Elena Nava Orozco
Expediente 971/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 971/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elena Nava Orozco
- Iban Nava Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, a dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Como del estado de autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DEPURACIÓN, dado que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, al igual que el original del incidente de suspensión por haberse concedido la suspensión definitiva, no así el duplicado del mismo, es DESTRUIBLE, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado.
- Principal
Morelia, Michoacán, a ocho de febrero de dos mil diecinueve. Como de la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que establece el numeral 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas y facultadas recurrieran la resolución emitida el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, en la que No Ampara ni Protege el presente juicio constitucional, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86, de la Ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, ello en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a ello, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, Instancia Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, que reza: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho.********************V I S T O S; para resolver el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número V-971/2018-2, promovido por********************,******************** y********************, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán; y,********************R E S U L T A N D O:******************** UNICO.********************,******************** y********************, solicitaron el Amparo y Protección de la Justicia Federal, así como la suspensión definitiva, de los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán, que hace consistir en lo siguiente: ********************"El auto de vinculación a proceso dictado el día 6 seis de Noviembre del año en curso, por la responsable en contra de los suscritos dentro de la causa penal número 60/2018." ****************************************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se determinaron los límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana.********************SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán.********************Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece:******************** "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:******************** I. Que la solicite el quejoso; y******************** II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.******************** La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.******************** (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)******************** Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.********************(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014)******************** Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.********************En el caso concreto, los promoventes de amparo solicitan expresamente en su escrito de demanda, la suspensión del acto reclamado, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito a que alude el numeral 128 de la Ley de Amparo. ********************Por lo que ve a la fracción II del artículo 128 en comento, también se actualiza, en razón de que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, en cuyo caso la sociedad está interesada en que éstas se cumplan, igualmente le importa que previamente a cualquier acto de autoridad, a los gobernados se les hayan respetado los derechos humanos, sobre todo tratándose de cuestiones relativas a la libertad personal. ********************Cabe considerar además, que en el caso que nos ocupa, se encuentra configurado el requisito previsto en el multicitado numeral 128 de la ley citada, habida cuenta que, de no conceder el beneficio solicitado, se causarían daños de difícil reparación a la parte quejosa, pues de dictar la responsable sentencia definitiva en el proceso penal del cual deriva el auto de vinculación reclamado se consumaría irreparablemente el acto reclamado.********************Además, del informe previo que rindió la autoridad responsable, se advierte que a los quejosos les fue concedida la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción I y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se presenten cada quince días ante la unidad de medidas cautelares de esa región y no acercarse a las víctimas ni a testigos; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 163 y 166 de la Ley mencionada, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que los quejosos********************,******************** y********************, queden a disposición de la autoridad responsable, para la continuación del proceso en los términos decretados en la medida cautelar en comento y para que con con fundamento en el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, suspenda el procedimiento en la causa respectiva una vez concluida la etapa intermedia, sin aperturar la de juicio oral, con el fin de mantener viva la materia del juicio de amparo, ello hasta en tanto, la responsable reciba notificación sobre la sentencia ejecutoriada que se dicte en el juicio principal a donde pertenece este incidente. ********************Sin que haya lugar a fijar garantía, a fin de que surta efectos la presente medida cautelar, por encontrarnos en el supuesto de excepción establecido en el último párrafo del numeral 168 de la ley de la materia, en virtud de que lo reclamado es un auto que afecta la libertad personal dentro de un proceso de orden penal.********************Por lo expuesto y fundado, ********************S E R E S U E L V E:********************ÚNICO. Se CONCEDE a********************,******************** y********************, la suspensión definitiva que solicita, respecto del acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo de esta resolución, por las razones que ahí se indican.****************************************Notifíquese.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Regional Zitácuaro, Michoacán, por rendido su informe previo; con él dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese.
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