Elena Rosario Siguenza Rodríguez
Expediente 1615/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1615/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/12/2022
Partes del expediente
- Elena Rosario Siguenza Rodríguez
- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, Chiapas
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo. Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en el precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto que fue desechada la demanda de amparo. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir del presente auto; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Promoción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por ********************en representación de la quejosa ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, Chiapas y otra autoridad. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1615/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Novena Época, registro I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890). Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: La detención y/o aseguramiento, prolongación del alojamiento temporal con fines de deportación. En el caso concreto, de la lectura integra de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...]" La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a "instancia de parte agraviada", lo cual excluye toda posibilidad de que el amparo inicie su curso de forma oficiosa. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien formula una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, lo que ocurre mediante el acto de presentación de la demanda del juicio, pues es entonces que se formula una pretensión litigiosa ante un órgano jurisdiccional, por lo que los actos directamente vinculados con la formulación de tal pretensión inicial, o sea, la formulación de la demanda, son exigibles al quejoso como titular del derecho de acción o a su representante legal, pues lo que se define mediante tales actos es la debida formulación de lo solicitado. En ese sentido, el principio de instancia de parte agraviada es un requisito de procedibilidad en el juicio de amparo, en cuya ausencia no puede iniciarse. En relación con el citado principio, el artículo 6°, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Asimismo, el diverso numeral 15 establece, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De conformidad con los transcritos preceptos, asiste legitimación para instar el juicio de amparo a la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, quien puede promover la demanda por sí mismo, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley. En lo que concierne al último supuesto -por conducto de cualquier persona- la Ley de Amparo estatuye que dicha legitimación tendrá lugar cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, etcétera), así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, siempre que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, es decir, que no pueda hacerlo por sí mismo por una causa ajena a su voluntad, lo que en todo caso debe advertirse de lo narrado en la demanda. En el particular, de la lectura íntegra del escrito inicial se advierte que ********************solicita el amparo en favor de ********************, en contra de los siguientes actos reclamados: [.] ACTOS RECLAMADOS: A) LA DETENCIÓN Y/O ASEGURAMIENTO DE FORMA ILEGAL DE QUIEN PROMUEVO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, HECHA ELEMENTOS DE MIGRACIÓN DE LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022, Y SIENDO TRASLADADA A LA ESTACIÓN MIGRATORIA PROVISIONAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, LUGAR EN DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ALOJADA. B) LA DETERMINACION Y PROLONGACION DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE QUIEN PROMUEVO EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION, MISMA QUE SE ENCUENTRA ALOJADA EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA PROVISIONAL DE SAN CRISTÓBL DE LAS CASAS, CHIAPAS Y MANIFIESTO QUE DESCONOZCO EL NUMERO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE SEL E APERTURO POR TAL MOTIVO. C) LA INMINENTE DEPORTACION POR PARTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. D) LA ORDEN DE TRASLADO A OTRA ESTACION MIGRATORIA. [.] Como puede apreciarse, la demanda de amparo no es presentada por la directa quejosa, sino por un tercero, quien promueve en su representación, aduciendo que la peticionaria se trata de persona extranjera (ecuatoriana) que se encontraba transitando de manera irregular por territorio nacional, siendo asegurada el trece de noviembre de la presente anualidad, iniciándole procedimiento migratorio del cual la parte promovente desconoce el número de registro y traslada a la Estación Migratoria Provisional de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde actualmente se encuentra alojada. No obstante lo anterior, de lo narrado en el escrito inicial no se desprende que la directa quejosa se encuentre imposibilitada para promover la demanda por sí misma, lo cual resulta necesario para que cualquier persona pueda promover en su nombre, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de realizar su búsqueda a efecto de requerirle que manifieste si es su deseo ratificar la demanda promovida en su favor. En efecto, de lo narrado en la demanda se desprende que si bien la directa quejosa se encuentra privada de su libertad por motivos migratorios, al estar alojada en la Estación Migratoria provisional de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, no se advierte que dicha condición le impida en forma absoluta defender sus derechos, ya sea por sí misma, por conducto de su apoderado, o bien, a través de su defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal -lo cual no acontece en el caso-, máxime que el alojamiento propio del procedimiento administrativo migratorio no supone en sí mismo un aislamiento total de las demás personas. Ciertamente, el promovente no refiere que la directa quejosa se encuentra incomunicada en el lugar de su alojamiento. Esto es, en observancia al principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, correspondía exclusivamente a ********************, firmar la demanda al no presentar ningún impedimento para ello, habida cuenta que las diversas manifestaciones vertidas por el promovente así lo denotan, empero, contrario a dicho principio, el ocurso fue suscrito por un tercero, quien no justificó su calidad de apoderado o defensor, y por ende, de representante legal de la quejosa, único facultado para promover en nombre de aquella. De ahí que ********************carezca de legitimación para solicitar el amparo en nombre de ********************. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los diversos 63, fracción V, 6 y 113 de la citada ley, se desecha de plano la presente demanda de amparo por notoria improcedencia. Domicilio para notificaciones. La parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, y como tal figura no está prevista en la ley de la materia, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracciones I y II, de la legislación invocada. Respecto al correo electrónico juan jose cg@hotmail.com y número telefónico 962-218-84-46, proporcionados como medio para recibir notificaciones, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, no prevé dicha forma de notificación a las partes. En la inteligencia que, tal como lo establece el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el correo electrónico y número telefónico que refiere, será únicamente herramienta tecnológica para establecer contacto y no un medio legal para practicar notificaciones. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa autorización por escrito se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Consulta de expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, (FIREL) y a la consulta de expediente electrónico, se autoriza a la parte quejosa la consulta y notificación en la vía que solicita, para lo cual refiere que el nombre de usuario de su autorizado es ********************, en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal. Vinculación de usuario. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule el usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Publicación de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que no se publicaran sus nombres y datos personales, salvo petición expresa en contrario. Notifíquese personalmente.
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