Eleno Galván Cruz
Expediente 744/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Eleno Galván Cruz
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Cumplido el plazo de conservación y cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN DE PROMOVENTE Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica en la que aparece como quejoso .... contra actos del Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales; en consecuencia, regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 744/2022. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Página: 730, Novena Época, Registro: 193379, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". .... Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Así es, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6o, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: ... Del transcrito artículo 6° se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto que se reclame, lo que implica que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente con firma autógrafa, o bien, electrónica en caso remitirse por dicha vía conforme a los artículos 3o de la Ley de Amparo, 14 y 45 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. De no hacerse de esa manera, es claro que no se denota la voluntad de quien pudo haber sido afectado en sus intereses jurídicos; es decir, un escrito que no cuente con la firma autógrafa o electrónica del promovente, no constituye un acto jurídico y debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza, lo que torna improcedente la demanda. Luego, en el caso, el escrito de demanda se presentó vía electrónica a través del uso de firma electrónica avanzada del Poder Judicial de la Federación; empero, ésta pertenece a Angélica Flores Silva y no a la parte quejosa Eleno Galván Cruz, de conformidad con la evidencia criptográfica correspondiente, de la que expresamente se advierte que la firmante es la primera de los nombrados. Por tanto, si en la especie la demanda no se firma a ruego del inconforme, por no indicarse así en punto alguno del ocurso; tampoco en su nombre y/o representación, dado que el libelo es presentado por ... por su propio derecho y no a través de representante legal o convencional alguno; y el acto reclamado no corresponde a los señalados en el artículo 15 de la Ley de Amparo (pues los actos reclamados no implican peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los previstos en el numeral 22 de la Constitución General de la República), entonces carece del signo indubitable correspondiente de manifestación de voluntad para el ejercicio de la acción constitucional. Sin que pueda llegarse a otra conclusión porque la firma electrónica con la que fue remitida la demanda pertenezca a Angélica Flores Silva, quien aparece en el cuerpo del memorial como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; ello, en atención a que tal autorización tiene como origen precisamente la presentación de la demanda de amparo a través de la expresión incontestable de la voluntad de la parte quejosa y nunca antes, debiendo ser la misma autógrafa o electrónica pero nunca presentada solo en forma impresa. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5, registro 2018943, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. .... En consecuencia, la falta de firma de quien promueve el amparo, al traducirse en motivo manifiesto e indudable de improcedencia en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 6o, ambos de la Ley de Amparo, conduce al desechamiento de la demanda constitucional. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 241, Octava Época, registro 231247, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. ..... En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda. ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Al carecer la demanda de firma del promovente, notifíquese esta determinación por estrados, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya lugar a ordenar su práctica vía electrónica ni autorizar la consulta de los autos por el mismo medio. AUTORIZADOS. No ha lugar a tener a persona alguna como autorizada conforme al numeral 12 de la Ley de Amparo, al carecer el libelo de firma de quien ejerce la acción constitucional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que, de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico-, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese y personalmente.
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