Elena Ramos Islas

Expediente 312/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
312/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Elena Ramos Islas

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito a través del cual Elena Ramos Islas, cumple con la prevención formulada en autos y, bajo protesta de decir verdad narra los hechos y abstenciones que constituyen el acto reclamado. Análisis de demanda. Del análisis integral del escrito de demanda y aclaratorio, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa, señala como acto reclamado: La resolución de tres de febrero de dos mil veintidós, emitida por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Orizaba, Veracruz, que resolvió el recurso de inconformidad que interpuso la quejosa en contra de la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Subdelegación Orizaba, Órgano Operativo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que se determinó excluirla de la nómina de pensionados, por no haberse comprobado la existencia de la relación laboral para obtener los beneficios del Instituto, en específico la pensión por vejez. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele esencialmente de: La resolución Administrativa de fecha tres de febrero de dos mil veintidós, relativa al recurso de inconformidad hecho valer por la quejosa y dictada por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Orizaba, Veracruz, en la que confirma la suspensión o negativa de las prestaciones económicas y en especie a las que tenía derecho, que fuera realizada por el departamento de pensiones y el departamento de afiliación-vigencia, deriva de la rectificación de la certificación de derechos, previamente de haber realizado el movimiento de la baja del periodo con el que se encontraba afiliado el presunto patrón, dado que no se comprobó la existencia de la relación laboral por ende careciendo del derecho a las prestaciones con fundamento en el artículo 145 y 186 de la Ley del Seguro Social régimen 1973. En el caso particular, este órgano jurisdiccional considera que la demanda es improcedente al actualizarse en forma evidente, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la invocada ley reglamentaria del juicio de amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]. Lo anterior, toda vez que contra el acto recamado procede un medio de defensa legal, previo al juicio de amparo. En primer término, es menester indicar que el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le produce afectación. Salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Considerar que las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos conforme a las leyes que los rijan, el juicio de amparo se convertiría en un recurso ordinario y el órgano de control suplantaría las facultades de las autoridades. Para ello, se establece como requisito indispensable, que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley de amparo. Sin embargo, la citada regla general admite excepciones, lo que tornaría por ende, procedente la vía indirecta, a saber: 1.- Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; 2.- Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o; 3.- Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Sobre tales bases, resulta [manifiesto] que contra la resolución de su recurso de inconformidad, procede un recurso legal por virtud del cual dicho acto puede ser modificado, revocado o nulificado, como es el juicio contencioso administrativo federal; sin que se actualice alguna excepción al referido principio de definitividad. En el caso, el acto reclamado, se debió impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con los artículos 3, fracción XII y 35, fracción VI, de la Ley Orgánica de ese tribunal, que establecen: Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Artículo 35. Además de los juicios a que se refiere el artículo 3, las Salas Regionales conocerán de aquellos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VI. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo. (.) Como se observa, las leyes mencionadas contemplan un mecanismo específico para impugnar resoluciones administrativas como la reclamada por la quejosa, pues en virtud de dicho medio la resolución puede ser modificada, revocada o nulificada, que es lo que pretende en última instancia la peticionaria del amparo. Ello, pues se advierte que el acto recamado constituye una resolución definitiva que causa agravio a la parte peticionaria del amparo en materia administrativa, pues se trata de la cancelación de su derecho de inclusión en la nómina de pensionados. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente contra las resoluciones definitivas que se originen por fallos administrativos, como en el caso, la resolución que declara improcedente su recurso de inconformidad contra la cancelación de inclusión en la nómina de pensionados y demás servicios de seguridad social, como sucedió en el caso, entonces es [indudable] que previamente a la promoción del juicio de amparo se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de este se puede obtener la modificación, revocación o anulación del acto reclamado. Ello, pues dicho medio de impugnación fue analizado de fondo por la responsable; sin embargo, estimó que no le asistía la razón a la quejosa; lo que también le dota de legitimación, al ser la recurrente. Lo anterior, encuentra sustento en la siguiente jurisprudencia emitida el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que, con independencia de que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido en términos de la Ley de Amparo, lo cierto es que en el juicio contencioso administrativo se puede obtener la suspensión con el mismo plazo, y los mismos alcances y requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. Lo anterior ha sido establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 130/2013 (10a.), 2a./J. 19/2015 (10a.) y 2a./J. 27/2016 cuyos rubros son, respectivamente, los siguientes: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de dos mil trece, Tomo 2, Materia Común, página 1446. Registro: 2004553). RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). (Jurisprudencia visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materias Administrativa y Común, página 783. Registro: 2008807). JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCISO ADMINISTRATIVO. (Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, marzo de 2016, tomo II, página 1194, registro IUS: 2011289). Por otro lado, no se advierte que se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, se advierte que la autoridad responsable fundó y motivó su actuar. Asimismo, del escrito inicial de demanda no se advierte que se planteen únicamente violaciones directas a la Constitución, pues en sus conceptos de violación, la quejosa alega que la autoridad, se duele de cuestiones procesales en cuanto al procedimiento con el que se consideró la simulación patronal, así como la valoración de pruebas, lo que constituye una cuestión de legalidad. Finalmente, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no está previsto en un reglamento, sino en una ley. En ese orden de ideas, en tutela efectiva de los derechos fundamentales de la parte quejosa, así como atendiendo al principio constitucional de impartición de justicia pronta, completa y expedita, consagrado en el artículo 17 constitucional, es que se concluye que, de admitir a trámite la demanda, lejos de beneficiar a la parte quejosa se le perjudicaría; ello, porque puede ser que en este momento todavía esté en aptitud de acudir al juicio de nulidad para controvertir el acto reclamado; en cambio, si se tramita el presente juicio de amparo indefectiblemente culminará con un sobreseimiento y entonces, ya no estará en aptitud de controvertir el acto mediante el medio de defensa ordinario. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no agotarse el principio de definitividad procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma Mauricio García Ayala, Juez Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa ante el [la] Secretario[a] María de Jesús Zamudio Terán, que autoriza y da fe. Doy fe

