclusión en que se encuentra le preste asistencia médica, la persona interesada debe agotar, previamente a la promoción de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias tendentes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses; por lo que, al no haberlo hecho así las personas quejosas, es que se actualiza la citada causal de improcedencia. Comprobadas que fueron las hipótesis que dan lugar a la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se procede a exponer que en el presente juicio no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad, para lo cual se procede a la transcripción del precepto que nos ocupa en lo conducente, esto es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XX. (.) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)". Pues bien, como se observa del artículo apenas señalado, las excepciones al principio de definitividad, consisten en: 1. Que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. 2. Que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. 3. Que el acto reclamado carezca de fundamentación. En ese orden quien aquí resuelve, considera primero, que de acuerdo al contenido de este auto, es evidente que el procedimiento administrativo que se plantea como la vía idónea, por virtud del cual pueden ser revocados, modificados, o nulificados los hechos, el acto o la omisión respecto de las condiciones de internamiento de las personas aquí quejosas, se encuentra contenido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuya observancia es de orden público y general, para la Federación así como para todas las Entidades Federativas, la cual además garantiza que las personas privadas de la libertad, ejerzan sus derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, y demás disposiciones legales y la propia Ley Nacional de Ejecución de Penal. Ahora bien, con relación a la excepción al principio de definitividad indicado en el punto dos, relativo al supuesto en que se aleguen violaciones directas a la Constitución, hace procedente el juicio de amparo sin agotar los procedimientos, recursos o medios de defensa ordinarios que la ley señale (en el caso los previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal); sin embargo, debe decirse que dicho supuesto de excepción opera sin lugar a dudas en aquellos casos en que únicamente se planteen ese tipo de violaciones, pero no para el caso en que se aleguen tanto contravenciones directas como indirectas al mismo tiempo, como en el caso que nos ocupa, en el que se reclama la omisión de proporcionar atención médica especializada a Eleno Salazar Flores, de forma gratuita, derivada de la falta de continuidad a lo determinado en la resolución de dos de agosto de dos mil veintidós, emitida en el procedimiento administrativo DG/DT/PA/596/2022; no pone en riesgo la vida de la persona quejosa, ni se compromete gravemente su dignidad o integridad personal, al grado de equipararse a un tormento; regulado en los artículos 3, fracción XXV, 34 y 76 de la Ley Nacional de Ejecución de Penal. Dicho de otra forma, tal excepción está reservada para el caso de que la persona quejosa sólo puedan atacar adecuadamente el acto reclamado (positivo o negativo) ante el órgano de control constitucional, en razón que no les resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones a la Constitución Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación (circunstancia que en el caso concreto no sucede como a la postre se evidenciara). Lo anterior no ocurre así, si es factible para la persona afectada obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto que estima violatoria de derechos, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, la persona agraviada puede alegar los vicios de legalidad que ostenta el acto combatido, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la actuación u omisión reclamada, porque de todas maneras al fallarse el recurso, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de Amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad mencionado, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de amparo obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con registro electrónico 224309, correspondiente a la Octava Época, de título y subtitulo siguiente: "VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION, CUANDO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS.". En efecto, si en la demanda de amparo se plantean violaciones directas e indirectas al Pacto Federal, no opera la salvedad a la aplicación de dicho principio; sin embargo, debe decirse que si bien en el caso particular, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte, entre otras cosas, que las personas quejosas de manera general reclaman de la autoridad responsable la falta de cumplimiento al derecho a la salud consagrado en el artículo 4º Constitucional, lo cierto es que dicha trasgresión la hacen derivar de la omisión de proporcionar atención médica especializada a xxxxxxxxx, de forma gratuita, derivada de la falta de continuidad a lo determinado en la resolución de dos de agosto de dos mil veintidós, emitida en el procedimiento administrativo DG/DT/PA/596/2022, lo cual no pone en riesgo la vida de la persona quejosa, ni se compromete gravemente su dignidad o integridad personal, al grado de equipararse a un tormento; es decir, reclama de las autoridades responsables una omisión de darle con continuidad a la resolución en la cual se determinó procedente realizar las gestiones necesarias para la prestación de los servicios de salud requeridos, esto es, aspectos relacionados con las condiciones de su internamiento, reguladas por los artículos 3, fracción XXV, 34 y 76 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; de tal forma que además de violaciones directas a la Carta Magna, también se reclaman violaciones indirectas, lo que de suyo no configura la excepción al principio de definitividad que previene la Ley de Amparo. Bajo esa línea argumentativa, válidamente puede concluirse también que la omisión de proporcionar atención médica especializada a xxxxxxxxxxx, de forma gratuita, derivada de la falta de continuidad a lo determinado en la resolución de dos de agosto de dos mil veintidós, emitida en el procedimiento administrativo DG/DT/PA/596/2022, que reclama la persona quejosa, son violaciones indirectas, pues conforme al análisis desarrollado de la Ley Nacional de Ejecución Penal en párrafos precedentes, se advierte que dicha legislación, tiene como objetivo, entre otras cosas, la tutela de todos aquellos medios para lograr la reinserción de las personas sentenciadas a la sociedad, así como de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias; parámetros observados, desde luego, para las personas privadas de la libertad ya sea en prisión preventiva, o bien, por virtud de la compurgación de una sentencia condenatoria, esto es, todos los aspectos relativos a las condiciones de internamiento, como lo es la atención médica requerida durante la estancia de dichas personas en los centros