Elena Maldonado Caballero

Expediente 178/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
178/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
23/03/2015

Partes del expediente

  • Elena Maldonado Caballero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA II B Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el auto dictado el veinticinco de febrero de dos mil quince (fojas 40 a 42), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente. Notifíquese.

  2. Incidental

    MESA II B Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de dieciséis de febrero de dos mil quince (fojas 22 a 24), se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor el veintiséis de noviembre del citado año, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    MESA II B Agréguese a los autos el oficio 1190 signado por el Juez Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, mediante el cual remite copia certificada del auto de veintidós de febrero de dos mil quince, dictado en la causa penal 190/2014 de su índice; documental que de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se admite y se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que la quejosa ELENA MALDONADO CABALLERO, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Penal, Comandante o Encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones, residentes en la Villa de Etla, Oaxaca; Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, y Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, que hizo consistir en la orden de aprehensión librada en su contra y la ejecución material de la misma, en su respectiva esfera de competencias. Asimismo, de las constancias que obran en autos, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2º, se conoce que si bien el Juez Penal de la Villa de Elta, Oaxaca, no ha rendido su informe justificado, del oficio agregado en auto de dieciocho de febrero del actual, se advierte que acepta la existencia de la orden de aprehensión librada contra la aquí quejosa ELENA MALDONADO CABALLERO, el veintiuno de enero de dos mil quince, en la causa penal 190/2014 de su registro, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo en perjuicio patrimonial de Celestino Cruz Hernández (fojas 14 y 15 vuelta). De igual forma, que el Procurador General de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto de ejecución que se le atribuye (foja 10). Por su parte, la Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones por orden del coordinador de dicha agencia, y Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones Encargado de la Comandancia Establecida en la Villa de Etla, Oaxaca (denominación correcta de la señalada poa la parte quejosa como Comandante o Encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones), negaron la existencia de los actos que les reclama la quejosa (fojas 12 y 21); sin embargo, de conformidad con el artículo 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, corresponde a éstas ejecutar las órdenes de captura, por tanto, dicha negativa se desvirtúa y se tiene cierto el acto de ejecución que se les reclama. Ahora, de las constancias remitidas por el Juez Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, a las que previamente se les otorgó valor probatorio pleno, se advierte que en la causa penal 190/2014 de su índice, por resolución de veintidós de febrero del año en curso, se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de la impetrante del amparo, por el delito de despojo que se dijo cometido en perjuicio patrimonial de Celestino Cruz Hernández. En tales condiciones, es evidente que con el dictado del auto de libertad por falta de elementos para procesar, ha cambiado la situación jurídica de la quejosa, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, pues la orden de aprehensión combatida no puede ser analizada sin afectar la nueva situación jurídica creada por el auto de plazo constitucional; motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. Luego, al actualizarse el motivo de improcedencia invocado, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta, Tomo XXVI, Agosto de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 10/2003, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 26/2002-PL., cuyo rubro y texto dicen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende el acto de ejecución atribuido al Procurador General de Justica del Estado, Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, y Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones Encargado de la Comandancia establecida en la Villa de Etla, Oaxaca, en virtud de que no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual derivan. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial número siete, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, del tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Los criterios jurisprudenciales citados resultan aplicables de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. Por tanto, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio (foja 5 vuelta). Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA II B Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones Encargado de la Comandancia de Etla, Oaxaca; con el cual se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento.

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