  3. Principal

    el [los] ocursante[s] pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en autos, sin embargo, no narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues no precisó el expediente del cual deriva el acto que en esta vía reclama, ni el estado procesal que éste guarda, ni tampoco la naturaleza de la pensión que dice le cancelaron, en los términos que le fueron solicitados, ya que solamente se limitó a reiterar los argumentos que expuso en su escrito inicial de demanda. Aunado a que, no exhibe las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a la totalidad de las partes, por tanto no ha lugar a tener por satisfecho la prevención que se le realizó. En mérito de lo anterior, se interrumpe el término concedido mediante proveído de veintidós de abril pasado, hasta en tanto surta efectos la notificación del presente auto; asimismo, indíquesele que cuentan con dos días de los concedidos para dar cumplimiento a la prevención formulada.

  4. Principal

    Prevención Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 114, fracciones II y IV, en relación con el 110, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, dé cumplimiento a lo siguiente: En virtud de que la parte quejosa reclama la resolución de tres de febrero de dos mil veintidós, a través de la cual se resolvió el recurso de inconformidad que hizo valer en contra de la diversa de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, deberá manifestar la fecha exacta en que tuvieron conocimiento del acto que reclaman, toda vez que de la lectura integral de la demanda, no se advierte tal circunstancia. Asimismo, deberá narrar bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo; indicando con precisión el expediente del cual deriva el acto reclamado y el estado procesal de este, así como la naturaleza de la pensión que dice le cancelaron. En el entendido, de que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la Ley de Amparo, exhiba las copias necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a la totalidad de las partes que intervienen en el presente asunto. Apercibimiento. Se apercibe al [a la] promovente que, en caso de incumplir con lo requerido o que lo haga de manera extemporánea, de conformidad con el artículo 114 de la Ley, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa la promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes.

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