Elena Victorino Barra

Expediente 184/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
184/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • Elena Victorino Barra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días para que la parte quejosa recurriera el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó fuera de audiencia. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Otras consideraciones. Sin que en el caso, la parte quejosa haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 21, párrafo segundo, del precitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto.

  2. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, dos de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por ********************, quien pretende apersonarse al presente asunto; en atención a su contenido, en primer término debe precisarse que del análisis de las constancias allegadas al sumario, de las que se desprende que promovente tiene el carácter de contraparte de la aquí quejosa dentro del juicio agrario ********************, del índice del Tribunal responsable. En mérito de lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, efectivamente a ********************, le reviste el carácter de parte tercero interesada, de ahí que sea factible darle la intervención que legalmente le corresponde, toda vez que a la fecha no ha quedado firme la determinación de veintiocho de abril de los cursantes, donde se sobreseyó el presente asunto fuera de audiencia, por lo que aún es susceptible de ser impugnada por parte legítima. Sin que obste lo anterior que la aludida intervención se otorgue con posterioridad a la emisión del aludido proveído que sobreseyó fuera de audiencia el asunto, toda vez que dado el sentido de la misma, dicha determinación no causa afectación alguna a la citada tercero interesada, Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. V/98, de rubro y texto: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Notificaciones. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado. Autorizados. Se tiene como facultados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************, por contar con el registro de su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, según la consulta realizada a la página oficial correspondiente y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a ********************, ******************** y ********************, por así haberlo solicitado expresamente. Copias. Finalmente, respecto de la solicitud que realiza, hágase de su conocimiento que el expediente físico sirve únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que es el expediente electrónico el que tiene validez para consulta de las partes; en el entendido que la descarga electrónica de las constancias que obren en el expediente se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión, toda vez que éstas incluyen la evidencia criptográfica Así, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, expídasele copia digital de las constancias que indica, debiéndose hacer entrega al promovente o a quien autoriza para tal efecto, ello previa razón y firma de recibo que se deje en autos; para la cual deberá traer a este órgano jurisdiccional algún medio magnético para archivar información digital.

  3. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a las presentes actuaciones el documento de cuenta, a través del cual la autoridad responsable oficiante rinde su informe justificado. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley. En tales condiciones, toda vez que de la documental recibida se advierte una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable que hace innecesario continuar con la tramitación del juicio, por las consideraciones que se exponen. En primer término, debe indicarse de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y, de manera preferente las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, con registro 394770, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el entendido que cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto es notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de proseguir con la substanciación del juicio de amparo y llegar a celebrar la audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, toda vez que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no sería posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. Ahora, en el caso concreto, se estima actualizada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en su fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior" De acuerdo con los numerales antes transcritos deviene el sobreseimiento del juicio de garantías cuando apareciere claramente que hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en estudio, es necesaria la coincidencia de dos extremos; que: a) Se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de manera tal que el acto ya no agravie a la parte quejosa y disfrute del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución Federal, que a la letra dice: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija" Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General; por lo cual, válidamente se puede afirmar que para que un acto omisivo cese sus efectos en la esfera jurídica del gobernado, la autoridad responsable debe emitir o verificar el acto cuya omisión se le atribuye a fin de que deje de existir la violación constitucional. En ese tenor, es dable precisar que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por ********************, se hace consistir en: La omisión de dictar sentencia en el juicio agrario ******************** del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Dos, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable como complemento a su informe justificado se desprende que el diecinueve de abril del año en curso, se emitió la sentencia dentro del juicio agrario ********************, del índice de la responsable; documentales a las que esta juzgadora les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; por ser documentales públicas. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, que dice: DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. En ese contexto, resulta inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que se destruyeron en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, toda vez que la autoridad responsable ya emitió la sentencia de referencia, por lo que se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, pues los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que la parte agraviada fue restituida en el pleno goce de sus garantías, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio fuera de audiencia, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Corrobora lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos diez del tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 196820 cuyo rubro es: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. En el entendido de que esa causa se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría innecesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, la tesis 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, y de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Por consiguiente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con cuarenta minutos del dos de mayo de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; y, comuníquese esta determinación a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL AVISO FIJADO EN PUERTA DE 02/05/2023, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO Y/O SENTENCIA DICTADO (A) EN EL JUICIO DE AMPARO INDICADO EN EL REFERIDO AVISO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...agréguese... documento... rinde su informe justificado... se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza... de la documental recibida se advierte una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable que hace innecesario continuar con la tramitación del juicio, por las consideraciones que se exponen... lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio fuera de audiencia, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal... En el entendido de que esa causa se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría innecesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional... se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con cuarenta minutos del dos de mayo de dos mil veintitrés..., ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO AVISO QUE SE LE DEJÓ; SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE DEJA A SU DISPOSICIÓN EN EL LOCAL DE LA ACTUARÍA COPIA SIMPLE DEL ACUERDO O RESOLUCIÓN QUE SE NOTIFICA.

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