penitenciarios. Sin que lo que aquí se resuelve implique desatender la obligación contenida en el segundo párrafo del artículo 1° Constitucional, que exige a todas las autoridades del país a interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internaciones de la materia, por dos razones fundamentales. La primera razón, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal, que resulta ser la norma que rige el acto reclamado, cumple con la previsión constitucional de favorecer a las personas destinatarias de la misma la protección más amplia y, la segunda, porque la observancia del principio pro persona, no implica que la autoridad soslaye los requisitos previstos en la ley para hacer procedente lo improcedente. Sostiene el argumento la jurisprudencia 1a./J. 10/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro electrónico 2005717, correspondiente a la Décima Época, de título y subtitulo siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." Cierto, lo relativo a que las personas gobernadas tengan acceso a la justicia, no significa que deban resolverse todos los asuntos sin atender sus requisitos o presupuestos de procedencia, puesto que el respeto a dicho derecho fundamental, no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que las personas gobernadas tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre a las personas destinatarias de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además, de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, aunado a que dichos requisitos de procedibilidad son indispensables y obligatorios para tanto para prosecución como para el respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. A más, la obligación de salvaguardar el derecho a la salud de las personas internas, así como la figura de la suplencia de la queja; no implican soslayar las reglas de procedencia de la acción constitucional, toda vez que el hecho de que el orden jurídico interno prevea criterios de admisibilidad de los recursos judiciales, es decir, requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación al derecho fundamental a la salud, sobre todo porque como vimos, en el particular no sólo se exponen violaciones directas a la Constitución. Esto se entiende, si se pondera que por razones de seguridad jurídica, así como en aras de lograr una correcta y funcional administración de justicia y una protección efectiva de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de modo, que si bien éstos deben estar disponibles para las personas interesadas a fin de que se resuelva efectiva y fundadamente el asunto planteado, debe acotarse que no siempre, y en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que se les plantea, pues para ello deben previamente satisfacerse los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Estimar lo contrario, traería como resultado el total quebrantamiento de las reglas que rigen el juicio de amparo, pues convenir con la pretensión de la parte disconforme, implicaría llegar al extremo de analizar de fondo el asunto, soslayando que no satisfizo uno de los presupuestos de procedencia del juicio constitucional (definitividad), lo que precisamente impide el estudio de fondo del asunto. Sustenta el argumento, la jurisprudencia 1a./J./22/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro electrónico 2005917, correspondiente a la Décima Época, de título y subtitulo siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.". Por otra parte, tampoco se advierte que se esté ante el caso de excepción establecido en los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, se trata de una supuesta omisión, negativa o deficiencia de la autoridad responsable de no atender de forma apropiada a las condiciones de salud de la persona quejosa, que no implica afectación a su libertad personal ni directa ni indirecta, ya que aun cuando deriva de un asunto de naturaleza penal, el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Menos aún, se observa que el acto que por esta vía se combate consista en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso (o auto de formal prisión), una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute o que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; ni se percibe, que en el acto reclamado por las personas quejosas les asista el carácter de persona extraña al procedimiento del que deriva, y la procedencia del medio de defensa en comento no se sujeta a interpretación adicional, ni se advierte que el fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues se encuentra plenamente establecido en los artículos 107 a 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Precisando, además que el hecho de que con el acto que se pretendió reclamar a la autoridad, pudiera afectarse algún derecho sustantivo de la persona quejosa, ello no autoriza inobservar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, puesto que como ya se vio, no se surte ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, más allá de los efectos irreparables que pudiera implicar la omisión de proporcionar atención médica especializada a xxxxxxxx, de forma gratuita, derivada de la falta de continuidad a lo determinado en la resolución de dos de agosto de dos mil veintidós, emitida en el procedimiento administrativo DG/DT/PA/596/2022, es menester que la persona quejosa lo impugne a través del medio de defensa ordinario descrito, por ser ello un presupuesto de procedencia de la acción de amparo, distinto y autónomo al primero (irreparabilidad del acto reclamado), cuya observancia la tornaría procedente; sin embargo, al soslayarse esta circunstancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, no es óbice a lo determinado, el hecho de que la omisión reclamada, sea catalogada como de imposible reparación; pues como se expuso, ello no implica per se (por sí) una excepción al principio de definitividad, ya que éste refiere únicamente al alcance de los recursos establecidos en la legislación ordinaria, no así a la naturaleza del acto reclamado. Por lo anterior, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia advertidas en el artículo 61, fracción XX en relación con el 4º Constitucional y los numerales 9, fracción II, 74 y 76 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Coordinador General de Centros Federales, por derecho propio, contra actos atribuidos al Coordinador General de Centros Federales y otras autoridades. Domicilio. De conformidad con la certificación de cuenta y toda vez que el usuario "xxxxxxxx", se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como lo solicita el promovente se acuerda favorable el acceso al expediente electrónico, así como para efectos de promover por esa vía en el presente juicio, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y conforme a lo establecido en los artículos 34, 35, 36, y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta del presente expediente y para que se le realicen las notificaciones mediante dicho medio.
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